El amargo sabor de la piña

Eva Carazo - Carlos Pentzke
CEP Alforja

Introducción[1]

En Costa Rica se dan dos tendencias que preocupan a los expertos de la cuestión ambiental. Por un lado, la creación de áreas protegidas y la agenda de conservación no son suficientes para manejar los territorios de manera sostenible, de manera que se reduzca el impacto que tienen las formas de producir en la calidad y disponibilidad de los recursos naturales. Por otro lado la manera en que la población utiliza los recursos, de forma insostenible, provocan que en el 2011 un 8% más del territorio disponible se use para satisfacer la demanda de recursos naturales. Además la tensión que se produce entre la conservación y la actividad productiva, desarrollan una creciente conflictividad social por el uso del territorio, dentro y fuera de las áreas protegidas.

En este escenario  el Estado costarricense ha  tomado la  posición de abandonar la prioridad política de los desafíos ambientales y se ha convertido más bien en generador de conflictos. El Estado es parte del problema, ya sea por lo que no ha hecho o por lo que ha hecho.

El año 2011 muestra que se profundizaron las principales tendencias en el ámbito ambiental: se recupero la cobertura forestal,  se ampliaron las áreas protegidas marinas, pero no se avanzó en la protección de humedales; persiste la utilización de hidrocarburos sobre todo en el transporte público y en el sector de producción de energía eléctrica; se produjo una reducción de la agricultura orgánica y no hubo reducción sustancial de la utilización de agroquímicos. Esto sucede en un contexto de ausencia de planificación del territorio y con un incremento, ya señalado, de la conflictividad social.

Uno de los principales conflictos ambientales ha sido el relacionado con el cultivo de la piña, que en abril de 2012, llevó a la Municipalidad de Pococí a decretar una moratoria en dicho cultivo por la contaminación de las aguas. Como un ejemplo de la situación costarricense de cara al (in)cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el relacionado con garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, abordamos el caso de la producción agroindustrial de piña.

Dulce, amarillo y amargo[2]

Costa Rica se ha caracterizado por presentar una imagen internacional como un país sostenible y comprometido con el medio ambiente, sin embargo la realidad interna es muy distinta. La producción agroindustrial de la piña es un caso que vale la pena indagar.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Productores de Piña CANAPEP, el área sembrada de piña en Costa Rica aumentó un 675% entre 1990 y 2009, pasando de menos de 10.000 a más de 50.000 has. Las empresas Del Monte y PINDECO concentran el 50% de la producción piñera en Costa Rica, y 31 empresas concentran el 96% de la producción total de esta fruta. El 4% restante está en manos de aproximadamente 1200 pequeños agricultores que venden su producción a las grandes empresas, especialmente Dole, Del Monte, Fyffes y Chiquita.

De forma simultánea a la expansión piñera, el área dedicada a la siembra de cultivos de importancia alimentaria como arroz, frijol y maíz ha caído significativamente. La piña ha ido desplazando la producción alimentaria en el país, e incluso sitiando zonas de protección como el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro. Según el Área de Conservación Huetar Norte, las piñeras son las principales responsables del daño ambiental de los humedales de Caño Negro.

Además de la expansión del monocultivo de piña y el correspondiente desplazamiento de áreas protegidas, comunidades y formas tradicionales de agricultura alimentaria en el país, existe una gran preocupación por el paquete tecnológico agrotóxico utilizado sistemáticamente en la producción piñera agroindustrial. Por ejemplo, en esta actividad se consumen entre 30 y 38 kg/ha al año de plaguicidas, cifra superada únicamente en la producción de banano. En el cantón de Siquirres, las comunidades de Cairo, Luisiana, Milano y La Francia tienen más de cuatro años de recibir agua en camiones cisterna, porque las fuentes hídricas que utilizaban antes fueron contaminadas por el uso del herbicida bromacil en las plantaciones de piña que las rodean.

En la región Caribe costarricense, los gobiernos locales de los cantones de Guácimo (en 2008) y Pococí (en 2012) acordaron una moratoria que impide aprobar en sus territorios nuevas actividades derivadas o relacionadas con la siembra, expansión, industrialización, exportación, distribución y comercialización de piña. En este proceso han tenido el apoyo de las comunidades locales y de instituciones como la Universidad de Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes.

Los principales argumentos utilizados para las moratorias son los impactos ambientales negativos que se han comprobado para la producción de piña, tales como la erosión y contaminación con agrotóxicos de zonas de recarga acuífera, ríos y aguas subterráneas, o el mal manejo de aguas residuales. También los casos de pérdida de biodiversidad y de envenenamiento de la vida silvestre por plaguicidas, la contaminación del aire con fungicidas, la aparición de moscas y plagas por el mal manejo de desechos, así como una alta concentración de sustancias tóxicas en los cabellos y la orina de mujeres embarazadas, niñas y niños habitantes de comunidades cercanas a las plantaciones de piña.

Se mencionan igualmente impactos sociales negativos como el aumento de problemas sanitarios (incidencia de dengue, enfermedades respiratorias y psicológicas), disminución de los indicadores de desarrollo social y aumento de la polarización entre grandes propietarios ricos y personas asalariadas pobres. Igualmente, la exención de impuestos a la exportación de piña, a diferencia de la producción bananera que era común en estas zonas, ha incidido negativamente en las finanzas de los gobiernos locales.

Entre 2003 y 2009 se presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones más de 120 denuncias contra la producción piñera en todo el país. Los motivos más frecuentes de denuncia fueron la tala de bosques, apertura ilegal de caminos, invasión y cambio de uso de tierras, invasión de zonas protegidas, ausencia de los debidos Estudios de Impacto Ambiental, manejo inapropiado de desechos, abuso de agroquímicos, contaminación y usurpación de aguas, problemas de salud, incumplimiento de derechos laborales y persecución sindical.

Los sectores turístico, ganadero y comunal de la zona norte de Costa Rica están procurando acuerdos de moratoria similares a los de Guácimo y Pococí, como la única vía para proteger sus territorios y formas de vida frente a la expansión indiscriminada del tóxico cultivo de piña.

Notas: