Paraguay: Organizaciones latinoamericanas de DDHH piden condena en ONU
Published on Mon, 2012-07-02 15:54
Tres destacadas organizaciones de derechos humanos latinoamericanas --el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina), Conectas, de Brasil, y Corporación Humanas, de Chile-- instaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a condenar la ruptura democrática en Paraguay y a instaurar de forma urgente un mecanismo de monitoreo de la situación en ese país. El Congreso paraguayo destituyó el 22 de junio al presidente democráticamente electo, Fernando Lugo, a través de un juicio político inusualmente rápido y sin ajustarse a las necesarias garantías de imparcialidad, derecho de defensa y del debido proceso, según las instituciones. En la vigésima sesión del Consejo, el CELS acusó al parlamento paraguayo de “manipulación política” en relación con el desalojo violento en Curuguaty en perjuicio de comunidades campesinas y en interés de hacendados. “En lugar de permitir una investigación que determine responsabilidades y asegure verdad y justicia para las 17 víctimas fatales y más de 50 heridos desde una institucionalidad democrática, el Congreso de Paraguay habría consumado un golpe de Estado encubierto”, evaluó la organización. El CELS destacó que “tras los hechos de Honduras en junio de 2009, esta nueva alteración al régimen democrático, en este caso en Paraguay, implica un nuevo retroceso para las democracias de la región (latinoamericana) y refuerza a sectores antidemocráticos que desdeñan el Estado de Derecho”. Para el CELS, “como cualquier ruptura del orden democrático, lo sucedido en Paraguay tiene graves consecuencias para la vigencia de los derechos humanos en ese país y representa una seria amenaza a toda América Latina”. Lo que sigue es el texto completo del pronunciamiento. “Corporación Humanas, CELS y CONECTAS instan al Consejo de Derechos Humanos a debatir y actuar sobre la situación actual en Paraguay. “El último 22 de junio, el Congreso de ese país destituyó al Presidente [Fernando Lugo] democráticamente electo a través de un juicio político de celeridad inusitada y sin ajustarse a las necesarias garantías de imparcialidad, derecho de defensa y del debido proceso en general. “Aunque la figura del juicio político está prevista en el artículo 225 de la Constitución Paraguaya, el documento acusatorio formulado en contra de Fernando Lugo contiene una serie de afirmaciones de carácter genérico e impreciso, que no hacen referencia a violaciones de normas específicas del ordenamiento jurídico. De forma extremamente preocupante, el Congreso Paraguayo entendió que, al ser ‘de pública notoriedad’, las acusaciones ‘no [necesitaban] ser probadas’ “Asimismo, los tiempos del Juicio establecidos por el Congreso implicaron que, entre la presentación del pedido de Juicio Político por la Cámara de Diputados --y el análisis del mismo por el Senado--, el Presidente depuesto haya contado con apenas veinticuatro horas para preparar su defensa. El Senado, por su parte, rechazó una solicitud de plazo adicional interpuesta por los abogados de Lugo. Al mantener su rápido cronograma, el Congreso Paraguayo ignoró las garantías del derecho a la defensa en el Juicio. “La decisión del parlamento evidenció una intencional manipulación política del desalojo violento ocurrido en Curuguaty. En lugar de permitir una investigación que determine responsabilidades y asegure verdad y justicia para las 17 víctimas fatales y más de 50 heridos desde una institucionalidad democrática, el congreso de Paraguay habría consumado un golpe de Estado encubierto. “Un quiebre institucional de estas características lejos de ser una solución, agrava las circunstancias que provocaron el episodio del 15 de junio y deja más indefensa a la población de la zona en un contexto de creciente militarización. “Tras los hechos de Honduras en junio de 2009, esta nueva alteración al régimen democrático, en este caso en Paraguay, implica un nuevo retroceso para las democracias de la región y refuerza a sectores antidemocráticos que desdeñan el Estado de Derecho. “Como cualquier ruptura del orden democrático, lo sucedido en Paraguay tiene graves consecuencias para la vigencia de los derechos humanos en ese país, y representa una seria amenaza a toda América Latina. En este sentido, instamos al Consejo de Derechos Humanos, en primer lugar, a que condene la ruptura democrática en Paraguay, ayudando a evitar que hechos similares se repitan en la región. “Por fin, es alta la probabilidad de que, tal como sucedió tras el golpe de Estado en Honduras en 2009, se incrementen las violaciones de derechos en Paraguay en el presente momento. En este contexto, el Consejo debería instaurar, de forma urgente y en carácter preventivo, un mecanismo de monitoreo de la situación de los derechos humanos en Paraguay. Fuente
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