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Malta ejercerá la presidencia de la Unión Europea en la primera mitad de 2017 y debe aprovechar esa oportunidad para practicar lo que predica, sostiene la ONG local Kopin. "Hay que terminar con los subsidios agrñicolas europeos y otras prácticas injustas que hacen daño e impiden a países pobres en desarrollo alcanzar sus potenciales". La justicia y dignidad para los malteses no se puede separar de la de todos los ciudadanos del mundo y por lo tanto Malta debe revisar su papel como guarida fiscal, ya que "la evasión fiscal y el lavado de dinero son dos grandes causas de pobreza e injusticia globales". Más aún, la isla mediterránea debe mejorar su tratamiento de los migrantes, combatir la xenofobia y "poner especial atención en los derechos de niños y jóvenes migrantes, independientemente de sus motivaciones para cambiar de país".

Jordania es un país de ingresos medios pero las consecuencias de la crisis económica global y la inmigración masiva de refugiados sirios representan desafñíos enormes. Pese al progreso hacia algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, poco se hizo sobre aquellos que requerían cambios estructurales, armonización de políticas, continuidad y financiación sustentable, tales como las metas de empleo y proteccion ambiental. El país no recibe el apoyo internacional adecuado para albergar 1.3 millones de sirios (one por cada cinco jordanos), quienes junto a una población local en rápido crecimiento superan la capacidad de los servicios sociales y la provisión de agua. Para la sociedad civil, "el desafío mayor es la falta de buena gobernanza".

Desde la restauración de la democracia en los '90, Bangladesh ha tenido logros extraordinarios. La pobreza que era de 57 por ciento en 1991 se redujo a 32 por ciento en 2010; la matrícula en educación primaria llegó a 98 por ciento de la población en edad escolar y el número de niñas supera al de los varones. Pero las asignaciones presupuestales a Salud y seguridad social son insuficientes. La corrupción y los flujos financieros ilegales desvían recursos y el cambio climático va a producir hacia 2025 en Bangladesh más daños que en ninún otro país. El nivel del mar que sube, tifones cada vez más severos y otras catástrofes climáticas van a producir millones de refuhgiados en un país que no ha contribuido a generar este fenómeno y no está recibiendo compensación por los enormes daños y perjuicios. 

Asamblea Constitucional
(Foto: ANHRI)

La característica que define la estrategia de desarrollo sostenible en Egipto es la falta de un plan de trabajo detallado para lograr varios objetivos fundamentales, especialmente la reducción de la pobreza y el desempleo, y la lucha contra el sector informal. Esto se suma a la falta de claridad en los mecanismos de implementación y la falta de coherencia entre los objetivos. Los indicadores utilizados para medir los objetivos reflejan la continuación del enfoque neiberal del gobierno, que es contingente en el desarrollo del sector privado y dependiente de éste para financiar los objetivos de desarrollo. Así, por ejemplo, para reducir el déficit, la estrategia no contempla el aumento de los impuestos a las empresas y, en su lugar, opta por gravar con impuestos a los consumidores, como el impuesto al valor agregado del 10%. Además, la estrategia difiere claramente de las estrategias de desarrollo anteriores, ninguna de las cuales se discutieron en el Parlamento o en cualquier tipo de diálogo social.

Este informe examina las dimensiones económicas, sociales y ambientales clave del marco de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e incluye recomendaciones para los cambios que necesariamente deben realizarse si se quiere tener éxito.

La implementación de la Agenda 2030 requiere de urgentes medidas audaces y transformadoras necesarias para que el mundo cambie y tome un camino sostenible y resiliente. Para que sea un viaje colectivo del que nadie quede excluido, la escala y la ambición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas requieren un enfoque amplio e integrado, no solo para equilibrar y realinear la economía mundial, sino también para modificar las prácticas político-económicas regionales y nacionales. La política de siempre y la economía determinada por los ricos y poderosos no tendrán cabida en este nuevo camino. El sentido histórico y el contenido social-estructural de este cambio implicarán la modificación de las estructuras profundas de la pobreza en las economías de la periferia e incluyen el abordaje de diferentes aspectos de la autonomía de los estados y los déficits democráticos subyacentes que se interponen en el camino de la construcción de las economías nacionales sostenibles.

Foto: Cortesía de Oscar Rey,
de Altépetl, A.C.

DECA Equipo Pueblo, A.C. como punto focal de Social Watch en México, presenta la experiencia de Social Watch y las recomendaciones desde el Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en el evento Día nacional: Implementando la Agenda 2030 con perspectiva de inclusión social y económica" convocado por la Cancillería mexicana previo al trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL que se celebra en México del 23 al 27 de mayo de 2016.

El panel "Lecciones aprendidas de los ODM y nuevos retos para la generación de datos desagregados sobre la medición de los ODS" tuvo como mensaje central la incorporación del enfoque de derechos humanos en la implementación, medición y evaluación de la nueva agenda de desarrollo mundial y mecanismos institucionalizados de seguimiento participativo a nivel nacional.

La Alianza Mexicana contra el Fracking responde a decisión de la CNH y la ASEA de entregar permisos para pozos en la Sierra Norte de Tamaulipas y los alrededores de Poza Rica, Veracruz. Además exige al gobierno federal abandonar técnicas de extracción dañinas y transitar hacía una economía libre de hidrocarburos

Las 43 organizaciones integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF), representativas de territorios en once estados de la República Mexicana, emitieron un pronunciamiento en rechazo a la decisión del pasado mes de febrero, por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), avalada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos (ASEA), de entregar a la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos, los permisos necesarios para la apertura de tres campos exploratorios donde se pretende hacer uso de la técnica de la fractura hidráulica.

La Plataforma 2015 y más presenta el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD), una innovadora herramienta para medir el progreso de los países de forma alternativa a las medidas basadas en el crecimiento económico.

El ICPD supera la limitada visión que ofrecen medidores como el PIB y propone un completo análisis de 133 países, a partir del análisis de sus políticas públicas y su impacto en el bienestar de la ciudadanía y del planeta a escala local y mundial.

El Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre por la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fue el resultado de grandes batallas sobre múltiples temas, especialmente entre países desarrollados y en desarrollo.

Los objetivos de negociación de los países en desarrollo fueron los siguientes: (a) defender la CMNUCC y no dejar que se modificara o subvirtiera; (b) garantizar que el Acuerdo no se centrara en la mitigación con todos los temas abordados y se hiciera de manera equilibrada; (c) garantizar que se reflejara la diferenciación en todos los aspectos, con los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas; (d) garantizar que los países desarrollados mejoraran la financiación y la transferencia de tecnología; (f) asegurar que “las pérdidas y los daños” fueran reconocidos como un pilar separado, aparte de la adaptación y (g) las disposiciones jurídicamente vinculantes, especialmente en los países desarrollados.

El pasado 11 de febrero se presentó en Tegucigalpa la Unidad de Investigación de muerte violenta y Femicidios en la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. Esta unidad funcionará en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, e iniciará su trabajo con 30 millones de lempiras aprobados en el presupuesto nacional para el año 2016, con 40 agentes y 8 fiscales especializados en violencia contra las mujeres y femicidio.

Esta unidad se ha creado gracias a la incidencia política promovida desde el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y de las organizaciones de mujeres y feministas que conforman la plataforma 25 de noviembre, espacio desde el cuál CEM-H ha impulsado varias acciones de las mujeres por el acceso a la justicia.

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