Argentina

Foto: Librered.net

Tras una multitudinaria marcha de mas de 10.000 manifestantes el viernes pasado, el gobernador de la provincia argentina de La Rioja, Luis Beder, anunció el domingo que el proyecto minero en el Famatina se demorará “el tiempo que sea necesario” hasta desentrañar su impacto ambiental y “explicar” sus alcances.

Hugo Cettour, ministro de
Salud de Entre Ríos

El gobierno de la provincia argentina de Entre Ríos pretende obligar a una niña de 11 años violada por un familiar a llevar a término un embarazo. El caso llevó a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch), a apoyar el llamado a la despenalización del aborto voluntario reiterado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) con el fin de impedir la diversidad de interpretaciones de las normas al respecto.

Polémica votación en el Congreso
de Río Negro.
(Foto: Revista Marcha)

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como locales, repudian al Congreso y al gobierno de la provincia argentina de Río Negro por haber derogado la prohibición del uso de cianuro y mercurio a las compañías mineras que operan en ese territorio.

Sesión del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales. (Foto: ONU)

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó a las autoridades de Argentina su preocupación por el uso de la violencia de parte de las fuerzas de seguridad del Estado y agencias privadas contra activistas, y exigió la investigación inmediata de todos los abusos, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto focal de Social Watch en el país latinoamericano.

El país necesita adoptar un modelo de desarrollo sustentable, pero en el camino a lograrlo enfrenta grandes desafíos. Es necesario garantizar que la información sobre el ambiente llegue al público. Tanto el Gobierno como la sociedad civil deben asumir que los problemas ambientales de la Argentina se desprenden de una visión paradójica que promueve la inversión “a cualquier costo” a la vez que manifiesta la necesidad de políticas que protejan el ambiente. Pero la ausencia de estas ha tenido un impacto negativo en los grupos más vulnerables de la sociedad: campesinos, comunidades indígenas y los habitantes de las áreas marginales urbanas.
(Foto: GRR)

El no gubernamental Grupo de Reflexión Rural (GRR), de Argentina, y la organización ambientalista alemana Aktion GEN-Klage presentaron este mes un informe paralelo al del gobierno argentino ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para cuestionar la intensificación en el uso se soja y otros organismos genéticamente modificados.

Movilizacion del Mocase-Via
Campesina. (Foto: LaVaca.org)

El Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) repudió el asesinato del campesino indígena Cristian Ferreyra en la provincia argentina de Santiago de Estero, el que atribuyó a intereses de hacendados de la zona, y exigió el juicio y castigo de sus autores materiales e ideológicos de éste y crímenes similares e impunes en otras provincias.

Foto: Patricia Leiva (OAS)

El gobierno de la provincia argentina de Formosa se comprometió en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a seguir negociando una solución al conflicto que la enfrenta desde 2002 con el pueblo indígena Qom, a raíz de la detención arbitraria de 80 de sus miembros. Esta comunidad originaria, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina), asegura seguir siendo aun hoy víctima de abusos.

Inmigrantes bolivianas en
Argentina. (Foto: ALER)

Un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación ante actitudes discriminatorias hacia los inmigrantes en Argentina y declaraciones xenófobas de dirigentes políticos, e instó al Estado a implementar medidas dirigidas a eliminar falsos estereotipos. El organismo tomó en cuenta el informe de las autoridades y uno alternativo presentado por organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto focal de Social Watch en el país latinoamericano.

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