Argentina

Informe 2016

¿Es posible alcanzar las metas de los ODS en la Argentina 2030?

La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible coincidió con el cambio de gobierno en Argentina. Los primeros seis meses de gestión del presidente Mauricio Macri revelan un fuerte cambio en las políticas que tendrá fuerte impacto. En este contexto, las evidencias muestran que a través de las políticas en marcha no solo no se alcanzarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda si no que se producirá un importante retroceso en relación a la situación social y ambiental alcanzada en la década anterior. Preservar los logros sociales y de bienestar alcanzados y articular acciones críticas frente a un nuevo giro neoliberal que parece propiciar mayor desigualdad social y contaminación ambiental requiere de la revisión de posicionamientos y establecer objetivos comunes en línea con los ODS entre los muy diversos y activos espacios de participación (sindicales, comunitarios, de organizaciones civiles) existentes en el país.

BCI & GEI 2011
noticias
Foto: PROVEA

Las medidas adoptadas por el gobierno venezolano, en el contexto de la elección de la Asamblea Constituyente y las protestas de quienes la cuestionan, agravaron aún más la situación de los derechos humanos en ese país, sostiene un análisis del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CELS), una organización de Derechos Humanos líder en América Latina y miembro de la coalición Social Watch de Argentina. El gobierno venezolano no protegió el derecho a la vida y restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra el país. "La situación exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a Venezuela en una salida soberana de la crisis," sostiene CELS.

En diferentes intervenciones de los últimos días, funcionarios del Gobierno Nacional insistieron en responsabilizar a las personas extranjeras por el narcotráfico en Argentina. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria, que viene siendo anunciado por el gobierno desde hace semanas.

La aprobación de la Agenda 2030 por las Naciones Unidas coincidió con el cambio de gobierno en la Argentina y el rápido abandono de las políticas públicas impulsadas como salida a la grave crisis social, económica, institucional y política de 2001 y 2002. En los primeros seis meses de 2016, la Argentina ha vivido el pasaje de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento del mercado local, el proteccionismo comercial, la ampliación de derechos sociales y un rol activo por parte del Estado en la redistribución del ingreso a través de los impuestos a la exportación de productos agrícolas, hacia un modelo más afín a los principios del liberalismo económico, vinculado a las reglas del libre comercio, una inserción competitiva en el mercado global, un menor nivel de intervención estatal en el funcionamiento general de la economía y una reducción de los impuestos a la exportación de productos agrícolas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina) presenta el informe Derechos Humanos en Argentina. El mismo abarca la situación de los derechos humanos en el país durante 2013 y 2014, se publica en una coyuntura particular. Por un lado, en el año en que finaliza el segundo gobierno de Cristina Fernández, el tercero del ciclo kirchnerista. Por el otro, en 2014 se cumplieron 35 años desde la fundación del CELS en plena dictadura. Estas coordenadas temporales invitan a reflexionar sobre las transformaciones en materia de derechos humanos de este ciclo de gobiernos y sobre las relaciones de los organismos de derechos humanos –en particular, del CELS– con el Estado a lo largo de las tres décadas de la democracia argentina.

Los Principios básicos para los procesos de reestructuración de deuda soberana, promovidos por los países del Grupo 77 más China, reflejan las demandas sobre la necesidad de establecer mecanismos de reestructuración de deuda más justos y equitativos que las organizaciones sociales venían sosteniendo desde la década del 90.

El principio 8 reconoce la importancia de que las reestructuraciones respeten los derechos humanos y apunten a un crecimiento económico “sostenido e inclusivo” de los países deudores para minimizar los costos económicos y sociales de las crisis financieras. Esto tiene en cuenta algunos de los puntos que un centenar de organizaciones sociales resaltamos el año pasado sobre la capacidad de los Estados de alcanzar acuerdos con la mayoría de sus acreedores, que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de sus poblaciones. También planteamos en esa oportunidad que la resolución de los conflictos relacionados con la deuda entre un Estado y sus acreedores debe basarse en un marco fundado en el Derecho Internacional Público y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La revisión de los estándares mundiales más relevantes y específicos sobre los derechos de las personas privadas de libertad fue aprobada el 22 de Mayo con el objetivo de brindarles mayor protección. Las directrices vigentes fueron elaboradas hace 60 años por las Naciones Unidas. El proceso de revisión, que tomó cuatro años, tuvo en cuenta los aportes del CELS y de otras organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. La revisión de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos introdujo mejoras significativas para la investigación de todas las muertes en los lugares de encierro, la prevención e investigación de las torturas y los malos tratos, la restricción del aislamiento, la limitación de las sanciones disciplinarias, la regulación de las requisas, la inspección independiente de los lugares de detención y la atención de la salud, entre otros temas.

En una reciente decisión, la Corte Suprema de EE. UU rechazó un recurso presentado por Argentina en la causa iniciada por el fondo buitre NML que había adquirido títulos de la deuda pública de ese país luego del default del año 2002 y no había aceptado integrar el acuerdo alcanzado con más del 92 por ciento de los acreedores en 2005 y 2010. De este modo quedó firme una sentencia que interpreta que la cláusula estándar pari passu (igualdad de rango o de trato) impide saldar la deuda reestructurada si al mismo tiempo no se les paga al grupo de acreedores que no aceptó el acuerdo y procura obtener un retorno del 1600% de lo pagado por los bonos al momento de su adquisición.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar la apelación de la Argentina y sostener la demanda de los acreedores que no aceptaron integrar el acuerdo alcanzado con más del 92% de los bonistas excede la cuestión particular del cumplimiento de una sentencia.

En el centro del conflicto está la tensión entre hacer prevalecer el derecho de propiedad, apoyado en las prácticas predatorias que habilita el sistema financiero, y la obligación de los Estados de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En este caso, un tribunal extranjero se pronuncia en favor del derecho a la propiedad de un grupo reducido de acreedores de títulos públicos con una sentencia cuyo cumplimiento estricto implicaría tomar decisiones económicas que afectarían los derechos de los habitantes de nuestro país.

Esta tensión cruza hoy uno de los debates más fuertes de la comunidad internacional sobre el modo en el que se deben alcanzar consensos que equilibren los intereses de acreedores y deudores. El análisis de la cuestión debe tener en cuenta los principios del derecho internacional público y las obligaciones de los Estados en materia de promoción y protección de derechos.

La publicación Casos Paradigmáticos de Inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Sur América describe los impactos a los derechos humanos y al ambiente de diez proyectos clave en Sur América que tienen financiamiento del BNDES. Además se incluyeron dos casos respecto de los cuales a pesar de no haber confirmación de dicho financiamiento, hay indicios suficientes para concluir que el Banco está o va a participar en su implementación. Esta investigación tiene el objetivo de demostrar la necesidad de impulsar la formulación, revisión y adecuada implementación de políticas sociales y ambientales, incluyendo las de participación e información, cuyo cumplimiento sea requisito esencial para que BNDES apruebe e implemente estos y futuros proyectos. Adicionalmente al documento se presentan conclusiones y recomendaciones destinadas a buscar la prevención de los impactos negativos y la efectiva promoción del desarrollo sostenible que el BNDES ha priorizado.

El convenio entre YPF y Chevron firmado en julio de 2013 le permitirá a la transnacional explotar más de 1.000 pozos para extraer gas y petróleo no convencional en la zona de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Sin embargo, el lonco Albino Campos, del lof Campo Maripe ubicado en el centro del área, aseguró que los trabajos comenzaron hace tiempo, ya que existen cerca de 600 pozos en producción, la mayoría de ellos a una distancia de entre dos y diez kilómetros de las casas de la comunidad.

Días antes de la firma, la Confederación Mapuche y las comunidades originarias asentadas en la zona aseguraron que no permitirán el ingreso de la empresa Chevron a su territorio y que van a impugnar el acuerdo que se firmó con YPF por violar el derecho de consulta previa por parte del Estado, tal como lo establece la convención 169 de la OIT.

Manifestación por la
despenalización del aborto el
año pasado en la ciudad de
Buenos Aires.
(Foto: Artemisa Noticias)

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, organización integrante de Social Watch), La Asociación por los Derechos Civiles, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad presentaron un recurso de amparo contra el protocolo de aborto no punible implementado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, por considerar que implica restricciones que violatorias de los derechos humanos.

Argentina rinde examen ante el
Consejo de DDHH. (Imagen:
Webcast de la ONU)

Al evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Argentina, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mostraron especial preocupación por las condiciones en que viven las personas presas y detenidas y por la impunidad de funcionarios que los someten a torturas y malos tratos, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto focal de Social Watch en ese país.

Manifestación de campesinos e
indígenas en Santiago del Estero.
(Foto: MoCaSE-VC)

El asesinato en Argentina de Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MoCaSE-VC), es una nueva demostración de la urgente necesidad de detener los desalojos por conflictos por la tierra y legislar al respecto, advirtieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO-INPADE).

Presentación de Anaya.
(Imagen capturada de video
por ODHPI)

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, James Anaya, dejó en claro ante el Consejo de Derechos Humanos que el Estado argentino es omiso en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, informó desde Ginebra la abogada y activista Micaela Gomiz.

Marcha del Consejo Plurinacional
Indígena en el centro de Buenos
Aires. (Foto: Noticias
Aliadas/Indymedia)

Organizaciones nativas de Argentina, apoyadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal nacional de Social Watch), consideran que el anteproyecto de reforma al Código Civil a debate en el Congreso legislativo constituye un “retroceso” y exigen que se excluya de la iniciativa las cláusulas relativas a las propiedades comunitarias indígenas, cuestión que debería regularse mediante una ley especial.

Los maltratos contra dos detenidos en una comisaría de General Güemes, en la noroccidental provincia argentina de Salta, dejan en evidencia la necesidad urgente de una reformas estructural de los sistemas penitenciarios y policiales del país y de sancionar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, aprobado por la Cámara de Diputados en septiembre pasado y que, desde entonces, espera ser debatido en el Senado.

Foto: Ecologismo.org

El relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, solicitó al Estado argentino la suspensión de todos los procesos de desalojo de comunidades indígenas y la implementación de mecanismos efectivos para la demarcación y el reconocimiento legal de sus territorios.

(Foto: Lacantora.org.ar)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a las autoridades de Argentina que protejan la vida y la integridad de los reclusos en cárceles de la provincia de Buenos Aires, en respuesta a medidas cautelares solicitadas, entre otros, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en el país latinoamericano) por la violencia y desprotección que sufren los internos.

Presentación del informe anual
del CELS. (Foto: CELS)

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal nacional de Social Watch) presentó el miércoles su decimoséptimo informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esta edición destaca las consecuencias de la fragmentación de la fuerza de trabajo, los reclamos de indígenas y campesinos por la tierra, la criminalización de las protestas y la violencia en las cárceles, entre otros problemas.

Manifestación por despenalización
del aborto el año pasado en
Buenos Aires.
(Foto: Artemisa Noticias)

En un informe sobre los derechos sexuales y reproductivos en Argentina elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diez organizaciones de la sociedad civil pusieron de relieve las dificultades en el acceso a métodos de planificación familiar, a la anticoncepción quirúrgica y a la educación sexual, así como la situación en materia de aborto y sus dolorosas consecuencias.

Manifestación por la despenalización
del aborto en Misiones.
Foto: Aborto Legal Argentina)

La Corte Suprema de Justicia de Argentina interpretó que la interrupción voluntaria de un embarazo producto de violación cuya víctima es una menor de edad no es punible. Se trata de una entre varias aclaraciones del máximo órgano judicial sobre el alcance de la legislación al respecto, vigente desde 1921, y que contaron como insumos fundamentales informes elevados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en ese país), entre otras organizaciones de la sociedad civil.

En materia de equidad de género Argentina está a la cabeza, junto a Uruguay, de los países del MERCOSUR, pero a nivel de América Latina y el Caribe se encuentra por debajo de  Trinidad Tabago y Panamá.

Audiencia en la Corte Suprema
de Justicia. (Foto: Agencia de
Noticias del Poder Judicial)

La Corte Suprema de Justicia de Argentina realizó una audiencia pública por el conflicto que mantiene la comunidad Potae Napocna Navogoh-La Primavera, de la etnia indígena Qom, con el gobierno de la provincia de Formosa por la propiedad de las tierras ancestrales que habitan.

Foto: ImagenInsurrecta/
HIJOS-La Plata

En un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto nacional focal de Social Watch) reclamó garantías para que la comunidad Potae Napocna Navogoh-La Primavera, del pueblo indígena Qom, ejerza de manera efectiva su derecho a la tierra en la provincia de Formosa.

Protesta en Andalgalá (Foto:
Facundo Nívolo/Red Eco
Alternativo)

Protestas contra proyectos mineros en diversos lugares de Argentina, algunas de ellas reprimidas con dureza, motivaron a la presidenta Cristina Fernández a convocar a la sociedad a “un debate serio” sobre esta actividad, convocatoria que fue aplaudida por el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO).

Foto: Librered.net

Tras una multitudinaria marcha de mas de 10.000 manifestantes el viernes pasado, el gobernador de la provincia argentina de La Rioja, Luis Beder, anunció el domingo que el proyecto minero en el Famatina se demorará “el tiempo que sea necesario” hasta desentrañar su impacto ambiental y “explicar” sus alcances.

Hugo Cettour, ministro de
Salud de Entre Ríos

El gobierno de la provincia argentina de Entre Ríos pretende obligar a una niña de 11 años violada por un familiar a llevar a término un embarazo. El caso llevó a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch), a apoyar el llamado a la despenalización del aborto voluntario reiterado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) con el fin de impedir la diversidad de interpretaciones de las normas al respecto.

Polémica votación en el Congreso
de Río Negro.
(Foto: Revista Marcha)

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como locales, repudian al Congreso y al gobierno de la provincia argentina de Río Negro por haber derogado la prohibición del uso de cianuro y mercurio a las compañías mineras que operan en ese territorio.

Sesión del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales. (Foto: ONU)

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó a las autoridades de Argentina su preocupación por el uso de la violencia de parte de las fuerzas de seguridad del Estado y agencias privadas contra activistas, y exigió la investigación inmediata de todos los abusos, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto focal de Social Watch en el país latinoamericano.

(Foto: GRR)

El no gubernamental Grupo de Reflexión Rural (GRR), de Argentina, y la organización ambientalista alemana Aktion GEN-Klage presentaron este mes un informe paralelo al del gobierno argentino ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para cuestionar la intensificación en el uso se soja y otros organismos genéticamente modificados.

Movilizacion del Mocase-Via
Campesina. (Foto: LaVaca.org)

El Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) repudió el asesinato del campesino indígena Cristian Ferreyra en la provincia argentina de Santiago de Estero, el que atribuyó a intereses de hacendados de la zona, y exigió el juicio y castigo de sus autores materiales e ideológicos de éste y crímenes similares e impunes en otras provincias.

Foto: Patricia Leiva (OAS)

El gobierno de la provincia argentina de Formosa se comprometió en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a seguir negociando una solución al conflicto que la enfrenta desde 2002 con el pueblo indígena Qom, a raíz de la detención arbitraria de 80 de sus miembros. Esta comunidad originaria, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina), asegura seguir siendo aun hoy víctima de abusos.

Inmigrantes bolivianas en
Argentina. (Foto: ALER)

Un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación ante actitudes discriminatorias hacia los inmigrantes en Argentina y declaraciones xenófobas de dirigentes políticos, e instó al Estado a implementar medidas dirigidas a eliminar falsos estereotipos. El organismo tomó en cuenta el informe de las autoridades y uno alternativo presentado por organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto focal de Social Watch en el país latinoamericano.

Manifestación en Buenos Aires
por la despenalización del aborto,
2010. (Foto: Datum.org.ar)

Fuentes: Cepal, Adital, Argentinos Alerta, Familias por la Familia

Mientras avanzan en el Congreso legislativo de Argentina las gestiones para asignarle rango constitucional a la Convención de Belén do Pará, un tratado de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra la violencia de género, desde filas conservadoras se pretende darle un giro sorprendente al debate al considerar que se trata de una “herramienta internacional para imponer el aborto”.

Fuentes: FOCO, Revista Mercado, Diario Público

Organizaciones de la sociedad civil y personalidades de Argentina, encabezadas por el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), y de otros países, entre ellas Social Watch y el Instituto del Tercer Mundo (ITeM), reclamarán al gobierno de Cristina Kirchner que impulse en UNASUR, el Grupo de los 77 y el de los 20 la instauración de un impuesto a las transacciones financieras internacionales (ITF) a través de una declaración cuyo proceso de adhesión comenzó esta semana.

Fuentes: CELS, Misiones Online.

Diez organizaciones de la sociedad civil acusaron al sistema de salud y al Poder Judicial de la provincia argentina de Misiones de desproteger el derecho a abortar de una niña de 14 años, víctima de violación. Tras solicitar la intervención médica en los dos ámbitos, donde se les respondió con dilaciones hasta la decimotercera semana de gestación, los padres de la niña retiraron el pedido que habían formulado ante la justicia.

Fuente: CELS.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina) recibió este mes el Premio de Justicia que desde hace 10 años otorga la Fundación Gruber a personas y organizaciones dedicadas a los derechos humanos en todo el mundo. 

Félix Díaz. (Foto: Agencia Walsh)

Fuente: CELS

Los miembros de la comunidad indígena toba-qom “La Primavera” de Formosa realizaron el sábado 25 de junio un acto sin precedentes: la elección de su representante ante el Estado nacional y las autoridades provinciales. En el proceso del que resultó elegido Félix Díaz participó como veedor el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto nacional focal de Social Watch.

Fuente
FOCO

El no gubernamental Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) acusó a la empresa minera canadiense Barrick Gold de violar en Argentina normas ambientales y sobre salud humana de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Fuente: CELS

Un tribunal de la provincia argentina de Chaco condenó esta semana a cadena perpetua a ocho responsables por una masacre cometida por la dictadura hace 34 años: el asesinato de 11 hombres y mujeres y la desaparición de cuatro presos políticos en la localidad de María Belén. -Todos ellos habían sido sometidos a brutales torturas. En el juicio fue querellante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina). 

Corte de ruta realizado por miembros de la
comunidad toba en Formosa,
en reclamo de sus tierras.
(Foto: Agencia Rodolfo Walsh)

Fuente: CELS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso este mes medidas cautelares para garantizar el retorno de la comunidad La Primavera, de la comunidad indígena toba, a su territorio en la provincia argentina de Formosa, tras una acción patrocinada por la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto focal de Social Watch en el país latinoamericano.

La equidad de género es un concepto complejo, multifacético y de difícil medición, debido a la falta de indicadores sociales precisos, discriminados por género para muchos países. A fin de contribuir al entendimiento de las inequidades de género y de monitorear su estado y evolución, Social Watch ha desarrollado un Índice de Equidad de Género (IEG). El mismo se basa en información disponible y comparable a nivel internacional y permite posicionar y clasificar países de acuerdo a una selección de indicadores relevantes a la inequidad de género en tres distintas dimensiones: educación, participación económica y empoderamiento.

Author: 
Luis María Otero – (Artemisa Noticias)

El núcleo más duro de asesores de la candidata oficial a la presidencia Cristina Fernández de Kirchner está conformado por las llamadas “Generalas”, un grupo de dirigentas políticas que abonarán la campaña electoral con propuestas de género. Sin embargo, todo hace suponer que CFK no estará dispuesta a abrir un nuevo frente en este tema, donde nadie del actual gobierno se muestra interesado en diferenciar la campaña.

Distintos organismos de salud denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la violación sistemática y manifiesta del derecho a la salud por parte del Gobierno argentino, que se verifica en el colapso del sistema sanitario.