Nuevo sistema social, nuevas brechas

Martino Mazzonis; Alessandro Messina; Silvia Stilli; Raffaella Bolini; Soana Tortora; Francesco Petrelli; Marco Zupi; Marina Ponti; Sabina Siniscalchi.
Sbilanciamoci; ARCI; ACLI; Movimondo; CESPI; Mani Tese.

En aras de mejorar su eficacia económica y organizativa, la mayoría de los organismos que proporcionan bienes y servicios públicos han sido privatizados. Dada la ausencia de pautas claras para establecer criterios y restricciones respecto del poder discrecional de los gobiernos locales, esta reforma reducirá la unidad y la coherencia de las opciones políticas a lo largo de las regiones y aumentará, potencialmente, las desigualdades entre las regiones en un país donde los desequilipios económicos y sociales regionales ya son enormes.

Una retirada peligrosa

Una consecuencia de la globalización es el debilitado papel del Estado como garante de los derechos universales y redistribuidor de la riqueza. En Italia, como en otros países, se han privatizado la mayoría de los organismos que proporcionan bienes y servicios públicos, con el propósito de mejorar la eficacia económica y organizativa. (Sin embargo, cualquiera que haya leído a Dilbert sabe que las empresas tan grandes como para ofrecer servicios públicos son, por lo menos, tan lentas y complicadas como la burocracia pública, si no más).

Además, Italia, que está próximo al final de la escala en Europa en el rubro del gasto público destinado a la educación, el ambiente y el desempleo, pasa por una reducción en los ingresos impositivos. Este proceso, que favorece principalmente a las clases superiores[1], fue iniciado por el gobierno de centro izquierda mediante un cambio en las tasas impositivas correspondientes al ingreso personal. La polarización social y económica se está agudizando en un país donde, según Banca d’Italia (el Banco Central italiano), el 10% de la población acumulaba el 46% de la riqueza en 1998.

Las políticas sostenidas durante los primeros meses del nuevo gobierno de centro derecha parecen exacerbar esta tendencia. Desde el tercer trimestre de 2001, Italia se ha convertido en el único país de la OCDE sin impuesto a la herencia ni impuesto a las donaciones caritativas. El país ha anunciado que será el primero en abolir el principio de la tributación progresiva, con el propósito de fijar sólo dos tasas impositivas, muy similares entre sí.

El federalismo y la subsidiaridad son los principios rectores del proceso, recientemente acelerado, de transferencia del poder del nivel central al local. Tratamos con una interpretación ideológica y extrema de estos principios. El poder público está retrocediendo y la sociedad y el mercado han de organizarse a sí mismos. Sólo cuando se identifique una necesidad real (¿y quién habrá de decidirlo?) habrá de intervenir el Estado. En el último año en Italia, las decisiones políticas se tomaron basadas en el principio de la subsidiaridad para reformar la Constitución con el fin de otorgar más poder a las regiones. Sin embargo, no se fijaron pautas claras para establecer criterios y restricciones respecto del poder discrecional de los gobiernos locales. Por tanto, no se garantiza la homogeneidad territorial de los servicios, el rendimiento ni los derechos. Esta reforma reducirá la unidad y la coherencia de las opciones políticas a lo largo de las regiones. Potencialmente habrá de aumentar, en lugar de reducir, las desigualdades entre las regiones en un país donde los desequilibrios económicos y sociales regionales ya son enormes.

Parece que la igualdad —sea territorial, generacional o de otra índole— no se encuentra entre los pilares que sustentan la política del gobierno italiano. Por el contrario, el gobierno se ha aprovechado del caos mediático que sucedió a los hechos del 11 de septiembre y de la subsiguiente concentración de la atención en la erradicación del terrorismo para perseguir un camino específico: acentuar los privilegios de unos pocos, quebrantar los derechos consolidados en el último siglo (trabajo, vivienda, seguridad social) y reducir los servicios públicos. El gobierno ha emprendido un intento serio, aunque torpe, de desmantelar esas instituciones que más protegen a los ciudadanos, como el régimen jurídico y la participación de Italia en la Unión Europea. Simultáneamente, aún no se ha resuelto el grave conflicto de intereses entre el rol del actual Primer Ministro y su inmensa riqueza y propiedades en los sectores cultural, financiero, industrial y de las comunicaciones.

El retorno de la caridad

El sistema de seguridad social italiano necesita numerosas intervenciones. La prueba reside en los datos existentes sobre la pobreza (una palabra que se ha puesto tristemente de moda nuevamente en los últimos 10 años): 11,9% de las familias (13% de la población), que comprenden aproximadamente ocho millones de personas, viven por debajo de la línea de pobreza relativa, y 950.000 familias viven en la pobreza absoluta. Un tercio de las familias pobres son pobres que trabajan, y 70% de los pobres siguen siéndolo después de un lapso de dos años. No obstante, Italia es el único país europeo que no garantiza un ingreso mínimo. Una propuesta para poner en práctica un Ingreso de Entrada Mínima fue discutida y considerada efectiva por los ministros competentes, pero parecería no tener futuro debido a la “falta de fondos”.

La tasa de desempleo femenino en Italia es 50% superior al promedio europeo. Italia ocupa el lugar 14 con respecto a las mujeres con título universitario, y aparte de España y República Checa, sus ciudadanas ganan los salarios más bajos de Europa, un promedio de un tercio de lo que ganan los hombres. Los jóvenes italianos son los últimos en abandonar la casa paterna, los últimos en ingresar al mercado de trabajo y tienen la menor cantidad de títulos universitarios.

En suma, las medidas sociales que protegen a los ciudadanos (por ej., seguridad social, atención médica y educación) y a los grupos vulnerables (por ej., refugiados, prostitutas, personas sin hogar, víctimas del SIDA y drogadictos) padecen recortes graves, y el Estado abandona paulatinamente su papel inicial como garante de derechos.

Este proceso se está implementando mediante el incremento de fondos al sector privado para que ofrezca servicios sociales. En otras palabras, en lugar de proporcionar directamente los servicios sociales, el gobierno alienta a las familias a adquirir los servicios en el sector privado mediante la emisión de exenciones impositivas. El resultado es que sólo las familias más ricas (que tienen poder adquisitivo) tienen acceso al mecanismo de ayuda social. Las familias más pobres son cada vez más excluidas de poder recibir ayuda social, con la excepción de la que se ofrece como distintas formas de caridad.

Con este proceso de reformas de la seguridad social, Italia renuncia a la construcción de un estado social capaz de garantizar las oportunidades a sus ciudadanos. En cambio, elige un modelo de bienestar social similar al de principios del siglo XX, basado en la caridad de los ciudadanos ricos que son protegidos por el Estado.

Para concluir este breve análisis, señalamos el papel fundamental que tiene el tercer sector en la administración y la provisión de los servicios sociales. En los últimos años, las ONG se convirtieron en las principales proveedoras de servicios sociales a la administración pública. Hubo resultados positivos debido a su motivación, conocimiento local y experiencia con grupos vulnerables,. No obstante, este sistema ha generado contradicciones. En estos “mercados de ayuda social” existe el grave riesgo de explotación de las organizaciones del tercer sector (con o sin fines de lucro) con el objetivo de disminuir los costos. Esta situación no conduce a la implementación de los derechos fundamentales universales, que deberían ser la prioridad de las políticas sociales.

El ambiente: la última prioridad

Un análisis de las políticas ambientales italianas para 2002 no deja dudas de que las desventajas superan por lejos a las ventajas. El gasto destinado al ambiente en Italia es el más bajo en Europa y el más bajo en la Unión Europea (UE). En 2000 se destinó al ambiente 0,2% del PBI (equivalente a 49 euros per cápita), comparado con el promedio de 0,6% en la UE, con picos de 1,5%. Polonia, que no pertenece a la UE, destinó 0,9% a ese rubro.

Un vistazo al modelo italiano de transporte de personas y productos no mejora este panorama. Italia ocupa el primer lugar en Europa de cantidad de autos en circulación per cápita (0,54 en Italia, comparado con 0,45 en la UE y 0,34 en Dinamarca). Sesenta por ciento de los productos y 80% de las personas viajan por carretera; los pasajeros de tren y la cobertura férrea van en disminución, mientras aumenta el número de carreteras. Esta es la extensión de un modelo de consumo que es erróneo, atrasado y peligroso para el ambiente. No debería sorprender que en las ciudades italianas sólo se reserven 0,15 metros por persona para los peatones.

Es difícil ser optimistas para el futuro: el gobierno actual ha aprobado un plan de 10 años para invertir 50.000 millones de euros en las principales infraestructuras para las carreteras, mientras los únicos planes de inversión para las vías férreas se concentran en los trenes de alta velocidad, con rutas que ya están bien cubiertas. Los trenes de alta tecnología cubrirán a las zonas ricas mientras regiones y ciudades importantes siguen siendo de difícil acceso.

La política que afecta al ambiente no concluye aquí. Se han retirado muchas restricciones sobre los permisos para la construcción, en un país donde el respeto por los códigos de construcción nunca se ha aplicado (15% de los edificios construidos en 1999 fueron ilegales).

Un ejemplo más del abandono del sector público por parte del Estado (¿hay algo más publico que el ambiente?) está en el área de la disposición de los residuos: un área considerada de especial interés por el crimen organizado. (Se estima que las ganancias ascienden a 3.000 millones de euros por año, gracias a los residuos tóxicos y los vertederos ilegales). A pesar de la desaparición de entre 12 y 30 millones de toneladas de residuos cada año, el gobierno ha suprimido las inspecciones sobre su producción. Esto hace más difícil que se procesen los delitos ambientales (aproximadamente 30.000 por año) y que se apliquen políticas eficaces de disposición de residuos.

Políticas internacionales: de la hipocresía a la incoherencia

Italia no es un país generoso. No tiene una política de cooperación muy desarrollada. No ha cumplido sus compromisos, asumidos en la ONU en 1969, de destinar 0,7% del PBI a la cooperación para el desarrollo. En cambio, destina 0,13%, la cifra más baja de un país de la UE.

Sin embargo, Italia es muy generosa en lo que respecta a financiar a las empresas que invierten en el exterior y compiten en los mercados internacionales. El gobierno presuntamente no intervencionista de Italia entregó 5.000 millones de euros en créditos a la exportación durante el año pasado. La inversión de capital en el exterior totalizó los 30.000 millones de euros, mientras el resto provino de la industria italiana. A cambio, no se imponen restricciones a las compañías italianas, y éstas optan por invertir en represas, gasoductos y otros proyectos cuyo impacto ambiental y social jamás se miden. La prioridad se otorga a la exportación de productos y mano de obra italiana, y no se presta importancia alguna a la creación de un marco de desarrollo sostenible.

La política exterior italiana también tiene otros componentes: la guerra y la ayuda humanitaria. El gasto militar ha ido en aumento desde 1999 y los fondos adicionales que no se destinan a la defensa se utilizan para operaciones militares y la intervención militar humanitaria. Un ejemplo evidente es el de los Balcanes. En una región tan próxima a Italia, donde los intereses estratégicos superan el sentido de solidaridad, los fondos gastados en dos meses de intervención militar en 1999 superaron por tres lo que se ha gastado en ayuda desde 1999 hasta el día de hoy.

Gracias, en buena medida, a la movilización de la sociedad civil, Italia se destacó por el compromiso asumido con la cancelación de la deuda externa de los países más pobres en 1999. Pero dos años después, nada se ha concretado al respecto. Por el contrario, el nuevo gobierno retrasó las negociaciones con los países deudores, excluyó de los países beneficiados a los países de medianos ingresos (como Argentina, que experimenta en la actualidad una crisis enorme) y ha limitado la aplicación efectiva de la ley de diversas maneras.

Nota:

[1] ISTAT, Informe anual “La situación del país en el año 2000”.