Argentina: Cuando impedir el aborto voluntario equivale a tortura
Published on Wed, 2012-01-25 07:44
El gobierno de la provincia argentina de Entre Ríos pretende obligar a una niña de 11 años violada por un familiar a llevar a término un embarazo. El caso llevó a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch), a apoyar el llamado a la despenalización del aborto voluntario reiterado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) con el fin de impedir la diversidad de interpretaciones de las normas al respecto. “En los últimos días la opinión pública se ha visto conmovida por la judicialización de otro caso de aborto no punible en la Provincia de Entre Ríos. Una vez más, se avasallan los derechos sexuales y (no) reproductivos de mujeres y niñas ante el pedido de una interrupción de embarazo permitida por el artículo 86 de nuestro Código Penal desde 1922”, indica una declaración emitida al respecto por ELA, que cuenta con el apoyo del CELS, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). “En el presente caso, se sometió a una niña de 11 años de edad a continuar con un embarazo producto de una violación que además compromete su salud física, ya que no cuenta con un desarrollo adecuado para llevar a término la gestación y el parto”, agrega el texto. El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, aseguró que la menor “tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo” y que sólo se debía ser cuidadoso a la hora del parto. En un análisis de la cobertura realizada por la prensa sobre este caso, el ELA estimó que “se privilegiaron voces que criticaron a Cettour”, entre ellas las del director del Hospital Masvernat de Entre Ríos, Orlando Elordi, el juez Raúl Zaffaroni, de la Corte Suprema de Justicia, y la activista Estela Díaz, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “En general, el gran cuestionamiento que se presentó ante el caso fue por qué se debía obligar a una niña de 11 años a llevar a término un embarazo no deseado”, indica el estudio. En su declaración pública, el ELA recordó varios casos anteriores, entre los que destacó el de una niña de Misiones “a la que se le negó la intervención frente a un embarazo producto de una violación por parte de un integrante de su familia y se la sometió al innecesario laberinto de la justicia. Frente a la presión social que siguió a esa publicidad obligada, no es sorprendente que la familia retirara el pedido para que el Poder Judicial autorizara la interrupción del embarazo”, evaluó. “El Estado nacional elabora instrumentos tales como la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles y el Protocolo para la Atención Integral de las Personas Víctimas de Violaciones Sexuales, donde se indica que en caso de violación la mujer tiene la opción de realizar un aborto sin intermediaciones judiciales. Sin embargo, frente a la realidad de una persona concreta, en lugar de actuar, el Estado se llama a silencio […] Por omisión, continúa profundizando las confusiones en desmedro del ejercicio de los derechos sexuales y (no) reproductivos de las mujeres y niñas argentinas”, agrega el texto. “Es inaceptable que se sigan avasallando los derechos de las mujeres y las niñas a acceder a la práctica legal de un aborto, en particular cuando el respeto por los derechos humanos es enarbolado como prioritario”, advierte la declaración, para la cual las instituciones provinciales y federales “no sólo desoyen el pedido expreso de la niña” de abortar, “sino que además le infringen sufrimientos inaceptables que califican como tortura”. “Esta realidad, que se repite frente a la indiferencia del Estado, obliga a tomar las riendas de la discusión política visibilizando las terribles consecuencias que tiene la penalización del aborto. En nuestro país se ha iniciado el debate por la legalización del aborto, extendiéndose los permisos para llevar dicha práctica al conjunto de todas las mujeres frente a un embarazo no deseado, sin indagar en su procedencia o las complicaciones que pudiera generarle en la salud. De cara a esta discusión, Argentina –donde el 40 % de los embarazos son interrumpidos voluntariamente– puede dar un salto notable para la calidad de vida de la población, legitimando una práctica extendida y compartida por las mujeres”, concluye el pronunciamiento. Fuentes |
