La sociedad de Corea del Sur está experimentando una creciente desigualdad económica y el gobierno no ha hecho nada para detenerla. El régimen actual y el partido gobernante se están distanciando de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que refieren a la desigualdad económica y la democracia. Por el contrario, las nuevas leyes no hacen más que favorecer la acumulación de riqueza para los chaebol (grandes conglomerados empresariales coreanos), mientras que ha habido un debilitamiento de derechos fundamentales y de la protección de los consumidores, y la nueva Ley de lucha contra el terrorismo adoptada en marzo de 2016 incluye disposiciones que amenazan la democracia.

Antes de las elecciones legislativas del 13 de abril de 2016, los manifiestos de los tres partidos de oposición incluyeron las políticas relacionadas con los ODS. En conjunto, estos partidos obtuvieron más escaños que el partido gobernante, por lo que la implementación a nivel nacional de los ODS podría estar en la agenda parlamentaria en un futuro próximo.

¿Están los gobiernos genuinamente comprometidos a implementar la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que adoptaron al más alto nivel en septiembre pasado? ¿Permitirá el Sistema financiero global y el régimen de comercio e inversiones el espacio necesario para cambiar el curso de las políticas públicas, erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger la naturaleza y promover los derechos humanos?

Foto: Alex E. Proimos (CC/Flickr)

Perú ha experimentado un crecimiento económico sostenido, en gran parte debido al aumento de los precios del oro, el cobre y otros minerales, pero prácticamente todo el territorio ha sido entregado en concesión a empresas mineras, petroleras y madereras, con frecuencia en conflicto con las poblaciones locales. La pobreza monetaria ha disminuido, pero la pobreza multidimensional ha aumentado a niveles críticos. Se ha avanzado en circulación del dinero y en conectividad vía electrónica y telefónica, pero se ha retrocedido en calidad de vida y en seguridad pública, como el aumento de la delincuencia que se va apoderando de calles y ciudades, y ha aumentado la corrupción, resultado de que la influencia del poder empresarial llega a todos los niveles del gobierno.

¿Se puede lograr la Agenda 2030 sin un enfoque global de impuestos? ¿Puede valorarse sin promover los derechos humanos y sin hacer frente a las responsabilidades de los ricos y poderosos? ¿Puede ser revisado sin tener en cuenta el cambio climático, los flujos financieros ilícitos, los conflictos y los acuerdos comerciales y de inversión? ¿Se puede medir con un solo número? ¿O con 300 de ellos? ¿O necesitamos un nuevo tipo de panel de control para monitorear la sustentabilidad?

Éstas y otras cuestiones se han abordado mediante una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y redes en su primer "Informe Spotlight”, que se presentará el lunes 11 de julio en Nueva York, durante las deliberaciones del Foro de Alto Nivel sobre Políticas de desarrollo sustentable. Varios informes nacionales se están lanzando simultáneamente en Nueva York y en muchas capitales.

Para confirmar la promesa de un país en el que nadie se quede atrás y siguiendo el camino de la sustentabilidad, Social Watch Filipinas (SWP), junto con colaboradores de la sociedad civil miembros de su red, presentó el viernes el "Informe Spotlight" sobre la Agenda para el Desarrollo 2030, en un diálogo con la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico (NEDA, por su sigla en inglés), en Quezon City, Filipinas.

El crecimiento económico de Filipinas es injusto y no es sostenible, ya que la riqueza del país se concentra en manos de unos pocos multimillonarios y es altamente dependiente de los combustibles fósiles, según Social Watch Filipinas. "Un crecimiento justo y sostenible garantiza que nadie se quede atrás", manifestó Isagani Serrano, SWP co-coordinador y presidente de Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM).

Syndicate content