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La inclusión en la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 de “construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación” es un logro para los países en desarrollo. Para implementarlo se necesitan políticas industriales activas.

La Agenda 2030 incluye como Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (SDG 9) el compromiso de “construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”. La entrada de este objetivo en la Agenda 2030 es un logro para los países en desarrollo que varían considerablemente en términos de población, ingresos, tamaño y estructura económica, sistema político y cultura, pero comparten la característica común de un sector industrial subdesarrollado. Para implementar el SDG 9 se necesitan políticas industriales activas que tengan en cuenta aspectos de desigualdad y sostenibilidad.

"Los ODS no son un tema de los países en desarrollo que solamente afectan a Francia en sus relaciones exteriores. También son relevantes para las políticas nacionales francesas" sostiene el informe alternativo francés sobre la Agenda 2030.

Los objetivos que corren el riesgo de no cumplirse en Francia se refieren sobre todo a cuestiones económicas y sociales como el empleo, la pobreza, las desigualdades en materia de educación, la igualdad de género y la asistencia oficial para el desarrollo.

En el contexto del Foro Político de Alto Nivel de la ONU, plataforma internacional de seguimiento a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la organización Social Watch, en alianza con otras redes y organizaciones de la sociedad civil, lanzó el informe Spotlight 2017.

Este aporte brinda una evaluación independiente sobre la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 en el mundo, a partir de informes nacionales y análisis elaborados por representantes de organizaciones de la sociedad civil que observan los ODS, desde sus distintas miradas y especialidades. “La combinación de la ideología neoliberal, grupos de presión de las corporaciones, políticas fiscales regresivas, y la evasión de impuestos han dado lugar a un debilitamiento masivo del sector público y su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales”, afirma el documento.

Foto: PROVEA

Las medidas adoptadas por el gobierno venezolano, en el contexto de la elección de la Asamblea Constituyente y las protestas de quienes la cuestionan, agravaron aún más la situación de los derechos humanos en ese país, sostiene un análisis del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CELS), una organización de Derechos Humanos líder en América Latina y miembro de la coalición Social Watch de Argentina. El gobierno venezolano no protegió el derecho a la vida y restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra el país. "La situación exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a Venezuela en una salida soberana de la crisis," sostiene CELS.

The Czech branch of the social watchdog group, Social Watch, has given a mixed appreciation of the Czech Republic’s moves to foster a more equitable and fairer country and world over the last year. The grouping of NGOs praised moves to increase the minimum wage and to take some steps to dealing with those profiting from citizens falling into the debt trap. However, it also highlighted the government’s failure to push through a bill on social housing, the continued wide gender gap on pay, and the high level of Czech arms exports to dubious regimes and low levels of development aid. The assessment was carried around in the context of the United Nations’ 2030 strategy for sustainable development.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación”, el gobierno de Colombia plantea que los sectores minero-energético, de hidrocarburos y transporte, jugarán un papel clave para garantizar el desarrollo económico sostenido e inclusivo ya que generará importantes recursos para financiar las inversiones que sirvan para la consolidación de la paz y la lucha contra de la desigualdad. Sin embargo, "estos mismos sectores productivos han sido uno de los principales focos de conflictividad social en el país por sus impactos en los derechos humanos y en el ambiente", sostiene el informe nacional alternativo. Por ejemplo, el gobierno ha priorizado el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (PINES) que presentan dificultades en la adquisición de predios, la consulta previa a comunidades, los permisos y trámites ambientales, las relaciones con las comunidades locales, y las dificultades de las entidades públicas en la solución de problemas jurídicos.

Foto: Maailma Kylässä

El gobierno finlandés publicó el plan nacional de implementación de los ODS en febrero de 2017. El crecimiento económico y las oportunidades de negocios se resaltan en todo el plan. Varios grupos ciudadanos han criticado este enfoque, ya que no va a reducir la desigualdad global ni ayudará a conservar los recursos naturales para las generaciones futuras.
¨La economía debe ser una herramienta que permita el logro del crecimiento sostenible y el bienestar no debe ser visto como un valor absoluto en sí mismo" sostienen. Las organizaciones finlandeses de la sociedad civil destacan que la responsabilidad social y ecológica empresarial requiere, además de diálogo, una legislación vinculante. Francia y los Países Bajos han legislado recientemente que las empresas activas en estos países deben hacerse cargo de los derechos humanos a lo largo de la cadena de producción. Finlandia debe seguir este ejemplo tan pronto como sea posible. Actualmente la responsabilidad social y económica juegan un papel marginal en el plan de implementación. Además de los impactos ecológicos los temas de derechos humanos deben ser tomado más en cuenta y de manera efectiva.

Una coalición global de organizaciones de la sociedad civil y de sindicatos presenta hoy en Nueva York el informe "Spotlight 2017" sobre desarrollo sustentable, coincidiendo con la apertura del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. El informe brinda una evaluación independiente exhaustiva y amplia sobre la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

"En la Agenda 2030 los gobiernos se comprometieron a revitalizar una asociación mundial entre los Estados y declararon que las finanzas públicas tienen que desempeñar un papel esencial en el logro de los ODS. Pero en décadas recientes, la combinación de la ideología neoliberal, grupos de presión de las corporaciones, políticas fiscales regresivas, y la evasión de impuestos han dado lugar a un debilitamiento masivo del sector público y su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales."

Sarah Makau, Kenia

"Lo que nos tenemos que preguntar es: ¿Tenemos en África control de nuestros recursos ó estamos enredados en este sistema global de acumulación que fue traído durante el colonialismo? ¿Cómo podemos escapar de esa esclavitud?" Resumió Mela Chiponda, participante de la Segunda Escuela Feminista Anual WoMin, organizada por Netright Ghana.

"No teníamos títulos de propiedad, la tierra no estaba delimitada, nadie conocía la superficie de sus fincas, así que cuando nos enteramos de esto, el gobierno entró y empezó a demarcar y hubo una pausa en las actividades mineras. Pero estamos preocupados. Te sientes como que hemos arrinconado a un león que está esperando en el pasto", dijo Sarah Makau, de Kenia.

Foto: CEM-H

El Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) junto a la Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras impulsan la formación de la Escuela de Formación "Somos trabajadoras". El objetivo de la escuela es crear un espacio de encuentro de mujeres para conocer y defender sus derechos laborales.

Trabajadoras domésticas de diferentes regiones participaron de la primera jornada de trabajo y socialización de la Escuela de Formación “Somos trabajadoras” que tuvo lugar el 27 y 28 de mayo.

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