La deuda de liderazgo internacional

Giampiero Rasimelli; Silvia Stilli; Raffaella Bolini; Sabina Siniscalchi; Marina Ponti; Francesco Petrelli; Soana Tortora
ARCI; MOVIMONDO; ACLI; MANI TESE

A pesar del aumento del empleo y la mejoría en el gasto y en las políticas sociales aparecen indicadores negativos: incidencia de la pobreza, problemas derivados del trabajo para las mujeres y clases sociales marginadas, junto con nuevas formas de discriminación y pobreza. En el plano internacional, las ONG señalan con pesar una completa incapacidad estatal para asumir un rol de liderazgo en los temas acuciantes del desarrollo de los países más pobres.

Desigualdades en la década pasada. ¿Che dire?

El análisis de la información sobre el gasto social y las políticas sociales de Italia en los últimos cuatro a cinco años muestran una mejoría general. Esto representa un cambio importante ante las tendencias pasadas, aunque dichos incrementos en el gasto no basten para eliminar los problemas de exclusión social y pobreza. Los incrementos son aun más notables si consideramos que durante este mismo período Italia debió recortar profundamente el gasto, en cumplimiento de su riguroso plan fiscal, uno de los más severos de Europa.

En 1996, el gasto destinado a los servicios sociales correspondió a los USD 272 millones. Con el presupuesto proyectado para el 2001, dicho gasto debería aumentar a los USD 1.500 millones. Estos datos representan el camino elegido por el gobierno para aumentar el gasto, en términos generales. El énfasis es puesto en proporcionar servicios y no en la transferencia de dinero, como era habitual en el viejo sistema de seguridad social.

Otros elementos de la legislación aumentaron y transformaron el marco de las políticas de seguridad social en Italia en este período. Por ejemplo, el gobierno aprobó leyes sobre inmigración, la protección de la infancia, los derechos de los discapacitados, asuntos de familia, los empleados públicos y la lucha contra las drogas. También se aprobó una ley fundamental para reformar el sistema de seguridad social en general y otras leyes y decretos que regulan el “tercer sector” (organizaciones no gubernamentales, trabajo voluntario, trabajo social) en términos de reconocimiento legal y beneficios fiscales.

Las políticas sociales ocupan una parte más importante de la agenda política que en el pasado y ya no se les destina un lugar secundario en las políticas de desarrollo. El nuevo énfasis en las políticas sociales también se vio facilitado por la reinterpretación y el renacimiento de la tradición de la Unión Europea en toda la sociedad italiana, y el resurgir del “Mezzogiorno” (la zona austral del país) como consecuencia de las gestiones para liberar a la región de la carga histórica y del poder de la mafia.

Mientras el gobierno se reorganiza a nivel federal, las nuevas leyes ya comenzaron a aplicarse mediante la fuerte descentralización de la administración de la política social hacia las regiones y, más aún, hacia los municipios. Esa descentralización debería permitir que las decisiones que se tomen sean más cercanas a las necesidades de los ciudadanos. Esto seguramente implique la necesidad de una mayor coordinación en cada área para hallar soluciones comunes y maximizar las capacidades y el potencial local.

El salto cualitativo representado por los cambios señalados no soluciona los problemas sociales. No obstante, es un buen comienzo ya que refleja un cambio de las tendencias pasadas de falta de atención e ineficacia del gobierno en este campo.

Desde el punto de vista del análisis social, debemos destacar la existencia —a pesar de las mejorías mencionadas y del aumento del empleo— de indicadores sociales negativos (incidencia de la pobreza, problemas derivados del trabajo para las mujeres, clases sociales marginadas, etc.) junto con nuevas formas de discriminación y pobreza. Por ejemplo:

  • El creciente número de inmigrantes en Italia (una tendencia que habrá de continuar) ha creado una presión importante, aún no resuelta en términos de políticas sociales adecuadas. El derecho al trabajo y los derechos de ciudadanía todavía no son prioridades del gobierno. La inmigración ilegal y la movilidad laboral de los inmigrantes son los aspectos más dramáticos y peligrosos de la realidad urbana.
  • Según las estadísticas más recientes, el número de empleados con salarios demasiado bajos como para mantener un nivel mínimo de vida para sus familias va en aumento. Esto genera una serie de problemas de marginación y exclusión social, que no siempre se pueden medir con los instrumentos y los indicadores tradicionales. La marginación conduce a la vez al trabajo no declarado de los jubilados, las mujeres y los menores de edad, a un elevado índice de deserción escolar, y al riesgo de caer en la delincuencia. En cada uno de estos ámbitos se observa un aumento de la violación de los derechos.
  • Se observa también una tendencia preocupante de discriminación contra aquellos que no pueden usar las nuevas tecnologías informáticas. Esa discriminación ocurre a nivel social, generacional y geográfico, y es posible que esté relacionada con el trabajo, la capacitación, la crisis de la educación y la insuficiencia de infraestructura en algunas zonas. si no se atacan frontalmente estas divisiones dentro del país, podrían generar consecuencias negativas. Algunas de estas consecuencias ya son evidentes.

La situación es fluida, ya que la exclusión grave existe, pero se inició un proceso de renovada concentración en la política social y las reformas. La nación y las unidades territoriales locales en toda Italia se enfrentan al reto de mejorar la calidad del desarrollo y las políticas sociales. El éxito exige redescubrir la cultura de derechos mediante la reinterpretación de la concepción europea de la seguridad social para todos. El resultado de ese desafío no es seguro, y el fracaso podría significar un retroceso para la política social italiana.

La sociedad civil italiana y la cooperación internacional en la década de los 90

La sociedad civil siempre ha apoyado activamente la solidaridad internacional en respaldo de aquellos que combaten las dictaduras, buscan la independencia y la autodeterminación o son víctimas de guerras civiles o conflictos étnicos. En los años 90, debido a la proximidad de la crisis en los Balcanes, dicha solidaridad, manifestada por asociaciones, autoridades locales y comités de ciudadanos, maduró y se transformó en un modelo operativo más consciente y complejo.

Los italianos ayudaron a la población “allende el mar Adriático” a reconstruir su tejido social y económico: por primera vez, la sociedad civil italiana reaccionó de manera organizada ante una crisis de política internacional. Esto condujo a la creación de importantes programas descentralizados de cooperación y al establecimiento de relaciones con las comunidades de los países balcánicos.

El “Foro de la Sociedad Civil por la Cooperación y el Apoyo de la Paz y la Producción Local en Defensa de los Derechos Humanos en Albania, Macedonia y la ex Yugoslavia” se celebró en la localidad italiana de Ancona, el 17 y 18 de mayo del 2000, promovido por una asociación de ONG, diversas asociaciones voluntarias, autoridades locales y las regiones italianas, en conjunto con la Conferencia de los Países participantes en el Pacto de Estabilidad de los Balcanes. Las instituciones nacionales adoptaron parcialmente los programas y propuestas surgidos de la conferencia. Los programas políticos de algunos partidos políticos italianos incorporaron el apoyo a proyectos y actividades productivas locales. Lamentablemente, este desequilibrio refleja la falta de un marco legislativo adecuado y actualizado que reconozca y apoye el papel de las ONG y de las autoridades locales, que desempeñan un papel crucial en la cooperación internacional de la Italia descentralizada.

La cooperación oficial al desarrollo se enfrenta al fracaso institucional

Las ONG contribuyeron activamente en 1987 a la aprobación de la Ley No. 49, que brindó el primer marco jurídico a la cooperación italiana con los países en desarrollo. Más adelante, las ONG observaron con pesar el mal uso de este buen instrumento legislativo, en una sucesión de episodios de severa corrupción y desperdicio que provocó la virtual parálisis de la cooperación italiana al desarrollo.

Las ONG denunciaron los aspectos escandalosos de la “mala cooperación”. También denunciaron la absoluta incapacidad de este país, integrante del G-7, para mejorar las vidas de los grupos sociales más vulnerables en los países más pobres, aunque ese era el objetivo de la Ley No. 49. Las ONG señalaron que los gobiernos italianos de los últimos 10 años no concedieron suficiente importancia a la cooperación internacional, y que la financiación destinada a las principales organizaciones internacionales y a los países en desarrollo ha sido casual.

En virtud de lo anterior, las ONG apoyan la adopción de una nueva ley que cumpla con los acuerdos internacionales firmados en los años 90 en las conferencias mundiales de la ONU sobre problemas acuciantes de desarrollo, tales como: la continuidad entre la ayuda humanitaria y los programas de desarrollo; la reevaluación de la intervención internacional y el apoyo al desarrollo estructural; el mantenimiento de una fuerte presencia italiana en la OCDE para reforzar posturas como la eliminación de la ayuda condicionada; garantizar la calidad de la ayuda (ya que se entrega tan poco de las de por sí reducidas cantidades destinadas a la ayuda a sectores clave de desarrollo, como la educación, la salud y el agua potable); la coherencia entre la cooperación para el desarrollo, la política exterior y las posturas adoptadas por Italia en las organizaciones internacionales; y el incremento de la ayuda al nivel mínimo del 0,7%.

El 18 de noviembre del 2000 la Comisión de Asuntos Extranjeros del Parlamento presentó proyectos de ley que incluían muchos de estos objetivos, y las ONG presionaron al parlamento italiano para que aprobara la legislación antes de que concluyera el período. Lamentablemente, dicha aprobación no parecía cercana. Al no convertir los derechos de la población de los países en desarrollo en una de sus prioridades, Italia dejó pasar, una vez más, una excelente oportunidad para asumir un liderazgo confiable en el escenario político mundial.