La política de protección social constituye un pilar fundamental para avanzar hacia la garantía del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Sin la vigencia efectiva de los DESC no será posible la reducción de la pobreza y de las desigualdades.

Esta política tiene cada vez mayor relevancia por el aumento de la incertidumbre que se deriva de los procesos de inserción internacional, que dejan a los países más vulnerables a las crisis financieras y alimenticias mundiales, al cambio climático que afecta a la seguridad alimenticia y aumenta la probabilidad de sequías o exceso de lluvias e inundaciones, a los procesos de urbanización y a las migraciones que debilitan los lazos familiares y comunitarios como mecanismos tradicionales de protección y a la mala calidad del trabajo tanto en el sector rural como en el urbano, con altos niveles de informalidad e inseguridad.

El diálogo social en Indonesia, Ghana y Uruguay se analiza en sus diversas formas, con especial énfasis en la formalización de estos diálogos a diferentes niveles administrativos y su contribución al desarrollo en el estudio llevado adelante por la RSCD. Los estudios están escritos por especialistas sindicales nacionales e incluyen ejemplos de buenas prácticas y de las limitaciones de los diferentes contextos.

En diferentes intervenciones de los últimos días, funcionarios del Gobierno Nacional insistieron en responsabilizar a las personas extranjeras por el narcotráfico en Argentina. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria, que viene siendo anunciado por el gobierno desde hace semanas.

Barbara Adams plantea un análisis crítico de los retos, obstáculos y oportunidades de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y el contrapeso que representan los megacuerdos comerciales para su implementación. Nuevos enfoques para el desarrollo productivo, Estado, sustentabilidad y política industrial.

En una histórica resolución sin precedentes, la Sexta Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le otorgó estatus de observador a la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés). La resolución, presentada por Francia, Albania, Colombia, Holanda y Túnez, y adoptada durante el 71º período de sesiones de la Asamblea General, posiciona a la ICC como observador a partir de 1 de enero de 2017.

Por primera vez, la Sexta Comisión (dedicada al examen de las cuestiones jurídicas) de la Asamblea General de la ONU aprobó a una organización empresarial como observador. Hasta el momento, la lista actual de Estados no miembros, entidades y organizaciones con estatuto de observadores se limitaba principalmente a Estados no miembros, como la Santa Sede y el Estado de Palestina, y organizaciones intergubernamentales como la Unión Africana y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil no figuran en la lista.

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