La crisis por el COVID-19

Agustina Carpio y Hernán Medina
FOCO / INPADE Instituto Para la Participación y el Desarrollo

Informe completo (PDF)

Es necesario con este informe, volver a poner de manifiesto lo que la pandemia hizo a nivel global y sus repercusiones tanto sociales políticas y económicas (desde lo micro a lo macro) para darnos ese margen que nos delimita y limita al contenido del documento en sí. La pandemia dio muchos coletazos nefastos que cada vez como sociedades hemos podido contener y sostener,  los gobiernos han paliado temporalmente muchas carencias en materia de accesos y faltas por sobre todo para las y los más rezagados y nos ponderó la necesidad de cambiar modelos y paradigmas tanto sociales, económicos como políticos.

Si ya veníamos caotizados como sociedades, individualmente esto nos llevó a una explosión societal mundial donde nos miramos en pantallas de televisión y vemos cómo avanza el Sars Cov 2 en otras sociedades y países y replicamos desde lo bueno hasta lo malo ( pues ya sabemos de todos modos que las sociedades somos un conjunto de personas con diferentes posiciones, intereses, cuestionamientos y por sobre todo mentalidades y capacidades a partir de  las cuales repetimos o replicamos bajo nuestra idiosincrasia lo mejor que creemos y es ello el resultado de lo que traspolamos a la nuestra).

Sí hemos visto a modo general la imperiosa necesidad de que nuestros gobiernos, el de cada Estado País nos atañe y nos guíe como ciudadanos y ciudadanas; lo cual también ha permitido ver más prontamente quizás la gestión de los propios y la necesidad de cambiar muchos marcos normativos y relaciones intra y extra países; así también como la necesidad de re-construir o al menos intentar fortalecernos con aquella patria grande latinoamericana que empezó a surgir allá por los  90.

Uno de los marcos que debiéramos tener en cuenta pues infiere bastante en lo que podemos ver y analizar como desigualdades es el del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que lo tomamos como un  indicador global  que nos enmarca en el desarrollo local y  análisis que podemos hacer acerca de las brechas de la desigualdad.

Haremos en este informe un repaso no muy exhaustivo sobre cada una de las metas de los objetivos bajo revisión este 20211 pero que nos brindará un pantallazo del desarrollo ya sea en materia de avance o retroceso a su pronta consecución.

Objetivo 1. Poner fin a la Pobreza

El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 30,4%; en estos residen el 40,9% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 8,1% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 10,5% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 2.849.755 hogares que incluyen a 11.680.575 personas y, dentro de ese conjunto, 754.155 hogares se encuentran por debajo de la LI, e incluyen a 2.995.878 personas indigentes. Con respecto al segundo semestre de 2019, los indicadores muestran un aumento de la pobreza (+5,4 p.p.) y un aumento de la indigencia (+2,5 p.p.) para el conjunto de la población cubierta por la encuesta.

El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $25.759, mientras la CBT promedio del mismo grupo de hogares alcanzó los $43.785, por lo que la brecha se encontró en 41,2%, el valor más alto de la serie por cuarto semestre consecutivo. De esta forma, no solo aumentó la incidencia de la pobreza respecto del segundo semestre de 2019, sino que la situación de las personas bajo la LP también empeoró por la mayor distancia entre sus ingresos y la CBT.

Respecto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que más de la mitad (56,3%) de las personas de 0 a 14 años son pobres (cuadro 3.2), aunque el mayor crecimiento con relación al semestre anterior se observó en los grupos de personas de 15 a 29 años, con un aumento de 7,1 p.p.; y las de 30 a 64, con una suba de 5,7 p.p. El porcentaje total de pobres para ambos grupos es de 49,6% y 36,2%, respectivamente. En la población de 65 años y más prácticamente no hubo modificaciones y se mantuvo en 11,4% bajo la LP.

Las mayores incidencias de la pobreza en personas se notaron en las regiones Noreste (NEA) y Gran Buenos Aires (GBA); y las menores, en las regiones Cuyo y Patagonia.2

Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer semestre de 2020

Fuente: INDEC, 2020

Por su parte el informe de la UCA “Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19” afirma que el 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza al cierre del tercer trimestre del año, por encima del 32,1% y 40,8% registrado en igual período de 2019, en un contexto en el que resultó determinante la pandemia de coronavirus y en la que los números hubiesen sido mayores si el Estado no implementaba medidas de ayudas para enfrentar la situación.3

Evolución de las tasas de indigencia y de pobreza urbana en la Argentina
Porcentaje de población y hogares, 2010-2020

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

El informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) afirma que sin la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%. Estos guarismos serían parte de un proceso que lleva diez años de estancamiento, con tres años de caída", entre 2018 y 2020.

Tasa de pobreza observada, simuladas y efecto inmediato
Porcentaje de personas, 2020

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Otro aspecto a destacar es el fuerte incremento de la pobreza estructural, debido al aumento en las carencias experimentadas en los hogares, con una suba de la pobreza multidimensional estructural de 21,4% a 27,3% a nivel de la población. Básicamente, si bien hubo mejoras durante la década, la desigualdad estructural ha aumentado, con mayores déficit y brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna. Si se analiza por regiones, el informe sostiene que en el Conurbano bonaerense "la pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014 y evidencia un nuevo salto en la pandemia". Finalmente, en términos etarios, al cierre del tercer trimestre de 2020, el 64,1% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza; al tiempo que el 16% reside en hogares con ingresos que se encuentran por debajo de la frontera de la indigencia.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivo 2. Poner fin al hambre

En abril se dieron a conocer los resultados obtenidos por el Indicador Barrial de Situación Nutricional, que se realizó en el marco del Observatorio “Argentina contra el hambre“.4

Este relevamiento censal y descriptivo se realizó durante los meses de diciembre 2020 y febrero 2021, convocándose a más de 50.000 niñes en 1066 comedores y merenderos. Además, participaron 1659 coordinadores y promotores/as de salud, que se capacitaron en el manejo de las técnicas antropométricas para la toma de la talla y el peso, en un trabajo en conjunto con sectores académicos e investigadores. Este proceso de investigación- acción participativa se realizó en veinte provincias argentinas.

Algunos resultados generales del IBSN 2021 según IMC/EDAD indican que en la primera infancia (+ de 2 a 6 años), el 32,4%  presenta malnutrición. En el 2019 era un 27,4%, por lo que se incrementó  5 puntos porcentuales la malnutrición en esta etapa. El mayor grado de malnutrición, se evidenció entre quienes tienen 6 a 10 años, ya que de acuerdo al IMC/EDAD el 49,1% presenta malnutrición. En el 2019 era un 43,8%; es decir, en casi dos años en este rango de etario la malnutrición se incrementó 5,3 puntos porcentuales.

Dentro de la segunda infancia, el mayor incremento de malnutrición, se registró entre quienes tienen 10 a 18 años. En 2019 presentaban malnutrición el 40.4% de les jóvenes y en esta oportunidad fue de 46,4 %; lo que implica un aumento de 6 puntos porcentuales. Esta malnutrición también abre las puertas a enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y la obesidad, comprometiendo el presente y futuro de les niños/as y adolescentes de las familias pobres de la Argentina. Relacionando los datos obtenidos por este indicador (IBSN) con otro indicador del instituto, el IFAL (Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación), se observa que en el en el último tiempo el consumo de carnes, verduras y frutas sufrió una reducción en todos los casos, además en el caso de las frutas y verduras se redujo la ingesta diaria de dichos alimentos y al mismo tiempo la cantidad de familias que realiza las 4 comidas solo representa al 55% de los datos, mientras que un 19% solo accede a 2 comidas diarias o menos.

En octubre de 2020 el Gobierno presentó el Plan AccionAR como parte de las políticas públicas que el gobierno nacional lleva adelante en la lucha contra el hambre. Define una política pública para atender más de 100.000 niños con baja talla y problemas de crecimiento en municipios o departamentos de todo el país. Una vez detectados los municipios o departamentos comprometidos en ciertos indicadores -como comedores, baja talla en niños, acceso al agua, entre otros- se intervendrá con las líneas de acción ya existentes que mejor se adecuen a las necesidades prioritarias de dichos territorios, a través de un mapa versátil y fácilmente actualizable.

El plan establecería planes alimentarios y obras de infraestructura para atender las necesidades de más de 1o0.000 niños de hasta 5 años que tienen baja talla y padecen problemas de crecimiento en 133 municipios del país, concentrados principalmente en el conurbano bonaerense y provincias del Noroeste y el Noreste.

Además, se presentó la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre” desarrollada desde el Ministerio de Ciencia junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. La misma permitiría encarar una serie de acciones y sumar conocimiento a problemáticas consideradas muy importante en el contexto que lo que se viene tratando. Tiene como objetivo impulsar y fortalecer la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales vinculados a soluciones para el acceso a la alimentación y al agua segura, así como al abordaje de la vulnerabilidad socio-ambiental, a la planificación nacional y local de las acciones comprendidas en el Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”. La convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre” apunta a contribuir desde el sector científico-tecnológico a potenciar las acciones públicas que busquen revertir problemáticas como la malnutrición infantil, la emergencia alimentaria y la pobreza en todo el territorio nacional, y cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Tambien se presentó el Mapa AccionAR, con indicadores múltiples georreferenciados que fueron aportados por los ministerios que participan de la Mesa Interministerial de Abordaje Territorial en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Desarrollado por investigadoras e investigadores del CONICET y de la UBA, realizado en conjunto y en base a información del Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Interior, Agricultura, Ganadería y pesca, INTA, el RENABAP y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el mapa permite un análisis integral de indicadores nutricionales en la población infantil vulnerable en más de 6.500 centros de salud del país, en conjunto con la distribución de barrios populares, indicadores de necesidades insatisfechas y de carencias múltiples, comedores comunitarios y huertas escolares, entre otros indicadores y fuentes de información.

Objetivo 3. Salud y Bienestar

Uno de los ejes de discusión más importantes fue el de la interrupción voluntaria del embarazo no deseado. (IVE) Ley5 que apunta a la libre decisión sobre el cuerpo de quien gesta a gestar o decidir no hacerlo; ley que también y por sobre todo debe estar acompañada de políticas públicas eficaces que apuntalen a la educación de una sexualidad libre, plena y con toma de decisión para buscar un embarazo, tanto así como el conocimiento y reconocimiento de los cuerpos y sexos y cómo o cuándo decidir la gestación de una persona. Son Derechos que necesariamente deben darse a conocer, se tienen que difundir ya que de otra manera no podría implementarse correctamente la ley mencionada.

Hasta el año 2020 cinco de las 23 provincias argentinas no han promulgado sus propias normas para reglamentar el acceso al aborto legal ni se han adherido a las reglamentaciones adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Estas reglamentaciones incluyen guías técnicas y protocolos adoptados desde 2007, que fueron actualizados en los años 2010, 2015 y, finalmente, en 2019 con el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, que fue el primero en adquirir el rango de resolución ministerial.6

Otra dificultad en este aspecto es el económico. Aun cuando una mujer embarazada puede acceder a un aborto desde el punto de vista legal, los costos asociados pueden ser muy difíciles de afrontar. Comprar misoprostol en su formato de 12 píldoras representa casi un cuarto del salario mínimo mensual obligatorio, que en septiembre de 2019 era de 16.875 pesos argentinos. El Oxaprost es aún más costoso: y su precio en julio de 2020 era de alrededor de 8725.12 pesos argentinos.

En mayo de 2020, el gobierno de Argentina se sumó a decenas de otros gobiernos alrededor del mundo al firmar una declaración orientada a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta con perspectiva de género ante la pandemia de Covid-19.7

Finalmente, El Senado argentino aprobó el miércoles 29 de diciembre la propuesta para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. La medida salió adelante en una votación parlamentaria que se prolongó hasta altas horas de la noche con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva

En la evaluación de continuidad pedagógica que el Ministerio de Educación hizo en junio de 2020 se detectaron 1.1 millones de chicos que se habían desvinculado de sus escuelas. El 10% del total si se considera a los 11 millones de alumnos que componen la matrícula de los niveles inicial, primario, secundario. Por su parte, en mayo de 2020, la Universidad Di Tella hizo un estudio exploratorio sobre 143 escuelas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El informe reveló que tras 10 semanas de suspendidas las clases, la mitad de las escuelas públicas señalaba que más del 20% de sus alumnos no participaba de la educación remota, mientras que entre las privadas esa respuesta solo alcanzaba al 6% de los establecimientos. El nivel más afectado era el inicial -el que la encuesta oficial no consideró- seguido por el secundario. Al indagar sobre los motivos de la desvinculación, también hay diferencias entre los tipos de escuelas. En las estatales, los directores señalaban dos factores que complicaban la continuidad pedagógica: el escaso o nulo acceso a la tecnología (96%) y las malas condiciones para estudiar en el hogar, disponer de poco espacio, tiempo o el estorbo de ruidos molestos (76%). En las privadas, los problemas de conectividad entre los que habían perdido contacto con la escuela era menor (41%) y también marcaban otras barreras como la adaptación a las nuevas estrategias de enseñanza (41%).

Un informe reciente de la UCA y Fundación Cáritas demuestra las diferencias en la calidad de la educación a distancia. En los estratos más bajos, WhatsApp es la principal herramienta de contacto con la escuela. Las plataformas virtuales tan solo alcanzan al 11% de los hogares. Mientras que en la capa “medio profesional”, el 72% de los chicos trabaja con Zoom o Google Meet.

Fuente: Informe UCA y Fundación Cáritas.

Por su parte, el investigador Agustín Claus (FLACSO), proyectó en 2020 cuántos chicos se perderían a raíz de la pandemia. La estimación, que definió como moderada, le dio al menos 1.5 millones que abandonarían el sistema educativo. Ya en 2021, si se lo compara con otros países de la región, como Brasil o México que ya difundieron algunas cifras oficiales, el modelo estimativo fue muy preciso. El cálculo que realizó toma en cuenta dos factores: el promedio de abandono interanual por nivel y las respuestas que el Ministerio de Educación recabó en la evaluación de continuidad pedagógica. Con ambas variables, arribó a la proyección de una pérdida de 1.5 millones en la educación común, es decir, un 13% menos de alumnos en los tres niveles obligatorios (inicial, primaria y secundaria) y en el superior no universitario.

Abandono escolar

A partir de la evaluación de continuidad pedagógica que el Ministerio de Educación hizo en junio de 2020, se implementó el Programa Acompañar, que pretende localizar y revincular a los estudiantes con sus escuelas. En cifras oficiales de marzo, las últimas disponibles, 376.532 alumnos habían sido “recuperados”. Con todos ellos emprendieron distintas actividades como talleres artísticos, clases de apoyo de matemática, lectura y escritura, y tutorías.

Además, se avanza en el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), que permitiría nominalizar a todos los estudiantes y, de ese modo, seguir sus trayectorias escolares. La historia del SINIDE data de 2012, cuando el ministerio comenzó a pergeñar el sistema, aunque sus avances concretos desde entonces fueron mínimos. El Consejo Federal, que reúne a todos los ministros del país, aprobó su implementación en 2014 y luego ratificó su relevancia en 2016. Nueve años después de que empezara a esbozarse el sistema aún no funciona como fuente de estadística educativa. 

Objetivo 5. Igualdad de Género

Respecto a la igualdad de género, en la Argentina se han logrado avances en lo referido a los derechos de las mujeres y sexos no binarios, (como ser la Ley 27610 que corresponde al IVE (interrupción Voluntaria del Embarazo, adoptada en diciembre del 2020) ya que es una de las aristas que engloban los derechos al género así también como la Ley Micaela (Ley 27.499) que es una política pública abocada a la capacitación de los organismos estatales para legitimar los derechos y terminar con las violencias de género de las mujeres y sexos LGTBIQ ya que deben realzar sus derechos humanos y buscar equidad. Las metas que se han reflejado en este documento son las que dan cuenta del grado de avance real y rotundo que se ha registrado como compromiso desde el Estado Nacional.

Sin embargo las crisis de mortalidad de mujeres por parte de otras personas, reflejada en femicidios, travesticidios entre otras también han persistido y aumentado de forma gradualmente preocupante. Todo ello se ha agravado con la pandemia y es un registro realmente alarmante y que lo plasmamos en cifras en la evaluación de este objetivo (en Argentina cada 30hs ocurre un femicidio, o sea cada 29hs un varón mata a una mujer).

Por otro lado, se puso de nuevo en discusión a nivel global como a nivel país, la carga horaria de las mujeres en los quehaceres domésticos, el trabajo, el cuidado a otres y a los suyos que la pandemia vino a deschavar por completo ya que son las ellas quienes se ocupan y hacen cargo de todas estas labores y que el Covid 19 las convocó con más obligaciones que antes sin poder elegir realmente y decayendo sencillamente en ellas. Esto ha generado cuestiones emblemáticas para revisar por qué no hay o cómo son si es que las hay, las políticas públicas que acompañen realmente esta problemática que genera desigualdad entre pares y que generan una mayor división sexual del trabajo y mayor rezago para el empoderamiento tan buscado por las mujeres y sexos LGTBIQ+.

Por su parte, el Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos” informó que hubo 320 muertes violentas de mujeres durante 2020 en el país, de las cuales 270 femicidios, 34 están en investigación y 25 se produjeron en el contexto de violencia urbana.8 Según estas cifras, que Mumalá elabora a partir de lo publicado en medios gráficos y digitales, hubo un femicidio cada 32 horas en el país durante 2020.

En el contexto de la pandemia de coronavirus hubo 230 femicidios, añade el estudio.

Según el Registro Nacional de Femicidios 2020 de Mumalá, en el 40% de los casos víctima y victimario convivían, el 13% de las víctimas estuvo desaparecida, el 7% fue abusada sexualmente y el 4% ejercía la prostitución.

Además, el 8% de las mujeres era migrante de otro país y el 4% de otra provincia.

En cuanto al vínculo con el agresor, el 40% de los femicidios fue consumado por la pareja, el 19% por la ex pareja, el 15% por un familiar, el 14% por conocidos y el 6% por desconocidos, mientras que no se registran datos del 6% restante.

La tasa nacional de femicidios es de 1,1 cada 100.000 mujeres y las provincias con las tasas más altas son: Jujuy, Tucumán, Salta, Chaco y Corrientes, añade el comunicado del Observatorio.

Además, desde la AGN auditaron la preparación para la implementación del Objetivo 5, por parte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Allí se constató que hubo demoras en la coordinación para la obtención de resultados deseados. Tampoco hubo un diagnóstico de necesidades y estimación de recursos para la implementación del ODS 5, ni análisis de riesgos. Por último, la Plataforma ODS Argentina, no estaba «en plena operatividad”, incluso actualmente.

Desde la perspectiva institucional, en el Colegio de Auditores Generales del pasado 30 de octubre se aprobó el Plan de Capacitación sobre Género, en el marco de la Ley Micaela.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua

Según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Defensoría del Pueblo Bonaerense, el 75% de las viviendas del Conurbano bonaerense tienen acceso al agua corriente de red, lo que la ubica 13,7 puntos por debajo del promedio nacional, que es del 88,4 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).9

Además, siempre según el mismo relevamiento, la probabilidad para acceder al agua de pozo se ubica en el 24,8 por ciento, cuando a nivel país es del 11,6 por ciento. De igual manera, hay una mayor propensión de consumir el líquido con conexiones fuera de la vivienda, ya que el 7,4% de las familias tienen un consumo de esas características contra el 4% del resto del territorio.

Al igual que en los datos de nutrición y acceso, los menores de edad son los que más padecen el déficit de agua potable. El 39,9% de quienes no tienen garantizado el derecho a agua son niños y niñas de 5 a 11 años, el 72,5% es de los niveles socioeconómicos muy bajo y bajo. Pero también alcanza al 68,5% que reside en barrios con trazado urbano formal, lo que da cuenta de un fenómeno que se extiende en todo el territorio.

Por otro lado, no se sabe efectivamente la calidad de agua consumida. Diversas investigaciones muestran en Provincia de Buenos Aires presencia de plomo, arsénico y ahora también glifosato en el agua de consumo humano”.

Fuente: EDSA.

Según el mapa diseñado en el sitio “Plataforma del Agua” (una iniciativa creada por la red Sedcero que nuclea investigadores el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de Quilmes junto a un grupo de ONG’s especializadas) que permite relevar tres tipos de información, que cruza la infraestructura básica, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y las urgencias de gestión, las regiones que requieren una inmediata atención son las ya históricas situaciones del norte y del oeste del país, mientras que en la provincia de Buenos Aires las necesidades se concentran en el conurbano. La forma en que acceden al agua los hogares incide sobre la pobreza estructural. Por ejemplo, el 6% de los hogares que acceden a agua de red en la vivienda sufre necesidades básicas insatisfechas, mientras que esa cifra sube al 52% de los hogares que acceden al agua vía canilla comunitaria.

Si bien los datos sistematizados en la Plataforma del Agua registran pocas diferencias en términos de porcentajes con respecto a la UCA, cuenta con un mayor nivel de información desagregada. A nivel municipal quedan expuestas las desigualdades en la zona metropolitana. Mientras que la provincia en su conjunto se alcanza a un promedio de 71% de cobertura de agua de red, en los partidos bonaerenses del conurbano los valores son drásticamente inferiores, como los casos de Florencio Varela (65,5%), Presidente Perón (58,8%), Esteban Echeverría (44,5%) o General Rodríguez (34,1%).

Por su parte, según el indicador “Índice para la gestión”, la provincia de Buenos Aires ocupa apenas el lugar 18 en la lista de prioridades para el desarrollo de obras de aguas y saneamiento urgentes. Los primeros son Santiago del Estero, seguidos por Formosa y Tierra del Fuego (en esta última, el 10% de su población consume a través de cisternas, o bien arroyos o acequias conectadas a las viviendas).

El contraste de las urgencias se puede observar si se toma, por ejemplo, el departamento salteño de Rivadavia, donde viven 33 mil habitantes. Allí, el mismo mapa expone que el acceso a la red pública desde la vivienda es apenas del 28% de los hogares, y la provisión a canilla comunitaria es del 10,05 por ciento.

Para paliar estas deficiencias, mayores aún en tiempos de pandemia, se está llevando a cabo el Sistema de Grandes Obras para la Provisión de Agua Segura, encauzada dentro del Plan Nacional de Agua y Saneamiento que lleva a cabo el gobierno.10 Este sistema comprende acueductos y plantas potabilizadoras de agua para toda la Argentina. Desde el gobierno afirman que el objetivo de estos proyectos es “reducir la brecha de infraestructura de los sectores más postergados en cuanto al acceso al agua potable y el desarrollo de nuevas zonas productivas donde hoy no puede cultivarse por falta de redes de agua”. En ese sentido, el Ministerio de Obras Públicas y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, dependiente del ministerio, anunciaron la construcción de 11 nuevas plantas depuradoras de líquidos cloacales en varios municipios bonaerenses, con una inversión cercana a los US$ 51 millones.

Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$200 millones para financiar un programa de agua potable y saneamiento para comunidades menores en Argentina, el cual beneficiará a más de 184 mil hogares con conexiones nuevas y mejoradas a esos servicios básicos en poblaciones con menos de 50 mil habitantes. El gobierno de Argentina comprometerá US$50 millones al programa, que contará con un fondo total de US$250 millones.11 El programa, a ser ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias en localidades menores a 50.000 habitantes en todo el país mediante la provisión de servicios de agua potable y saneamiento, a través de dos componentes operativos principales.

OBJETIVO 7. Garantizar el acceso a una energía asequible

En 2020 las energías renovables lograron un crecimiento histórico.12 En promedio, el 9,7% de la demanda total de energía eléctrica fue abastecida a partir de fuentes renovables, un muy significativo incremento respecto a 2019, cuando este origen representó el 5,9% de la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Este aumento también se halla en línea con el objetivo de cubrir el 20% de la demanda eléctrica en 2025, establecido por la Ley 27.191, que fue sancionada en forma unánime por el Congreso Nacional en 2015, la cual menciona que para el fin de 2025 se debe lograr una contribución de, al menos, 20% de fuentes renovables de energía sobre el total del consumo de energía eléctrica nacional, mientras que el Artículo 8 de la misma norma establece que “al 31 de diciembre de 2021, deberán alcanzar como mínimo el dieciséis por ciento (16%) del total del consumo propio de energía eléctrica”, proveniente de fuentes renovables.

En perspectiva, el crecimiento del sector se ha acelerado, ya que hasta julio de 2018 las fuentes renovables representaban menos del 2% del total.

El 8 de diciembre de 2020 se logró el pico histórico. De acuerdo con CAMMESA, a las 8.55 h. de ese día se alcanzó el pico máximo histórico, cuando el 23,3% de la demanda total de energía eléctrica en la Argentina se abasteció con fuentes renovables.

Durante el año y pese al contexto de Emergencia Sanitaria, se habilitaron 39 proyectos en 11 provincias, que añadieron 1.524 MW a la potencia instalada, un incremento del 58% respecto al año anterior. Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), la potencia instalada de fuentes renovables que se añadió en 2020 significó el 62% del total de la nueva potencia incorporada en el año.

En la actualidad, se encuentran operativos 163 proyectos en el país, los cuales brindan energía a más de 4,4 millones de hogares argentinos, con una potencia total de más de 4.155 MW. De los nuevos proyectos, 11 están en la provincia de Buenos Aires (9 son de tecnología eólica y 2 de biomasa); 6 en Mendoza (5 son Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, PAH, y 1 es de tecnología solar); 5 en Córdoba (2 de biogás, 2 de tecnología eólica y 1 de biomasa); 4 en Chubut (todos de tecnología eólica); 3 en Jujuy (todos de tecnología solar); 3 en San Luis (todos de biogás); 2 en Corrientes (ambos de biomasa); 2 en La Rioja (1 de tecnología eólica y 1 de tecnología solar); 1 en Neuquén (de tecnología eólica); 1 en San Juan (de tecnología solar) y 1 en Santa Fe (de biogás).

Respecto a la Generación Distribuida, el régimen de fomento a la generación a partir de fuentes renovables por parte de los usuarios, tanto para su autoconsumo como para la eventual inyección de excedentes a la red de distribución, en 2020 se llegó a los 3 MW de potencia instalada por parte de 330 usuarios-generadores de todo el país, con un récord de generación de 394 kW en octubre.

De esta forma Argentina está a mitad de camino del objetivo planteado en la Ley 27.191, según los datos que aporta la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.

De esta manera, las renovables crecieron en 3,9% a comparación del 2019 y un 7,5% más que 2018, lo que significa que en 2020 representaron el 10,01% de la cobertura de demanda energética del mercado eléctrico mayorista en el país. Casi la mitad de dicho porcentaje se debe a la instalación y puesta en marcha de los proyectos del Programa RenovAr durante el año mencionado.

Objetivo 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico

En este Objetivo no podemos dejar de soslayo lo que significa y enmarca la deuda que la Argentina tomó en 2018, en el gobierno anterior con el FMI; deuda que enmarca y marca las capacidades de nuestra soberanía para sacar un país adelante mitigado además por una pandemia. Hay una serie de derechos que se ven comprometidos con estas medidas y por lo tanto la población misma. En el informe damos cuenta de cómo se ha pauperizado el trabajo y por sobre todo el informal , tanto en hombres como en mujeres afectando más aún al género femenino que lidió con la pandemia y el trabajo dentro de su hogar ya que también tuvieron que dejar sus oficios del día a día para quedarse en la casa cuidando a sus familias.

En el tercer trimestre de 2020, la tasa de actividad se ubicó en 42,3%; la tasa de empleo, en 37,4%; y la tasa de desocupación en 11,7%. A pesar de la flexibilización de las restricciones sobre las actividades y la circulación de las personas, en el tercer trimestre del año la pandemia por la COVID-19 continuó impactando sobre la dinámica del mercado de trabajo.13

La Tasa de Actividad (TA), que mide la Población Económicamente Activa (PEA) sobre el total de la población, alcanzó en el tercer trimestre del año el 42,3%. Si bien se mantuvo 4,9 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de igual trimestre de 2019, la TA mostró una suba de 4 p.p. frente al trimestre anterior, explicada fundamentalmente por un incremento en la cantidad de ocupados.

Si bien la Tasa de Empleo (TE) –la proporción de personas ocupadas con relación a la población total—subió 4 p.p. con respecto al trimestre anterior, continuó mostrando una caída de 5,2 p.p. en la comparación interanual.

La recuperación de la población ocupada respecto del trimestre anterior fue mayor para los trabajadores por cuenta propia –que en el tercer trimestre representaron el 25%– y para los asalariados sin descuento jubilatorio.

La proporción de asalariados sin descuento jubilatorio con relación al total de asalariados subió 4,9 p.p. comparada con el período anterior, aunque se ubicó 6,3 p.p. por debajo de igual trimestre de 2019.

En cuanto a la intensidad de la ocupación, se observó un gran aumento de los subocupados, quienes trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas. Su participación en el total de los ocupados pasó de 11% en el segundo trimestre a 15,2% en el tercero, contra 14,1% en el mismo período de 2019.

Dentro del universo de la población ocupada, en el tercer trimestre se destacó que:

El número de personas que trabajó desde su vivienda alcanzó al 21,8%, lo cual registra un aumento de 15,9 p.p. respecto del mismo período de 2019.

Por otro lado, las personas que no pudieron concurrir por suspensiones, otras causas laborales y licencias alcanzaron al 10,4% de los ocupados, una reducción respecto al 21,1% del trimestre anterior, se mantiene por encima del valor del mismo trimestre de 2019 (3,3%).

Finalmente, la proporción de asalariados que utilizaron sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo continuó en crecimiento y alcanzó el 16,1% de los ocupados; es decir, 13,3 p.p. mayor al mismo período de 2019 y 0,6 p.p. por encima del segundo trimestre del año.

La Tasa de Desocupación (TD) alcanzó el 11,7% de la PEA. Al igual que en el trimestre anterior, la cantidad de personas que no trabajó, pero buscó hacerlo, estuvo acotada en virtud de las restricciones a la circulación para algunas actividades durante el período de relevamiento.

La TD se redujo 1,4 p.p. con respecto al segundo trimestre. El número de desocupados se mantuvo prácticamente sin cambios con relación al segundo trimestre. Por lo tanto, la caída de la TD se explica, principalmente, por el aumento de la PEA.

La Población Económicamente Inactiva (PEI) continuó exhibiendo cambios en su composición como producto de la dinámica observada en el mercado de trabajo a raíz de la pandemia. Los inactivos marginales –quienes no buscaron empleo, pero estaban disponibles para trabajar– alcanzaron el 3,3% en el tercer trimestre, mientras que en el mismo período del año anterior este grupo representaba el 0,7%.

Sin embargo, frente al tercer trimestre de 2019, la TD se incrementó en 2 p.p., como resultado tanto del aumento en el número de personas desocupadas como de la reducción de la PEA.

Respecto a la situación y evolución del trabajo registrado en noviembre de 2020, la cantidad de personas con trabajo registrado en el total país alcanzó a 11,948 millones. En términos desestacionalizados, presentó una variación del -0,1% en relación al mes anterior (-13,8 mil personas).

De este modo, luego de tres meses de fuerte contracción del trabajo registrado debido a la pandemia -marzo, abril y mayo-, se acumularon cuatro meses consecutivos con variaciones positivas, se mantuvo estable en octubre y se observa una contracción del empleo en el último mes. Respecto al mismo mes del año anterior, se observa una caída del 1,6% (-199,2 mil trabajadores).14

Con relación al trabajo registrado por modalidad de ocupación en el mes de noviembre de 2020, se contabilizan 9,540 millones de personas asalariadas registradas (incluyendo al sector privado, sector público y el trabajo en casas particulares) y 2,409 millones de trabajadores independientes (monotributistas y autónomos).

Por un lado, el conjunto de los asalariados registrados mostró una variación del 0,2% en el último mes (19,7 mil trabajadores más) y fue impulsado, principalmente, por el sector público (+0,5%,+16,6 mil trabajadores). Por su parte, la cantidad de asalariados de casas particulares mostró una variación de 0,1% (0,3 mil trabajadores más) mientras que el empleo asalariado privado se mantuvo estable (0,0%, +2,8 mil personas)

Además, el trabajo independiente presentó una baja del 1,4% (-33,6 mil trabajadores) en relación a octubre. La contracción se explica por la dinámica del régimen de monotributo, que registró una merma de 2,0% en la cantidad de aportantes (-33,3 mil personas). Esta brusca caída es la primera que muestra el régimen de monotributo luego de mayo 2020, ya que entre junio y octubre del mismo año mostró cinco meses consecutivos de fuerte crecimiento mensual, logrando superar el nivel de empleo previo al inicio de la pandemia. También cae la cantidad de autónomos (-1,4%, -5,7 mil personas). Por otro lado, se observa crecimiento de los inscriptos en monotributo social (+1,5%, +5,5 mil personas).

Asimismo, el trabajo independiente en conjunto presenta una variación del 0,7% frente a noviembre de 2019 (+16,4 mil). Estuvo impulsado por los monotributistas, que crecieron 1,9% (+30,7 mil), mientras que se registró un fuerte retroceso en la cantidad de monotributistas sociales (-1,2%, -4,2 mil personas) y de aportantes autónomos (-2,5%, 10 mil menos).

Respecto al empleo asalariado registrado del sector privado en noviembre de 2020, se contabilizaron 5,809 millones de personas asalariadas. Respecto a octubre de 2020, en términos desestacionalizados, se observa que el empleo se mantuvo sin variación (+2,8 mil trabajadores).

Tras la fuerte contracción registrada en abril, cuando regía en casi todo el país el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), en los cuatro meses subsiguientes se verificaron retrocesos en el nivel de empleo aunque cada vez de menor magnitud. En el mes de septiembre se registra la primera variación positiva, en octubre se registra una leve caída, y en noviembre se mantiene estable.

En la comparación interanual, el empleo asalariado privado continúa mostrando valores negativos, registrando una pérdida de 224 mil (-3,7%).

Finalmente, en cuanto a salarios, en noviembre de 2020, la remuneración nominal bruta promedio alcanzó los $69.455 y aumentó un 35,4% en relación al mismo mes del año anterior. Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $53.942 y aumentó un 35,4% en la comparación interanual.

En términos reales, teniendo en cuenta la variación del nivel de precios, en noviembre de 2020 tanto la remuneración promedio como la mediana se contrajeron un 0,3% frente a noviembre de 2019.

Evolución del salario real de los asalariados registrados sector privado
Noviembre de 2016 a noviembre de 2020

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre la base del SIPA (AFIP).

Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructura

En el marco del Plan Nacional de Conectividad de la República Argentina, el Directorio Ejecutivo de FONPLATA15 – Banco de Desarrollo aprobó el financiamiento destinado a un proyecto que contribuirá a reducir la brecha digital. El costo estimado es de hasta 18 millones de dólares y será financiado con recursos del Banco.16 A través de la mejora en la conectividad digital en centros urbanos de baja densidad poblacional de la Provincia de Buenos Aires, en concreto entre las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, se beneficiará aproximadamente a 250.000 personas de 28 localidades incrementando así la productividad del teletrabajo, la educación y la salud. El proyecto se enmarca en el “Programa Nacional 2020 - 2023 Plan Conectar” que, con una inversión de 430 millones de dólares, trabaja en mejoras del Sistema Satelital Argentino, extensión y actualización de la Red de Fibra Óptica, la Televisión Digital Abierta y el Centro Nacional de Datos. El objetivo del proyecto apunta a mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, con lo cual se promoverá la inclusión de sectores vulnerables evitando la discontinuidad de su ciclo educativo y laboral. Asimismo, mejorará la seguridad y la estabilidad de la red dado que cerrará el anillo de fibra óptica entre las ciudades mencionadas. La mejora de la conectividad reducirá las desigualdades educativas, de género y de ingreso e incluso evitará su profundización debida al actual contexto de pandemia. Las acciones previstas contribuirán de forma directa al cumplimiento de este objetivo en paralelo con el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades).

La ejecución del mismo estará a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a través de la Secretaría de Innovación Pública. La Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), dependiente de Presidencia de la Nación, actuará como subejecutora del proyecto.

Objetivo 10. Reducción de las Desigualdades

Un aspecto crítico del contexto actual es el de la caída del ingreso de las y los trabajadores, una caída que afecta cada vez más en la capacidad de compra y que viene desde 2018 por la sostenida inflación que arrastra Argentina y sin  actualización salarial. En agosto de 2020, la inflación punta a punta llegó a 41%, mientras que los salarios de privados subieron en promedio 33%, los públicos 28% y los informales 36%.

Los asalariados privados tuvieron una caída acumulada del 15%, seguido por los trabajadores públicos (-21%) y los salarios de trabajadores privados informales (-20%). La baja es aún más dramática si tomamos los datos desde octubre de 2015, cuando comienza la serie publicada por el INDEC. En ese caso, la caída de privados formales y públicos fue de 20% y 29% respectivamente.17

En el contexto de la pandemia, el gobierno nacional desplegó una serie de programas para contener el impacto sobre el empleo y la pobreza. Dada la estructura con alta informalidad del país, los beneficios apuntaron a cubrir tanto trabajadores registrados como no registrados, así como poblaciones vulnerables que no participan del mercado laboral.

Primeramente, en marzo de este año, se otorgó un bono de hasta $3.000 para jubiladas/os y pensionadas/os que cobraban un único haber previsional mínimo. Ese mismo mes se duplicó el monto de la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y más tarde se dio un bono de entre $4.000 y $6.000 a los beneficiarios del programa Tarjeta Alimentar. El total de beneficios pagados a través de estos medios fue de aproximadamente 10,3 millones (ANSES).

La cobertura de las personas fuera del mercado laboral se incrementó a partir de abril con la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Este programa estableció un monto de $10.000 en cada liquidación para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías, a los que se sumaron beneficiarios del PROGRESAR, trabajadoras de casas particulares y desempleados. El monto representó casi 60% de un salario mínimo vital móvil y apuntaba a reducir el impacto de la caída de la actividad en los ingresos familiares. Respecto de los trabajadores formales, en primer lugar, se aprobó un aumento del seguro por desempleo. El valor se elevó a $10.000 y benefició a unos 12.000 trabajadores formales desocupados.

En segundo lugar, se creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para asistir a las empresas en el pago de salarios. A los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo vital y móvil la ATP le cubre el 100%. Aquí se encuentra aproximadamente el 15% de los beneficiarios.

A quienes ganan entre uno y dos salarios mínimo, la ATP le cubre el monto de un salario mínimo ($16.875). En este grupo se encuentra alrededor del 28% de los beneficiarios. En tercer lugar, a quienes ganan entre dos y cuatro salarios mínimos el programa le cubre exactamente el 50% del salario. Aproximadamente el 42% de los beneficiarios se encuentra en este grupo. Finalmente, aquellos que ganan más de cuatro salarios mínimos, el programa le cubre un máximo de $33.750. Cerca del 15% de los beneficiarios se encuentra en esta categoría (ANSES).

En términos de número de empresas, se incluyeron 255.000 empresas en el primer pago del ATP, 253.000 en el segundo y 220.000 en el tercero. Como hubo cierta rotación de empresas beneficiarias, en total hubo 328.000 empresas que ingresaron en al menos una ATP en los primeros tres pagos.

Las políticas de emergencia implementadas frente a la crisis del COVID-19 se suman a una variedad de políticas activas del mercado laboral ya existentes en el país. Entre los principales programas debemos destacar el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que en los últimos meses ha incluido a 170 empresas en crisis (representando 21,000 trabajadores); el Programa de Inserción Laboral (PIL) que otorga incentivos a la contratación; el Entrenamiento para el Trabajo (EPT) que subsidia prácticas laborales en contextos de trabajo; el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; el Programa de Empleo Independiente (PEI); el Seguro de Capacitación y Empleo; y el Programa de Trabajo Autogestionado (MTEySS).18

Objetivo 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles

En la Argentina los barrios populares nunca dejaron de crecer. De acuerdo al decreto 358/17, se considera barrios populares a aquellos que se encuentren integrados con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios básicos como por ejemplo red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.

Las últimas cifras oficiales (diciembre de 2016) ubican a estos asentamientos en 4.416. Sin embargo, las estimaciones de organizaciones sociales que trabajan en el terreno, como el Movimiento Evita, sostienen que esa cifra ascendió a unos 5.000. La mayoría de ellos están ubicados en la provincia de Buenos Aires. Dentro de ella, los municipios que suman la mayor cantidad de asentamientos son los municipios de La Plata y La Matanza, en ese orden.19

Sucede que desde diciembre de 2016, fecha del último relevamiento, la situación económica del país derivó en que miles de familias quedaran en situación de vulnerabilidad, que no pudiesen pagar un alquiler, en muchos casos por la pérdida de empleo, y terminaron o formando nuevos barrios populares o extendiendo los límites de los barrios populares ya existentes.

En zonas como el Gran La Plata durante el 2020 se generaron casi uno por mes.

En términos más precisos, en el país unas 870 mil familias, esto es unas cuatro millones de personas, viven en asentamientos, en viviendas precarias, en muchos casos sin agua potable, cloacas y luz. El último censo realizado sobre los asentamientos de todo el país determinó que el 78,5% de los barrios son de baja densidad poblacional y el 68% tienen viviendo menos de 150 familias. Las villas representan el 21,5% y son las que tienen mayor densidad poblacional. Más de la mitad de las familias viven en estos barrios desde antes del 2000. El 93% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente y el 70,5% a la red de energía eléctrica.

La provincia de Buenos Aires es la que concentra la mayor cantidad de barrios populares. El último relevamiento determinó que son 1.783, pero las últimas estimaciones elevan esa cifra por arroba de los dos mil.

El municipio de La Plata con 205 y La Matanza con 130, los pone al tope del ranking provincial, le sigue Florencio Varela, con 73; Almirante Brown, con 70; Quilmes con 68 y Merlo con 66. Si se tuviese en cuenta la densidad poblacional y extensión distrital, Merlo pasaría al primer lugar y La Matanza y La Plata a los últimos de esta lista acotada.

San Isidro, uno de los municipios con mayor poder adquisitivo registraba 25 barrios populares en el último registro. Entre ellos La Cava, uno de los más grandes y Santa Ana, donde están radicadas 300 familias.

El constante aumento de estos asentamientos llevó a que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Acción Social, anuncie que se actualizará el Registro Nacional de Barrios Populares (RNBP). En la presentación del Registro, realizada durante una nueva reunión del Consejo Federal de Desarrollo Social, se decidió ampliar la fecha límite de conformación de los barrios e incluyendo aquellos anteriores al 31 de diciembre de 2018.

La ventaja de incorporar barrios al Registro residiría en la posibilidad de acceder al Certificado Familiar de Vivienda que se otorga y que representaría un primer paso para la seguridad en la tenencia de la vivienda, así como el poder solicitar el acceso a servicios públicos básicos. Asimismo, la posibilidad de pensar proyectos integrales en los barrios que permitan su integración socio urbana. La urbanización es uno de los tres ejes que el Ministerio de Acción Social tiene para este 2021, junto con la generación de 300 mil puestos de trabajos –que implica que una persona en el sector informal logre superar el ingreso mínimo, y la creación de 800 jardines para las niñas y los niños de todo el país porque el nivel de pobreza más bajo está en la infancia.

Según las estadísticas que maneja el Ministerio, la urbanización de barrios populares generó 89.000 puestos de trabajo, y ya se construyeron 269 jardines de infantes, de los 800 que están previstos en todo el país.

El presupuesto 2021 para Vivienda y Urbanismo es de $115.936 millones (1,7% del total). Desde la nueva asunción del Ministro de Territorial y Hábitat de la Nación  se entregaron 6800 viviendas y se espera llegar a 10.000 al menos. Se lanzaron los planes Casa Propia (con un sistema similar al que había en la gestión anterior con el nombre Mejor Hogar) y Reconstruir (que apunta a terminar 55.000 viviendas cuyas obras estaban paralizadas “desde 2015).20

En ese sentido, en abril, el Gobierno anunció 87.000 créditos del plan Casa Propia, con cuotas que se ajustarán según la evolución de los salarios: 40.000 de hasta $100.000; 25.000 de hasta $240.000 (en ambos casos para refacciones), y 22.000 de hasta $4 millones (para construcción).

Además, en diciembre se anunció la construcción de 264.000 viviendas en los próximos tres años, con una inversión cercana a los $900.000 millones. Según datos de Vivienda y Urbanismo en ese momento, con los recursos del FONAVI (dinero que reciben las provincias derivado del impuesto a los combustibles), se ejecutarán 25.000. Otras 55.000 serán del programa Reconstruir, mientras que el plan Procrear II sumará 20.000, según lo prometido, y apuntará a generar 24.000 lotes con servicios.

Para el Plan Nacional de Suelos (que plantea la generación de 5220 lotes en 245 municipios de diez provincias) se prevé invertir $3200 millones. Además, el programa Argentina Construye Solidaria tiene recursos por $1575 millones para resolver temas estructurales de organizaciones que trabajan “en tareas comunitarias, de contención y desarrollo social” en provincias y municipios.

Objetivo 12. Producción y Consumo Responsables.

En el marco del Día del Exceso de la Tierra en Argentina, 26 de junio, se anunció que Argentina agotó los recursos naturales que tenía disponible para 2021, generando así una nueva “deuda climática”, advierten los expertos.21 Esto significa que por haber utilizado el capital natural y el presupuesto ecológico previsto para este año, desde junio se usa un 70% más de recursos de lo que los ecosistemas que el planeta puede regenerar en un año. Durante los próximos meses, el país estará consumiendo a crédito los recursos futuros sin utilizar su capital natural y presupuesto ecológico previsto para 2021.

Según datos de Global Footprint Network, Argentina se encuentra dentro de los países que aún cuentan con reserva de biocapacidad -entendida como sus reservas en términos ecológicos- para producir recursos y proveer servicios ambientales, detrás de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, los datos alarmantes dan cuenta que se está por encima de la media a nivel mundial.

En junio de 2021 el presidente Alberto Fernández anunció la promulgación de la Ley 27.621 que implementa la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país.22 La normativa crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) como “principal instrumento de la política”. El Congreso había sancionado esta norma el lunes 31 de mayo y al día siguiente se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 356/2021 y el jueves 3 de junio el Ejecutivo había promulgado la norma con la que se establecerá una política pública “permanente, transversal e integral” en todos los establecimientos educativos de la Argentina. Según la ley, Educación Ambiental Integral (EAI), es el “proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”. El marco normativo se configura en principios estipulados en la Constitución Nacional y en las leyes de Educación Nacional y General del Ambiente, desde donde se considera a la educación ambiental como un proceso fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía. También tiene vinculación con otras normativas: Régimen de Gestión Ambiental del Agua, Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares; Ley de Manejo del Fuego; y tratados y acuerdos internacionales en la materia. “La Ley General del Ambiente, en particular, define a la educación ambiental en su artículo 8 como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental en Argentina”.

La ley contó con el respaldo de la Cámara de Diputados en marzo, sumando 215 votos a favor, 7 en contra y 18 abstenciones, y con la aprobación de la Cámara de Senadores a mediados de mayo tras el voto afirmativo de 61 legisladores y por unanimidad.

Recientemente, comenzó a regir en Argentina y en otros 11 países de Latinoamérica y el Caribe el Acuerdo de Escazú.23 Argentina no solo se involucró en el proceso de celebración de este tratado ocupando un rol fundamental desde sus inicios, sino también, su ratificación junto a México, permitió alcanzar el número de Estados Parte necesarios para que el Acuerdo entrara en vigor este pasado 22 de abril de 2021. Sumado a ello, la justicia argentina fue pionera en la región al ser la primera en reconocer la validez a este tratado incluso antes de que el país estuviera obligado internacionalmente a hacerlo. En ese fallo, destacó que el Acuerdo es un precedente valioso en relación al reconocimiento del derecho a la información ambiental.

Uno de los derechos que este Acuerdo busca garantizar es el del acceso a la información ambiental. Para esto, regula aspectos de este derecho que están en línea con los avances normativos en la materia a nivel nacional y en algunos casos local.

Para asegurar el cumplimiento de este nuevo Acuerdo de derecho ambiental, resulta fundamental que todos los países de la región cuenten con los mecanismos internos necesarios para asegurar los derechos de las personas a estar informados, participar de las decisiones públicas y acceder a la justicia ambiental.

Objetivo 13. Acción por el Clima

Argentina participó de la Cumbre de Ambición Climática en el quinto aniversario del Acuerdo de París. Durante la jornada, el presidente de la Nación anunció un nuevo compromiso de la Argentina para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2030 y para reforzar las capacidades de adaptación de las comunidades a las consecuencias del cambio climático, en particular de las más vulnerables, con el objetivo de promover un desarrollo integral y sostenible.

De esta manera, el país asume un nuevo compromiso en materia climática que busca no exceder las 358,8 MtCO2eq de gases de efecto invernadero (GEI) al año 2030, elaborar su estrategia de desarrollo a largo plazo con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el año 2050, y trabajar en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. En ese sentido, Argentina limitaría sus emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel 25.7 %, un número inferior al comprometido en 2016. La nueva contribución, elaborada de forma participativa a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático, incluye al fortalecimiento de la educación ambiental, a la transición justa con equidad de género y a la federalización como ejes rectores. Este nuevo compromiso se alinea con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el cambio climático a 2 grados centígrados, tendiendo a incrementar la ambición en la acción para limitarlo a 1,5 grados.

El Fondo Verde Climático24, una iniciativa global surgida en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático25, aprobó un préstamo de 82 millones de dólares para un proyecto de seis años que contribuirá a que la Argentina combata la deforestación y realice un manejo sostenible de sus bosques. A través del proyecto, el país podría poner bajo manejo sostenible 4,5 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que representa 8,5% del área total de bosques del país, según informaron desde la FAO. Estos fondos serán usados para establecer 7 cuencas forestales sostenibles que alcanzarán a 7000 familias de productores, comunidades y trabajadores y trabajadoras de la madera y servicios forestales; 95 planes integrales de manejo comunitario y 92 planes de manejo de bosques con ganadería integrada que beneficiarán en forma directa a 2900 familias de comunidades locales e indígenas; y se implementarán 6 planes estratégicos de prevención de incendios a nivel provincial.

El proyecto será ejecutado en forma conjunta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la FAO, y se encuadra dentro del recientemente firmado Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo (Mecnud).26

Objetivo 14. Vida Submarina

Devolver los peces al mar, una vez que ya fueron capturados, está prohibido por ley ya que la mayoría de las veces los ejemplares ya están muertos y los que no, probablemente no sobrevivirán tras ser liberados.

Un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina calculó, sin embargo, que anualmente la industria pesquera argentina descarta, o devuelve al mar, 110 000 toneladas de merluza durante sus campañas de pesca.27

Esta práctica es conocida como descarte y está prohibida en Argentina por la ley federal de pesca, ya que constituye “una amenaza para la sostenibilidad en el sector pesquero”, asegura la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La amenaza está dada ya que grandes cantidades de recursos marinos mueren y son sobreexplotados injustificadamente, lo que pone en peligro los medios de vida de las comunidades costeras y también su seguridad alimentaria, señala el organismo.

La cifra de 110 000 toneladas de descarte de merluza en el mar Argentino fue confirmada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), un ente oficial descentralizado pero dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en su último informe disponible de 2018. Las autoridades de la Subsecretaría de Pesca, sin embargo, afirman que hoy la cantidad es mucho menor, aunque no ofrecen una cifra concreta.

Además, en los primeros días de marzo de 2021, la organización Greenpeace alertaba sobre la localización de 470 embarcaciones pesqueras en el denominado Agujero Azul, un espacio de solo 5000 kilómetros cuadrados. Fuera de cualquier tipo de fiscalización es imposible saber la cantidad y variedad de individuos que se cargan y procesan a bordo antes de que la mercancía sea trasladada a las naves frigoríficas que esperan en las cercanías. El daño ecológico resulta incluso más incalculable.

Objetivo 15. Vida de Ecosistemas Terrestres

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación estableció formalmente el fideicomiso financiero y de administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que fue creado por Ley n.º 26815, y con el cual se multiplican los recursos para robustecer al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).28 Se incrementa el financiamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en $ 2.640 millones, que se añade al Presupuesto 2021, por lo que la inversión total asciende a $ 3.058 millones.

El año pasado, el Congreso Nacional a través de la Ley de Presupuesto 2021, modificó el artículo 30 de la Ley n.° 26815 incorporando al Fondo Nacional del Manejo del Fuego -que es administrado por el Ministerio de Ambiente- una contribución obligatoria del tres por mil (3 ‰) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras.

A partir de esta contribución, el presupuesto del SNMF disponible para el año en curso es siete veces mayor que lo ejecutado el año pasado. La creación del mencionado fideicomiso incrementa el financiamiento del SNMF en $ 2.640 millones. Dicha suma se añade al Presupuesto 2021, por lo que la inversión total asciende a $ 3.058 millones.

Cabe destacar que los primeros fondos de este fideicomiso, aproximadamente $ 600 millones, estarán disponibles a fin de mayo o principios de junio del año en curso.

El financiamiento de este fondo será destinado de forma específica a la adquisición de bienes y servicios necesarios; la contratación, capacitación y entrenamiento del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales; obras de infraestructura necesarias para una mejor prevención, control y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal. Además, servirá para la difusión y conocimiento de las causas y consecuencias de incendios forestales y rurales; la realización de cursos, estudios e investigaciones; gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego, y solventar la logística en la extinción de los siniestros.

El viernes 4 de junio de 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó el Registro Público Único de Operadores de Fauna Silvestre. La iniciativa, que se dio a conocer mediante la Resolución 170/2021 publicada en el Boletín Oficial, tiene la finalidad de registrar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que realicen tránsito, comercio, importación, exportación y reexportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de la fauna silvestre. La creación de este registro —que estará a cargo de la Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales— representa un gran avance en el establecimiento del nuevo marco normativo y los lineamientos metodológicos. La concreción de este nuevo sistema público de registro incluye la definición y condiciones para 15 tipos distintos de operadores, entre los que pueden mencionarse zoológicos, ecoparques, criaderos, santuarios y colecciones, entre otros. La inscripción se realiza por tipo de actividad y permite que un mismo operador pueda tener tantos números de registro como actividades diferentes realice, permitiendo en simultáneo el seguimiento por operador. La resolución dispone un plazo de tres meses para que los operadores ya inscriptos puedan actualizar la información. Además, el sistema establece la información necesaria para actualizar los planteles de animales vivos y salvaguarda las potestades de registro, a cargo de la Dirección Nacional de Biodiversidad dependiente de Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales y la fiscalización ante la Brigada de Control Ambiental, dependiente de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, en concordancia con lo estipulado por la Ley n.° 22421.

Por otro lado, Argentina se convierte en el mes de junio 2021 en el primer país del mundo en implementar una ley29 que prohíbe la salmonicultura, y que resguarda el medioambiente.

Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Participó de la iniciativa “Pioneros para Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas”, conformada por Estados miembros de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, representantes de la sociedad civil y del sector privado, unidos bajo la premisa de acelerar el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 orientados a la paz, la justicia y la inclusión. Desde la mencionada iniciativa se acuñó el concepto de ODS 16+, que tiene como origen considerar a la justicia como un valor transversal a los 17 objetivos planteados en la Agenda 2030, y cuyo cumplimiento es indispensable para lograr una prosperidad compartida y sostenible, basada en la paz y la inclusión. Este Ministerio copresidió (junto a los gobiernos de Sierra Leona y los Países Bajos y la organización internacional The Elders) el Grupo de Trabajo sobre la Justicia.

En la meta “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” se dan varios casos particulares, algunos muy notables, como el de Milagro Sala. A partir de su detención, hubo un entramado de “acusaciones consecutivas”, un despliegue de causas judiciales y un contexto de vulneración de la independencia judicial destinados a sostener la privación de libertad de Sala de manera indefinida, de acuerdo a lo que sostuvo el Grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en octubre de 2016. Trascurrieron cinco años de detenciones preventivas sucesivas, sin que aún tenga una condena firme en su contra. Durante 2020, en la llamada “Megacausa” se dejó sin efecto su prisión preventiva y, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el proceso que la sometió a juicio en el caso de los “huevazos” debería ser revisado. La Corte Suprema también debería revisar la condena de la causa “Pibes Villeros”; la defensa de Sala denuncia que en este proceso sus derechos como imputada fueron violados, sin que ella haya podido conocer de qué hechos debía defenderse. Un caso notable de lawfare (guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública).

Objetivo 17. Alianzas para lograr los Objetivos

El 1 de septiembre de 2020 Argentina logró un canje del 99% de su deuda externa. El lastre total de la deuda externa argentina ascendía en mayo de 2020 a casi 324.000 millones de dólares, lo que representa cerca del 90% de su PBI. Y de esa suma, todavía le debe al FMI casi 52.000 millones de U$S, que debe pagar hasta 2024, y que empezarían a vencer en 2021.

El 13 de noviembre de 2020 el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó el apoyo de la Argentina a la Iniciativa del Grupo de los 20 de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI), que permite interrumpir los pagos de la deuda a los países más vulnerables golpeados por la pandemia del COVID 19.30

El índice de precios al consumidor de Argentina cerró el 2020 en un crecimiento en tasa interanual del 36,1%, lo que supone el nivel más alto del indicador en América Latina solo por detrás de Venezuela, según datos del INDEC.

Notas: