Social Watch y los MDGs a 10 años: "Necesitamos justicia, no más de lo mismo"
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Published on Thu, 2010-06-17 13:46
“Necesitamos justicia, no más de lo mismo” El próximo mes de septiembre los presidentes y primeros ministros del mundo se reunirán en Nueva York para evaluar los esfuerzos realizados para combatir la pobreza durante la década pasada y analizar los pasos a seguir en tiempos en que se da una conjunción sin precedentes de crisis mundiales (climática, alimentaria, energética, financiera y económica). La Organización de las Naciones Unidas se creó hace más de seis decenios en torno a la convicción de que debía existir un mundo “libre de temor y miseria” y con “dignidad para todos” dentro del marco de una “paz justa y duradera”. En 1995, una vez finalizada la Guerra Fría, este sueño se convirtió en el solemne compromiso, por parte de todos los jefes de Estado y de gobierno, de eliminar la pobreza del mundo y alcanzar la equidad de género. En 2000, la Declaración del Milenio fijó el año 2015 para el logro de los más urgentes objetivos de desarrollo social acordados internacionalmente, conocidos como los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” u ODM. Más de cien presidentes, monarcas y primeros ministros refrendaron el siguiente compromiso: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de mil millones de seres humanos.” El Objetivo número uno promete reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza y con hambre. En septiembre de 2008 ministros de todo el mundo declararon que “sin embargo, 1.400 millones de personas – mujeres y niñas en su mayoría – siguen viviendo en la pobreza extrema…” y en enero de 2010 el Banco Mundial anunció que “se estima que, debido a la crisis, para fines de 2010 es posible que otros 64 millones de personas estén viviendo en la pobreza extrema”. En vistas de que en 2010 había 1.500 millones de personas viviendo en situación de pobreza extrema (los 1.400 millones de 2008, más 64 millones que se agregaron debido a la crisis en 2009), ¡la promesa de reducir la pobreza parece casi imposible de cumplir! De hecho, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza de USD 1 al día “aumentó en 92 millones en África subsahariana y en 8 millones en Asia Occidental durante el período 1990-2005”. Más aún, “la situación de la pobreza se torna más grave cuando también se toman en cuenta otras dimensiones de pobreza reconocidas en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, tales como la privación, la exclusión social y la falta de participación”. Hablando frente a los jefes de Estado en Septiembre de 2005, cuando los ODM estaba siendo revisados una vez transcurridos cinco años desde la Cumbre del Milenio, Leonor Briones, de Filipinas, dijo en nombre de la sociedad civil: “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no habrán de alcanzarse en 2015 (si) el medio ambiente continúa siendo devastado y los temas mundiales de comercio, deuda y asistencia oficial para el desarrollo siguen sin ser resueltos” El objetivo 8 llamaba a establecer “alianzas mundiales” en torno al comercio, la asistencia, la cancelación de la deuda y la transferencia de tecnología a fin de hacer posible que los países en vías de desarrollo alcancen los otros siete objetivos relativos a salud, educación y saneamiento. Ha habido algún avance en la cancelación de la deuda externa bilateral y multilateral de algunos de los países más pobres, pero esto dista mucho de ser suficiente. En el área del comercio no se verifican pasos positivos. En septiembre de 2001, en Doha, dio inicio una “ronda de desarrollo” de negociaciones comerciales. Su componente relativo al desarrollo es insignificante, e incluso más, la ronda está todavía lejos de ver su conclusión. La transferencia de tecnología se ha vuelto aún más costosa debido a la estricta aplicación de las normas de propiedad intelectual. La asistencia extranjera no ha aumentado en lo más mínimo. En 1992 ascendía a 0,44 por ciento de los ingresos de los países donantes y en 2008 al 0,43 por ciento. El incumplimiento, por parte de los países desarrollados, de los compromisos asumidos en el Objetivo 8 se vincula por cierto a los insuficientes avances en los demás Objetivos. La dispar distribución de recursos internos es otro gran obstáculo. Durante los primeros años del siglo XXI, muchos países en desarrollo experimentaron elevados niveles de crecimiento económico, pero la reducción de la pobreza y la creación de empleo quedaron a la zaga. El “incumplimiento en materia de financiación, servicios, apoyo técnico y alianzas” se vio “agravado por las crisis alimentaria y económica mundiales así como por el fracaso de diversas políticas y programas de desarrollo”. Es así que “la mejora de las condiciones de vida de los pobres ha sido inaceptablemente lenta, y además se están erosionando algunos beneficios que costó mucho obtener”. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconoce abiertamente estos fracasos y afirma en forma explícita que los ODM son “una expresión de los derechos humanos fundamentales: los derechos de todos a gozar de buena salud, educación y amparo”. Abordar los ODM como derechos humanos fundamentales implica vincular la eliminación de la pobreza con el fortalecimiento de la equidad y la integración social. Según un reciente informe sobre la situación social en el mundo de 2010, “un enfoque integral con respecto a políticas económicas y sociales que beneficien a todos los ciudadanos (…) exige un nivel de activismo y universalismo estatales (en contraposición a la selectividad) que sea progresista y orientado en mayor medida hacia el desarrollo en el abordaje de las políticas sociales”. En situaciones de emergencia siempre existe la necesidad de implementar políticas sociales focalizadas, pero las observaciones de nuestros miembros durante el último decenio demuestran que tales políticas no son sustituyen la prestación universal de servicios sociales ni los enfoques basados en derechos. El informe 2009 de Social Watch encontró, además, numerosas indicaciones que demuestran que invertir en los pobres, a través de servicios sociales o incluso por medio de transferencias monetarias directas, constituye un mejor paquete de estímulos para las economías en general que subsidiar a quienes ya son ricos. La razón para esta correspondencia entre los imperativos éticos y la sensatez económica es sencilla; en épocas de crisis las personas acomodadas ahorran cuanto pueden, al tiempo que la aversión al riesgo desalienta a los inversores, mientras que lo único que pueden hacer quienes viven en la pobreza es gastar el apoyo que reciben. La red Social Watch, con miembros en más de 70 países, participará en forma activa en el proceso que precederá a la próxima Cumbre de septiembre y aportará al mismo las conclusiones y análisis de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. “Si los pobres fueran un banco, ya se los habría rescatado”, comentan muchos con ironía ni bien comparan la suma de dinero adicional que se requiere para cumplir con los ODM (unos USD100 mil millones al año) con los billones de dólares que se han desembolsado en los últimos dos años en los países más ricos para rescatar a los bancos en quiebra e intentar revertir los efectos de la crisis financiera. No obstante, en la práctica, los menos privilegiados tanto en países ricos como en países pobres no sólo sufren las consecuencias directas de la crisis bajo la forma de pérdida de empleos, ahorros e incluso viviendas, sino que también se les exige que paguen los rescates y los paquetes de estímulo por medio de impuestos más elevados y la reducción de salarios y beneficios sociales. En tal contexto, hacer un llamado para implementar “más de lo mismo” no es la solución. Mayor asistencia monetaria y mejores condiciones comerciales para los países en desarrollo constituyen un imperativo ético, ahora más que nunca. Pero, para confrontar los drásticos impactos sociales y ambientales de las múltiples crisis, es necesario moverse más allá del enfoque de “los mismos negocios de siempre”, y comenzar a trabajar en pos de un programa integral de justicia.
En épocas de crisis sin precedentes se requiere que los líderes tengan el coraje de ser audaces e innovadores. La noción de que aquel que contamina debería pagar por limpiar el estropicio que su irresponsable conducta ha creado no sólo se sustenta en la justicia y en el sentido común; es también una demanda política que los líderes no pueden ignorar. De forma similar, los ciudadanos de todo el mundo apoyan la noción de que los costos de la crisis financiera deberían ser pagados por los agentes financieros que eran “demasiado grandes como para fracasar”, pero que fracasaron igualmente. Es injusto y políticamente inviable esperar que sean los ciudadanos, bajo la forma de impuestos más altos y sueldos más bajos, y el deterioro de los servicios de seguridad social, educación y salud, quienes carguen con el fracaso de esos agentes. Durante los últimos 20 años, una pequeña cantidad de personas - diez millones - que representan menos de 0,5% de la humanidad, han retirado como mínimo, cada uno de ellos, un millón de dólares del control de sus gobiernos, de cualquiera de los gobiernos aquí representados, ubicándolos en los mercados negros de la economía subterránea offshore. Esta suma de más de 10 billones de dólares de dinero no declarado ni gravado no es un tesoro enterrado y escondido en alguna ensenada, sino que fluye a través de redes electrónicas, especulando contra las monedas nacionales, generando inestabilidad en el comercio mundial ilegítimo e inflando “burbujas” financieras que a su vez crean, por ejemplo, distorsiones de precios en materias primas del agro que llevan a la crisis alimentaria. Reclamar control sobre estas salvajes fuerzas financieras de enorme potencial destructivo sobre todas las economías es un tema que requiere colaboración internacional, y esta Asamblea General es el lugar legítimo para tomar decisiones sobre la colaboración internacional impositiva, establecer un Impuesto a las Transacciones Financieras y destinar una sustantiva proporción de los recursos que genera para el desarrollo, frenando de manera efectiva los flujos financieros ilícitos, incluyendo aquellos derivados de “precios de transferencia” que evaden impuestos, y por último, pero no menos importante, establecer mecanismos de renegociación de deuda justos para deudas soberanas y una afirmación de la legitimidad de las moratorias de deuda para los países en desarrollo abrumados por una crisis que no han creado. Hace diez años la Declaración del Milenio prometía “un mundo más pacífico, más próspero y más justo”. Social Watch ha asumido el compromiso de ayudar a los ciudadanos de todo el mundo a exigir que sus gobiernos rindan cuenta de esta promesa. Muchas gracias, Sr. Presidente » |
Declaración de Roberto Bissio en nombre de la red internacional Social Watch en las Audiencias Informales Interactivas con organizaciones no gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y del sector privado Naciones Unidas, Nueva York, 15 de junio de 2010. |