Paraguay: Radios comunitarias presionan al parlamento

Ruben Ayala, de Voces Paraguay, (Foto: SPP)

Fuente: Campaña por la Expresión Ciudadana

El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones a estudio del parlamento de Paraguay no logra consagrar la comunicación como un derecho ciudadano universal, sino que la concibe como un producto de mercado, entre otras razones por limitar la potencia de las emisoras comunitarias y de organizaciones de la sociedad civil e impedirle la búsqueda de financiamiento a través de la venta de avisos publicitarios, sostuvo el coordinador de la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos (Voces Paraguay), Rubén Ayala, a través del portal de la Campaña por la Expresión Ciudadana, punto focal de Social Watch en el país latinoamericano.

Lo "más preocupante" de la iniciativa es que "no promueve el acceso igualitario de todos los sectores a los medios de comunicación, en particular a la radiodifusión", por lo que "la libertad de expresión se reduce a las posibilidades económicas del sector empresarial" y "los sectores sociales no pueden ejercer este derecho por falta de acceso a canales de expresión", sostuvo Ayala.

"En la primera y única reunión en que participamos" en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados "instamos al proyectista (el legislador Héctor Ocampos) que esta nueva iniciativa sea producto de un amplio y democrático debate con los diversos sectores de la sociedad civil, las organizaciones sociales, el sector privado y las instituciones estatales que se encargan de las políticas de comunicación. Hemos reclamado una nueva ley de telecomunicaciones que garantice la comunicación como un derecho de todos y todas y no como un producto del mercado. Que asegure la diversidad de voces, el acceso de los sectores sociales a los medios y fuentes informativas plurales. Esta petición lastimosamente no tuvo eco favorable y las discusiones continuaron con los sectores empresariales invitados", se lamentó el activista.

En principio, aclaró, la "reforma total de la Ley de Telecomunicación es indudablemente un acierto y una necesidad", pues la norma vigente "tiene ya más de 15 años y serias limitaciones en términos de derecho y democracia", además de estar "desfasada" frente a "los adelantos tecnológicos y los nuevos paradigmas de la comunicación".

"Sin embargo, el borrador del proyecto nos hace sospechar que lo que se intenta es consolidar los intereses de sectores hegemónicos de la comunicación, y alentar, en contra de la diversidad y la pluralidad, a la producción de contenidos e información que promuevan una sola visión de la sociedad y el mundo. Esto es de una alta política sectaria y discriminativa", manifestó Ayala.

El proyecto tampoco "impide el monopolio y oligopolio de los medios", en lo que constituye un vacío "nocivo para la construcción de una cultura democrática y la consolidación de la misma democracia", agregó.

Al igual que la antigua ley, ésta contiene "artículos que restringen y discriminan a las radios comunitarias y en consecuencia a las comunidades y organizaciones sociales, otorgando sólo entre 50 y 30 vatios de potencia y prohibiendo totalmente cualquier tipo de sostenibilidad a través de anuncio (publicitario) tanto del sector privado como del público".

Para ilustrar esta "terrible discriminación y atentado a la libertad de expresión", Ayala imaginó, sin ahorrar sarcasmo, un discurso en el parlamento en favor del anteproyecto: “Ustedes empresarios, señores del dinero, puede hablar, pueden expresarse y pueden hacerlo de 1.000 a 50.000 vatios de potencia… y ustedes comunidades, organizaciones, pueblo en general, pueden hablar, expresarse, decir lo que piensan y sienten, despacito nomas, entre 50 a 300 vatios.”

El activista un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) según el cual "los Estados tienen la obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas".

Ayala consideró necesario que el parlamento consulte en el proceso de debate del anteproyecto al Sindicato de Periodistas del Paraguay, a universidades públicas y privadas con carreras de comunicación, a organizaciones de derechos humanos, sociales, campesinas, culturales y artísticas y las que analicen las cuestiones de comunicación en relación con los problemas de las mujeres, los niños y las niñas y adolescentes y los pueblos indígenas, entre otros.

"Pretendemos una Ley de Telecomunicaciones y de servicios de comunicación audiovisual que reconozca el derecho a la comunicación y garantice, proteja y promueva la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas. Debería evitar el monopolio público o privado en la propiedad y el control de los medios de comunicación y promover el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica. Uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información", resumió el activista.

"La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático", concluyó Ayala.