|
De la eficacia de la ayuda a la eficacia del desarrollo
 |
Con el objetivo de generar un desplazamiento discursivo, de la eficacia de la ayuda hacia la eficacia del desarrollo, se está llevando a cabo una encuesta sobre la implementación de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda. La sociedad civil global, a través de la plataforma Better Aid, exige que se profundice más allá de los aspectos técnicos hacia una visión más integral del desarrollo. En el corto plazo, esta visión reclama que cualquier acuerdo posterior a París sea ambicioso, político, vinculante para los signatarios y que incluya mejores indicadores y metas a cumplir en plazos determinados.
En el corto plazo, Better Aid reclama que cualquier acuerdo posterior a la Declaración de París de 2005, sea ambicioso, político, vinculante para los signatarios e incluya mejores indicadores y metas a cumplir en plazos determinados. A largo plazo, BetterAid promueve una Convención sobre Cooperación para el Desarrollo para alcanzar un sistema inclusivo y transparente que promueva coherentemente el desarrollo con equidad y sustentabilidad.
|
Informe 2010 de Social Watch: “En Chile urge una reforma tributaria para superar la desigualdad”
El pasado 23 de noviembre en el Centro Cultural Palacio de la Moneda de Chile, se realizó el lanzamiento oficial del Informe 2010 Social Watch.
Hugo Fazio, presentador del informe, y autor del capítulo chileno recordó que el país se encuentra entre los veinte países con peor rango de desigualdad en la distribución del ingreso y aseguró que se debe generar un profundo “cambio político que cree una nueva correlación de fuerzas” para que esas condiciones mejoren.
Presentación del informe 2010 de Social Watch en El Salvador
“Vulnerabilidad y violencia, reflejos de la pobreza”, el capítulo que corresponde a El Salvador en el Informe Mundial 2010 de Social Watch, fue presentado el pasado miércoles 24 de noviembre. Las organizaciones de Social Watch en El Salvador mostraron su preocupación por los pocos avances en materia de cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y plantearon la necesidad de una reforma fiscal como una de las principales recomendaciones que hacen al gobierno.
Cambio climático: carta de académicos chinos a EEUU
académicos chinos y organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Todd Stern, el negociador estadounidense sobre cambio climático, conminando a Washington a que iguale los esfuerzos de Beijing en lugar de seguir usando a China como excusa para su propia inacción
Mayor vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático
La asesora principal en Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Itzá Castañeda Camey, manifestó que las condiciones de exclusión de muchas mujeres rurales y urbanas las hace estar más expuestas a los efectos del cambio climático. Consideró que en las próximas negociaciones en la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-16), se deberá posicionar la desigualdad de género como un tema de desarrollo y por ende de la agenda climática.
Declaración de Antigua
Redes y organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe, reunidas en el “Encuentro sobre Posicionamiento y avance de la agenda de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, CIPD (El Cairo, 1994) a quince años en la región”, reafirmaron la urgencia de la implementación de los acuerdos de la Conferencia de El Cairo y manifiestaron su preocupación al constatar significativas insuficiencias y desiguales avances en los países de la región, estando lejos de cumplirse las metas definidas para 2015.
De la eficacia de la ayuda a la eficacia del desarrollo
Basado en notas de Ian Percy*
El proceso de debate ministerial sobre la eficacia de la ayuda que produjo la Declaración de París en 2005 y continuó en Accra en 2008 con la Agenda de Accra para la Acción tendrá un nuevo Foro de Alto Nivel a realizarse en Busán, Corea del Sur en 2011. La reunión es organizada por el Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda (WP-EFF por sus siglas en inglés), con el Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE (DAC) y el Banco Mundial actuando como secretariado. Social Watch es parte del grupo coordinador de la coalición Better Aid, una alianza de organizaciones de la sociedad civil que tratan de influenciar este proceso cambiando el discurso de la eficacia de la ayuda hacia la eficacia del desarrollo.
Actualmente, se está llevando a cabo una encuesta sobre la implementación de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda. La sociedad civil global, representada a través de la plataforma Better Aid está preocupada sobre la inclusión de dos indicadores opcionales: apropiación democrática y género. El carácter opcional de estos indicadores es un problema, ya que pueden ser fácilmente ignorados. Para asegurar que estas cuestiones importantes no se pasen por alto, la Red Realidad de la Ayuda, organización miembro de Better Aid, elaborará informes sombra en una serie de países que incluyan específicamente estos indicadores.
Para la reunión de Busán, Better Aid exige que se profundice más allá de los aspectos técnicos de la ayuda que han sido el foco del WP-EFF hasta ahora, hacia una visión más integral de la eficacia del desarrollo. El Foro de Alto Nivel debe centrarse en resultados verificables para evitar una nueva reunión en la que se habla mucho sobre los compromisos existentes para luego ignorarlos.
En el corto plazo, esta visión reclama que cualquier acuerdo posterior a París sea ambicioso, político, vinculante para los signatarios y que incluya mejores indicadores y metas a cumplir en plazos determinados. A largo plazo, BetterAid promueve una Convención sobre Cooperación para el Desarrollo para allanar el camino hacia un sistema inclusivo y transparente que promueva coherentemente el desarrollo con equidad y sustentabilidad.
La coalición BetterAid quiere ver un esfuerzo conjunto para alcanzar resultados visibles en la realidad, en otras palabras, un compromiso para garantizar el cumplimiento de los derechos y la mejora sostenible en la vida de los pueblos pobres y marginados.
Si bien el proceso del WP-EFF ha mejorado la arquitectura de la ayuda internacional, continúa siendo un proceso intrínsecamente ilegítimo que es llevado adelante mayoritariamente por los donantes, y donde los países "socios" tienen poco poder y por lo tanto poca voz. En reconocimiento de los desequilibrios de poder dentro de la OCDE, BetterAid aboga por un cambio en los ámbitos donde se discute la cooperación eficaz para el desarrollo más allá de Busán. El futuro del debate debe incluir a las Naciones Unidas.
Más información (en inglés): http://betteraid.org/en.html
* Ian trabaja como consultor en el Secretariado Internacional de Social Watch y asistió a la serie de reuniones del Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda (WP-EFF) llevada a cabo en París del 25 al 29 de octubre de 2010.
Informe 2010 de Social Watch: “En Chile urge una reforma tributaria para superar la desigualdad”
Fuente: Radio UChile
El pasado 23 de noviembre en el Centro Cultural Palacio de la Moneda de Chile, se realizó el lanzamiento oficial del Informe 2010 Social Watch. Hugo Fazio, presentador del informe, y autor del capítulo chileno recordó que el país se encuentra entre los veinte países con peor rango de desigualdad en la distribución del ingreso y aseguró que se debe generar un profundo “cambio político que cree una nueva correlación de fuerzas” para que esas condiciones mejoren.
La Asociación Nacional Chilena de Organizaciones No Gubernamentales ACCION dió a conocer el Informe 2010 de Social Watch, cuyo capítulo nacional se denominó “Sin justicia Social, no hay Desarrollo Sustentable”.
El informe entrega una mirada general sobre los procesos de erradicación de pobreza e igualdad de género en 62 países del mundo y, tal como lo advierten otras mediciones, la gran tarea pendiente de Chile en la materia continúa siendo la profunda desigualdad en la distribución del ingreso.
Si bien, el texto reconoce que a partir del 2000, tanto Chile como el resto del mundo, ha mejorado sustantivamente sus niveles de pobreza, las inequidades sociales serían la barrera que no permitiría alcanzar el desarrollo.
De hecho, según indicó el economista y uno de los presentadores de esta investigación, Luis Eduardo Escobar, Chile manifiesta una concentración de la riqueza similar a la que presenta Uganda, en circunstancias que nuestro ingreso per cápita se eleva cerca de los 20 mil dólares. Cifra que tampoco se condice necesariamente con la realidad, ya que parte de ese promedio está dado por las grandes fortunas del país. Un claro ejemplo de esto es que el 50 por ciento de los activos cotizados en la bolsa pertenecen sólo a cuatro familias, dentro de las que se incluye el patrimonio del Presidente, Sebastián Piñera.
En esa línea, el director del Centro Nacional de Estudios Alternativos (CENDA) y, Hugo Fazio, señaló que “las cifras de pobreza en Chile están subvaloradas. De hecho, el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, realizó un estudio para el CEP el año 2007, en el que actualiza la canasta básica de 1987 a cifras de 2007. Según su cálculo, en Chile el 30 por ciento de las personas son pobres. Hoy, cuando es secretario de Estado se olvidó de su estudio”.
El reporte de Social Watch también destaca la inequidad del sistema tributario chileno en el que impuestos como el IVA – que constituye el 50 por ciento de los ingresos fiscales – terminan perjudicando a las personas de menores recursos.
Por lo mismo, una de las conclusiones del estudio apunta hacia la necesidad de establecer un nuevo patrón de impuestos, pues indica que “la mejor manera de redistribuir la riqueza y hacer más equitativo su acceso” es a través de una reforma tributaria.
Exportaciones y dependencia del cobre
Otro de los aspectos que destacó el informe 2010 de Social Watch respecto Chile se relaciona con la dependencia histórica que ha tenido de la exportación de materias primas y que, en las últimas décadas, se ha exacerbado con la venta de cobre. Esta condición consagraría la vulnerabilidad de nuestra economía ante los vaivenes de los mercados internacionales.
Tanto es así que sólo en seis años el cobre pasó de conformar el 40 por ciento de los ingresos generales de la nación el 2004 al 60 por ciento en 2010.
“Chile vive un momento económico excepcional. El precio del cobre tiene el valor promedio más alto de los últimos años, por lo que el ingreso de recursos a la economía es gigantesco. Ese es un factor decisivo en el alto crecimiento de Chile y evidencia que seguimos siendo un país exportador de commoditties, que no hemos avanzado nada en cambiar esa situación”, precisó Hugo Fazio.
Sin embargo, el experto sostuvo además que “la principal riqueza de Chile no se aprovecha para resolver los problemas internos. La plata que se recibe se ahorra, lo que está bien en parte, pero una porción de esos recursos debieran destinarse a inversión pública en las áreas más deficitarias. Nuestro principal recurso se lo llevan las grandes mineras pagando muy poco, con royalty voluntario y con invariabilidad tributaria”.
Finalmente, el economista cuestionó las políticas adoptadas para utilizar los excedentes del mineral rojo: ¿Qué se hace con los excedentes del cobre? Ahorrarlos en el extranjero a tasas bajísimas, en bonos de países industrializados, que les permiten tener liquidez a bajo costo. Es decir le prestamos plata a los ricos y no la invertimos en Chile. Se hizo durante los gobiernos de la Concertación y este gobierno hará lo mismo”.
El informe de Social Watch se llevó a cabo con la colaboración de un centenar de organizaciones ciudadanas en cerca de 60 países alrededor del mundo.
Presentación del informe 2010 de Social Watch en El Salvador
"Vulnerabilidad y violencia, reflejos de la pobreza", el capítulo que corresponde a El Salvador en el Informe Mundial 2010 de Social Watch, fue presentado el pasado miércoles 24 de noviembre. Las organizaciones de Social Watch en El Salvador mostraron su preocupación por los pocos avances en materia de cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y plantearon la necesidad de una reforma fiscal como una de las principales recomendaciones que hacen al gobierno.
El documento, presentado por las Organizaciones Sociales del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP por sus siglas en inglés) brinda una serie de indicadores que señalan avances y retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) en El Salvador.
En el apartado para el país, el informe examina paso a paso desde la crisis económica de 2008, como el sistema de desarrollo en El Salvador, basado en el poder empresarial sin ningún tipo de ataduras, ha demostrado ser insostenible, y menciona como punto importante el cambio operado en el gobierno con la entrada al poder del presidente Mauricio Funes en el 2009. Sin embargo, a más de un año de mandato, se constata un estancamiento de los avances para combatir la pobreza.
Una de cada seis personas en el mundo vive en situación de pobreza, y de estos las dos terceras partes son mujeres y niñas. En El Salvador, el 34.6% de la población vive en condiciones de extrema pobreza, mientras 8 grupos económicos controlan 722 empresas que captan mensualmente 5 millones de dólares. La desigualdad es una realidad.
"El informe hace un análisis en el cual da un margen de espera para que el gobierno en turno pueda concretizar las promesas que ha propuesto en materia de desarrollo social", dijo Mario Paniagua, miembro de Social Watch El Salvador. Aunque de acuerdo a cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando Funes tomó al poder, sólo dos de cada 10 trabajadores tenían un contrato formal de trabajo con acceso a la seguridad social y un salario digno y el panorama no parece haber cambiado.
El informe destaca como las más serias preocupaciones de la ciudadanía y el Gobierno, la crisis económica y la inseguridad social. Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron 4.365 homicidios durante el 2009 (1.186 más que en el 2008), y durante los primeros seis meses del 2010 la PNC reporta 2.468 homicidios. Paniagua menciona que el gobierno actual está tomando una serie de medidas para disminuír el índice de homicidios, aunque no se mostró a favor del acuartelamiento en los centros penitenciarios.
Necesidad de Reforma Fiscal
Para Jeannette Alvarado, redactora del capítulo para El Salvador en el informe, la disminución de las desigualdades en el ingreso sólo es posible a través de una reforma fiscal y la redistribución equitativa de la riqueza.
El ejecutivo ha reiterado la necesidad de implementar reformas fiscales, medidas que no cuentan con el acuerdo de sectores privados. Sin embargo, muchos analistas y economistas de izquierda han señalado la necesidad de que el ejecutivo sea firme en este asunto e impulse una reforma real, en vez de buscar un pacto fiscal con los empresarios, como está haciendo.
"¿De dónde van a salir realmente los fondos para el desarrollo si no es a través de los impuestos? Y por justicia los que tienen más deben de pagar más y esto es a lo que se resisten aquí en el país", mencionó Alvarado.
Según Reina de Cárcamo, de la organización Siglo XXIII, la reforma fiscal es importante, pues considera que de la recaudación deben generarse proyectos de desarrollo social.
El informe concluye que el país debe enfatizar la lucha contra la vulnerabilidad, visible en los índices de pobreza y pobreza extrema. "Bajar los índices de pobreza y pobreza extrema, reformar el sistema de salud para hacerlo accesible a toda la población, desarrollar políticas de prevención de fenómenos naturales y avanzar hacia la equidad de género son prioridades que deberá fijar el nuevo gobierno".
Fuente: Contrapunto - Co Latino
Cambio climático: carta de académicos chinos a EEUU
Destacados académicos chinos y organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Todd Stern, el negociador estadounidense sobre cambio climático, conminando a Washington a que iguale los esfuerzos de Beijing en lugar de seguir usando a China como excusa para su propia inacción.
La carta, enviada durante las negociaciones en Tianjin en octubre, subraya que, pese al florecimiento económico, China aún es un país en desarrollo y que, por lo tanto, no hay margen para la pretensión de Washington de un acuerdo que se aplique en forma “simétrica” a Estados Unidos y a las más grandes economías en desarrollo.
Los firmantes entienden que esta pretensión de Washington no refleja ni el principio acordado en Kioto, de responsabilidad común pero diferenciada entre países desarrollados y en desarrollo respecto al cambio climático, ni tampoco los crudos datos de la realidad. Entre ellos, que Estados Unidos sigue siendo el mayor contribuyente al cambio climático: con menos del cinco por ciento de la población mundial es responsable del veintinueve por ciento de las emisiones acumuladas desde 1850 a 2006, mientras China, con al menos veinte por ciento de la población mundial, es responsable apenas del 8,62 por ciento. O que en 2009 China invirtió 34.600 millones de dólares en energía renovable (0,39 por ciento del PIB), mientras Estados Unidos apenas 18.600 millones (0,13 por ciento del PIB). O que China se comprometió a reducir sus emisiones entre cuarenta y cuarenta y cinco por ciento para 2020 (en comparación con 2005) y Estados Unidos apenas en diecisiete por ciento para el mismo período.
China, dicen los firmantes, “no debe seguir sirviendo de excusa para la continuada inacción de Estados Unidos, que debe cumplir con sus obligaciones con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Plan de Acción de Bali.
Su organización puede suscribir a esta declaración en: http://campaigns.item.org.uy
Fuente: Agenda Global
Mayor vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático
Por Anayeli García Martínez
México, DF 16 nov 10 (CIMAC).- ¿Integrar las relaciones de género en el análisis del cambio climático permitirá reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante este fenómeno?
El cambio climático es un fenómeno científicamente comprobado que tiene un efecto general en la población, pero su impacto depende, en gran medida, de la desigualdad en el grado de exposición de las personas y las comunidades.
Hablar de desigualdad significa que mujeres y hombres enfrentan diferentes condiciones sociales, culturales y económicas, las cuales están relacionadas con el actual modelo de desarrollo que ha profundizado la marginación y la pobreza.
La asesora principal en Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Itzá Castañeda Camey, expuso que este telón de fondo revela que las condiciones de exclusión de muchas mujeres rurales y urbanas las hace estar más expuestas a los efectos del cambio climático.
Opinó que las profundas desigualdades son causadas por diversos factores, entre estos: la carga de trabajo, los bajos salarios, la violencia sistemática, la poca participación en la toma de decisiones y las limitaciones en el acceso a los recursos productivos.
Investigaciones de la Alianza Global de Género y Cambio Climático (GGCA, por sus siglas en inglés) han comprobado que las mujeres viven de forma diferenciada los efectos del cambio climático.
Cerca del 80 por ciento de las muertes en el Tsunami de Asia fueron mujeres, pese a ello, la ayuda para la recuperación, en muchos casos, sólo fue para hombres jefes de hogar, debido a que ellas no eran propietarias de la tierra, citó.
La mayoría de las víctimas del huracán Katrina, en Estados Unidos fueron mujeres afro-americanas, así como sus hijas e hijos. Las recientes inundaciones en Veracruz dejaron a muchas mujeres jefas de familia sin casa, incrementando su pobreza patrimonial.
Castañeda Camey destacó que el tema de cambio climático y desigualdad de género, está muy vinculado con otras crisis como la del agua, los alimentos, la energía y la salud.
Ello porque dichos problemas de impacto mundial generan otros como sequía, desertificación y contaminación de los recursos hídricos, lo cual disminuye el acceso al agua, e implica más tiempo para colectar, almacenar, tratar y distribuir este líquido vital, una tarea que históricamente ha sido de las mujeres.
Además de los problemas hídricos, se prevé que “el cambio climático reducirá el rendimiento de las cosechas y la producción de alimentos en algunas regiones, particularmente en los trópicos”, un tema preocupante, ya que afecta la seguridad alimentaria.
Información del PNUD revela que las mujeres tienen los conocimientos necesarios para el mantenimiento de la biodiversidad, a través de la conservación y la domesticación de semillas de plantas silvestres comestibles, pero “hay que recuperar sus saberes y conocimientos”.
Con relación a la energía, el alto consumo de ésta no es homogéneo, y se relaciona con el poder adquisitivo de las personas. Por ello la especialista señala que la equidad y justicia en las negociaciones internacionales es fundamental para lograr una transición a sistemas energéticos sustentables y accesibles para todas y todos.
Precisa que mujeres y hombres tienen diferentes responsabilidades en la gestión de los recursos forestales, debido a que tienen papeles distintos en la siembra, protección y cuidado de las plantas y viveros.
Las mujeres están más presentes en la reforestación y deforestación porque la migración masculina ha hecho que ellas sean las encargadas de estas tareas pese a no ser propietarias de la tierra, afirma.
Consideró que en las próximas negociaciones en la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-16), se deberá posicionar la desigualdad de género como un tema de desarrollo y por ende de la agenda climática.
Existen innumerables mandatos globales que demandan la incorporación de la perspectiva de género en las discusiones relacionadas al cambio climático y su gobernanza, esto incluye los instrumentos que tienen que ver con derechos humanos, igualdad de género, desarrollo sostenible y ambiente, y reducción del riesgo de desastres.
Castañeda Camey refiere que dado que las mujeres desempeñan un papel importante en estrategias como la llamada Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, se debe asegurar que dichas acciones cumplan con los acuerdos internacionales y nacionales sobre equidad e igualdad de género.
Es prioridad que incluyan la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), con lo cual se aseguraría su participación en los procesos de elaboración de políticas públicas, dijo.
Igualmente, es necesario generar herramientas y metodologías para transversalizar el género en las iniciativas de cambio climático a nivel nacional, regional e internacional (políticas públicas).
Una recomendación viable es asegurar que todos los mecanismos de financiamiento e instrumentos asociados con el cambio climático incluyan el empoderamiento de las mujeres en todas las etapas, desde el diseño, la implementación y el monitoreo, hasta la evaluación.
Declaración de Antigua
Antigua, Guatemala, 21 de octubre de 2010
Las redes y organizaciones de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe, reunidas en el “Encuentro sobre Posicionamiento y avance de la agenda de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, CIPD (El Cairo, 1994) a quince años en la región”, manifestamos nuestra gran preocupación al constatar significativas insuficiencias y desiguales avances en nuestros países en la implementación de sus acuerdos, estando lejos de cumplirse las metas definidas para 2015.
El Programa de Acción de la CIPD significó un cambio de paradigma en el enfoque sobre población y desarrollo, al situar a las personas y sus derechos en el centro de las políticas. Estableció los vínculos entre población, desarrollo, medio ambiente y derechos humanos, definiendo una agenda integral para abordar sus principales problemas y desafíos. Afirmó que las desigualdades e inequidades de género y su relación con la pobreza constituyen un obstáculo de primer orden para pleno el ejercicio de los derechos humanos de todas las mujeres y para su acceso al desarrollo, señalando que la salud integral, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos que deben ser protegidos, garantizados y promovidos por los Estados. Y reconoció, asimismo, que dichos derechos están estrechamente vinculados con el desarrollo humano.
Los Estados de América Latina y el Caribe han ratificado y reafirmado en los últimos 16 años su compromiso con la implementación del Programa de Acción en sucesivos acuerdos internacionales y regionales. Para el cumplimiento pleno de estos compromisos se deben definir e instrumentar políticas públicas en población y desarrollo integrales y con enfoque de derechos humanos, que incorporen el fortalecimiento de los mecanismos de género dentro del Estado, asegurando los recursos financieros adecuados, oportunos y suficientes para su sostenibilidad.
Ello implica modificar la actual distribución de los presupuestos nacionales de tal modo que las políticas sociales sean efectivamente priorizadas y garanticen el acceso universal a la salud integral, y en particular a la salud sexual y reproductiva con énfasis en aborto y VIH, a la educación, y a la protección social como estrategias de enfrentamiento a la pobreza en este continente, el más desigual del planeta. En suma, es imperioso que se invierta en las personas y no en las armas, como garantía de paz entre los pueblos y se revierta, así, la militarización y el armamentismo que afectan de manera particular y directa la vida cotidiana de las mujeres.
Lo acordado por los Estados en el Programa de Acción, reafirmado en 1999 (Cairo+5), 2004 (Cairo+10), 2009 (Cairo+15), en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, y retomado en las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Quito, 2007; Brasilia, 2010) entrega un marco de acción plenamente vigente y acertado para el logro de sociedades más justas, igualitarias y equitativas, y para el reconocimiento efectivo de la ciudadanía plena de las mujeres.
Por ello exigimos que los Estados asuman sin dilaciones su responsabilidad de cumplir con dichos acuerdos. El costo de no hacerlo implicará un impacto directo en el desarrollo de los países y se traducirá en un mayor sufrimiento y violación de derechos humanos básicos, tales como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo digno, y a una vida libre de violencias para millones de mujeres de todas las edades, condiciones e identidades.
Saludamos la creación de ONU Mujeres y esperamos que sus acciones atiendan las prioridades de la agenda de los movimientos de mujeres y feministas de la región; que cuente con recursos financieros suficientes para cumplir con su mandato, y que se fortalezcan las sinergias entre esta entidad con las otras agencias del sistema de las Naciones Unidas, en particular con UNFPA, para responder de la mejor manera a los requerimientos del Programa de Acción de El Cairo.
Tal como manifestamos en la Declaración de Panamá, aprobada en agosto de 2009, las redes y organizaciones de América Latina y el Caribe reafirmamos nuestra decisión irrenunciable de bregar por los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos; por el desarrollo sustentable con igualdad, equidad y justicia social y contra la pobreza; por la paz y el desarme; por la protección del medio ambiente; por sociedades libres de toda forma de violencia y discriminación; por Estados laicos, soberanos y democráticos; y por sociedades con capacidad de exigir, defender y ejercer sus derechos.
Firmantes:
Redes y campañas regionales
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalizacion del Aborto en América Latina y el Caribe.
Campaña por una Convencion Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.
Campaña Punto Final a la Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe
Caribbean Association for Feminist Research and Action, CAFRA
Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones No Gubernamentales con Servicio en VIH/Sida, LACCASO
Enlace Continental de Mujeres Indígenas
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, ILGA
Jóvenes Latinoamerican@s Unid@s en respuesta al VIH/Sida, JLU
Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Viviendo con VIH/Sida
Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, RedTraSex
Red Feminista Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red Latinoamericana Católicas por el Derecho a Decidir
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, REDLAC
Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe
Redes nacionales
Foro de Mujeres y Políticas de Población, México
Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Chile
Red Dominicana por la Salud de la Mujer, República Dominicana
Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, RedeSaúde, Brasil
Organizaciones nacionales
Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo, ACDemocracia, Ecuador
Advocates for Safe Parenthood: Improving Reproductive Equity, ASPIRE, Trinidad & Tobago
Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, Chile
Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud, México
Base Educativa y Comunitaria de Apoyo, BECA, Paraguay
Católicas por el Derecho a Decidir, Bolivia
Católicas por el Derecho a Decidir, México
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM, Bolivia
Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”
Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM Guayaquil, Ecuador
Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana,
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México
Fundación Isis Internacional, Chile
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM, Argentina
Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, México
Movimiento pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH, Chile
Mujer y Salud, MUSA, Venezuela
Mujer y Salud en Uruguay, MYSU, Uruguay
Observatorio de Equidad de Género en Salud, Chile
SI MUJER, Nicaragua
Solidarite Fanm Ayisyen , SOFA, Haití
Taller Salud, Puerto Rico
Tierra Viva, Guatemala
Nota:
Declaración de Panamá: acceder a http://www.reddesalud.org/actualidad/act1_int.php?id=177
Fuente: AWID
