Paraguay

Durante los últimos diez años Paraguay ha sido testigo de lo que pareciera ser un incremento de la conflictividad social reflejado en el asesinato de dirigentes campesinos vinculados a la lucha por la tierra, ataques de un grupo armado, varios secuestros, violencia juvenil en las escuelas y canchas de fútbol y en la inseguridad ciudadana.

Según la evidencia empírica latinoamericana, todos estos hechos están vinculados,de alguna u otra manera, con los altos niveles de desigualdad y la consecuente exclusión que hay en el país. Estas desigualdades tienen como base una cultura de la negación del otro, que se traduce en la desvalorización y el desprecio a las características propias de quienes son diferentes: campesinos, indígenas, jóvenes, pobres.

Foto: DECIDAMOS

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Capítulo Paraguayo de la PIDHDD, presenta la investigación “Obstáculos institucionales y jurídicos para el acceso a la tierra y su regularización por parte de la población campesina”, realizada por la organización Base Investigaciones Sociales (BASE IS).

El material, realizado por un equipo de Base Investigaciones Sociales (BASE IS), organización miembro de la Codehupy, tiene el propósito de evidenciar los obstáculos de carácter jurídico e institucional con los que se encuentra la población campesina al buscar acceder a la tierra y su regularización por la vía institucional. Además, evaluar la pertinencia del marco jurídico e institucional para el acceso a la tierra, difundir casos de estudio en relación a experiencias de comunidades campesinas y la problemática de la tierra, entre otros.

Decidamos, Campaña por la expresión ciudadana realiza la presentación de la Agenda de Políticas Públicas para Mujeres. La publicación se realiza en el marco de la campaña Sin Mujeres No Hay Democracia, que tiene por objetivo lograr una mayor participación femenina en el proceso electoral del Paraguay y cuenta con el apoyo de ONU MUJERES.

La participación de las mujeres en la vida política y pública del Paraguay sigue siendo objeto de múltiples limitaciones y discriminaciones. En el plano cuantitativo, se puede afirmar que si bien las cifras de acceso de mujeres a cargos electivos de representación han aumentado a lo largo del proceso de apertura y consolidación de la democracia en las dos últimas décadas, aún se está lejos de alcanzar el objetivo de la paridad en el acceso de las mujeres.

Manifestación por la democracia
en Asunción, 24 de junio:
“El contrato social se rompió.”
(Foto: Decidamos-Paraguay)

“El contrato social se rompió” en Paraguay por el “golpe parlamentario” por el cual se destituyó el 22 de junio de 2012 al presidente Fernando Lugo, señaló la Campaña por la Expresión Ciudadana (Decidamos) en su aporte al Informe de Social Watch 2013. Lugo había asumido el cargo con 41% de los votos y contaba en 2011, al llegar a los tres años en el gobierno, con la aceptación de 50% de la población”.

Lentos avances hacia los ODM <br> Como firmante de la Declaración del Milenio, el Estado paraguayo está comprometido a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. El hoy ex presidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) reiteró ese compromiso, y su sucesor Fernando Lugo (2008-2012) lo incluyó explícitamente en sus dos principales programas: el Plan Estratégico Económico y Social 2008-2013 y la Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020.
Foto: Decidamos-Parguay

Diversas organizaciones de la sociedad civil de Paraguay remitieron esta semana cartas a las autoridades electorales, a las instituciones que rigen los medios de comunicación y a la Cámara de Anunciantes para denunciar por ilegal la realización de propaganda hacia las elecciones internas de partidos y agrupaciones políticas antes de los plazos establecidos.

Familiares de víctimas de la
masacre. (Foto: Conamuri)

La muerte de 17 personas en un aparatoso operativo de desalojo en la localidad paraguaya de Curuguaty el 15 de junio es responsabilidad de funcionarios que actuaban desde la Fiscalía General del Estado, la Policia Nacional y el Ministerio del Interior, afirmó esta semana una misión internacional de organizaciones de la sociedad civil que investigó el caso en el terreno.

Gráfica: Decidamos

Sesenta y ocho por ciento de los casi 1.400 entrevistados en la última consulta de la Red Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos de Paraguay, iniciativa que recoge opiniones sobre diversos asuntos a través de la telefonía celular, consideraron que la destitución en junio del entonces presidente Fernando Lugo fue un “golpe parlamentario” y no un “cambio constitucional”.

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