Argentina: Condena a ocho responsables por masacre de 1976

Fuente: CELS

Un tribunal de la provincia argentina de Chaco condenó esta semana a cadena perpetua a ocho responsables por una masacre cometida por la dictadura hace 34 años: el asesinato de 11 hombres y mujeres y la desaparición de cuatro presos políticos en la localidad de María Belén. -Todos ellos habían sido sometidos a brutales torturas. En el juicio fue querellante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en Argentina). 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó el lunes a prisión perpetua a los militares Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Patetta, a los que halló culpables del asesinato y la desaparición forzada de las víctimas de la masacre de Margarita Belén. El tribunal absolvió por falta de pruebas al policía Alfredo Chas.

La sentencia identificó a los responsables de los hechos del 13 de diciembre de 1976, cuando 22 presos políticos detenidos en la alcaidía policial de Resistencia, capital de la nororiental provincia de Chaco, fueron fusilados por personal de la VII Brigada del Ejército comandada por el general Cristino Nicolaides, cerca de la localidad de Margarita Belén. Antes de la ejecución, habían sido torturados de manera brutal. Algunos de los hombres habían sido castrados y varias mujeres violadas, informó el CELS en un comunicado de prensa. 

La versión oficial sostuvo que las víctimas habían muerto a causa de un enfrentamiento con “delincuentes subversivos”, mientras eran trasladadas a una unidad penitenciaria de la vecina provincia de Formosa. Sin embargo, las contradicciones en que incurrieron las autoridades de la provincia y las investigaciones oficiales posteriores permitieron establecer que se había tratado de una masacre.

En 1984, familiares de algunas de las víctimas, con el patrocinio de Emilio Mignone y Augusto Conte, ambos ex presidentes del CELS, habían denunciado a los militares responsables de la matanza con el objetivo de frenar sus ascensos. Al año siguiente, la justicia dio por acreditados los hechos, que se incorporaron a las acusaciones contra el dictador Jorge Rafael Videla en el Juicio a las Juntas Militares que condujeron el régimen militar. 

Las leyes de obediencia debida y punto final impidieron avanzar sobre el resto de los responsables. No obstante, algunos de ellos reconocieron que se había tratado de una masacre. Tal fue el caso del ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, quien con el grado de capitán ocupó la Secretaría General del gobierno durante la intervención militar en Chaco, y que en 2001 admitió que “no fue un enfrentamiento sino un fusilamiento encubierto de detenidos”.

Sin embargo, en Margarita Belén no sólo se encontraban involucrados militares, sino también personal de la policía de Chaco, autoridades políticas de la intervención provincial y funcionarios judiciales. En julio de 2003 el CELS envió una carta al entonces Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, en la que denunciaba la actuación irregular de algunos representantes del Ministerio Público Fiscal en el caso.  

Entre ellos se encontraban Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes, quienes también fueron denunciados por haber presenciado sesiones de tortura a detenidos. La cámara de apelaciones revocó el sobreseimiento de Mazzoni en octubre de 2010, por lo que podría ser juzgado en una nueva causa. En tanto, Flores Leyes --procesado y con prisión domiciliaria en el marco de este mismo juicio--, murió en abril de 2010 en Córdoba.

Para el CELS, que fue querellante en la causa, esta sentencia marca el fin de la impunidad en un caso emblemático. Los hechos de Margarita Belén dejaron en evidencia el pacto de silencio en torno a las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, indicó la organización. 

En el juicio quedó claro también el poder de varios de los acusados, hoy condenados, quienes continuaron durante más de tres décadas integrando las instituciones democráticas, consideró el CELS, para el cual el fallo representa por esos motivos un paso adelante en el proceso de justicia y de reafirmación de la vigencia del estado de derecho.