Mexico

Los derechos humanos son también el punto de partida para la crítica de la sociedad civil a las políticas oficiales en México. Las organizaciones de la sociedad civil mexicana exigen coherencia entre la Agenda 2030 y las políticas gubernamentales en materia económica y energética. Afirman que la reforma en curso del sector energético prioriza las actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad en los territorios y sin las salvaguardias necesarias que protegen eficazmente el agua, el patrimonio biocultural, la salud de las personas y las comunidades. Como resultado del examen realizado en marzo de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomienda que el Estado mexicano tenga plenamente en cuenta sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y garantice la el pleno disfrute de los derechos reconocidos en él en la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional.

La experiencia de las Revisiones Nacionales Voluntarias y de los informes sombra (spotlight) de la sociedad civil

Porqué son clave para la participación significativa y el cabildeo

El evento paralelo "Implementación de los ODS a nivel nacional: ¿Cuál es el objetivo de los informes nacionales?" se llevó a cabo el 17 de julio en Nueva York, durante la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU. El debate se centró en los informes voluntarios nacionales (IVN) y en los informes paralelos "sombra" o "spotlight" realizados por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sobre el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las Observaciones finales que aprobó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, Comité DESC) tras haber examinado en marzo de 2018 los Informes Periódicos V y VI combinados del Estado mexicano sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), incluyen una recomendación sobre la prioridad que debe darle el Estado mexicano a los derechos humanos y a la participación de la sociedad al implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Han pasado más de 11 años desde la última vez que el Estado mexicano fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC) en 2006, y aunque en este período el país no ha dejado de ser objeto del escrutinio internacional en derechos humanos, éste se ha centrado mayormente en los derechos civiles y políticos cuando la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país también está conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no estatales que permanecen en la impunidad. En este contexto, y con el ánimo de contribuir a la importante y urgente labor de supervisión del Comité DESC sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en México -en vigor en el país desde 1981- las organizaciones y redes de la sociedad civil que suscribimos este Informe Alternativo sobre DESCA ponemos a disposición información relevante sobre estos derechos, basada en la investigación, el seguimiento y la experiencia de trabajo de muchos años en su promoción y defensa, exponiendo tanto el estado que guarda su cumplimiento, como los obstáculos, los retrocesos, las limitaciones y los desafíos que identificamos para la plena realización de los DESCA en México.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) de 30 países repudiaron hoy la deportación de un activista noruego y de una periodista británica-ecuatoriana que venían a participar o a cubrir la conferencia...

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También en México, el agua es una inquietud importante . Cien organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe conjunto ante la ONU donde documentaron el modo en que las «políticas de privatización benefician a las industrias extractivas y los megaproyectos, en lugar de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios esenciales». A los usuarios con dificultades para pagar las tarifas más altas se les está negando el derecho humano al agua y, en muchos lugares, la calidad del agua distribuida se ha deteriorado tanto que, en Aguascalientes, el 95 % del agua que bebe la gente es embotellada. En el informe, se señala que los problemas con el agua afectan a las mujeres de manera desproporcionada. «Cuando existen problemas de poca disponibilidad, suministro irregular y/o calidad del agua, las mujeres destinan mayor tiempo a acarrearla hasta sus hogares, hervirla, filtrarla y hacer las gestiones con las autoridades, lo cual a menudo les implica hasta 30 horas adicionales de trabajo doméstico a la semana».

En México es urgente proteger los derechos humanos de abusos empresariales y terminar con la impunidad antes que seguir promoviendo la inversión privada sin exigencias efectivas en materia ambiental, social y de derechos humanos. El contexto nacional es favorable para promover los negocios pero no el desarrollo sostenible ni los derechos humanos: reformas legales que dan preferencia a los proyectos energéticos sobre cualquier otra actividad, normatividad ambiental laxa y desactualizada, y un Estado indiferente ante abusos empresariales que afectan los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. En suma, un Estado omiso en la obligación de proteger los derechos humanos de su vulneración por actores no estatales.

Las privatizaciones del sector público han servido para empeorar las condiciones de vida pues exacerban las desigualdades, y ponen en peligro el cumplimiento de los derechos humanos.

México. Erradicar la pobreza extrema para el año 2030, una aspiración central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, es posible, pero sería necesario cambiar los actuales enfoques de política pública impulsados en el mundo, de acuerdo a un estudio.

Elaborado por una coalición de organismos civiles y sindicatos, el documento señaló que la erradicación es posible con los recursos económicos actuales en el mundo, pero las políticas públicas que podrían lograr ese propóstico han sido severamente debilitadas en las últimas décadas.

El Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México documenta las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo el país.

El informe detalla el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.

El estado mexicano viola los derechos humanos al agua y el saneamiento en todo el país, denunciaron más de cien organizaciones de la sociedad civil. Con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, estas organizaciones publicaron un informe sobre las principales fallas de las políticas públicas mexicanas. La mala calidad del agua ocasiona que en lugares como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada. Además se denuncian aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia y otras.

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