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En Colombia, un informe de Angélica Beltrán, Karla Díaz y David Cruz, investigadores de la Asociación Ambiente y Sociedad argumentan que "las industrias extractivas y la contaminación atmosférica en las ciudades son una fuente importante de conflictos socioambientales". El informe plantea: "La protección del medio ambiente muestra un debilitamiento progresivo ... Debido a la falta de información ambiental actualizada y la simplificación de los procedimientos para otorgar permisos y licencias, a las comunidades afectadas les resulta cada vez más difícil controlar las amenazas sobre sus tierras y sus medios de subsistencia ". Además, las instituciones de control ambiental no tienen la capacidad de supervisar adecuadamente las actividades extractivas, lo que ha permitido ecocidios graves como el afloramiento de petróleo crudo en el Bloque Lizama y la violación de las normas ambientales por parte de Emerald Energy en el Bloque Ombu, ubicado en la región amazónica.

La sociedad civil presentó varias sugerencias al "informe de hitos" oficial francés que se presentó a la ONU en 2018, cubriendo seis de los 17 ODS y ATD Cuarto Mundo encuentra "muy poco esfuerzo para hacer sinergia entre los diversos objetivos, mientras que estos llamados" los objetivos ambientales tienen un gran impacto el uno en el otro. Por ejemplo, podemos lamentar que no se vea que estos objetivos tengan un impacto en el ODS 1. El objetivo de superar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo no es una preocupación importante en el informe francés, mientras que es transversal. En esta etapa de redacción, el "informe de hitos" relativo al ODS 6 sobre el agua no menciona que el acceso al agua es una condición esencial para reducir la pobreza, al igual que el ODS 7 y el acceso a la energía. Del mismo modo, la recomendación fundamental de "no dejar a nadie atrás" no se traduce en la implementación de los ODS".

Desde Kenia, la red ciudadana SODNET informa que "la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres sigue socavando la confianza en las instituciones de gobernanza democrática de la economía y, junto con ella, el imperativo de la cohesión social como condición para el desarrollo sostenible".

Edward Oyugi, J. Ocholla y Mwaura Kaara informan que "Kenia todavía vive con desasosiego un pasado colonial y su legado de desarrollo desigual. Una aguda asimetría de relaciones de poder perdura, ya que el sistema colonial se retiró con una estrategia que no resultó en una transformación sistémica de las sociedades coloniales. "El país fue estructurado económicamente por primera vez por la Asociación Británica de África Oriental, principalmente en torno a sus intereses económicos extractivos. La luchaba por "la descolonización quería que todos los sectores de la sociedad keniata prosperasen buscando un desarrollo social equilibrado", pero “las semillas de la desigualdad y la trayectoria del desarrollo desigual permanecieron intactas” y “las disparidades experimentaron una rápida escalada después de la independencia.”

Los servicios públicos de calidad son la base de una sociedad justa y una economía fuerte. Estos servicios hacen que nuestras comunidades y economías sean más equitativas, resistentes a la recesión y a los desastres, y protegen a los más jóvenes, los enfermos, los desempleados, los discapacitados, los ancianos y los vulnerables. Los servicios públicos de calidad son uno de los principales mecanismos del Estado para cumplir sus obligaciones en materia de realización de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la justicia social. Son fundamentales para la aplicación de los objetivos y metas de la Agenda 2030, incluido el ODS 9 sobre la construcción de infraestructuras resilientes.

Las circunstancias parecen más prometedoras en Chipre, donde la crisis financiera de 2013 parece haber terminado y las ONG trabajan junto con el gobierno y el parlamento para implementar los ODS, según lo informado por Charalambos Vrasidas y Sotiris Themistokleous, de CARDET. Sin embargo, incluso cuando se observan progresos en todos los ODS y se lleva a cabo la planificación, la revisión oficial reconoce importantes desafíos: "Alta deuda pública, alta tasa de desempleo, baja contribución del sector agrícola en el PIB, baja representación de las mujeres en la política y la vida pública, la necesidad de una política de consumo sostenible, un alto porcentaje de no logros en matemáticas, ciencias y lectura y la necesidad de aumentar la AOD “.

En Bangladesh, la sociedad civil celebra que en marzo de 2018 el país cumplió con los requisitos para "graduarse" de su estado actual de país menos adelantado y ser incluido oficialmente como "en desarrollo". Este éxito "genera confianza para lograr también los ODS", según el informe de COAST Trust, secretaría de Social Watch-Bangladesh. Sin embargo, el informe identifica tres desafíos principales: desigualdades, cambio climático y flujos financieros ilícitos.

Las desigualdades en el ingreso son notables entre las áreas rurales y urbanas, entre las diferentes regiones y entre el 5 por ciento de los hogares que capta la cuarta parte del ingreso nacional, mientras que el 5 por ciento inferior recibe menos del 1 por ciento.

En Argentina más del 10 por ciento de los hogares no están conectados a una red de suministro de agua limpia y más del 30 por ciento carecen de saneamiento. La inversión en agua y saneamiento fue estable en alrededor del 2 por ciento del gasto público entre 2012 y 2015. Bajó al 1,4 por ciento en 2016 y al 0,3 por ciento en 2017, meses antes de que el presidente Mauricio Macri anunciara en mayo de 2018 la solicitud de un préstamo de emergencia del FMI que podría resultar en austeridad fiscal con nuevos recortes en los presupuestos.

El informe de CELS y FOCO registra una caída similar en el gasto público en vivienda y un cambio en cómo el Estado percibe su rol "de" constructor "a" facilitador "de la inversión del sector privado". Sin embargo, "la experiencia latinoamericana (estudiada en Chile, Costa Rica y México) muestra que restringir las políticas públicas a la promoción del financiamiento hipotecario, con asistencia focalizada en las áreas más pobres y dejar a los mercados las decisiones clave sobre el desarrollo urbano y la vivienda más especulación en torno a los precios, profundiza las brechas urbanas y la segregación social ".

El compromiso internacional es explícito y ambicioso: "Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables" (meta 3 del ODS 1). Los sistemas de protección social comprenden planes contributivos y no contributivos para los niños, las personas en edad activa y la tercera edad como, por ejemplo, las subvenciones para la infancia, el seguro médico o los programas de pensiones. Los niveles mínimos de protección social proporcionan al menos un nivel básico de seguridad de ingresos y acceso a los servicios de salud para todos los residentes y para todas las principales contingencias a lo largo de la vida, tal como se define en la Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social de 2012 (n.º 202).

Foto: Vista de la favela de Vidigal.
(Foto: Nico Oved/Flickr/CC)

En Brasil, después de más de una década de progresos significativos en la lucha contra la pobreza a través de inversiones públicas en salud, educación y protección social, la enmienda constitucional 95/2016 (CA 95), conocida como la "Regla de gasto", entró en vigor en 2017, congelándose gasto público por 20 años. "Al constitucionalizar la austeridad de esta manera", comenta el informe del INESC, "a los futuros gobiernos elegidos se les impedirá determinar democráticamente el tamaño de los derechos humanos y las necesidades básicas de inversión".

La norma CA 95 ya ha comenzado a "afectar desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos" ya que "se desvían recursos significativos de los programas sociales hacia los pagos del servicio de la deuda".

Desde Puerto Rico, la organización de mujeres Cohitre también describe una "condición colonial que impone agendas ajenas a nuestro pueblo". En septiembre de 2017, los huracanes Irma y María llegaron a la isla, destruyeron 70,000 casas y colapsaron su red eléctrica (aún no completamente restaurada), su sistema de transporte, hospitales y suministros de combustible y alimentos.

Los efectos catastróficos se agudizan por la ausencia de poderes políticos -la isla es un "territorio no incorporado" de los Estados Unidos. Desde 1898- y el control de sus finanzas por un Consejo de Control Fiscal impuesto por los Estados Unidos, debido a su endeudamiento. "La desviación de fondos para pagar deuda pública, planes de ajuste, medidas de austeridad, la reducción del sector público y la privatización han comprometido la capacidad del gobierno para responder a la crisis" mientras "la respuesta del gobierno de los Estados Unidos es lenta, errática y centralizada” y el Congreso de Estados Unidos ”no ha mostrado apuro por proporcionar ayuda a Puerto Rico, dado el debate sobre la corrupción y la forma de administrar los fondos".

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