Paraguay

Foto: DECIDAMOS

En un nuevo aniversario del derrocamiento de la dictadura stronista (1954-1989) y del inicio del proceso democrático en Paraguay, la Mesa Memoria Histórica y la CODEHUPY creen fundamental resaltar la importancia de este hecho ocurrido hace 26 años. Si bien, desde la caída de la dictadura se han dado avances –que consideran aún insuficientes- en materia de institucionalidad política, el Estado aún tiene numerosas deudas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación.

Entre ellas, se encuentran: 1) el juzgamiento a los agentes del régimen stronista responsables de crímenes de lesa humanidad, lo cual llevó a que víctimas de la dictadura presentaran una querella en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal; 2) la recuperación de unas 7.800.000 hectáreas de tierras malhabidas (en su mayor parte otorgadas durante la dictadura), y 3) la reparación integral a los pueblos indígenas.

Organizaciones sociales y políticas de Paraguay se movilizaron el 10 de diciembre en una gran marcha en el día internacional por los derechos humanos. La marcha, convocada por unas 17 organizaciones campesinas y urbanas, que participan de la construcción del Congreso Democrático del Pueblo, un frente de lucha común contra las políticas económicas del gobierno.

Las comunidades del pueblo Pâi Tavyterâ, en los departamentos paraguayos de Concepción y Amambay, vienen sufriendo atropellos a sus derechos, denuncia la Coordinación Nacional de Mujeres Trabajadpras Rurales e Indígenas (Conamuri). La población de estos territorios ancestrales y la vida de las mujeres están en riesgo por las violencias sufridas por parte de las autoridades locales, fuerzas militares, empresarios sojeros y ganaderos.

"Decidamos" el miembro paraguayo de Social Watch ha presentado presenta un análisis exhaustivo de la educación que incluye los siguientes aspectos: a) infraestructura escolar; b) administración del sistema educativo; c) relaciones conflictivas entre las organizaciones docentes y el gobierno; d) la inversión en educación; e) la implementación de programas específicos, la creación de centros para la atención a niños y niñas de tres a cuatro años, y f) la situación de emergencia generada por las inundaciones y las respuestas dadas por el sector educativo.

La relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza de ingreso se produce principalmente por dos vías: la generación de ingresos laborales directos y las políticas redistributivas que mejoran las capacidades y oportunidades que les permiten a las personas aprovechar mejor el buen desempeño económico.

El crecimiento económico es el resultado del buen funcionamiento de los diversos mercados que se traduce en mayores ingresos para quienes participan en estos. Con mayores ingresos se reduce la pobreza, se facilita el acceso a bienes y servicios y, por ende, mejora la calidad de vida y el bienestar de la población.

Social Watch saluda a Decidamos, punto focal de Social Watch en Paraguay, en su celebración de 25 años de vida institucional.

En estos 25 años Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana, ha contribuido a la construcción de un un país con más democracia y mayor justicia social.

En el marco del 150° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT), juntamente con sus abogados, y representantes del Estado Paraguayo, fueron convocados por la CIDH a una Reunión de Trabajo.  El objeto de dicha convocatoria fue analizar la situación y avances sobre las Medidas Cautelares solicitadas (MC- 54-2013 “Pueblo Indígena Ayoreo Totobiegosode y su grupo en aislamiento en el Paraguay).

Los dirigentes Ayoreo Totobiegosode expusieron la realidad de los hechos que hoy afectan al conjunto de su pueblo; refirieron que los ganaderos desmontan todo el entorno de su patrimonio, que fincas ya aseguradas y reclamadas por ellos están siendo intervenidas por personas extrañas, quienes depredan sus recursos sin que el Estado paraguayo los proteja y cautele sus derechos. Indicaron que sus parientes del monte, los Totobiegosode que viven en estado de aislamiento, se hallan en estado de peligro y corren serio riesgo de perder sus propias vidas. Los abogados Duarte y Berraondo señalaron que la situación de los Ayoreo Totobiegosode y su gente en aislamiento es cada vez más grave. Afirmaron que, urge prevenir, y evitar, la violación de los derechos humanos de este pueblo indígena.

Foto: DECIDAMOS.

Organizaciones sociales se movilizan en defensa de los derechos humanos exigiendo su plena vigencia. Además denuncian que a 24 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, los cómplices, encubridores y responsables de los crímenes cometidos durante el período 1954-1989 siguen impunes, disfrutando de los bienes mal habidos, mientras las víctimas, sus familiares y el pueblo empobrecido sufren aún las consecuencias del terrorismo de Estado implantado durante el último período dictatorial.

La criminalización de las luchas sociales se expresa en varios ámbitos de la lucha social, pero sin duda tiene su expresión más aguda en el conflicto por la tierra; a la fecha suman ya  132 los campesinos asesinados desde el advenimiento de la “democracia” y 2 en los primeros 100 días del Gobierno colorado de Cartes. Una muestra de esta criminalización son las imputaciones de dirigentes campesinos y sindicales, las represiones permanentes en movilizaciones reivindicativas.

La CDIA – Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, DECIDAMOS, Campaña por la Expresión Ciudadana, y POJOAJU – Asociación de ONGs de Paraguay, manifiestan su preocupación sobre los alcances del Decreto 469 del 10 de octubre de 2013  que aprueba el plan financiero y se establecen normas y procedimientos para el proceso de ejecución del presupuesto general de la nación.

Las organizaciones entienden que el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGGN) es el principal instrumento de financiamiento del desarrollo que tenemos como Estado, y los gobiernos deben garantizar la continuidad y ampliación de las políticas públicas, en particular aquellas que tienen vinculación a los Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, asignando los recursos hasta el máximo disponible, y buscar los apoyos necesarios para sostener estas acciones.

Durante los últimos diez años Paraguay ha sido testigo de lo que pareciera ser un incremento de la conflictividad social reflejado en el asesinato de dirigentes campesinos vinculados a la lucha por la tierra, ataques de un grupo armado, varios secuestros, violencia juvenil en las escuelas y canchas de fútbol y en la inseguridad ciudadana.

Según la evidencia empírica latinoamericana, todos estos hechos están vinculados,de alguna u otra manera, con los altos niveles de desigualdad y la consecuente exclusión que hay en el país. Estas desigualdades tienen como base una cultura de la negación del otro, que se traduce en la desvalorización y el desprecio a las características propias de quienes son diferentes: campesinos, indígenas, jóvenes, pobres.

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