Camino a la inseguridad

Alessandro Messina; Sabina Siniscalchi; Jason Nardi
ARCI; ACLI; Fondazione Culturale Responsabilità Etica; Manitese; Movimondo; Sbilanciamoci; Unimondo

En los últimos cuatro años, las reformas estructurales y las privatizaciones provocaron la pérdida de décadas de conquistas sociales en Italia, beneficiando apenas a un pequeño porcentaje de la población. La calidad de vida está en franco descenso, junto con el incremento de la desigualdad, expresada en la reinstauración de privilegios para unos pocos. La inseguridad va en aumento, favorecida por un gobierno que muestra un creciente desdén por las normas democráticas, el diálogo institucional y social y los derechos civiles de aquellos que son, política, social o culturalmente, “diferentes”.

En los últimos cuatro años, Italia descendió paulatinamente en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: el país ocupaba el lugar número 19 en el mundo en 2000, pero para 2002 había caído al 20 y en 2003 llegó al 21.

En el Índice de Pobreza Humana, Italia permanece en el lugar número 11, sin avanzar desde el año pasado. El Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) reveló que “había 2,46 millones de hogares viviendo en la pobreza relativa en 2002, una cifra que representa a 11% de todos los hogares. La pobreza absoluta afecta a 926.000 hogares, o sea 4,2% del total.”[1]

Italia también cayó un lugar, del 20 al 21, en el Índice de Desarrollo Relativo al Género y, quizá en una tendencia incluso más alarmante, el país descendió del lugar número 31 al 32 en el Índice de Potenciación de Género. Este último toma en consideración la participación de las mujeres en la vida política y económica, y la distribución de la riqueza entre los sexos.

La inseguridad va en aumento en el país, favorecida por la actitud del gobierno, que exhibe un creciente desdén por las normas democráticas, el diálogo institucional y social, y los derechos civiles de aquellos que son, política, social o culturalmente, “diferentes”.

(In)seguridad institucional

El primer elemento de la inseguridad deriva del hecho singular de que el jefe de gobierno, Silvio Berlusconi, es al mismo tiempo el hombre más rico del país y controla cerca de 75% de los medios de comunicación en general y 90% de la trasmisión radiotelevisiva del país. Aunque los monopolios en los medios de comunicación son comunes en los países europeos, el caso de Italia es más inquietante debido al control directo e indirecto que Berlusconi y su empresa-partido ejercen sobre los medios de comunicación privados y públicos. El representante para la libertad de medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Freimut Duve, declaró que “esta forma de control de los medios de comunicación es claramente inconstitucional”. En definitiva, la tendencia actual de la política en Italia está caracterizada por la fuerte influencia de los medios de comunicación, con el consiguiente riesgo de caer en el populismo.

Vale la pena recordar la voz de alarma que levantaron los informes de prensa internacionales cuando comentaron el inicio de la presidencia italiana de la Unión Europea, en julio de 2003. El diario británico Financial Times hizo referencia al “presidente intocable de Europa”, la revista alemana Der Spiegel invocó al Tratado de la Unión Europea que prevé el procedimiento para sancionar a los Estados Miembros que violen algunos de los principios básicos del bloque, como la libertad de prensa o los fundamentos de los Estados regulados por principios “basados en derechos”, y la revista británica The Economist dijo que Berlusconi “no estaba apto para conducir el gobierno de país alguno”.[2]

En este contexto, algunas de las medidas tomadas por el gobierno en 2003 constituyen un motivo adicional de alarma, como la llamada ley Gasparri, que en la práctica otorga al Primer Ministro una concentración incluso mayor de los medios de comunicación en sus manos. La ley Gasparri - que lleva el nombre del Ministro de Comunicación - pretende ampliar el presupuesto publicitario a través del Sistema Integrado de Comunicaciones, impidiendo el establecimiento de un tope al volumen de ingresos que un único grupo de telecomunicaciones pueda generar mediante la publicidad.

La empresa de Berlusconi (Mediaset) ya ocupa una posición dominante - controla 63% del mercado - limitando el acceso al mercado y las oportunidades de crecimiento de nuevos grupos mediáticos. La nueva ley elimina en los hechos el conflicto de intereses, al extender los límites. Por ejemplo, los canales de televisión, la prensa y la radio están englobados junto con las telecomunicaciones y los sistemas satelitales, de manera que Mediaset parecería tener un porcentaje menor del total. Por otra parte, el mercado de televisión para abonados está monopolizado por otro gigante de los medios de comunicación, News Corporation, de Rupert Murdoch. Como declarara recientemente el Secretario General de la Federación Internacional de Periodistas, Aidan White: “Italia está a punto de transformarse en uno de los mercados de medios de comunicación más concentrados del mundo.”[3]

(In)seguridad social

El plan de acción del gobierno es evidente: trasladar progresivamente la responsabilidad por los servicios públicos al mercado y a las organizaciones humanitarias, con lo cual reduce el gasto social y apoya al sector privado. Se adoptaron moderadas medidas de seguridad social, pero a la vez se recortaron fondos que las autoridades locales destinan a las políticas sociales. Éste es un ataque evidente contra el Estado benefactor: se abren las puertas al mercado y a las empresas privadas. A cambio, a los italianos se les promete un recorte en los impuestos que les permitirá contar con más dinero para gastar en el mercado privado. Sin embargo, 64% de los ciudadanos preferiría pagar más impuestos y recibir mejores servicios públicos.

Entretanto, las políticas gubernamentales de empleo, seguridad social e inmigración - como la reducción de la duración promedio de los contratos, la incertidumbre creada respecto a la edad y la calidad de la jubilación, el tratamiento dado a los inmigrantes - contribuyen a profundizar la sensación de inseguridad en el país. Esto es agravado por el hecho de que los medios de comunicación masivos - especialmente las redes de trasmisión nacional - convierten cada pieza informativa en un caso criminal que amenaza “nuestro estilo de vida”. Esto es así especialmente en el caso de la inmigración. El año 2003 estuvo muy marcado por la aplicación de la nueva ley 189/2002, conocida como la ley Bossi-Fini, que combate drásticamente la “inmigración ilegal”. De hecho, la única opción al alcance de la mayoría de los 2,5 millones de inmigrantes era ingresar a Italia por la vía ilegal y acogerse a las amnistías posteriores.

En respuesta a la presión de los empresarios, que se benefician con el incremento de la inmigración, el gobierno toma medidas para dificultar la libertad de circulación de las personas, debilitando su situación jurídica, obstruyendo el proceso de integración social y otorgando efectivamente a los patrones el poder sobre el derecho de residencia de los inmigrantes. Simultáneamente, el gobierno alimenta el temor social que existe con respecto a los ciudadanos extranjeros retratándolos como delincuentes. El resultado - buscado activamente por el gobierno - es la limitación de los derechos de los trabajadores extranjeros. De hecho, al combinarse con las medidas introducidas por la nueva ley No. 30, conocida como la ley Biagi, también aprobada en 2003, se socavan los derechos de todos los trabajadores.

Junto con el progresivo desmantelamiento del Estado benefactor se produjo el crecimiento exponencial del número de personas recluidas en prisiones en años recientes. Al 31 de diciembre de 2002, la población carcelaria ascendía a cerca de 57.000 personas, a la que hay que sumar los 35.000 que cumplen condenas sin reclusión o están en libertad condicional. Aproximadamente 70.000 personas esperan que los tribunales decidan acerca de sus condenas sin reclusión. Si sumamos a esas cifras las personas con arresto domiciliario, bajo vigilancia con brazaletes electrónicos o sujetos a órdenes restrictivas, el resultado es más de 200.000 delincuentes condenados. Por lo tanto, el país ostenta una elevada tasa de detenciones: 100 presos cada 100.000 habitantes. Las cárceles italianas albergan a 16.000 personas más que el número de camas disponibles.

Una revisión de las características jurídicas y socioeconómicas de la población carcelaria muestra que aproximadamente un tercio de la misma son ciudadanos no europeos, la mitad de los cuales proviene de países islámicos, un tercio son personas con problemas de adicción a las drogas y el alcohol, 16.000 personas estaban desempleadas antes de su arresto, 22.000 no concluyeron la enseñanza obligatoria y más de 17.000 son menores de 30 años. Queda claro que las políticas penales están tendiendo a ser utilizadas para tratar problemas que eran abordados tradicionalmente por las políticas sociales.

(In)seguridad económica

En 2003, la presentación del libroLa desaparición de la Italia industrial[4] coincidió con la explosión de la crisis de la empresa Fiat, que presagió el derrumbe de dos destacadas empresas italianas de alimentos, Cirio y Parmalat, esta última quizá sea la mayor en la historia europea. Estos casos ilustran varias dimensiones de la profunda crisis que afecta al sector industrial y a la economía en general. Están relacionados con el sistema de producción, pero también con la corrupción del gobierno y el fraude contra los pequeños inversores e instituciones. La economía italiana atraviesa una crisis estructural en torno a su competitividad, gestión y, manifiestamente, su legalidad.

Actualmente, el sector financiero ya no es una herramienta al servicio de la economía real, sino un fin en sí mismo: en 2003, los bancos eran protagonistas de 50% de las fusiones y adquisiciones en Italia. Esos bancos también respaldan negocios turbios, ya que participan de sus capitales e inversiones, como en los casos de Parmalat y Cirio.

Simultáneamente, el mercado publicitario se contrae, pero la participación del sector de la radiotelevisión aumentó y ahora representa casi 60% del total. Esta tendencia se consolidó bajo el control del Primer Ministro y en su beneficio. Según la revista Forbes, Berlusconi ocupa el lugar número 35 entre las personas más ricas del mundo, con un patrimonio personal valuado en EUR 7.200 millones (USD 8.770 millones). Posee acciones por valor de EUR 7.300 millones (USD 8.890 millones) en el mercado de valores italiano y declaró un ingreso anual de EUR 9 millones (USD 10,96 millones).

El Primer Ministro reaccionó ante la situación económica actual proponiendo amnistías tributarias y la reducción de impuestos para aquellos que violan las normas edilicias, atacando el sistema de seguridad social público, creando un mercado laboral más precario, transfiriendo el sistema de educación al sector privado, reduciendo los impuestos a los grandes patrimonios privados, vendiendo bienes públicos por debajo de su costo y desmantelando el sector público universitario y de investigación. El mensaje a la ciudadanía no deja dudas: la astucia paga. Es precisamente lo contrario de lo que hace falta en un país sumergido en una crisis de identidad productiva y empresarial.

(In)seguridad ambiental

Las políticas ambientales italianas nunca han sido brillantes, pero rara vez pasaron por una etapa tan terrible. Aún no se asignaron fondos adecuados para aplicar el Protocolo de Kyoto, mientras el consumo de gas y petróleo, así como el transporte de carga carretero, reciben un tratamiento preferencial. Al mismo tiempo, se destinan menos fondos para proteger el mar y el ambiente. Los fondos para administrar las aguas de Venecia, por ejemplo, recibieron un recorte de 70%.

Asimismo, el gobierno declaró una nueva amnistía para quienes violan los reglamentos edilicios (la tercera en 19 años). Gracias a esta medida, el Estado perdió incluso más credibilidad. Los ciudadanos se verán tentados a violar las normas y a esperar la próxima amnistía. Por primera vez será posible reglamentar las violaciones cometidas en propiedades del Estado. Playas o sitios arqueológicos donde se construyeron casas de campo, restaurantes y cafés, adquirirán repentinamente estatus legal.

Entre 1994 y 2002 se construyeron 362.000 edificios ilegales nuevos, con los costos derivados del desarrollo urbano cubiertos por las autoridades locales en la suma de EUR 8.700 millones (USD 10.800 millones). Dadas esas cifras, las proyecciones indican que esta amnistía incrementará las violaciones futuras hasta 44%, lo que significa que sólo en 2004 se construirán 60.000 nuevos edificios ilegales, que en su mayoría dañarán al medio ambiente.

(In)seguridad internacional

Para 2004, el gobierno destinó EUR 1.200 millones (USD 1.480 millones) para cubrir los gastos de la participación italiana en la ocupación de Iraq. Esta partida representa más de 5% de incremento del gasto militar, que ya había crecido más de 10% en los últimos cuatro años. El presupuesto militar - que abarca a las misiones militares y al presupuesto del ministerio - es el único que crecerá en un año de recortes y restricciones.

Entretanto, los fondos para la cooperación internacional enfrentan una profunda crisis, principalmente debido a la insuficiencia de la ley 49/87, que reglamenta el compromiso italiano con respecto a la cooperación internacional, y a la progresiva decadencia del Directorio General de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está prácticamente paralizado. El Directorio ni siquiera garantiza la labor administrativa básica, que al menos contribuiría a mantener los proyectos en curso.

En 2003, el Comité Ejecutivo (el órgano operativo del Directorio y el que toma las decisiones) no sesionó durante meses, mientras cientos de proyectos esperaban para ser tramitados y seleccionados. Asimismo, las ONG italianas gastaron hasta EUR 30 millones (USD 36,5 millones) en proyectos que ya habían sido aceptados. Algunas ONG siguen esperando los fondos otorgados en 1997.

Existe una grave escasez de fondos. Sólo 0,2% del ingreso nacional bruto (INB) fue destinado a la cooperación internacional en 2002, convirtiendo a Italia en el penúltimo país entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en función del destino dado a los recursos. Esta situación desmiente las pomposas declaraciones de Berlusconi, cuando prometió en varias ocasiones elevar la cifra a 0,7% del INB.

Señales de despertar

En este contexto, debemos reconocer que existen señales de un despertar en la sociedad civil, que en muchas ocasiones ha mantenido un alto nivel de movilización y conciencia. Entre las iniciativas que vale la pena destacar están las del movimiento Girotondi en defensa del pluralismo de los medios de comunicación y la independencia del Poder Judicial; las de los sindicatos en respaldo del sistema educativo público, los planes jubilatorios públicos y los derechos laborales; y las campañas para reordenar las prioridades del gasto público y en defensa del patrimonio común. Se espera que este tipo de iniciativas aumenten, fomentando el compromiso civil y desafiando a los poderes y las instituciones políticas.

Notas:

[1]Informe Istat 2003. www.istat.it
[2]The Economist.www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=593654
[3] Federación Internacional de Periodistas. www.ifj.org/default.asp?Language=ES
[4]Gallino, Luciano.La scomparsa dell’Italia industriale. Einaudi, julio de 2003.