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El número de países donde se han registrado casos de violencia física y amenazas contra los trabajadores y trabajadoras se ha incrementado en un 10 por ciento en apenas un año, según el Índice Global de los Derechos de la CSI. Se han documentado ataques contra sindicalistas en 59 países, provocando una creciente ansiedad respecto a los empleos y salarios.

El informe indica que los intereses corporativos se sitúan por encima de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en la economía mundial, y el 60 por ciento de los países excluyen a categorías enteras de trabajadores de la cobertura de la legislación laboral.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas ha publicado su informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. El informe se presenta como una contribución a los esfuerzos de los Gobiernos y múltiples actores de la región para la implementación, seguimiento y evaluación de sus políticas y estrategias en favor de la Agenda 2030 y el logro de los ODS.

El informe incluye un diagnóstico de los avances logrados hasta el momento y de los desafíos por venir, una descripción de los mecanismos institucionales nacionales con que cuenta la región para la implementación de la Agenda 2030 y un análisis de los desafíos y oportunidades asociados a la construcción y medición de los indicadores de los ODS.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publica “Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina”, donde destaca la importancia de la política tributaria como instrumento de desarrollo en los países de América Latina.

Se identifican consensos y conflictos en torno al diseño y la implementación de los diferentes tributos en cada país. “Si bien los consensos —como la necesidad de asegurar pactos que garanticen un nivel estable de ingresos tributarios que produzcan distorsiones mínimas en la asignación de recursos— pueden parecer logros afianzados y generalizados, mucho es lo que falta para conciliar la política tributaria con otros objetivos no menos importantes, como asegurar la capacidad redistributiva de los sistemas tributarios, la equidad horizontal y vertical que debería prevalecer en los mismos, definir el rol del impuesto sobre la renta personal y de los incentivos impositivos o la asignación de los gravámenes entre niveles de gobierno”, según señala Cepal.

Un nuevo estudio del Instituto de Desarrollo de Ultramar (Overseas Development Institute) del Reino Unido examina la contribución de cinco países donantes la creación de trabajo decente en países en desarrollo. La investigación evalúa los diferentes tipos de apoyo ofrecidos a través de la ayuda oficial al desarrollo por Francia, Japón, Suecia, el Reino Unidos y los Estados Unidos. De cara al futuro, el estudio también incluye recomendaciones sobre cómo hacer un seguimiento y evaluar mejor estas contribuciones en el futuro.

El diálogo social en Indonesia, Ghana y Uruguay se analiza en sus diversas formas, con especial énfasis en la formalización de estos diálogos a diferentes niveles administrativos y su contribución al desarrollo en el estudio llevado adelante por la RSCD. Los estudios están escritos por especialistas sindicales nacionales e incluyen ejemplos de buenas prácticas y de las limitaciones de los diferentes contextos.

Un petitorio dirigido a los gobiernos sobre la necesidad de un órgano intergubernamental de impuestos que se establezcan en virtud de las Naciones Unidas. Social Watch es uno de los firmantes iniciales de esta carta y de otra similar dirigida al secretario general de la ONU, para que este asunto sea incluido en la agenda.

La ayuda al desarrollo está canalizada cada vez más a través instituciones financieras al desarrollo. Estas instituciones nacionales están particularmente solicitadas cuando se utiliza el dinero de ayuda al desarrollo para liberar aún más inversión. Cuando están bien utilizadas, estas herramientas tienen el potencial de permitir el desarrollo de los sectores de la economía de los países que, de otro modo, no atrajeran la inversión para fortalecerse y ampliarse. Sin embargo, esta publicación presenta una serie de deficiencias alarmantes en cómo operan estas instituciones que pueden impedir a los objetivos internacionales de desarrollo.

Este nuevo informe titulado ‘La eficacia del desarrollo en lo relativo al apoyo del sector privado con fondos AOD’ examina nueve Instituciones de Financiación del Desarrollo (IFD). Cinco estudios de casos sirvieron de base para el estudio, que encontró que las prácticas de las IFD resultan inadecuadas en relación con tres áreas esenciales:

El Consejo internacional para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (ICAE) anuncia el lanzamiento de la convocatoria a la novena edición del Curso de Formación en Incidencia por el Aprendizaje a lo largo de toda la vida (IALLA, por sus siglas en inglés), organizado por el ICAE que se realizará del 10 al 17 de noviembre de 2016 en Ouagadougou, Burkina Faso.

Un índice de desempeño ambiental (Environmental Performance Index, EPI), que será lanzado el 9 de mayo en las Naciones Unidas, pretende alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero en realidad esconde el impacto de los patrones de consumo y producción insostenibles en el Norte, así como las contribuciones del Hemisferio Sur para el logro de los objetivos acordados internacionalmente.

El EPI (se encuentra disponible aquí en inglés), ahora en su 10ª edición, fue creado por el Centro Yale de Derecho y Política Ambiental en colaboración con el Foro Económico Mundial (Davos).

Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos es el primer texto internacional que reconoce los obstáculos existentes que impiden a las familias que viven en situación de extrema pobreza acceder y disfrutar de sus derechos.

La adopción de los Principios Rectores por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en 2012 constituye una victoria significativa en la lucha por la erradicación de la miseria, reconoce que la extrema pobreza no es simplemente una cuestión de falta de recursos sino una cuestión de derechos. Los principios rectores identifican explícitamente las dinámicas que los gobiernos y actores involucrados deberían emprender para garantizar que toda persona pueda disfrutar de sus derechos y que la miseria sea erradicada.

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