La Amazonia violada

Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC)
Alessandra Cardoso
Alexandre Ciconello

Mezcla de prosperidad y miseria, con una capacidad de desarrollo casi infinita si se administrara bien, Brasil padece una inequidad social que parece invencible. Dentro de los múltiples obstáculos al desarrollo sustentable que enfrenta el país,  el mayor,  que además afecta al mundo entero, es la indiscriminada tala de la selva amazónica. Los intereses creados de latifundistas, ganaderos y compañías internacionales, más las pésimas políticas ambientales y la rampante corrupción están a punto de acabar con el “pulmón del mundo”.

En los últimos años, Brasil ha defendido y ampliado un modelo de desarrollo que concentra los ingresos y el poder en una elite política y económica, vinculada a los grandes capitales agroindustriales y financieros. Este modelo está asentado en varias bases: la explotación agraria, especialmente de monocultivos como la soja y la caña (para la producción de azúcar y etanol) que utilizan semillas transgénicas y abusan de los agrotóxicos comercializados por empresas transnacionales, o los grandes proyectos de infraestructura, energía y minería de la región amazónica. También es fundamental para su supervivencia la aplicación de una política macroeconómica con altas tasas de interés, que hizo que el gobierno gastara, en amortización e intereses de la deuda pública, unos 430.000 millones de dólares entre 2000 y 2007, es decir, un promedio de 30% del presupuesto público al año.

Este modelo de desarrollo es predatorio e insustentable respecto al medio ambiente. Brasil se encuentra a punto de aprobar reformas significativas en su legislación ambiental (como las realizadas en el Código Forestal[1]), tendientes a cuidar los intereses privados de propietarios rurales y latifundistas, quienes están excesivamente representados en el Parlamento gracias a las distorsiones del sistema político.

En este escenario, la Amazonia ocupa hoy un lugar clave en las estrategias del gobierno brasileño y de las empresas transnacionales basadas en la acumulación de capital por medio de la generación de energía, la minería, las explotaciones agropecuarias y el pago por servicios ambientales.

Entre 2000 y 2010, las exportaciones de los estados que componen la Amazonia Legal[2] crecieron muy por encima de las exportaciones totales del país: 518% frente a 366%., de 5.000 millones de dólares en 2000 a 26.000 millones en 2010[3].

Solamente el estado de Pará fue responsable del 48% (12.800 millones de dólares) del valor exportado en 2010. Si se observa la pauta de las exportaciones, se nota un fuerte predominio de los productos minerales, seguido por los productos agropecuarios, en especial la carne. En el caso de Pará, tan solo las exportaciones de las empresas Vale, Alunorte y Albrás (hierro y aluminio) representan el 78% del valor exportado, (10.000 millones de dólares).

Esta aparente riqueza llena los bolsillos de los accionistas de las transnacionales, dejando un rastro de desigualdad e insustentabilidad. Solo la producción de aluminio consume casi el 6% de la energía eléctrica generada en el país. Según el especialista Celio Bermann, “el aluminio se vende a un precio insignificante para el mercado internacional y genera poco empleo. La mano de obra empleada para su producción es 70 veces menor que la generada por la industria de alimentos y bebidas, y 40 veces menor que la generada por la industria textil”.

La lógica de la integración regional

El papel del Estado brasileño en la ampliación de la escala de operación de capitales nacionales e internacionales en la Amazonia es otra base del modelo extractivista-exportador, que ha provocado transformaciones cada vez más rápidas en el modo de vida y las condiciones ambientales de la región, incluso en la Amazonia panamericana. El Gobierno federal, en sucesivas gestiones, ha elevado la inversión en logística para puertos y medios de transporte terrestres y marítimos. La mayor parte de estos recursos se invierten en la construcción de grandes represas hidroeléctricas como las de Jirau, Santo Antônio y Belo Monte (en Brasil), e Inambari, Sumabeni, Paquitzapango y Urubamba (en Perú), y también en carreteras como la polémica Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, en Bolivia, que atraviesa el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure. Estas obras fueron realizadas por empresas brasileñas, y financiadas con recursos públicos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Al mismo tiempo el gobierno brasileño está ampliando los incentivos fiscales y crediticios para la instalación del sector privado en la región, especialmente para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Esto ha abierto la Amazonia brasileña aún más a los capitales públicos y privados, nacionales o asociados con capitales internacionales, fortaleciendo el modelo predatorio de los recursos naturales.

Cambio climático y cuestión agraria

La deforestación de la Amazonia y la ganadería son las principales responsables de la emisión de CO2  y CH4  en Brasil (67% y 70% del total de las emisiones, respectivamente)[4]. Existe una fuerte conexión entre las talas y quemas de bosque y la concentración de la tierra en la región, claramente vinculada con la dinámica de expansión de las explotaciones agropecuarias. Esta concentración de poder aumenta el riesgo de que la política sobre el cambio climático beneficie principalmente a los latifundistas mediante estímulos de diversa índole, agravando también por esta vía la exclusión de las comunidades rurales y las poblaciones tradicionales.

Esta situación no ha provocado ninguna acción efectiva del gobierno en dirección al centro del problema: una reforma agraria que establezca en la Amazonia un nuevo modelo de utilización de la tierra y sus recursos, basado en el uso sustentable de los recursos naturales y en el respeto a los diferentes modos de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas que desde hace siglos conviven armoniosamente con la selva.

Un estudio reciente de Social Watch[5] trató de calcular el Índice de Capacidades Básicas para los diferentes estados y municipios amazónicos, que ya se calculaba a nivel nacional. Los resultados obtenidos por el estudio confirman el abismo de desigualdad regional que hay en Brasil, y la situación notoriamente peor en que se encuentra la zona norte del país. Pará, Acre y Amazonas obtuvieron los tres peores resultados. Si cada indicador se considerase por separado, la situación sería aún peor respecto a la educación. En lo que se refiere a la enseñanza, Pará es el estado en peor situación.

Cambios en el marco jurídico

En reiteradas ocasiones se ha intentado flexibilizar la legislación ambiental. La acometida contra el Código Forestal es el mejor ejemplo de la fuerza de los intereses vinculados a las explotaciones agropecuarias dentro de esta campaña de flexibilización, y de su estrategia de expansión de la frontera agrícola amazónica. Una de las medidas que pretenden los propietarios rurales, por medio del proyecto de reforma que se tramita en la Cámara de Diputados, es la reducción de 80% a 50% de la superficie de reserva forestal que debe mantener toda propiedad rural de la Amazonia.

El gobierno considera fundamental el complejo hidroeléctrico de Rio Madeira para el equilibrio entre la demanda y la oferta de energía eléctrica a partir de 2010-2012, y el sector de generación y transmisión de energía lo considera una “punta de lanza” del “avance de la frontera eléctrica”.

En realidad, el incremento de 6.600 MW de potencia instalada (3.150 MW en Santo Antônio y 3.450 MW en Jirau) va a satisfacer una demanda creada artificialmente por el gobierno y el mismo sector eléctrico. La energía del Complejo Madeira se destinará al centro económico del país, la región sureste, por medio de un sistema de transmisión de 2.375 km que exige elevadas inversiones.

Las inversiones para el conjunto de proyectos del Complejo Madeira se estiman en 21.000 millones de dólares[6] y hasta ahora cuentan con una financiación ya aprobada por de 9.300 millones[7], de los cuales 8.600 son financiados por el BNDES, entre operaciones directas e indirectas, y otros 700 millones por el Banco de la Amazonia (BASA), con recursos públicos del Fondo Constitucional del Norte y del Fondo de Desarrollo de la Amazonia.

Datos del Observatorio de Inversiones en la Amazonia demuestran que, desde el punto de vista de los riesgos derivados del proyecto, de su construcción y del proceso de autorización ambiental, existe una elevada presión de carácter público y privado —en la que participan bancos, organismos públicos, empresas, cabilderos y gestores— para que no se afecte de modo alguno el cronograma de las obras ni la puesta en marcha del proyecto. Es también bajo el designio de la viabilidad económica de las obras del “Complejo Madeira” que el imperativo de la puesta en marcha de las hidroeléctricas influye en el proceso de autorización ambiental, que no considera debidamente el impacto social y ambiental de las obras.

Mientras, los trabajadores de las dos obras son explotados (el Ministerio Público de Trabajo detectó más de 2.000 infracciones) y en la zona el número de homicidios aumentó 44%,  la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes creció 18%  entre 2008 y 2010, y el número de violaciones subió 208% entre 2007 y 2010. Este es el modelo de desarrollo financiado con recursos públicos que Brasil está exportando a otros países de América del Sur, y a naciones africanas como Angola y Mozambique. Un modelo que sirve a una elite, destruye el medio ambiente y viola los derechos humanos.