Boletin Social Watch - Boletín 148 - 4 de octubre, 2013

El informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no aborda las cuestiones estructurales y macroeconómicas fundamentales que dan forma a los medios de aplicación. Seis bancos multilaterales y el Fondo Monetario Internacional han ofrecido llenar ese vacío. En una carta dirigida al secretario general de la ONU enviada en julio pasado los jefes de estas instituciones se ofrecen como voluntarios para trabajar en "la definición de objetivos y metas en materia de pobreza y equidad de género, gobernanza, creación de empleo, comercio y financiación para el desarrollo".

Sin embargo, esto no se puede dejar en manos de estas instituciones, que recomiendan activamente las políticas de liberalización financiera que condujeron a la crisis o empeoran sus impactos sociales y económicos. También han indicado con frecuencia, como condición para sus préstamos, políticas inadecuadas que atentan contra los objetivos de desarrollo de la ONU y han sugerido en el pasado metas e indicadores equivocados para ambiciosas resoluciones de la ONU que exigen una acción más transformadora.

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En momentos en que muchos países desarrollados sufren recesión y han reducido sus presupuestos de ayuda al desarrollo, la idea de recurrir a fondos de la filantropía privada parece obvia y razonable.

Sin embargo, en un comunicado emitido en Nueva York la semana pasada, el Grupo de Reflexión integrado por redes de la sociedad civil (entre ellas TWN, Fundación Friedrich Ebert, DAWN, Terre des hommes, Global Policy Forum y Social Watch) alertó a los diplomáticos sobre la posibilidad de que el efecto sea el opuesto: “En vez de ‘apalancar’ recursos privados hacia el desarrollo, estas asociaciones habilitan a inversores privados a utilizar parte del escaso dinero público disponible (de la asistencia oficial al desarrollo) para reducir sus riesgos. Si hay pérdidas, éstas serán cubiertas por la ayuda pública, mientras que las ganancias seguirán siendo privadas, y a menudo exoneradas de impuestos”.
Además, agrega el Grupo de Reflexión, “la experiencia reciente de muchos países muestra que estos mecanismos ‘innovadores’ son a menudo ineficaces, mal regulados y pueden conducir a la corrupción en países prestatarios y prestamistas”.

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Organizaciones de DDHH rechazan la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) que arrebata la nacionalidad a cuatro generaciones de personas que durante ocho décadas fueron registrados como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes. Advierten que la referida Sentencia se erigirá en el instrumento de segregación de la población nacional. 

La sentencia, que viola al menos quince artículos de la Constitución dominicana y que apela a criterios raciales para despojar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007.

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El presidente Mariano Rajoy declaró en la 68º Asamblea General de Naciones Unidas que el Gobierno español mantiene su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres así como con los objetivos de ONU Mujeres.

Resulta paradójico escuchar esta afirmación del responsable de un ejecutivo que se ha caracterizado, desde que entró en el poder, por un ataque directo a las políticas e instituciones de igualdad de género y por el impulso de medidas que van contra los derechos de las mujeres. Una posición que también se ha visto en su acción exterior y, en concreto, en la Cooperación Española. No hay que olvidar que, pese al declarado compromiso del presidente del Gobierno con los objetivos de ONU Mujeres, en diciembre de 2012 el mismo Gobierno forzó el cierre de la oficina de dicha agencia de Naciones Unidas en el Estado español. Si se dirige la mirada a las políticas e instituciones de igualdad nacionales, diferentes han sido las voces de activistas y académicas que vienen denunciando la reducción de los fondos disponibles para llevar a cabo los compromisos nacionales con la igualdad de género. 

 

Comentario de Julia Espinosa Fajardo, Investigadora de Género y CPD para la Plataforma 2015 y más

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Sin prisa, pero sin pausa, de acuerdo al informe Panorama Laboral 2012 de la OIT, la participación de las mujeres en el mercado laboral viene experimentando un acelerado crecimiento desde las década de los 70’s. 

Sin embargo, la capacidad de respuesta del mercado laboral es insuficiente ante estas demandas crecientes, lo que se refleja en que el empleo informal sea mayor y las tasas de desempleo femenino sean mayores a las masculinas.

De otro lado, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), referidos a las zonas urbanas de la región, las mujeres tuvieron un salario ponderado anual equivalente al 68% del ingreso laboral masculino en 2011. Medido por horas trabajadas las mujeres ganaron el equivalente al 72% del ingreso de los varones siendo la brecha menor para las mujeres con mayor educación ya que percibieron el equivalente del 83% del ingreso laboral masculino por hora.

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