El informe sobre Suiza de la coalición de ONG Alliance Sud afirma que: "La política económica exterior suiza y su política financiera y fiscal internacional aún están lejos de tener suficientemente en cuenta los requisitos de la Agenda 2030". Tras una visita a Suiza, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y otras obligaciones financieras Juan-Pablo Bohoslavsky llamó la atención en un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre las deficiencias en la prevención de flujos financieros injustos y problemas en el área de impuestos corporativos internacionales: "Los privilegios suizos para las corporaciones multinacionales ... crean incentivos masivos para las transferencias de ganancias a Suiza y ayudan a privar a los países en desarrollo de posibles ingresos fiscales en cientos de miles de millones". Alliance Sud observa que "en la reforma prevista del impuesto corporativo, el Consejo Federal planea abolir privilegios fiscales, pero tiene la intención es reemplazarlos con medidas que finalmente tendrán el mismo efecto: para las corporaciones multinacionales seguirá siendo atractivo a efectos fiscales transferir las ganancias del exterior -en particular de los países más pobres- a Suiza".

Bajo el lema "Imagining Gani", el 11 de marzo, Social Watch Filipinas rindió homenaje a Isagani Serrano, quien falleció el pasado 22 de febrero. Gani fue co-coordinador de Social Watch Filipinas y colaborador de los informes nacionales de Social Watch durante varios años. Fue presidente del Movimiento de Reconstrucción Rural de Filipinas (PRRM por su sigla en inglés) y autor de numerosos artículos e informes sobre clima y justicia social.

La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular, el ODS-5 ("Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas") es un ambicioso intento de establecer un marco de política mundial que, si se aplica íntegramente, quiere lograr la igualdad de género de manera transformadora. Sin embargo, a pesar de algunos progresos, todavía queda mucho camino por recorrer en áreas como la mejora del acceso a la atención médica, la educación, la higiene y la calidad de vida general de la mujer

Los estadísticos de todo el mundo, reunidos en la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo, volverán a hacer un balance de los progresos de los datos de los últimos doce meses en el mundo, impulsados en gran medida por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El informe oficial sobre cómo llenar los vacíos en el Marco de Indicadores Globales, una prioridad clara de la Comisión en 2018, muestra que, si bien se han logrado algunos avances, también hay temas estancados. Las brechas y tensiones persisten en la selección e interpretación de los indicadores, los datos para llenarlos, la selección de socios, el control del proceso y la propiedad de los resultados.

Estos enfrentamientos se remontan a las negociaciones sobre la Agenda 2030 y sus objetivos y metas, y han continuado a la hora de definir el marco de indicadores globales. Una edición especial del Global Policy Journal detalla la compleja dinámica de poder involucrada en este proceso. Los investigadores muestran que la selección de indicadores no depende únicamente de consideraciones técnicas, sino que, en última instancia, se remiten a cuestiones políticas y de prioridades en competencia entre una variedad de actores diferentes. Una propuesta, que se describe más adelante, sostiene que los sistemas estadísticos nacionales deben hacerse cargo de este proceso con urgencia y muestra cómo pueden hacerlo.

Los derechos humanos son también el punto de partida para la crítica de la sociedad civil a las políticas oficiales en México. Las organizaciones de la sociedad civil mexicana exigen coherencia entre la Agenda 2030 y las políticas gubernamentales en materia económica y energética. Afirman que la reforma en curso del sector energético prioriza las actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad en los territorios y sin las salvaguardias necesarias que protegen eficazmente el agua, el patrimonio biocultural, la salud de las personas y las comunidades. Como resultado del examen realizado en marzo de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomienda que el Estado mexicano tenga plenamente en cuenta sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y garantice la el pleno disfrute de los derechos reconocidos en él en la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional.

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