Paraguay

Informe 2016

Los límites del modelo económico para cumplir los ODS

Paraguay enfrenta fuertes desafíos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen como foco la reducción de las desigualdades y que se vinculan de manera directa con la producción y el crecimiento. El derecho a la salud está pendiente y la protección social es todavía un derecho a impulsar. Si bien hay un mejoramiento sistemático de los indicadores de la última década, estos resultados positivos fueron lentos. Luego de más de una década de crecimiento económico, las oportunidades perdidas en materia de bienestar, de transformación productiva y de justicia tributaria colocan al país en condiciones poco favorables para cumplir los ODS que se refieren a la reducción de las desigualdades y a la garantía de un crecimiento sostenible social y ambientalmente.

BCI & GEI 2011
noticias

En Paraguay persiste una situación de injusticia tributaria: personas y sectores de menores ingresos pagan más impuestos en relación a sus ingresos, en comparación a los sectores  de mayores ingresos.

“Quien gana más, pague más. Hacia una Justicia Tributaria” es una campaña que lleva adelante Decidamos - Campaña por la Expresión Ciudadana con el objetivo de promover una mayor conciencia en la sociedad sobre el hecho de quienes generan más ingresos deben contribuir más. Cuando decimos Justicia Tributaria, nos referimos a que cada persona y cada sector de la economía debe aportar impuestos de acuerdo a su capacidad de pago.

En la actualidad el 42,5% de la población en situación de pobreza tiene 14 años o menos, proporción que se eleva al 46,9% si se trata de pobreza extrema. Es decir, la pobreza total afecta a unos 828.000 niños y niñas, incluyendo 182.000 niños y niñas en situación de pobreza extrema, señala un informe publicado por la economista Verónica Serafini. 

Con este contexto, el Paraguay no solamente no cumplirá las metas en 2030 sino que, además, continuará con pobreza total y extrema, y poco habremos hecho para que la niñez viva en mejores condiciones.

La política de protección social constituye un pilar fundamental para avanzar hacia la garantía del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Sin la vigencia efectiva de los DESC no será posible la reducción de la pobreza y de las desigualdades.

Esta política tiene cada vez mayor relevancia por el aumento de la incertidumbre que se deriva de los procesos de inserción internacional, que dejan a los países más vulnerables a las crisis financieras y alimenticias mundiales, al cambio climático que afecta a la seguridad alimenticia y aumenta la probabilidad de sequías o exceso de lluvias e inundaciones, a los procesos de urbanización y a las migraciones que debilitan los lazos familiares y comunitarios como mecanismos tradicionales de protección y a la mala calidad del trabajo tanto en el sector rural como en el urbano, con altos niveles de informalidad e inseguridad.

Foto: DECIDAMOS

Paraguay enfrenta fuertes desafíos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen como foco la reducción de las desigualdades y que se vinculan de manera directa con la producción y el crecimiento. El derecho a la salud está pendiente y la protección social es todavía un derecho a impulsar.Si bien hay un mejoramiento sistemático de los indicadores de la última década, este resultado positivo fue lento. Luego de más de una década de crecimiento económico, las oportunidades perdidas en materia de bienestar, transformación productiva y justicia tributaria colocan al país en condiciones poco favorables para cumplir los ODS. La protección social es todavía un derecho a impulsar.

“Inversión en Protección Social" es el tema de campaña de Decidamos (punto focal de Social Watch en Paraguay) con el objetivo de aumentar los recursos disponibles para mejorar la seguridad social.

La recaudación de impuestos y generación de recursos es uno de los temas fundamentales para lograr la Igualdad Fiscal. Es decir, que todas las personas paguen impuestos de acuerdo con sus capacidades económicas y sociales; se genere una mayor Inversión Social y así se disminuya la pobreza y la desigualdad. El fin último, es el mejoramiento de la calidad de vida de los y de las habitantes del Paraguay.

En Paraguay el gasto social público se ha incrementado de una forma importante en los últimos 12 años. Este gasto se ha concentrado en educación, salud y promoción social. Sin embargo, y a pesar de este aumento del gasto social, el mismo se mantiene por debajo de la media latinoamericana de gastos públicos en el área social. Asimismo, con este aumento de los gastos sociales, el país alcanzará muy pocas metas dentro de los Objetivos del Milenio 2015 de las Naciones Unidas.

El nivel de la inversión pública social de Paraguay ha progresado sustancialmente de un 10% del PIB en 2002 al 15,5% del PIB en 2013, aumentando su participación en el gasto público del 32,8% al 47,6% en el mismo periodo.

Las políticas de cuidado constituyen un eje central del contrato social, Muestran el compromiso intergeneracional de la sociedad de cuidar a  los niños y niñas que en el mediano y largo plazo se constituirán en los  actores principales del desarrollo, y de la reciprocidad debida a los  enfermos y a los adultos mayores que en algún momento de sus vidas  contribuyeron con nuestro bienestar. El cuidado es la principal razón  de la constitución de una sociedad. Por lo tanto, el estado –sociedad y  sector público- debe garantizar el derecho a ser cuidado, para que ello  no signifique menores oportunidades educativas, laborales, sociales y  políticas para las mujeres.

La participación de las mujeres en la vida política y pública del Paraguay sigue siendo objeto de múltiples limitaciones y discriminaciones. En el plano cuantitativo, se puede afirmar que si bien las cifras de acceso de mujeres a cargos electivos de representación han aumentado a lo largo del proceso de apertura y consolidación de la democracia en las dos últimas décadas, aún estamos lejos de alcanzar el objetivo de la paridad en el acceso de las mujeres. Actualmente, en el congreso solo hay 18% de mujeres, 12 de 80 diputados, 9 de 45 senadores.

Foto: Tierraviva.

Más de dos décadas de larga lucha y aún no se les ha reconocido el derecho a sus tierras ancestrales. El reclamo de Kákmok Kásek, pasó del ámbito nacional al internacional obteniendo en 2010 una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta fue la tercera condena al Estado Paraguayo por violar derechos humanos de los pueblos indígenas. En ésta, una vez cumplido el plazo razonable, el Estado debía pagar una multa mensual y bastante considerable a la comunidad. Todos estos plazos razonales e incluso la prórroga que se le otorgó al Estado, han vencido.

La comunidad considera que falta voluntad política para respetar los derechos de los pueblos indígenas consagrados en convenios firmados y ratificados por el Estado. El Estado no ha querido respetar la sentencia de la Corte IDH dado que en 2014 se tuvo una oportunidad única que, de no retomarse podría ocasionar un grave perjuicio a la vida de más de 74 familias que componen la comunidad.

Foto: DECIDAMOS

En un nuevo aniversario del derrocamiento de la dictadura stronista (1954-1989) y del inicio del proceso democrático en Paraguay, la Mesa Memoria Histórica y la CODEHUPY creen fundamental resaltar la importancia de este hecho ocurrido hace 26 años. Si bien, desde la caída de la dictadura se han dado avances –que consideran aún insuficientes- en materia de institucionalidad política, el Estado aún tiene numerosas deudas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación.

Entre ellas, se encuentran: 1) el juzgamiento a los agentes del régimen stronista responsables de crímenes de lesa humanidad, lo cual llevó a que víctimas de la dictadura presentaran una querella en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal; 2) la recuperación de unas 7.800.000 hectáreas de tierras malhabidas (en su mayor parte otorgadas durante la dictadura), y 3) la reparación integral a los pueblos indígenas.

Organizaciones sociales y políticas de Paraguay se movilizaron el 10 de diciembre en una gran marcha en el día internacional por los derechos humanos. La marcha, convocada por unas 17 organizaciones campesinas y urbanas, que participan de la construcción del Congreso Democrático del Pueblo, un frente de lucha común contra las políticas económicas del gobierno.

Las comunidades del pueblo Pâi Tavyterâ, en los departamentos paraguayos de Concepción y Amambay, vienen sufriendo atropellos a sus derechos, denuncia la Coordinación Nacional de Mujeres Trabajadpras Rurales e Indígenas (Conamuri). La población de estos territorios ancestrales y la vida de las mujeres están en riesgo por las violencias sufridas por parte de las autoridades locales, fuerzas militares, empresarios sojeros y ganaderos.

"Decidamos" el miembro paraguayo de Social Watch ha presentado presenta un análisis exhaustivo de la educación que incluye los siguientes aspectos: a) infraestructura escolar; b) administración del sistema educativo; c) relaciones conflictivas entre las organizaciones docentes y el gobierno; d) la inversión en educación; e) la implementación de programas específicos, la creación de centros para la atención a niños y niñas de tres a cuatro años, y f) la situación de emergencia generada por las inundaciones y las respuestas dadas por el sector educativo.

La relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza de ingreso se produce principalmente por dos vías: la generación de ingresos laborales directos y las políticas redistributivas que mejoran las capacidades y oportunidades que les permiten a las personas aprovechar mejor el buen desempeño económico.

El crecimiento económico es el resultado del buen funcionamiento de los diversos mercados que se traduce en mayores ingresos para quienes participan en estos. Con mayores ingresos se reduce la pobreza, se facilita el acceso a bienes y servicios y, por ende, mejora la calidad de vida y el bienestar de la población.

Social Watch saluda a Decidamos, punto focal de Social Watch en Paraguay, en su celebración de 25 años de vida institucional.

En estos 25 años Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana, ha contribuido a la construcción de un un país con más democracia y mayor justicia social.

En el marco del 150° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT), juntamente con sus abogados, y representantes del Estado Paraguayo, fueron convocados por la CIDH a una Reunión de Trabajo.  El objeto de dicha convocatoria fue analizar la situación y avances sobre las Medidas Cautelares solicitadas (MC- 54-2013 “Pueblo Indígena Ayoreo Totobiegosode y su grupo en aislamiento en el Paraguay).

Los dirigentes Ayoreo Totobiegosode expusieron la realidad de los hechos que hoy afectan al conjunto de su pueblo; refirieron que los ganaderos desmontan todo el entorno de su patrimonio, que fincas ya aseguradas y reclamadas por ellos están siendo intervenidas por personas extrañas, quienes depredan sus recursos sin que el Estado paraguayo los proteja y cautele sus derechos. Indicaron que sus parientes del monte, los Totobiegosode que viven en estado de aislamiento, se hallan en estado de peligro y corren serio riesgo de perder sus propias vidas. Los abogados Duarte y Berraondo señalaron que la situación de los Ayoreo Totobiegosode y su gente en aislamiento es cada vez más grave. Afirmaron que, urge prevenir, y evitar, la violación de los derechos humanos de este pueblo indígena.

Foto: DECIDAMOS.

Organizaciones sociales se movilizan en defensa de los derechos humanos exigiendo su plena vigencia. Además denuncian que a 24 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, los cómplices, encubridores y responsables de los crímenes cometidos durante el período 1954-1989 siguen impunes, disfrutando de los bienes mal habidos, mientras las víctimas, sus familiares y el pueblo empobrecido sufren aún las consecuencias del terrorismo de Estado implantado durante el último período dictatorial.

La criminalización de las luchas sociales se expresa en varios ámbitos de la lucha social, pero sin duda tiene su expresión más aguda en el conflicto por la tierra; a la fecha suman ya  132 los campesinos asesinados desde el advenimiento de la “democracia” y 2 en los primeros 100 días del Gobierno colorado de Cartes. Una muestra de esta criminalización son las imputaciones de dirigentes campesinos y sindicales, las represiones permanentes en movilizaciones reivindicativas.

La CDIA – Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, DECIDAMOS, Campaña por la Expresión Ciudadana, y POJOAJU – Asociación de ONGs de Paraguay, manifiestan su preocupación sobre los alcances del Decreto 469 del 10 de octubre de 2013  que aprueba el plan financiero y se establecen normas y procedimientos para el proceso de ejecución del presupuesto general de la nación.

Las organizaciones entienden que el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGGN) es el principal instrumento de financiamiento del desarrollo que tenemos como Estado, y los gobiernos deben garantizar la continuidad y ampliación de las políticas públicas, en particular aquellas que tienen vinculación a los Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, asignando los recursos hasta el máximo disponible, y buscar los apoyos necesarios para sostener estas acciones.

Durante los últimos diez años Paraguay ha sido testigo de lo que pareciera ser un incremento de la conflictividad social reflejado en el asesinato de dirigentes campesinos vinculados a la lucha por la tierra, ataques de un grupo armado, varios secuestros, violencia juvenil en las escuelas y canchas de fútbol y en la inseguridad ciudadana.

Según la evidencia empírica latinoamericana, todos estos hechos están vinculados,de alguna u otra manera, con los altos niveles de desigualdad y la consecuente exclusión que hay en el país. Estas desigualdades tienen como base una cultura de la negación del otro, que se traduce en la desvalorización y el desprecio a las características propias de quienes son diferentes: campesinos, indígenas, jóvenes, pobres.

Foto: DECIDAMOS

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Capítulo Paraguayo de la PIDHDD, presenta la investigación “Obstáculos institucionales y jurídicos para el acceso a la tierra y su regularización por parte de la población campesina”, realizada por la organización Base Investigaciones Sociales (BASE IS).

El material, realizado por un equipo de Base Investigaciones Sociales (BASE IS), organización miembro de la Codehupy, tiene el propósito de evidenciar los obstáculos de carácter jurídico e institucional con los que se encuentra la población campesina al buscar acceder a la tierra y su regularización por la vía institucional. Además, evaluar la pertinencia del marco jurídico e institucional para el acceso a la tierra, difundir casos de estudio en relación a experiencias de comunidades campesinas y la problemática de la tierra, entre otros.

Decidamos, Campaña por la expresión ciudadana realiza la presentación de la Agenda de Políticas Públicas para Mujeres. La publicación se realiza en el marco de la campaña Sin Mujeres No Hay Democracia, que tiene por objetivo lograr una mayor participación femenina en el proceso electoral del Paraguay y cuenta con el apoyo de ONU MUJERES.

La participación de las mujeres en la vida política y pública del Paraguay sigue siendo objeto de múltiples limitaciones y discriminaciones. En el plano cuantitativo, se puede afirmar que si bien las cifras de acceso de mujeres a cargos electivos de representación han aumentado a lo largo del proceso de apertura y consolidación de la democracia en las dos últimas décadas, aún se está lejos de alcanzar el objetivo de la paridad en el acceso de las mujeres.

Manifestación por la democracia
en Asunción, 24 de junio:
“El contrato social se rompió.”
(Foto: Decidamos-Paraguay)

“El contrato social se rompió” en Paraguay por el “golpe parlamentario” por el cual se destituyó el 22 de junio de 2012 al presidente Fernando Lugo, señaló la Campaña por la Expresión Ciudadana (Decidamos) en su aporte al Informe de Social Watch 2013. Lugo había asumido el cargo con 41% de los votos y contaba en 2011, al llegar a los tres años en el gobierno, con la aceptación de 50% de la población”.

Foto: Decidamos-Parguay

Diversas organizaciones de la sociedad civil de Paraguay remitieron esta semana cartas a las autoridades electorales, a las instituciones que rigen los medios de comunicación y a la Cámara de Anunciantes para denunciar por ilegal la realización de propaganda hacia las elecciones internas de partidos y agrupaciones políticas antes de los plazos establecidos.

Familiares de víctimas de la
masacre. (Foto: Conamuri)

La muerte de 17 personas en un aparatoso operativo de desalojo en la localidad paraguaya de Curuguaty el 15 de junio es responsabilidad de funcionarios que actuaban desde la Fiscalía General del Estado, la Policia Nacional y el Ministerio del Interior, afirmó esta semana una misión internacional de organizaciones de la sociedad civil que investigó el caso en el terreno.

Gráfica: Decidamos

Sesenta y ocho por ciento de los casi 1.400 entrevistados en la última consulta de la Red Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos de Paraguay, iniciativa que recoge opiniones sobre diversos asuntos a través de la telefonía celular, consideraron que la destitución en junio del entonces presidente Fernando Lugo fue un “golpe parlamentario” y no un “cambio constitucional”.

El Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) se manifestó esta semana a través de su Congreso en “defensa del espacio democrático conquistado a través de la lucha y [la] sangre derramada”, así como condenó “el golpe parlamentario ocurrido en junio”. En esa instancia, también anunció que acompañará la instauración de un Tribunal Popular Internacional en Paraguay para denunciar “hechos de injusticia”

Foto: Decidamos/Paraguay

Tres destacadas organizaciones de derechos humanos latinoamericanas --el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina), Conectas, de Brasil, y Corporación Humanas, de Chile-- instaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a condenar la ruptura democrática en Paraguay y a instaurar de forma urgente un mecanismo de monitoreo de la situación en ese país.

Foto: Paraguay Resiste

Numerosas organizaciones de la sociedad civil de Paraguay se han manifestado contra el quiebre institucional en Paraguay, al tiempo que una consulta realizada por la Red Ciudadana, iniciativa en la que participa Decidamos, punto focal de Social Watch en ese país, indicó que 67 por ciento de los ciudadanos que contestaron rechazan el juicio político contra el depuesto mandatario Fernando Lugo.

Activistas presencian la sesión
en la Cámara de Diputados de
Paraguay. (Foto: Decidamos)

La aprobación unánime en la Cámara de Diputados de Paraguay del proyecto de ley para la creación del impuesto a la renta personal fue aplaudido por un amplio sector de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, que reclaman reducir la presión fiscal sobre los sectores más pobres, informó en su página web la Campaña por la Expresión Ciudadana (Decidamos), punto focal de Social Watch en el país latinoamericano.

Conferencia de prensa de la
Alianza Ciudadana por la
Transparencia. (Foto: Decidamos.)

La Alianza Ciudadana por la Transparencia y el Desarrollo de Paraguay manifestó esta semana su descontento por la sexta postergación del tratamiento parlamentario del Impuesto a la Renta Personal (IRP), y exhortaron por carta a los legisladores a debatirlo cuanto antes.

En materia de equidad de género Paraguay ocupa el penúltimo escalón entre los países del MERCOSUR.

(Foto: Red Ciudadana por la
Democracia y los DDHH)

La Red Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos de Paraguay, iniciativa que busca recoger opiniones sobre diversos asuntos a través de la telefonía celular, fue presentada este mes por las organizaciones Decidamos (punto focal de Social Watch en ese país) y Semillas para la Democracia.

Así es la Bio-cola
(Foto: Intermon Oxfam)

Fuente: Intermon Oxfam

La Bio Cola es la primera bebida de cola de “comercio justo” con certificación orgánica. Su producción promueve un medio de vida sostenible y cuidadosa del ambiente a familias campesinas. Está elaborada en un 96% con azúcar de caña de Paraguay de la cooperativa Manduvirá, se presenta en una lata de 330 centímetros cúbicos y se vende en España a 1,10 €.

Ruben Ayala, de Voces Paraguay,
(Foto: SPP)

Fuente: Campaña por la Expresión Ciudadana

El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones a estudio del parlamento de Paraguay no logra consagrar la comunicación como un derecho ciudadano universal, sino que la concibe como un producto de mercado, entre otras razones por limitar la potencia de las emisoras comunitarias y de organizaciones de la sociedad civil e impedirle la búsqueda de financiamiento a través de la venta de avisos publicitarios, sostuvo el coordinador de la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos (Voces Paraguay), Rubén Ayala, a través del portal de la Campaña por la Expresión Ciudadana, punto focal de Social Watch en el país latinoamericano.

Presentación de la Campaña
Impuestos Justos para Inversión
Social. (Foto: Decidamos)

Fuentes: Centro de Documentación y EstudiosDiario Al DíaDecidamos (Campaña por la Expresión Ciudadana).

Uno de los "errores exorbitantes" defendidos "como grandes verdades" en Paraguay es que el empresariado "paga mucho" al fisco, cuando en realidad "la imposición indirecta, que es la más injusta, es la más alta" y "terminan los pobres pagando más que los ricos", según un estudio del economista José Carlos Rodríguez. El informe se presentó este mes, al lanzarse el programa “Impuestos justos para inversión social” impulsada por la Campaña por la Expresión Ciudadana-Decidamos (punto nacional focal de Social Watch) y el Centro de Documentación y Estudios

Fuente: Decidamos, abc digital

El miércoles 1º de diciembre se realizará la presentación del Informe Social Watch 2010: "Después de la caída, Cambiemos las reglas del juego". El contenido del Capítulo Paraguay aborda los siguientes temas: Crecimiento con justicia social; recuperación económica; deuda y crecimiento; inversión social; financiamiento para el desarrollo y ODM: análisis y desafíos.

Cuatro de cada cinco personas no participan de sistema de previsión en salud alguno y existe una baja calidad de servicios públicos, según el informe 2007 de Social Watch presentado ayer.

Author: 
Gustavo Olmedo B.

Asunción, 27 de Agosto: "El Paraguay tiene una gran deuda pendiente consigo mismo, ya que es escandaloso el altísimo gasto en defensa que registra, frente a su reducido gasto social; además de la creciente pobreza y desigualdad que presenta", expresó Patricia Garcé, secretaria ejecutiva de la Oficina Internacional de Social Watch, quien en la víspera tuvo a su cargo la presentación del lanzamiento del Informe Social Watch 2004: "Miedos y miserias. Obstáculos a la seguridad humana".