En Argentina más del 10 por ciento de los hogares no están conectados a una red de suministro de agua limpia y más del 30 por ciento carecen de saneamiento. La inversión en agua y saneamiento fue estable en alrededor del 2 por ciento del gasto público entre 2012 y 2015. Bajó al 1,4 por ciento en 2016 y al 0,3 por ciento en 2017, meses antes de que el presidente Mauricio Macri anunciara en mayo de 2018 la solicitud de un préstamo de emergencia del FMI que podría resultar en austeridad fiscal con nuevos recortes en los presupuestos.

El informe de CELS y FOCO registra una caída similar en el gasto público en vivienda y un cambio en cómo el Estado percibe su rol "de" constructor "a" facilitador "de la inversión del sector privado". Sin embargo, "la experiencia latinoamericana (estudiada en Chile, Costa Rica y México) muestra que restringir las políticas públicas a la promoción del financiamiento hipotecario, con asistencia focalizada en las áreas más pobres y dejar a los mercados las decisiones clave sobre el desarrollo urbano y la vivienda más especulación en torno a los precios, profundiza las brechas urbanas y la segregación social ".

El compromiso internacional es explícito y ambicioso: "Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables" (meta 3 del ODS 1). Los sistemas de protección social comprenden planes contributivos y no contributivos para los niños, las personas en edad activa y la tercera edad como, por ejemplo, las subvenciones para la infancia, el seguro médico o los programas de pensiones. Los niveles mínimos de protección social proporcionan al menos un nivel básico de seguridad de ingresos y acceso a los servicios de salud para todos los residentes y para todas las principales contingencias a lo largo de la vida, tal como se define en la Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social de 2012 (n.º 202).

Foto: Vista de la favela de Vidigal.
(Foto: Nico Oved/Flickr/CC)

En Brasil, después de más de una década de progresos significativos en la lucha contra la pobreza a través de inversiones públicas en salud, educación y protección social, la enmienda constitucional 95/2016 (CA 95), conocida como la "Regla de gasto", entró en vigor en 2017, congelándose gasto público por 20 años. "Al constitucionalizar la austeridad de esta manera", comenta el informe del INESC, "a los futuros gobiernos elegidos se les impedirá determinar democráticamente el tamaño de los derechos humanos y las necesidades básicas de inversión".

La norma CA 95 ya ha comenzado a "afectar desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos" ya que "se desvían recursos significativos de los programas sociales hacia los pagos del servicio de la deuda".

Desde Puerto Rico, la organización de mujeres Cohitre también describe una "condición colonial que impone agendas ajenas a nuestro pueblo". En septiembre de 2017, los huracanes Irma y María llegaron a la isla, destruyeron 70,000 casas y colapsaron su red eléctrica (aún no completamente restaurada), su sistema de transporte, hospitales y suministros de combustible y alimentos.

Los efectos catastróficos se agudizan por la ausencia de poderes políticos -la isla es un "territorio no incorporado" de los Estados Unidos. Desde 1898- y el control de sus finanzas por un Consejo de Control Fiscal impuesto por los Estados Unidos, debido a su endeudamiento. "La desviación de fondos para pagar deuda pública, planes de ajuste, medidas de austeridad, la reducción del sector público y la privatización han comprometido la capacidad del gobierno para responder a la crisis" mientras "la respuesta del gobierno de los Estados Unidos es lenta, errática y centralizada” y el Congreso de Estados Unidos ”no ha mostrado apuro por proporcionar ayuda a Puerto Rico, dado el debate sobre la corrupción y la forma de administrar los fondos".

En sus informes sobre Finlandia, la plataforma de las organizaciones de la sociedad civil Kepa también se preocupa por el impacto extraterritorial de la producción nacional y los patrones de consumo. "Por ejemplo, casi la mitad de la huella hídrica de los finlandeses es causada por cadenas de producción fuera de Finlandia", concluyen. A Kepa le preocupa que "el grupo que seleccionó los indicadores nacionales haya observado sorprendentemente que en Finlandia no hay información confiable ni siquiera parcialmente completa sobre los impactos externos del consumo finlandés, es decir, cómo explotamos los recursos naturales fuera de nuestro propio país".

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