Argentina

En una reciente decisión, la Corte Suprema de EE. UU rechazó un recurso presentado por Argentina en la causa iniciada por el fondo buitre NML que había adquirido títulos de la deuda pública de ese país luego del default del año 2002 y no había aceptado integrar el acuerdo alcanzado con más del 92 por ciento de los acreedores en 2005 y 2010. De este modo quedó firme una sentencia que interpreta que la cláusula estándar pari passu (igualdad de rango o de trato) impide saldar la deuda reestructurada si al mismo tiempo no se les paga al grupo de acreedores que no aceptó el acuerdo y procura obtener un retorno del 1600% de lo pagado por los bonos al momento de su adquisición.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar la apelación de la Argentina y sostener la demanda de los acreedores que no aceptaron integrar el acuerdo alcanzado con más del 92% de los bonistas excede la cuestión particular del cumplimiento de una sentencia.

En el centro del conflicto está la tensión entre hacer prevalecer el derecho de propiedad, apoyado en las prácticas predatorias que habilita el sistema financiero, y la obligación de los Estados de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En este caso, un tribunal extranjero se pronuncia en favor del derecho a la propiedad de un grupo reducido de acreedores de títulos públicos con una sentencia cuyo cumplimiento estricto implicaría tomar decisiones económicas que afectarían los derechos de los habitantes de nuestro país.

Esta tensión cruza hoy uno de los debates más fuertes de la comunidad internacional sobre el modo en el que se deben alcanzar consensos que equilibren los intereses de acreedores y deudores. El análisis de la cuestión debe tener en cuenta los principios del derecho internacional público y las obligaciones de los Estados en materia de promoción y protección de derechos.

La publicación Casos Paradigmáticos de Inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Sur América describe los impactos a los derechos humanos y al ambiente de diez proyectos clave en Sur América que tienen financiamiento del BNDES. Además se incluyeron dos casos respecto de los cuales a pesar de no haber confirmación de dicho financiamiento, hay indicios suficientes para concluir que el Banco está o va a participar en su implementación. Esta investigación tiene el objetivo de demostrar la necesidad de impulsar la formulación, revisión y adecuada implementación de políticas sociales y ambientales, incluyendo las de participación e información, cuyo cumplimiento sea requisito esencial para que BNDES apruebe e implemente estos y futuros proyectos. Adicionalmente al documento se presentan conclusiones y recomendaciones destinadas a buscar la prevención de los impactos negativos y la efectiva promoción del desarrollo sostenible que el BNDES ha priorizado.

El convenio entre YPF y Chevron firmado en julio de 2013 le permitirá a la transnacional explotar más de 1.000 pozos para extraer gas y petróleo no convencional en la zona de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Sin embargo, el lonco Albino Campos, del lof Campo Maripe ubicado en el centro del área, aseguró que los trabajos comenzaron hace tiempo, ya que existen cerca de 600 pozos en producción, la mayoría de ellos a una distancia de entre dos y diez kilómetros de las casas de la comunidad.

Días antes de la firma, la Confederación Mapuche y las comunidades originarias asentadas en la zona aseguraron que no permitirán el ingreso de la empresa Chevron a su territorio y que van a impugnar el acuerdo que se firmó con YPF por violar el derecho de consulta previa por parte del Estado, tal como lo establece la convención 169 de la OIT.

Manifestación por la
despenalización del aborto el
año pasado en la ciudad de
Buenos Aires.
(Foto: Artemisa Noticias)

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, organización integrante de Social Watch), La Asociación por los Derechos Civiles, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad presentaron un recurso de amparo contra el protocolo de aborto no punible implementado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, por considerar que implica restricciones que violatorias de los derechos humanos.

Argentina rinde examen ante el
Consejo de DDHH. (Imagen:
Webcast de la ONU)

Al evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Argentina, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mostraron especial preocupación por las condiciones en que viven las personas presas y detenidas y por la impunidad de funcionarios que los someten a torturas y malos tratos, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto focal de Social Watch en ese país.

Manifestación de campesinos e
indígenas en Santiago del Estero.
(Foto: MoCaSE-VC)

El asesinato en Argentina de Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MoCaSE-VC), es una nueva demostración de la urgente necesidad de detener los desalojos por conflictos por la tierra y legislar al respecto, advirtieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO-INPADE).

Presentación de Anaya.
(Imagen capturada de video
por ODHPI)

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, James Anaya, dejó en claro ante el Consejo de Derechos Humanos que el Estado argentino es omiso en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, informó desde Ginebra la abogada y activista Micaela Gomiz.

Marcha del Consejo Plurinacional
Indígena en el centro de Buenos
Aires. (Foto: Noticias
Aliadas/Indymedia)

Organizaciones nativas de Argentina, apoyadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal nacional de Social Watch), consideran que el anteproyecto de reforma al Código Civil a debate en el Congreso legislativo constituye un “retroceso” y exigen que se excluya de la iniciativa las cláusulas relativas a las propiedades comunitarias indígenas, cuestión que debería regularse mediante una ley especial.

Los maltratos contra dos detenidos en una comisaría de General Güemes, en la noroccidental provincia argentina de Salta, dejan en evidencia la necesidad urgente de una reformas estructural de los sistemas penitenciarios y policiales del país y de sancionar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre pasado y que, desde entonces, espera ser debatido en el Senado.

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