Estado argentino urgido a hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas

Presentación de Anaya.
(Imagen capturada de video
por ODHPI)

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, James Anaya, dejó en claro ante el Consejo de Derechos Humanos que el Estado argentino es omiso en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, informó desde Ginebra la abogada y activista Micaela Gomiz.

En un informe que publicó en el sitio web del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), Gomiz indicó que Anaya responsabilizó a las autoridades de los desalojos, criminalización, falta de acceso a la justicia y la violación de los derechos sobre territorios y recursos naturales.

El relator expresó su preocupación por la reforma del Código Civil y la falta de consulta a los pueblos indígenas.

Anaya hizo especial hincapié en la brecha que existe en Argentina entre la legislación sobre comunidades nativas y su implementación, señaló la necesidad de desarrollar políticas públicas para el cumplimiento de sus derechos a la tierra, los territorios y los recursos naturales y resaltó su falta de acceso a la administración de justicia, que facilita los desalojos y la criminalización de sus dirigentes.

Al presentar esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos el informe de su visita a Argentina, la máxima autoridad de la ONU en materia de cuestiones indígenas se mostró “preocupado” por la ausencia de participación de los pueblos nativos en la reforma del Código Civil, que regirá la propiedad comunitaria.

El Estado argentino estuvo representado por Alberto Pedro D’Alotto, embajador ante los organismos de la ONU en Ginebra, un funcionario totalmente desconocido para los pueblos indígenas, según Gomiz. D’Alotto argumentó que su país ha incorporado en 1994 a la Constitución los derechos de esas comunidades, resaltó la sanción de leyes que contemplan la cuestión, en especial especialmente la de educación 2006, la de medios audiovisuales y la de emergencia de 2010.

El funcionario también explicó que la participación indígena estaba “garantizada con el Consejo de Participación Indígena (CPI)” y con el trabajo junto a las organizaciones territoriales. Respecto al muy atrasado relevamiento territorial de comunidades, dijo que se firmaron los dos convenios que faltaban, con Neuquén y Formosa, y afirmó que en los últimos años se habían suspendido “cantidades de desalojos” y que se creó una nueva dirección de reafirmación de derechos indígenas.

En un hecho considerado grave por los pueblos indígenas y sus defensores, el diplomático aplaudió la modificación del muy cuestionado Código Civil y la incorporación al proyecto de la propiedad comunitaria.

El funcionario aseguró que la participación y la consulta a los pueblos indígena “estaba garantizada” por el CPI y por las organizaciones territoriales de base con las que trabajan las autoridades.

Por último, resaltó que se regularizaron cuatro millones de hectáreas de pueblos indígenas.

El informe del Estado argentino es refutado por el de 35 carillas presentado por Anaya, que detalla numerosos incumplimientos.

Representantes del ODHPI se entrevistaron el lunes con Anaya “especialmente para denunciar el proceso de reforma inconsulta del Código Civil por parte del gobierno argentino”, explicó Verónica Huillipan, dirigente de la organización. “El relator expresó su ‘preocupación’ por la falta de consulta” y “afirmó que dará un especial seguimiento al tema”, agregó.

Anaya estuvo del 27 de noviembre al 7 de diciembre pasados en Argentina, donde visitó comunidades de las provincias de Neuquén, Formosa, Salta, Jujuy y Tucumán. Allí se entrevistó con dirigentes indígenas, abogados y funcionarios nacionales y provinciales..

Más información
Informe del ODHPI al Consejo de Derechos Humanos: http://bit.ly/PBw6w6
Informe de James Anaya: http://bit.ly/OGtzOQ

Fuente
ODHPI: http://bit.ly/UaMTKW