Resumen del Informe de Social Watch 2012: El derecho a un futuro

Roberto Bissio
Secretariado internacional de Social Watch

 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha convocado una conferencia cumbre a celebrarse en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, la ciudad que hace 20 años fue sede de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. La conferencia de Río de 1992, comúnmente conocida como la Cumbre de la Tierra, avaló el concepto de desarrollo sustentable y aprobó los convenios internacionales sobre cambio climático, desertificación y diversidad biológica.

En ese momento la Comisión Brundtland[1] definió el “desarrollo sustentable” como el conjunto de políticas que “garantiza las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esto se ha entendido generalmente como la satisfacción de las necesidades sociales (mediante la erradicación de la pobreza) al tiempo que se favorece el crecimiento económico y se respeta el medio ambiente.

La cumbre de Río de 1992 no dio una definición exacta de las “necesidades del presente”, pero las posteriores conferencias de la ONU en la década de 1990 definieron varios de los compromisos sociales, entre los cuales erradicar la pobreza y lograr la igualdad de género, y se identificaron varios indicadores y metas. Cada país debería decidir las políticas adecuadas para alcanzar estos objetivos y metas aceptados universalmente. Sin embargo, después del derrumbe del Pacto de Varsovia y la desintegración de la Unión Soviética, pareció haber un acuerdo generalizado de que el libre comercio y la liberalización económica eran el camino indicado.

Así, la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995, anuncia en su portal que “la apertura de los mercados nacionales al comercio internacional […] fomentará y favorecerá el desarrollo sustentable, mejorará el bienestar de las personas, reducirá la pobreza y promoverá la paz y la estabilidad”. De la misma manera, el primero de los Convenios Constitutivos del Banco Mundial, con sus modificaciones de 1989, establece como un fin principal: “Promover el crecimiento equilibrado y de largo alcance del comercio internacional, así como el mantenimiento del equilibrio de las balanzas de pagos, alentando inversiones internacionales para fines de desarrollo de los recursos productivos de los miembros, ayudando así a aumentar la productividad, elevar el nivel de vida y mejorar las condiciones de trabajo en sus territorios [2] .

Estas dos poderosas instituciones internacionales han determinado las políticas económicas de los países en desarrollo a lo largo de los dos últimos decenios a través de sus decisiones sobre el comercio internacional y por medio de las condiciones que imponen a sus préstamos para las economías endeudadas. Ambas coinciden abiertamente en que el comercio y el crecimiento económico son los objetivos fundamentales de sus políticas y las contribuciones fundamentales al desarrollo sustentable de sus países miembros.

Y han alcanzado los siguientes objetivos: las exportaciones mundiales totales se multiplicaron casi cinco veces en 20 años, creciendo de un valor total de 781 mil millones de USD en 1990 a 3,7 billones en 2010. En el mismo lapso, el habitante promedio del mundo más que duplicó sus ingresos, de 4,08 USD por año en 1990 a 9,12 USD por año en 2010.

El déficit en dignidad

Estos indicadores apuntan a una abundancia mundial de recursos, que son suficientes para cubrir las necesidades fundamentales de los 7.000 millones de habitantes del mundo. Sin embargo, demasiados padecen hambre. Según el informe 2010 de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, 850 millones de personas del mundo sufren subnutrición, y esa cifra está creciendo por el aumento en el precio de los alimentos.

A fin de monitorear las tendencias en materia de necesidades insatisfechas en todo el mundo, Social Watch ha desarrollado un Índice de Capacidades Básicas[3] que combina las tasas de mortalidad infantil, el número de partos atendidos por personal especializado y las tasas de matriculación en la escuela primaria. Tomados en conjunto estos indicadores de bienestar básico dan nociones de lo que debería ser considerado un “piso social mínimo”. Sumados deberían llegar al 100%, lo que significa que ningún niño dejaría de estar matriculado en la escuela, ninguna mujer debería dar a luz sin atención profesional y ningún niño nacido vivo —o menos del 1%— debería morir antes de su quinto cumpleaños, pues la causa principal de esas muertes evitables es la malnutrición y la pobreza.

Los indicadores computados en el ICB son parte de metas acordadas internacionalmente, que reflejan un piso social mínimo que debería lograrse. Por debajo, hay un déficit de dignidad. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos tenían la meta de lograr dignidad para todos y ese fue el compromiso que asumieron los líderes mundiales en la Declaración del Milenio.

Pero el mundo está muy lejos de lograr estos objetivos básicos. El ICB solo subió 7 puntos entre 1990 y 2010, lo que es un avance muy pequeño. En ese período el progreso fue mejor en la primera década que en la segunda, ya que aumentó cuatro puntos porcentuales entre 1990 y 2000, y apenas tres puntos porcentuales entre 2000 y 2010. Esta tendencia es opuesta a la que mostraron el comercio y los ingresos, pues ambos crecieron más rápidamente después de 2000 que en la década anterior (ver la gráfica). Esta desaceleración del progreso en los indicadores sociales después de comenzado el nuevo siglo, y a pesar del crecimiento sostenido de la economía mundial y de los compromisos mundiales para acelerar el progreso social y alcanzar los ODM, es sorprendente.

Esta situación solo puede empeorar, en la medida en que la mayor parte de los países desarrollados enfrentan una severa crisis financiera y económica, que se ha propagado por todo el mundo. Las políticas fiscales de austeridad, que recortan el presupuesto social, comenzaron a ser implementadas en los países afectados por deudas, y ahora se diseminan incluso a países que no sufren de problemas de deudas o déficit fiscal. Según un estudio[4] de la división de Políticas y Planificación de UNICEF, la organización de las Naciones Unidas para la infancia, de un total de 128 países en desarrollo relevados, más de 90 implementaron medidas de austeridad en 2011, o planeaban implementarlas en 2012. En al menos un cuarto de ellos, la contracción fue considerada “excesiva”, lo que significa que los gastos fueron reducidos por debajo de los niveles previos a la crisis. Esto tendrá un impacto directo en el bienestar de los niños y sus familias.

La razón evidente de este mal desempeño de los indicadores sociales, incluso cuando la economía muestra tendencias positivas, es la creciente desigualdad en el seno de los países, y entre ellos mismos. Según el ejemplar de septiembre de 2011 de “Finanzas y Desarrollo”, una publicación del Fondo Monetario Internacional: “En 2010, el ingreso real per cápita era 65% y 77% superior al de los años ochenta en Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente. En el mismo período, la desigualdad aumentó de 35 a 40 o más puntos Gini en Estados Unidos y de 30 a aproximadamente 37 puntos Gini en el Reino Unido, debido a fuertes fluctuaciones negativas en la distribución del ingreso. En general, de mediados de los años ochenta a mediados de la década de 2000, la desigualdad subió en 16 de los 20 países ricos de la OCDE”. El coeficiente Gini es el indicador de desigualdad más usado, y varía entre 0, cuando todos tienen ingresos iguales, y 1, cuando una sola persona recibe toda la riqueza de una sociedad. Brasil es uno de los pocos países donde las desigualdades han disminuido en la última década, desde más de 60 hasta casi 55 puntos. El mundo en su totalidad es más desigual que cualquier país, con un Gini de casi 70.

De esta manera, cifras fidedignas demuestran que la prosperidad no se “derrama”. Solía ser de sentido común pensar que el crecimiento económico beneficia a los pobres, que cuando sube la marea todos los barcos flotan, o que es necesario agrandar el pastel para poder repartirlo, pero las tendencias de los indicadores sociales parecen mostrar lo contrario. Y muchos miembros de la red Social Watch en todo el mundo informan exactamente lo mismo.

Crecimiento a cualquier costo

El crecimiento económico es una prioridad de todos los gobiernos. Algunos lo consideran una prioridad fundamental de sus políticas porque el crecimiento fue tan bajo o incluso decayó durante la crisis financiera global que empezó en 2008. Otros lo tienen en abundancia, incluso varios países africanos como Zambia y Camerún, gracias al aumento de los precios de los productos básicos. Pero ese crecimiento no beneficia a la mayoría de la población. En Zambia y Mozambique, y también en países tan distintos como Armenia, Azerbaiyán, Bolivia, Chile, Ecuador y Vietnam, el principal motor del crecimiento son las industrias extractivas. En un esfuerzo por atraerlos, se ha exonerado a los inversores de los requisitos de seguridad y rendimiento, y el resultado ha sido el deterioro ambiental sin beneficios sociales. La descripción de la situación en Vietnam se repite en países de todas las regiones: “El rápido crecimiento económico (…) produce claros impactos ambientales, pero pese a que la legislación que protege el ambiente es fuerte, su implementación es a menudo débil”.

“A medida que crecen la economía, la población y la urbanización”, continua el informe de Vietnam, “las principales amenazas para el medio ambiente son, entre otras, la sobreexplotación de los bosques, la pérdida de tierras cultivables, la contaminación del agua y el aire, la erosión del suelo por formas de uso no sustentables, la pérdida de biodiversidad por los cazadores furtivos en los parques nacionales y otros factores como la degradación de las zonas costeras y el impacto de la minería

Lo mismo sucede en otros lugares. En Tailandia, por ejemplo, los esfuerzos sin tregua por lograr crecimiento económico han producido que en las aldeas se esté produciendo un corrimiento desde la agricultura de subsistencia a un creciente interés por el ingreso monetario. De esta manera, los tailandeses ahora enfrentan “la rápida degradación de los recursos marinos y costeros y las diversas consecuencias de la urbanización y el desarrollo de la industria y el turismo”.

Y en Mozambique: “Los beneficios del crecimiento económico no han llegado a quienes más los necesitan en tanto los pobres siguen empobreciéndose más y más.”

No puede sorprender que los integrantes de la red estén alarmados. En Argentina, por ejemplo, les parece “paradójica” la promoción de las inversiones “a cualquier costo” para garantizar el crecimiento, al tiempo que se aprueban políticas de protección ambiental. Los miembros de la red en Finlandia van más lejos y sugieren que: ”Se ha vuelto impostergable un debate franco sobre las cuestiones fundamentales del bienestar, la igualdad y el desarrollo, que incluya la necesidad de renunciar a la búsqueda permanente del crecimiento material.”

A pesar de todas las teorías y los modelos, la desigualdad es el motivo por el que la pobreza no retrocede, o lo hace muy lentamente, aun en países con rápido crecimiento económico. Al darles mas derechos a las grandes empresas sin las obligaciones correspondientes, la globalización ha exacerbado las desigualdades en el seno de los países y entre ellos.

La desigualdad es la preocupación dominante en los informes de Hungría y la República Dominicana, pero el mismo problema aparece en la mayoría de los aportes nacionales para este informe mundial de Social Watch 2012. Tanto en los países ricos como en los pobres, solo una pequeña mayoría se benefició del excelente desempeño económico del mundo hasta la crisis financiera de 2008. Y en ese momento se pidió a quienes no se beneficiaron del auge que ayudaran a pagar el rescate financiero de los bancos de los países más ricos, que se habían vuelto “demasiado grandes para fracasar.”

Como era de esperar, la crisis económica y sus costos sociales y ambientales son un problema fundamental en la mayoría de los informes europeos, especialmente los de la República Checa, Polonia y Eslovenia.

El crecimiento económico requiere energía, y la energía está en el centro de muchos de los problemas que denuncian en este informe las coaliciones nacionales de Social Watch. Se identifica la extracción de petróleo con la contaminación, pero varios testimonios sugieren que fuentes de energía supuestamente “más limpias”, como las represas hidroeléctricas, tienen sus problemas.     

En Malasia, donde el objetivo nacional oficial es alcanzar la condición de país desarrollado para 2020, se está inundando toda una zona de selva tropical y por lo menos 15 comunidades han sido trasladadas para construir una enorme represa hidroeléctrica. Los integrantes de la red en Malasia consideran que esto es insostenible e  “irresponsable”, a la vez que advierten sobre la “pérdida de especies endémicas y (el) aumento del descontento social” En Brasil y México se trabaja en la planificación o construcción de inmensos megaproyectos hidroeléctricos.

En Camerún la represa Lom-Pangar desplazará a miles de personas y destruirá uno de los ecosistemas más ricos del mundo.

Los biocombustibles, frecuentemente considerados “verdes”, son una causa importante de alteración ambiental en Colombia, donde el gobierno apoya el monocultivo agroindustrial (fuente de los biocombustibles) que está llevando al desplazamiento de poblaciones enteras de pequeños agricultores. Como si esto fuera poco, la situación ni siquiera es consecuencia de la demanda local sino que responde a las necesidades de los Estados Unidos, subsidiadas por préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo.

En Guatemala el monocultivo es la caña de azúcar, también fuente muy importante de biocombustibles, y su cultivo industrial también ha producido desplazamientos de población, violaciones de derechos humanos y deforestación.

En Nicaragua el culpable es el café. El país necesita exportarlo para obtener efectivo y el desarrollo de este cultivo está agotando la fertilidad del suelo, contaminando los recursos hídricos y promoviendo la deforestación, al tiempo que los campesinos se ven desplazados de las tierras que siempre ocuparon.

En Sri Lanka la deforestación es otra consecuencia del conflicto armado; y en la República Centroafricana se ha constatado la pérdida de 30.000 hectáreas de selvas tropicales vírgenes por la presión de los agricultores, a su vez producida por sequías en las regiones norte, noreste y este que antes eran conocidas por su producción agrícola.

La desertificación aparece reiteradamente en los informes como un problema fundamental, especialmente en África. En Nigeria casi 350.000 hectáreas de tierra laborable se pierden anualmente ante el avance del desierto, como resultado de las sequías y la sobreexplotación humana, el pastoreo excesivo y la irrigación insuficiente, prácticas que se originan en las condiciones socioeconómicas durísimas en que vive la población.

El cambio climático también es la causa fundamental del desastre opuesto, las inundaciones catastróficas que asolaron América Central en 2011 y Benín en 2008 y 2010, produciendo destrucción de cultivos y brotes de cólera, meningitis y fiebre amarilla.

En Ghana, los integrantes de la red describen el impacto del cambio climático como: “condiciones meteorológicas más cálidas, precipitaciones estacionales reducidas o aumentadas, cambios en los patrones de precipitación, inundaciones, marejadas, olas de marea y un aumento del nivel del mar que causa inundaciones y erosión de la costa. Su resultado es una disminución de la seguridad alimentaria, un aumento de enfermedades transmitidas por el agua o por vectores, pérdidas económicas importantes a causa de las crisis climáticas y el desplazamiento de la población”.

Hasta los gobiernos que han sido pioneros en reconocer el problema tienen dificultades para mantener políticas coherentes. Bolivia, paladín entre los países en desarrollo de la lucha contra el cambio climático, depende fuertemente de la producción de petróleo y gas para financiar sus estrategias contra la pobreza. En Alemania, como parte de las estrategias para contener la crisis financiera europea, se está reduciendo el subsidio para la energía solar, y la partida para compensar económicamente a los países afectados por el cambio climático ha desaparecido del proyecto de presupuesto para 2011.

Carbón y espacio

Uno de los países más afectados por el cambio climático es Bangladesh, donde las precipitaciones e inundaciones ya están produciendo escasez de alimentos y millones de personas están en riesgo de volverse “migrantes climáticos.”
Paradójicamente, Bangladesh es uno de los países que menos ha contribuido al problema, pues sus emisiones de carbono per cápita están entre las más bajas del mundo.

La gráfica en la página 46 muestra, precisamente, la clasificación de países según las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles en su eje horizontal, y su Índice de Capacidades Básicas en el eje vertical.

Esta gráfica muestra que mientras el 13% de la población produce el 50% de las emisiones de carbono, 45 países con una población total de 1.200 millones de personas han logrado alcanzar indicadores sociales mejores que el promedio mundial con emisiones de CO2 (per cápita) procedentes de combustibles fósiles inferiores al promedio mundial. Ninguno de ellos está clasificado como país de “ingreso alto”. Sin embargo, los miembros de ese grupo de los “limpios y virtuosos” no reciben reconocimiento ni compensación por este logro. Al contrario, en forma semejante a otros países de ingresos medianos y los considerados “menos adelantados”, con frecuencia sucede que el espacio en que pueden hacer opciones de políticas nacionales para alcanzar un desarrollo sustentable se ve comprimido por demandas externas, condiciones e imposiciones que los empujan a tomar medidas como el recorte de tasas impositivas y del gasto en servicios sociales.

La gráfica también muestra que no hay relación directa entre más progreso en los indicadores sociales y las emisiones de CO2. Con emisiones de dióxido de carbono de tres toneladas per cápita por año, Costa Rica y Uruguay han logrado reducir su tasa de mortalidad infantil al mismo nivel que un país que emite 20 toneladas al año: Estados Unidos. Al mismo tiempo y con el mismo nivel de emisiones que Noruega, Sudáfrica tiene indicadores sociales similares a los de Indonesia, que consume cinco veces menos combustibles fósiles.

Entre 1990 y 2000 el índice mundial de capacidades básicas mejoró cinco puntos (de 79 a 84) en tanto las emisiones mundiales per cápita de CO2 procedentes de combustibles fósiles en realidad disminuyeron de 4,3 a 4,1 toneladas equivalentes de carbón. En la primera década del siglo XXI, las emisiones mundiales de CO2 aumentaron a 4,6 toneladas per cápita pero los indicadores sociales solo subieron tres puntos.
La cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, causantes del calentamiento global, llegó a su máximo registrado en 2010, y la tasa de aumento se ha acelerado, según informa la Organización Meteorológica Mundial. Los científicos atribuyen el aumento continuado de los niveles de dióxido de carbono, responsable de las dos terceras partes del calentamiento global, a la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los cambios en el uso de la tierra.

Los países con emisiones de CO2 muy por debajo de los promedios mundiales y una clasificación baja en los indicadores sociales sostienen que necesitan más “espacio” para producir una mayor cantidad de emisiones y así garantizar que mejore el bienestar de sus pobladores. Si bien este argumento es sólido, especialmente porque los países de la OCDE ya han utilizado más de la justa porción que les corresponde del “espacio atmosférico” para emisiones. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que algunos países han logrado llevar sus indicadores sociales a niveles comparables con el promedio de los países de la OCDE produciendo menos de la mitad del promedio mundial de emisiones.

A su vez, los miembros de la OCDE no solo consumen mucho más que el promedio mundial sino que han contribuido históricamente a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por tanto ya han agotado su porción del espacio atmosférico.

Si el logro de un nivel de dignidad en el disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales es compatible con la sostenibilidad y puede hacerse con los recursos existentes, no realizarlo es una falta ética y además una amenaza al sistema mundial, que cada vez más se percibe como injusto y diseñado para crear más y más desigualdad, y por tanto ilegítimo.

Los derechos como fundamento del desarrollo sustentable

Cuando faltan los derechos civiles y políticos básicos, la sociedad civil no puede organizarse de forma pacífica, las personas no logran hacerse oír, y las políticas gubernamentales pierden calidad. En Eritrea, “el infierno de Africa”, y Burma, es explícita la necesidad de gobernanza democrática como condición previa para el desarrollo, mientras que en Palestina no se puede ignorar que el desarrollo es imposible mientras dure la ocupación extranjera, y en Yemen es evidente que “poco puede avanzar el país hacia un desarrollo sustentable mientras se mantenga su situación actual, al borde de la guerra civil, la hambruna o la catástrofe social.”

Sin embargo, la sociedad civil es extraordinariamente resistente y demuestra su creatividad en cuanto tiene la menor oportunidad. En Irak las manifestaciones que sacudieron el país en febrero de 2011, reclamando la eliminación de la pobreza, el desempleo y la corrupción, muestran que los ciudadanos iraquíes están empezando a desempeñar un papel nuevo en una sociedad donde antes se reprimía violentamente la participación democrática, o se la silenciaba totalmente. A pesar de que persiste el marco de inseguridad y con libertades civiles muy insuficientes, las organizaciones de la sociedad civil crecen y desempeñan un papel cada vez más importante en el desarrollo del país y con su participación en el levantamiento democrático regional de la “primavera árabe”.

En Kenia, después de muchos años de esfuerzos por lograr la soberanía y la ciudadanía plenas, los ciudadanos por fin lograron negociar una constitución innovadora en 2010. Su enfoque de los derechos fundamentales, la participación y la responsabilidad ante los ciudadanos sienta las bases para definir el papel del Estado como decisivo para construir una economía que pueda cumplir con la promesa de equidad, y derechos sociales y económicos básicos. La nueva constitución también representa un paso adelante en términos ambientales pues establece el derecho de todos los kenianos a un medio ambiente limpio y saludable.

En Bolivia y Ecuador, procesos de reforma constitucional apoyados por amplias mayorías han fortalecido los derechos de los pueblos indígenas y, en lugar de usar el lenguaje del “desarrollo sustentable”, se han inspirado en su propia cultura para consagrar los derechos de Pachamama (la Madre Tierra) en la constitución. Sin embargo, como explican los integrantes de nuestra red, es necesaria una lucha continua para proteger esos derechos de los estragos causados por la búsqueda incesante del crecimiento económico. Los asuntos ambientales fueron muy importantes en la lucha de Bulgaria por la democracia, según recuerdan los integrantes de la red en ese país. Ahora, después de años de creciente apatía, más y más gente se está ocupando de los asuntos ambientales. La introducción de organismos modificados genéticamente (OMG) en el mercado y varias fallas en la implementación del programa NATURA 2000 para la conservación de las áreas naturales se han vuelto dos temas fundamentales para el debate político y la movilización de los ciudadanos. En Italia, aun cuando el desarrollo sustentable nunca integró las prioridades del gobierno Berlusconi, la sociedad civil promovió referendos exitosos (contra la energía nuclear, la privatización forzosa del agua y otros servicios públicos y contra la inmunidad del Primer Ministro frente a la justicia) que llevaron a casi 27 millones de italianos a las urnas y lograron orientar el país hacia una dirección más sostenible.

En algunos países, entre ellos Serbia y El Salvador, organizaciones de la sociedad civil se hacen oír en apoyo de políticas de desarrollo sustentable que han contribuido a formular por medio de consultas públicas. Sin embargo el éxito no es un hecho, pues depende de “la implementación, supervisión y aplicación, la concientización y el logro de apoyo político”.

Desarrollo sustentable: ¿objetivos o derechos?

Con su monitoreo de los esfuerzos contra la pobreza y las estrategias de desarrollo a nivel nacional e internacional, Social Watch ha observado, tal como hemos resumido, que no hay una correlación entre los indicadores económicos y los de bienestar social. Por lo tanto urge revisar las estrategias económicas para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable pactados internacionalmente y lograr que los derechos humanos sean una realidad para todos.

Hace veinte años, los líderes del mundo reunidos en Río en la Cumbre para la Tierra afirmaron eso mismo al declarar que “las causas principales de que continúe el deterioro del medio ambiente mundial son los patrones insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países industrializados […] que agravan la pobreza y las disparidades”. Esto es tan cierto hoy en día como lo fue en 1992.

Los bienes públicos mundiales no pueden ser producidos por un solo Estado actuando en forma independiente, e incluyen la conservación de las funciones de la atmósfera y los océanos como soporte vital (amenazadas por el cambio climático mundial) o la fiabilidad y estabilidad del sistema financiero mundial que es indispensable para el comercio y el desarrollo pero está amenazado por la especulación descontrolada, la volatilidad de las divisas y las crisis de la deuda. El fracaso en brindar esos bienes públicos tiene efectos sobre los medios de vida de miles de millones de personas en todo el mundo y pone en riesgo el único bien público que inspiró la creación de las Naciones Unidas: la paz mundial.

Además, a pesar de las recomendaciones formuladas por la Cumbre de la Tierra para la elaboración de indicadores del desarrollo sustentable y de todo lo que se ha trabajado en este tema desde entonces, la comunidad internacional todavía carece de los indicadores acordados que permitan medir la sostenibilidad de los bienes públicos que debe vigilar.

El informe de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi[5] sugiere claramente que los indicadores de bienestar y sostenibilidad tienen una naturaleza diferente y los compara con el tablero de un automóvil, que muestra la velocidad y el combustible restante por separado. Uno informa sobre el tiempo que se necesita para llegar a un destino, el otro se refiere a un recurso necesario que se va consumiendo y que puede terminarse antes de llegar al destino.

El marco de los derechos humanos fija objetivos claros para los indicadores de bienestar. Los derechos a la alimentación, la salud y la educación imponen la obligación de lograr la asistencia de todos los niños a centros de enseñanza, la disminución de la mortalidad infantil a menos de 10 por 1000 nacimientos vivos (pues toda cifra de mortalidad superior está vinculada a la malnutrición y la pobreza), la atención de todos los partos por personal especializado, el acceso universal al agua potable y el saneamiento e incluso el acceso universal a servicios de teléfono e Internet[6] . Básicamente los primeros seis objetivos de los ODM pueden ser interpretados como un llamado a cumplir con los derechos que existen en virtud del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (los DESC). Y los derechos humanos requieren el cumplimiento de otros objetivos no incluidos en los ODM, como el derecho a la seguridad social (artículo 22 de la Declaración Universal), que hoy se reconocen como la base de un “piso social mínimo”.

El discurso del desarrollo nacional e internacional no debería versar sobre la elección de algunos objetivos como prioritarios, pues todos ya han sido acordados, sino sobre cuándo se los irá alcanzando. Según el Pacto sobre los DESC, la realización de esos derechos es una responsabilidad de los gobiernos “tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga”. El establecimiento de prioridades para el “máximo de los recursos de que [se] disponga” también se aplica a la ayuda internacional. Para cumplir la tarea de vigilar el uso eficiente de los máximos recursos disponibles (incluso los que surgen de la cooperación internacional) se debería fortalecer el mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. Además, se debería ratificar la Protocolo Facultativo del Pacto sobre DESC, a fin de que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos ante la justicia, y es preciso que las agencias bi y multilaterales de desarrollo sean responsables por sus impactos sobre los derechos humanos.

En cambio, los indicadores de sostenibilidad se refieren al agotamiento de ciertas reservas o bienes no renovables. Cuando integran el patrimonio natural de la humanidad se necesitan acuerdos internacionales para garantizar la sostenibilidad. A diferencia del bienestar humano, que se puede formular en términos de objetivos, es preciso abordar la sostenibilidad en términos de límites. Los límites pueden ser formulados como una prohibición absoluta de ciertas actividades, como la prohibición de capturar ballenas o la de emitir gases que agoten el ozono (Protocolo de Montreal), o pueden establecer cuotas para asegurar el no agotamiento de recursos,  asignándolas a los actores económicos por medio de mecanismos propios del mercado o ajenos a él y que respeten los principios de equidad y solidaridad.

Se debe trabajar más en el ámbito internacional, por ejemplo, sobre el tema de los pesqueros, para evitar un mayor agotamiento de especies que son imprescindibles para alimentar a millones de personas. Pero sobre todo se necesita un acuerdo ambicioso para un segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto que limite el aumento de la temperatura a bastante menos de 1,5º a fin de evitar un cambio climático catastrófico y garantizar que la drástica reducción de las emisiones se comparta de forma justa, en función de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y la responsabilidad histórica.

Cualquier formulación de “objetivos de desarrollo sustentable” que no incluya metas adecuadas sobre el cambio climático o deje de abordar los aspectos de derechos humanos y de sostenibilidad de manera simultánea y equilibrada, corre el riesgo de hacer descarrilar el programa de desarrollo sustentable sin beneficios compensatorios.

En lugar de establecer nuevos objetivos, lo que se necesita es un sistema de vigilancia y responsabilidad que pueda lograr que todos los gobiernos, del Norte y del Sur, estén sometidos a una revisión de sus obligaciones en el ámbito nacional y al mismo tiempo genere el derecho a pedir apoyo cuando se cumple con esas obligaciones nacionales pero los recursos disponibles siguen siendo insuficientes.

El principio del “trato especial y diferenciado” para los países en desarrollo está consagrado en los acuerdos de la OMC por los mismos motivos, pero en la práctica rara vez se aplica. El concepto de “responsabilidad histórica” mencionado en el preámbulo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático va más lejos.

En el sistema actual de comercio internacional, cuando  un país no cumple con sus obligaciones, el país afectado no puede imponer un cambio en los aranceles o subsidios que lo perjudican (pues eso sería una violación de la soberanía) pero puede tomar represalias hasta el nivel que determine un panel de árbitros. Puede imaginarse una construcción parecida, en la que un país que no pudiera obtener mediante “la asistencia y la cooperación internacionales” los recursos adicionales que necesita para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, pudiera obtener exoneraciones de sus obligaciones comerciales y de inversiones al nivel necesario, por ejemplo, elevando los aranceles para el comercio internacional más allá de los que permitirían los acuerdos de la OMC, imponiendo obligaciones adicionales a los inversores extranjeros sin correr el riesgo de juicios en función de los acuerdos de inversión, postergando los pagos de la deuda, o cualquier otra medida que le pareciera necesaria. Estas fórmulas de arbitraje no difieren totalmente de las que se proponen para los países que tienen dificultades con los pagos de su deuda externa.

De hecho, el ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ya enunció este principio en su informe de 2005, “Un concepto más amplio de la libertad”, al proponer que se definiera la sostenibilidad de la deuda como el nivel de deuda que permite a un país lograr los ODM y llegar a 2015 sin que aumente su relación de endeudamiento.

La asistencia financiera y técnica es un solo aspecto de las obligaciones de los países desarrollados (y de hecho de todos los países, incluso los de ingreso medio, una vez que han logrado un nivel aceptable de cumplimiento de las obligaciones en materia de DESC). Los países también tienen la responsabilidad internacional colectiva de asegurar que la gobernanza de la economía global sea consecuente con los derechos humanos. Por ejemplo, Cambodia recibe en la actualidad unos USD 700 millones por año en AOD, pero ha acumulado reservas de USD 2,5 mil millones en los últimos años, la mayoría en Bonos del Tesoro estadounidense, lo que equivale a que un PMA le haga un préstamo blando a uno de los países más ricos del mundo.

¿Puede por esto culparse al Gobierno de Cambodia de desviar recursos muy valiosos en lugar de destinarlos a servicios sociales esenciales? Si bien esto es una descripción de lo que en realidad sucede, esas reservas son necesarias como seguro contra los riesgos aún mayores que proceden de la especulación y la volatilidad financiera. Los gobiernos del G7 y tal vez incluso del G20 tienen mucha más responsabilidad por haber creado esos riesgos, al liberalizar los flujos financieros y flexibilizar las normas del sector financiero. Al no cumplir con su responsabilidad de crear un sistema financiero mundial sostenible, los países más poderosos también impiden que los gobiernos de los países pobres usen los recursos disponibles de manera adecuada.

Es necesario establecer nuevos derechos y mecanismos institucionales con relación a la sostenibilidad. El Grupo de Reflexión de la sociedad civil sobre desarrollo sustentable, constituido por miembros de Social Watch, Friedrich Ebert Stiftung, terre des hommes y el Global Policy Forum ha identificado este déficit de forma incisiva y propone un reconocimiento explícito de los derechos de las generaciones futuras y los mecanismos para defenderlos (ver páginas 9-16 de este reporte).

Este “derecho a un futuro” es la tarea más urgente del presente. Se trata de la naturaleza, sin duda, pero también se trata de nuestros nietos y de nuestra propia dignidad, de las expectativas del 99% de los 7 mil millones de hombres y mujeres del mundo, de niñas y niños a quienes hace dos décadas se les prometió sostenibilidad, y que en cambio han visto que sus expectativas se transforman en fichas de un casino financiero mundial que no controlan.

Los ciudadanos de todo el mundo reclaman un cambio, y este informe es solo una vía más para que se oigan sus voces. El mensaje no puede ser más claro: las personas tienen derecho a un futuro, y el futuro comienza hoy mismo.