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Además de los aspectos sanitarios, la crisis mundial de coronavirus también tiene consecuencias financieras, socioeconómicas y de desarrollo. Por esta razón, los gobiernos y las organizaciones internacionales han anunciado una gran cantidad de medidas  políticas, por un lado para contener la pandemia, por el otro para mitigar las consecuencias económicas.

Estas medidas contienen, por ejemplo, estímulos fiscales y paquetes de ayuda de varias formas y tamaños, destinados a amortiguar las graves consecuencias económicas y sociales del brote de coronavirus en todo el mundo. Los principales grupos beneficiados por los préstamos e inyecciones de efectivo planificados son el sistema de salud, así como los bancos y las empresas más grandes.

Por Roberto Bissio*

El mensaje no pudo haber sido más claro: “nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas”.

La pandemia de COVID-19 es una crisis de salud global (con importantes consecuencias financieras y económicas), pero las organizaciones internacionales, comenzando con la Organización Mundial de la Salud (OMS), "todavía no cuentan con los fondos suficientes para responder rápidamente a la aparición de enfermedades peligrosas y para evitar que se propaguen a pandemias mundiales", argumentan Jens Martens y Bodo Ellmers, del Global Policy Forum en un documento informativo publicado el pasado 18 de marzo*. Es probable que la gente en la mayoría de los países del Sur Global sufran su impacto aún más y por lo tanto "para evitar que la crisis del coronavirus se convierta en un crisis mundial de desarrollo, la solidaridad no debe terminar en las fronteras nacionales".

Chipre también sufre una tensión entre las respuestas urgentes a la crisis económica y financiera y sus compromisos de desarrollo sostenible. Como miembro de la Unión Europea, Chipre debe implementar los conceptos de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) y Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPSD), pero ninguno de estos se menciona en el Informe Nacional Voluntario oficial, que de hecho omite todo el ODS 17 (sobre implementación).

Según el informe alternativo de Charalambos Stergiou, Yolanda Frangou y Charalambos Vrasidas, de CAR-  DET / Universidad de Nicosia, “como resultado de las estrictas medidas de austeridad implementadas desde marzo de 2013, se suspendió la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Cyprus Aid” y “Chipre no tienen mecanismos de coordinación sobre CPD dentro de la administración nacional y no hay participación en CPD por parte del Parlamento de Chipre, la sociedad civil o el sector privado”.

El ODS 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, representa una de las partes de la Agenda 2030 más fáciles de conseguir - y una de las más fundamentales. Las dinámicas de poder y desigualdad condicionan el acceso al agua, el saneamiento y la higiene (en inglés «water, sanitation and hygiene», WASH), así como el acceso a otros servicios básicos, lo mismo en función de parámetros cuantificables (renta, cercanía y tipo de fuente para el suministro de agua potable y sanitaria para una familia) como en términos del desequilibrio en la participación e influencia en la toma de decisiones, es decir, que cuenten o no lo mismo la voz y los derechos de unos o de otros.

Las organizaciones que integran la Plataforma de los Cuidados en Honduras emiten un comunicado desde la visión de la economía de los cuidados ante la situación de crisis provocada por la Pandemia del Coronavirus COVID-19, que por medidas de seguridad indica y obliga a permanecer en casa.

Montevideo, 20 de marzo de 2020

Debido a la pandemia de COVID-19, muchas reuniones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) programadas para marzo, abril y mayo se han cancelado, pospuesto o reducido en tiempo y participación. Al enviar esta nota, el 20 de marzo, aún no sabemos qué pasará con la reunión del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) del próximo mes de julio. El FPAN debería revisar a nivel ministerial la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y recibir la presentación de informes nacionales de docenas de países.

Social Watch sigue comprometido a apoyar la presentación de informes alternativos de la sociedad civil y difundir sus hallazgos. Las pautas para las contribuciones Social Watch 2020 están disponibles aquí en español. Las pautas también están disponibles en inglés, y/o en francés.

Como la pandemia de coronavirus está afectando a todos los países, y se esperan impactos más severos entre los pobres, damos la bienvenida especialmente a los informes, aunque sean parciales, sobre cómo las sociedades se ven afectadas y cómo se movilizan y organizan para enfrentar la crisis y proveer cuidados.

Decidamos presenta el estudio Mujeres rurales y autonomía económica. Obstáculos de las mujeres paraguayas ocupadas en la agricultura familiar para aumentar su autonomía económica y reducir las brechas de género sobre la situación de las mujeres paraguayas ocupadas en la agricultura familiar campesina.

En el estudio se identifican los principales nudos de tensión que se interponen al empoderamiento de las mujeres, al desarrollo de su autonomía económica y, en última instancia, al ejercicio de una ciudadanía plena, libre de las trabas impuestas por la discriminación y la subordinación implicadas en las relaciones de género.

El trabajo tiene por objetivo analizar y describir la situación de las mujeres ocupadas en la agricultura familiar campesina en relación con su autonomía económica, explorando factores que pueden aportar claves interpretativas para comprender la especificidad de la problemática, desde el género, pero más allá del mismo, contextualizando en las realidades concretas de las mujeres.

En Filipinas, la preparación del informe oficial 2019 catalizó un proceso de consulta con múltiples partes interesadas al que se invitó a algunas organizaciones de la sociedad civil, como Social Watch Filipinas (SWP). SWP convocó un proceso de consulta más amplio para producir aportes al informe oficial y un informe independiente de la sociedad civil.

Filipinas es actualmente una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, con un PIB que creció entre el 6 y el 7 por ciento en 2018 y aumenta a un promedio de casi el 5 por ciento anual en la última década, pero esas cifras coexisten con una alta tasa de pobreza, una situación paradójica llamada “crecimiento sin empleo”.

La Agenda 2030 y los 17 objetivos a la que va vinculada se basan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tratados internacionales sobre derechos humanos, la Declaración del Milenio y en Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005. La Agenda reconoce que confiar solo en el crecimiento económico dejará sin atender a los más rezagados. Su visión transformadora es precisamente atender a estos en primer lugar, empoderar a los más desfavorecidos, y acabar con todas las formas de pobreza de aquí a 2030.

La protección social es crucial para hacer realidad esta visión, y está estipulado en la meta 1.3 del ODS 1. Si se diseña adecuadamente, la protección social consigue prevenir y reducir de forma efectiva la pobreza y la desigualdad. Una cobertura garantizada de protección social mejora la nutrición y el acceso a servicios básicos, con lo que puede romper el círculo vicioso que lleva a la pobreza y su transmisión de una generación a la siguiente.

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