Los infortunios del extractivismo

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Rafael Uzcátegui

El modelo implementado por la administración Chávez es una continuación y ampliación del extractivismo, que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta instrumental y neoliberal. Es, además,  insuficiente a la hora de atender las urgencias de la sociedad. Pese a algunas mejoras en educación, ha habido retrocesos en otras áreas de derechos básicos, como salud y vivienda. Los programas de desarrollo social son cancelados o desatendidos, mientras el Gobierno, que desdeña el diálogo con la oposición y la sociedad civil,  atenta contra la democracia implementando cambios sustanciales a la constitución aprobada en 1999. El país necesita diseñar  un modelo de desarrollo realmente sustentable.

Desde comienzos del siglo XX, los modelos de desarrollo aplicados en Venezuela han estado basados en la economía extractiva y exportadora de recursos energéticos. Si bien el presidente Hugo Chávez, en el poder desde 1998, ha cuestionado a los gobiernos del pasado afirmando que su modelo es, en contraposición, “sustentable” y “endógeno”, ha resumido su proyecto como un “Socialismo petrolero”: “Ese es nuestro modelo, contar con esta riqueza petrolera (…) el Socialismo petrolero no se puede concebir sin la actividad petrolera… (este recurso) le da una configuración peculiar a nuestro modelo económico”[1].

Ahora bien, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han alertado que la sostenibilidad de las políticas destinadas a los sectores populares, denominadas “misiones”, dependen de los ingresos extraordinarios producto de los altos precios petroleros en el mercado mundial. Según la Ley de Presupuesto 2011[2] los ingresos energéticos representarían el 27,6% del total de dinero disponible para gastos, asumiendo un precio de USD 40 (similar al del presupuesto del año anterior) para el barril de petróleo. Sin embargo, expertos como el ex presidente del Banco Central José Guerra plantean que dicha estimación no se ajustó a la realidad, pues los precios oscilaban alrededor de los USD 100, por lo cual el Ejecutivo Nacional dispone de una considerable suma de dinero adicional con manejo discrecional y de difícil contraloría social.

La recuperación actual de los precios internacionales del crudo ocurre después de un período de crisis económica durante el cual Venezuela experimentó, según cifras oficiales[3], 18 meses consecutivos de decrecimiento económico. A excepción del sector educativo, la contracción económica ocasionó que se redujera el presupuesto destinado a las políticas sociales, incidiendo en el estancamiento de las misiones y en el aumento de la conflictividad en el país. Según los datos recopilados por dos organizaciones de venezolanas de derechos humanos, Espacio Público y Provea, durante el año 2010 se realizaron por lo menos 3114 protestas en Venezuela, consolidándose la tendencia del aumento sostenido de la cantidad de manifestaciones[4].

Desarrollo basado en el petróleo

El modelo de desarrollo implementado por el Gobierno se fundamenta en grandes proyectos de desarrollo petrolero, gasífero, minero y de infraestructura, que ocasionan importantes impactos socio-ambientales y que, basados en preceptos extractivos, no son sustentables a largo plazo. La posibilidad de explotar las riquezas energéticas presentes en el suelo venezolano ha interferido, además, en políticas que beneficiarían a diferentes sectores sociales en el país. Un claro ejemplo lo constituye la demarcación de territorios indígenas establecida en el artículo 119 de la Constitución y que, aunque debió haber finalizado en el año 2002, se encuentra estancada.

Para García Gaudilla, si bien a nivel discursivo el presidente Chávez y alguna vocería institucional reniega del capitalismo y del neoliberalismo, el modelo de desarrollo bolivariano previsto sigue siendo una continuación y ampliación del extractivismo, lo que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta desarrollista, instrumental y neoliberal.[5] Esta situación se ve agravada por la clara intención de cancelar el diálogo con la sociedad civil y con la oposición; no puede haber desarrollo sustentable sin la posibilidad de que sean oídas y tenidas en cuenta las voces ciudadanas que alerten sobre las consecuencias sociales y para el medio ambiente de la explotación de hidrocarburos. A diferencia de otros países petroleros de la región, ninguna organización ecologista del país trabaja sobre la contaminación petrolera que afecta a diferentes zonas del país. Otros desafíos ambientales que enfrenta Venezuela incluyen deforestación [6] y la severa contaminación del Lago de Valencia [7]

Inquietud social

El 36% de las protestas realizadas en el 2010 tienen como motivación la exigencia de derechos laborales. Ha sido señalado por algunos críticos del Gobierno que la administración Chávez intentó hacer pesar la recesión vinculada a la crisis económica global sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que mantuvo la paralización en la discusión sobre la contratación colectiva en el sector público y en las empresas del Estado. Por segundo año consecutivo el incremento del salario mínimo –actualmente alrededor de 462 dólares – no logró cubrir el costo de la canasta alimentaria ni tampoco la pérdida del poder adquisitivo debido a la persistencia de la tasa inflacionaria más alta de la región, 30.9% para el año 2010 según datos oficiales[8]. A su vez, luego de varios años consecutivos de reducción de la cantidad de personas sin trabajo, se produjo una tendencia al alza desde finales de 2009. El desempleo, que culminó en 2009 en 6,8%, se remontó para agosto de 2010 en 9,6%.[9]

Esta situación debería motivar la revisión y el reimpulso de la Misión Ché Guevara, creada originalmente en el año 2004 – con el nombre de “Misión Vuelvan Caracas” – para ayudar a volver al mercado laboral a las personas que fueron excluidas de este y reducir el desempleo hasta el 5%. Sin embargo, aunque su meta no fue alcanzada seis años después de su lanzamiento, esta misión ha sufrido una drástica reducción presupuestaria para el 2011, pasando de USD 59 millones a USD 7 millones[10].

Retrocesos en salud y vivienda

En el año 2006, la puesta en marcha de la Misión Barrio Adentro generó expectativas acerca de la garantía del derecho a la salud para amplios sectores de la población. La presencia de 13.000 médicos de origen cubano y la construcción de 8.573 módulos de atención en todo el país incidieron positivamente en los índices de atención primaria en los sectores populares. Sin embargo, han sido señaladas fallas en la atención de los módulos, y 2000 de estos fueron cerrados en 2009, hasta el punto que en septiembre de ese año Chávez reconoció la crisis en la salud y declaró una emergencia sanitaria[11]. Para el 2011,  luego del anuncio gubernamental de un “Plan de reimpulso a la Misión Barrio Adentro”, ésta recibe un aporte presupuestario de 195 millones de dólares; sin embargo la política no es coordinada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, como correspondería dada la naturaleza de la misión, sino por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, evidenciando una descoordinación institucional en materia sanitaria.

En la red hospitalaria tradicional, constituida por 299 centros en todo el país, persisten las fallas estructurales, entre ellas ausencia de insumos médicos, déficit de profesionales y graves deficiencias en la infraestructura que impiden la plena satisfacción del derecho a la salud. A pesar que la Constitución ordenaba en el año 1999, en un plazo no mayor de un año, la aprobación de una Ley Orgánica de Salud para reducir la dispersión e improvisación en la materia, el poder legislativo tiene 11 años en mora con su promulgación.

Otro sector que ha sido calificado como “problema de Estado” por el poder Ejecutivo ha sido la vivienda. Durante el 2009 el gobierno construyó 23.649 viviendas, sumando en 11 años de gestión 324.588 unidades, cuyo promedio anual es ostensiblemente menor a la meta de construir 150.000 al año, como estrategia para disminuir el déficit habitacional (estimado en 3.000.000 casas) en una década[12]. Entre las causas del rezago de las políticas en vivienda es posible destacar la fragilidad institucional del ministerio, creado en el año 2005, la rotación recurrente de sus altos cargos directivos, la escasa supervisión y contraloría de los proyectos ejecutados y del dinero invertido y, por último, la inexistencia de un plan de construcción de vivienda y de urbanización de suelos con metas y reglas claras para el corto, mediano y largo plazo.

A pesar de lo anterior, y de haber reincidido en políticas que han demostrado sus limitaciones, Chávez anunció su intención de construir 2 millones de viviendas en 6 años[13].

Avances en educación

El gobierno de Chávez sigue mostrando resultados positivos en materia educativa. Según la medición internacional que hace la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Venezuela avanzó del puesto 64 al 59[14], con un Índice de Desarrollo Educativo (IDE) de 0,956 respecto del 0,910 que tenía en 1999 [15]

La calidad de la educación sigue siendo un reto sin asumir. La principal falla es la ausencia de un sistema nacional de evaluación de los aprendizajes, por lo que no existen parámetros de comparación para hacer mejoras. Para el 2010, además, el 44% de los docentes no eran titulares, sino interinos o suplentes[16]. Esta situación se agrava en estados menos favorecidos del interior del país, como el estado Amazonas, donde la mitad del profesorado no posee certificación para ejercer la docencia.

Criminalización de la protesta

Paralelo al aumento de la conflictividad social como consecuencia de la ausencia de respuestas a los reclamos de la ciudadanía, el Gobierno ha asumido como política de Estado la criminalización de los y las manifestantes. Este patrón ha cumplido las siguientes etapas: el cierre de los canales institucionales de negociación, la realización de campañas de desprestigio contra las y los manifestantes y líderes sociales, la represión y judicialización de la ciudadanía movilizada y, por último, la promoción de acusaciones sin pruebas. En el 2010, 135 manifestaciones fueron reprimidas por los organismos policiales y militares, dejando como saldo 438 personas detenidas y 386 lesionadas[17]. Sin embargo, las situaciones más preocupantes son las aperturas de procesos judiciales contra manifestantes. PROVEA ha contabilizado más de 2400 personas sometidas a procesos de presentación periódica en tribunales, y entre ellas 125 son sindicalistas y 1200 campesinos y campesinas. Esta judicialización es posible por la creación de diferentes normativas que penalizan la protesta en el país: El artículo 357 de la reforma del Código Penal; los artículos 47 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; el 139 y 141 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y, por último, los artículos 24 y 25 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios.

Estas reglamentaciones penalizan una de las estrategias históricas del movimiento popular venezolano para la exigibilidad de sus derechos: el cierre de calles. Además, establece diferentes “zonas de seguridad” donde se prohíbe cualquier perturbación del orden. El caso emblemático de judicialización de  líderes sociales lo constituye el sindicalista Rubén González, quien estuvo privado de libertad –desde septiembre del año 2009 hasta marzo del 2011– por haber apoyado una paralización de actividades en la empresa estatal Ferrominera del estado Bolívar, reclamando una serie de demandas y reivindicaciones laborales. El pasado 28 de febrero González fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión tras ser acusado de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo. Una amplia movilización de rechazo, promovida desde diferentes sectores, provocó que 5 días después el Tribunal Supremo de Justicia anulara la sentencia y ordenara la realización de un nuevo juicio radicado en la ciudad de Caracas, otorgando al sindicalista el beneficio de ser juzgado en libertad[18].

Debilitando la democracia

En diciembre del año 2010 se aprobó una ley que confería al presidente facultades extraordinarias por un período de 18 meses. Fueron promulgadas también 24 leyes que confirmaron la tendencia denunciada por las organizaciones de derechos humanos acerca de la imposición, de manera no democrática, del proyecto denominado “Socialismo del siglo XXI”. Las coaliciones Foro por la Vida y Sinergia afirmaron que dichas iniciativas “afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”[19]. Como parte de este paquete legislativo, que en la práctica están derivando en una Constitución diferente a la aprobada por todos los venezolanos y venezolanas en el año 1999, se encuentran normativas que obstaculizan el derecho a la asociación, ilegalizando la recepción de fondos por parte de la cooperación internacional.

El 22 de diciembre del 2010 se aprobó, de manera expedita, la Ley de Soberanía Política y Autodeterminación Nacional[20], que prohíbe explícitamente la recepción de fondos provenientes del extranjero para organizaciones “con fines políticos”. Dos de las tres actividades que según la ley definen una iniciativa de naturaleza política están relacionadas a formas de actuación bajo la cual pueden ser descritas casi todas las iniciativas populares y sociales del país, ya que incluyen en su descripción el promover la participación de las y los ciudadanos en los espacios públicos y el ejercer control sobre las decisiones en política. Por otra parte, una segunda normativa, la Ley de Cooperación Internacional, que centraliza en el gobierno los recursos destinados a las ONG, ha sido incluida dentro de las facultades habilitantes otorgadas al presidente de la República.