Argentina

En Argentina más del 10 por ciento de los hogares no están conectados a una red de suministro de agua limpia y más del 30 por ciento carecen de saneamiento. La inversión en agua y saneamiento fue estable en alrededor del 2 por ciento del gasto público entre 2012 y 2015. Bajó al 1,4 por ciento en 2016 y al 0,3 por ciento en 2017, meses antes de que el presidente Mauricio Macri anunciara en mayo de 2018 la solicitud de un préstamo de emergencia del FMI que podría resultar en austeridad fiscal con nuevos recortes en los presupuestos.

El informe de CELS y FOCO registra una caída similar en el gasto público en vivienda y un cambio en cómo el Estado percibe su rol "de" constructor "a" facilitador "de la inversión del sector privado". Sin embargo, "la experiencia latinoamericana (estudiada en Chile, Costa Rica y México) muestra que restringir las políticas públicas a la promoción del financiamiento hipotecario, con asistencia focalizada en las áreas más pobres y dejar a los mercados las decisiones clave sobre el desarrollo urbano y la vivienda más especulación en torno a los precios, profundiza las brechas urbanas y la segregación social ".

El activista y periodista noruego Petter Titland fue autorizado a regresar este domingo a Argentina, de donde fue deportado el viernes cuando llegó para la Conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), informó la Cancillería.

"Estoy en Brasil, he estado aquí dos días para esperar que la situación se solucione y ahora tenemos la solución. Estoy feliz por eso", declaró Titland 

Desde 2015, con la elección de un nuevo Gobierno, Argentina experimentó un cambio radical de políticas: de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los mercados locales, el proteccionismo del comercio, la expansión de los derechos sociales y un rol activo del Estado en la redistribución del ingreso de las exportaciones agrícolas a un modelo inspirado en el neoliberalismo, el libre comercio, la competitividad en mercados globales y las exenciones fiscales.

Según el informe de Social Watch sobre Argentina, «esto derivó en una redefinición sustancial del rol del sector privado en las políticas de desarrollo», de las cuales la privatización de tierras de propiedad del Estado es un ejemplo contundente. Desde 2015, el Gobierno autorizó la venta a inversionistas privados de 93 extensiones pertenecientes al Estado, la mitad de ellas en la ciudad de Buenos Aires, donde la décima parte de la población vive en condiciones superpobladas y casi 200 000 personas viven en barrios marginales. Las propiedades públicas que podrían haberse utilizado para cubrir la demanda habitacional no satisfecha pasaron a manos privadas, lo que fomenta la especulación que alimenta el déficit habitacional y contradice directamente el ODS 11 que urge a los Gobiernos a «lLograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles».

Foto: PROVEA

Las medidas adoptadas por el gobierno venezolano, en el contexto de la elección de la Asamblea Constituyente y las protestas de quienes la cuestionan, agravaron aún más la situación de los derechos humanos en ese país, sostiene un análisis del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CELS), una organización de Derechos Humanos líder en América Latina y miembro de la coalición Social Watch de Argentina. El gobierno venezolano no protegió el derecho a la vida y restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra el país. "La situación exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a Venezuela en una salida soberana de la crisis," sostiene CELS.

En diferentes intervenciones de los últimos días, funcionarios del Gobierno Nacional insistieron en responsabilizar a las personas extranjeras por el narcotráfico en Argentina. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria, que viene siendo anunciado por el gobierno desde hace semanas.

La aprobación de la Agenda 2030 por las Naciones Unidas coincidió con el cambio de gobierno en la Argentina y el rápido abandono de las políticas públicas impulsadas como salida a la grave crisis social, económica, institucional y política de 2001 y 2002. En los primeros seis meses de 2016, la Argentina ha vivido el pasaje de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento del mercado local, el proteccionismo comercial, la ampliación de derechos sociales y un rol activo por parte del Estado en la redistribución del ingreso a través de los impuestos a la exportación de productos agrícolas, hacia un modelo más afín a los principios del liberalismo económico, vinculado a las reglas del libre comercio, una inserción competitiva en el mercado global, un menor nivel de intervención estatal en el funcionamiento general de la economía y una reducción de los impuestos a la exportación de productos agrícolas.

La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible coincidió con el cambio de gobierno en Argentina. Los primeros seis meses de gestión del presidente Mauricio Macri revelan un fuerte cambio en las políticas que tendrá fuerte impacto. En este contexto, las evidencias muestran que a través de las políticas en marcha no solo no se alcanzarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda si no que se producirá un importante retroceso en relación a la situación social y ambiental alcanzada en la década anterior. Preservar los logros sociales y de bienestar alcanzados y articular acciones críticas frente a un nuevo giro neoliberal que parece propiciar mayor desigualdad social y contaminación ambiental requiere de la revisión de posicionamientos y establecer objetivos comunes en línea con los ODS entre los muy diversos y activos espacios de participación (sindicales, comunitarios, de organizaciones civiles) existentes en el país.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina) presenta el informe Derechos Humanos en Argentina. El mismo abarca la situación de los derechos humanos en el país durante 2013 y 2014, se publica en una coyuntura particular. Por un lado, en el año en que finaliza el segundo gobierno de Cristina Fernández, el tercero del ciclo kirchnerista. Por el otro, en 2014 se cumplieron 35 años desde la fundación del CELS en plena dictadura. Estas coordenadas temporales invitan a reflexionar sobre las transformaciones en materia de derechos humanos de este ciclo de gobiernos y sobre las relaciones de los organismos de derechos humanos –en particular, del CELS– con el Estado a lo largo de las tres décadas de la democracia argentina.

Los Principios básicos para los procesos de reestructuración de deuda soberana, promovidos por los países del Grupo 77 más China, reflejan las demandas sobre la necesidad de establecer mecanismos de reestructuración de deuda más justos y equitativos que las organizaciones sociales venían sosteniendo desde la década del 90.

El principio 8 reconoce la importancia de que las reestructuraciones respeten los derechos humanos y apunten a un crecimiento económico “sostenido e inclusivo” de los países deudores para minimizar los costos económicos y sociales de las crisis financieras. Esto tiene en cuenta algunos de los puntos que un centenar de organizaciones sociales resaltamos el año pasado sobre la capacidad de los Estados de alcanzar acuerdos con la mayoría de sus acreedores, que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de sus poblaciones. También planteamos en esa oportunidad que la resolución de los conflictos relacionados con la deuda entre un Estado y sus acreedores debe basarse en un marco fundado en el Derecho Internacional Público y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La revisión de los estándares mundiales más relevantes y específicos sobre los derechos de las personas privadas de libertad fue aprobada el 22 de Mayo con el objetivo de brindarles mayor protección. Las directrices vigentes fueron elaboradas hace 60 años por las Naciones Unidas. El proceso de revisión, que tomó cuatro años, tuvo en cuenta los aportes del CELS y de otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. La revisión de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos introdujo mejoras significativas para la investigación de todas las muertes en los lugares de encierro, la prevención e investigación de las torturas y los malos tratos, la restricción del aislamiento, la limitación de las sanciones disciplinarias, la regulación de las requisas, la inspección independiente de los lugares de detención y la atención de la salud, entre otros temas.

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