Ley de Presupuesto chilena para 2015 agrava las políticas privatizadoras en educación superior

Protesta estudiantil en Santiago. (Foto: Hans Peters/Flickr/CC)

El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL, manifiestan su preocupación acerca del hecho que el proyecto de Ley de Presupuesto 2015 no contempla cambios significativos en la estructura actual del financiamiento público de la Educación Superior. Por el contrario, se han aumentado significativamente las partidas destinadas a “subsidiar la demanda”.

El país ha manifestado su intención de terminar con el lucro y la mercantilización de la educación. No es posible que la Ley de Presupuesto 2015 reitere y agrave precisamente las políticas privatizadoras que los han generado en primer lugar.

CENDA e ICAL solicitan que se revise la Ley de Presupuesto 2015, redestinando el grueso de estas partidas a financiamiento directo y estable a las instituciones de calidad que establezcan el 2015 un arancel diferenciado con tres tramos: arancel cero para los estudiantes que ameritarían becas, arancel rebajado en el equivalente al arancel de referencia para quienes ameritarían crédito solidario o con aval del Estado (CAE) y no tengan beca, arancel rebajado en 10 por ciento para el resto. Adicionalmente, se sugiere establecer un fondo para reubicar en instituciones estatales a los estudiantes y académicos de las entidades que no ameriten financiamiento público.

Ver aquí la presentación realizada por ICAL y CENDA ante parlamentarios, septiembre 2014.

Sobre estos temas, CENDA e ICAL sugieren que se considere::

1. El incremento del financiamiento público destinado al “subsidio a la demanda”, que ya el año 2014 representaba tres cuartas partes del presupuesto de educación superior, ha generado creciente privatización, incentivado el lucro en las instituciones, debilitado la educación pública, instalado una ineficiente asignación de recursos, encarecido los aranceles y mantenido una carga agobiadora de desembolsos y endeudamiento sobre los estudiantes y sus familias. Eso no puede continuar un año más. Especialmente en el caso del Crédito con Aval del Estado (CAE), que el gobierno anterior había propuesto terminar mediante un proyecto de ley que lo reemplazaba por un crédito menos oneroso. Ello fue rechazado por el actual parlamento, con el razonable argumento que la reforma daría una mejor solución, sin embargo, la misma no estará disponible para el año 2015, puesto que los proyectos de ley respectivos no han sido presentados todavía.
2. La Ley de Presupuesto 2015 puede recorrer de un tranco la mitad del camino hacia la gratuidad en educación superior, con pocos recursos adicionales. Parece sencillo saldar el resto mediante cinco o seis rebajas anuales sucesivas de aranceles, todas ellas ciertamente compensadas con creces mediante recursos presupuestarios estables. Es decir, la gratuidad es perfectamente posible, empezando ahora nada menos que con la mitad, beneficiando de inmediato a los estudiantes de menores recursos. Para saldar el resto, basta con el crecimiento vegetativo del presupuesto educacional o poco más. Quienes con gran alharaca proclaman que no se puede y no resulta equitativo, o no han estudiado bien las cifras, o buscan disfrazar con estos falsos argumentos su intención de dejar las cosas como están. Esto último no tiene ningún destino.
3. Los ingresos de operación de todas las instituciones de educación superior suman poco más de tres billones de pesos, según sus balances reportados al Sistema de Información de Educación Superior (SIES). Dos tercios de los mismos son financiados mediante aranceles, de los cuales uno es aportado por el Estado mediante becas y créditos y el otro por las familias de su bolsillo, en términos aproximados. El tercio restante de los ingresos operacionales es financiado a su vez por el Estado mediante otros aportes, y también por venta de servicios, donaciones y otros. Es decir, el Estado financia actualmente poco menos de la mitad de los todos los aranceles, tanto de pregrado y postgrado, cobrados por todas las instituciones de educación superior. Para alcanzar la mitad de la gratuidad el 2015, basta con redireccionar el grueso de las partidas del Presupuesto 2015 correspondientes a becas, crédito solidario y crédito con aval del Estado (CAE), aportando adicionalmente la parte menor de este último que hoy financian los bancos, destinando todos esos recursos a aportes directos a las instituciones de calidad debidamente acreditada, que manifiesten su voluntad de ingresar al nuevo sistema público, rebajando sucesivamente sus aranceles, a partir del 2015 hasta alcanzar la gratuidad.
4. Estas instituciones deberán establecer a partir del año 2015 un arancel diferenciado con tres tramos: un primer tramo con arancel cero para los estudiantes que ameritarían becas, al cual tendrán acceso todas las familias que pertenecen al 70 por ciento de menores ingresos de la población. Un segundo tramo de arancel rebajado en el equivalente al arancel de referencia, para quienes ameritarían crédito solidario o con aval del Estado (CAE) y no tengan beca, y que pertenecen a los grupos de ingresos que siguen a los anteriores. Finalmente, un tercer tramo corresponderá al actual arancel completo rebajado en un 10 por ciento, para el resto de los alumnos que no tienen acceso a becas ni créditos.
5. El Estado compensará a estas instituciones, garantizando que reciban al menos la misma cantidad de recursos que percibirían por becas, CAE y crédito solidario, además de un suplemento que compense la rebaja en los aranceles de los alumnos que no tienen acceso a estos beneficios.
6. Esta medida beneficiará significativamente a todos, pero especialmente a los alumnos que contratan créditos, los que incluyen a casi todos los que tienen becas y que hoy deben suplementarlas con créditos para cubrir los aranceles reales. Ellos representan más de la mitad del alumnado total de educación superior. También se beneficiarán el resto de los alumnos, con una rebaja del 10 por ciento de sus pagos.
7. También beneficia a las instituciones, puesto que aumentarán sustancialmente sus aportes presupuestarios estables, permitiendo mejorar las condiciones contractuales a sus académicos y funcionarios. Especialmente aquellas que hoy reciben CAE, el cual deben avalar con los bancos que administran este crédito. Por lo mismo, es evidente que las no todas las instituciones de educación superior podrán optar a estos beneficios, sino sólo aquellas que satisfagan requisitos de calidad, por ejemplo, varios años de acreditación, y se comprometan a la rebaja sucesiva de aranceles, puesto que sería impresentable que aprovechasen este beneficio para subirlos.
8. Los alumnos que estudien en instituciones acreditadas que no estén dispuestas a entrar al nuevo sistema público con arancel diferenciado, continuarán recibiendo becas y contratando CAE, al menos mientras se tramiten las leyes definitivas de reforma de educación superior.
9. Otras instituciones ya no pueden acceder a becas o CAE, puesto que perdieron su acreditación. No pocas se encuentran actualmente y por lo mismo, en una situación financiera comprometida. El Estado debe preocuparse de los estudiantes, académicos y funcionarios, de estas instituciones, así como los de aquellas que no ameriten acceder a estos beneficios por no contar con los años de acreditación requeridos. Para ello, la Ley de Presupuesto debe contemplar una partida que permita reubicar en instituciones estatales, a sus estudiantes, profesores y funcionarios, en caso de ser requerido.
10. Sin perjuicio a los puntos anteriores, es de vital importancia además fortalecer a través del presupuesto a las instituciones de educación superior del CRUCH, especialmente a aquellas estatales. Esto con el fin no solo de permitirles enfrentar el nuevo escenario como una oportunidad de crecimiento y avance, sino que también con el fin de, en el caso de las estatales, ponerlas a la cabeza del nuevo sistema de educación superior en Chile. Para esto, se plantea el aumento en un 100% del Aporte Fiscal Directo, del cual parte importante debe ir destinado a las instituciones estatales.

Fuente: CENDA.