Myanmar

Aung Htoo. (Foto: The Best
Friend International)

El régimen birmano retiró 2.082 nombres de la “lista negra” de ciudadanos del país y extranjeros a quienes les había prohibido ingresar al territorio nacional por considerarlos una amenaza. Entre los habilitados la semana pasada figura Aung Htoo, ex secretario del Consejo de Abogados de Birmania (BLC), punto focal de Social Watch en ese país.

Décadas de Gobierno militar han fomentado un ámbito político represivo en el que los principios democráticos son desobedecidos, los recursos públicos son explotados para beneficio de la elite militar y hay escaso respeto por los derechos humanos y el mandato de la ley. Sin derechos básicos, las personas sin voz del país padecen las consecuencias de la mala administración económica que menoscaba el medio ambiente y retrasa el desarrollo sustentable. Birmania necesita de manera urgente instituciones democráticas sólidas que promuevan el desarrollo sustentable, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Líder opositora birmana Aung
San Suu Kyi. (Foto: LND)

Fuente:  FIDH.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra bajo presión para crear una comisión de investigación sobre los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen birmano. Una extensa coalición de organizaciones de derechos humanos, incluidos el Burma Lawyers' Counicil (BLC, punto focal nacional de Social Watch) y la Federación internacional de los Derechos humanos (FIDH), concentran la presión ahora sobre la Unión Europea y especialmente sobre Francia.

Aung San Suu Kyi. (Foto:NLD)

Fuente: Mizzima, reproducido por Burma News International

La Liga Nacional para la Democracia (LND), partido de la oposición prohibido por la dictadura militar de Birmania, planea apelar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo de Abogados de Birmania (BLC por sus siglas en inglés, punto focal de Social Watch), con sede en Tailandia, apoya la iniciativa, informó Mizzima, agencia de noticias dirigida por periodistas exiliados en India.

General Than Shwe. (Foto: Peerapat
Wimolrungkarat/)

Fuente: FIDH

El dictador Thein Sein anunció el lunes 16 la reducción en un año de la condena de todos los presos de Birmania, lo cual fue considerado “deplorablemente inadecuado” y “otro intento de mostrar una fachada de cambio mientras el régimen el régimen continúa restringiendo libertades fundamentales y comete delitos graves contra la población civil” por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Red Alternativa de ASEAN sobre Birmania (Altsean-Burma) y el Consejo de Abogados de Birmania (BLC, punto focal nacional de Social Watch).

En el marco de un estado de derecho inexistente, la economía de Birmania ocupa el 5º peor lugar del mundo en cuanto a libertad económica.La Constitución de 2008 y las elecciones generales previstas para 2010 sólo perpetuarán el gobierno militar y el estancamiento.El desarrollo necesita instituciones transparentes, imparciales y responsables, que no pueden coexistir con las flagrantes violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la opresión política.EEs necesario que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establezca una Comisión Investigadora para aclarar los crímenes cometidos.
El aumento de la militarización y la opresión política de los pasados 15 años han tenido efectos desastrosos en la situación de las mujeres birmanas. La Constitución de 2008, que será promulgada después de las elecciones de 2010, incluye importantes medidas que restringirán los derechos de las mujeres, e indica que es poco lo que las elecciones de 2010 harán para mejorar su situación. Las mujeres de Birmania enfrentan una inconcebible violencia, escasas oportunidades educativas, económicas y políticas, y grandes privaciones cuando se ven forzadas a trabajar en el extranjero.
Gobernada por una Junta Militar, la población birmana vive en crisis perpetuas, ya sea económicas, políticas, alimentarias o ambientales. Éstas se han combinado para crear una situación de pobreza extrema, falta de derechos básicos y condiciones sociales cada vez más deterioradas. Las organizaciones populares, que pueden constituir una parte de la sociedad civil en el futuro, tienen muy poco desarrollo y están prohibidas o perseguidas por el Gobierno. Los derechos se reservan sólo para la élite militar y sus aliados, mientras que los ciudadanos más vulnerables sufren la crisis y los desastres de manera desproporcionada.
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