Baja participación femenina en la economía formal

Joseph M. Sammut
Kopin

Las mujeres continúan rezagadas en cuanto al empoderamiento de género y la participación económica. Solamente 32 de cada 100 son económicamente activas y en general trabajan en empleos tradicionalmente femeninos. Tampoco están bien representadas en la estructura de poder. Si bien se adoptaron nuevas leyes que protegen los derechos de la mujer, el país no posee legislación específica sobre violencia doméstica.

Malta es un archipiélago en el corazón del mar Mediterráneo, al sur de Sicilia. El país es uno de los más pequeños de Europa, con una población de casi 400.000 habitantes y una densidad demográfica elevada, de 1.249 personas por kilómetro cuadrado. Obtuvo la independencia de Gran Bretaña en 1964 y se convirtió en república en 1974. En mayo de 2004 se incorporó a la Unión Europea. La religión católica romana es la oficial y se enseña en todas las escuelas. El divorcio no está permitido, pero se puede obtener en el exterior y es reconocido en el país. El aborto es ilegal.

La Constitución de Malta garantiza la igualdad en el acceso a la vivienda, el empleo, la educación y los derechos culturales, civiles y políticos para hombres y mujeres. Sucesivos gobiernos ratificaron diversas convenciones de la ONU referidas a estos temas, incluyendo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en 1991. Las reservas a los artículos 11, 13, 15 y 16 hechas por el gobierno al momento de ratificarla fueron invalidadas por posteriores cambios legislativos. No obstante, la CEDAW no se incorporó al derecho nacional y los tribunales malteses no pueden aplicar directamente sus normas. En 1987 se integró al derecho nacional el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que otorga a los ciudadanos el derecho a recurrir de manera individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez agotadas las instancias nacionales.

Cambios posteriores a Beijing

En 1995 el gobierno participó en Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y se comprometió a aplicar su Plataforma de Acción. Se adoptaron varias leyes que protegen los derechos de las mujeres y adhieren a los artículos de la Convención, incluidas la Ley de Empleo y Relaciones Industriales, de 2002, y la Ley de Igualdad para Hombres y Mujeres, de 2003. La legislación familiar se modificó en 1993 para otorgar a ambos cónyuges la igualdad de derechos y responsabilidades en el matrimonio, incluida la responsabilidad conjunta de los hijos y el derecho a administrar de manera conjunta toda propiedad adquirida durante el matrimonio. Las leyes relativas a los servicios judiciales, las normas para obtener pasaporte, ciudadanía, impuesto a la renta y seguridad social se modificaron para eliminar disposiciones discriminatorias, aunque el sistema de seguridad social sigue discriminando a las mujeres. El Tribunal Constitucional (órgano máximo de apelaciones en el país) contribuyó a corregir las injusticias cometidas en materia de derechos humanos. En 2003 se creó el Tribunal de Familia.

La estructura nacional para el progreso de la mujer está integrada por el Ministerio de la Familia y la Solidaridad Social y por la Comisión Nacional para el Fomento de la Igualdad de Hombres y Mujeres. El primero es responsable de las políticas sociales y de equidad, la familia y la infancia, seguridad social y vivienda. La Comisión Nacional y departamentos afines desempeñan un papel activo en el desarrollo y la supervisión de las políticas públicas y en la generación de conciencia pública sobre la igualdad de género. Colaboran y consultan con distintos organismos, incluidos sindicatos y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la mujer. Las mujeres gozan de igualdad en los asuntos de familia y el gobierno dio pasos para adoptar leyes neutras en cuanto a género y asegurar compensaciones en casos de discriminación sexual. La falta de personal dificulta el seguimiento del total de casos presentados. En teoría, la Comisión también debe comenzar sus propias investigaciones en varias áreas para identificar prácticas y políticas discriminatorias directas e indirectas, pero para poder hacerlo necesita personal de tiempo completo y fondos suficientes.

La brecha de género

En la última década, las mujeres comenzaron a dominar en la esfera educativa. Hoy las alumnas superan en número a sus pares masculinos en la universidad, y aumentó la cantidad de egresadas en áreas tradicionalmente masculinas como el derecho, la medicina, las tecnologías de la información, la ingeniería y la administración de empresas. Aunque las mujeres superan a los hombres en sus calificaciones académicas, siguen teniendo escasa representación en los cargos gerenciales y de decisión. Los patrones culturales y tradicionales en el trabajo suelen orientar a las mujeres a empleos tradicionalmente femeninos, como la enseñanza o la enfermería, en empresas familiares o profesiones aisladas como carreras académicas y medicina. En general las mujeres ganan menos que sus pares hombres.

Aunque la igualdad mejoró considerablemente en relación a los derechos humanos, civiles y sociales entre los sexos, las mujeres aún están rezagadas en cuestiones de género como el empoderamiento y la participación económica. Las mujeres constituyen 50,45% de la población, pero están poco representadas en la estructura de poder y la esfera económica:

·      Las mujeres comprenden 9,2% de los legisladores del Parlamento. Hay tres mujeres en el gabinete: dos son ministras y una es la Secretaria del Parlamento. En el gobierno regional, representan 16% de los Concejos Locales (70 de los 438 concejales en 2005).[1]

·      Una abrumadora mayoría de hombres ocupa los cargos en el sistema de justicia. El presidente y los 17 jueces de la Corte Suprema son todos hombres. En 2005 solo había tres mujeres en un total de 17 magistrados.

·      Las mujeres comprenden 13,55% del funcionariado en los cinco niveles superiores del Servicio Público (90 entre 664 funcionarios). En 2003, los 30 cargos superiores estaban exclusivamente ocupados por hombres.[2] La primera y única Secretaria Permanente fue designada en 2004.

·      Las mujeres son minoría en las direcciones y comisiones del gobierno. Ocupan 348 (18%) del total de 1.934 cargos. El mayor equilibrio de género en la integración de estas direcciones y comisiones ocurre en el Ministerio de Salud (37,4%), el de Política Social (25,9%) y el de Educación (25,8%). El menor se encuentra en el Ministerio de Transporte y Comunicación (4,2%) y de Recursos e Infraestructura (6,0%). La integración de género en las direcciones y comisiones tiende a reflejar la segregación de género del mercado de trabajo, por la cual las mujeres se concentran en las profesiones que brindan cuidados.[3]

·      Las mujeres constituyen 36,7% de las trabajadoras con empleos remunerados y 13,29% de las trabajadoras por cuenta propia. En 2004 las mujeres desempleadas representaban 10,2% de la fuerza de trabajo. Entre 55% y 60% de las mujeres desempleadas y aproximadamente 38% de los hombres desempleados son menores de 30 años.[4]

·      Las mujeres con empleo de tiempo parcial como su principal ocupación representan 67,63% de los trabajadores en esta categoría. Las mujeres casadas constituyen 77,5% de los trabajadores en empleos de tiempo parcial, frente a 22,5% de los hombres casados. En 2003, las mujeres solteras constituían 47% de los trabajadores solteros de tiempo parcial.[5]

·      Las mujeres están superando a los hombres en la enseñanza. En 2003 la población universitaria estaba integrada por 56% de mujeres y 44% de hombres.[6] Es más probable encontrar a las alumnas en cursos para ocupaciones tradicionalmente femeninas,[7] las menos remuneradas de las profesiones.

·      En 2003-2004 las mujeres constituían 1,9% de los profesores universitarios, 6,8% de los profesores adjuntos y 15,0% de los catedráticos de la Universidad de Malta.[8]

Solo 32% de las mujeres son económicamente activas, frente a 76% de los hombres. El desempleo femenino es 7,6%, ante 6,4% de desempleo masculino, y las mujeres maltesas ganan por hora 80,08% de lo que ganan los hombres.[9]

La reducción de la brecha de género en la enseñanza entre los adultos jóvenes aún no se reflejó en la igualdad de participación en el mercado de trabajo, la igualdad de acceso a los empleos profesionales y gerenciales y la correspondiente igualdad en los niveles de ingreso entre los sexos. La gran mayoría de la sociedad maltesa es católica, y la iglesia fomenta el papel de la maternidad y prioriza la crianza de los hijos. En consecuencia, las mujeres dejan el mercado laboral para tener hijos. Pero esta situación probablemente cambie con la generación de mujeres más jóvenes y más educadas. No obstante, hacen falta centros de atención infantil y nuevas medidas fiscales para fomentar la participación femenina en la economía formal.[10]

El Informe sobre Desarrollo Humano 2004 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo clasifica a Malta en el lugar 31 en el Índice de Desarrollo Humano y en el lugar 53 (de 147 países) en el Índice de Potenciación de Género.[11] Este último refleja la falta de participación femenina en las esferas económica y política y sus correspondientes ámbitos de decisión y de poder sobre los recursos económicos.

Malta no tiene leyes específicas referidas a la violencia doméstica y el delito está incluido en el código penal, que exige a la parte lesionada presentar la denuncia. Un proyecto de ley en circulación desde marzo de 2000 no ha sido aprobado. En los últimos siete años más de 96% de los usuarios del Servicio de Violencia Doméstica eran mujeres. Es posible que las estadísticas existentes sobre la violencia doméstica sean solo la punta de la madeja. En el Código Penal la violación está tipificada como delito bajo el título de “Delitos contra la paz y el honor de las familias y contra la moral” y no bajo “Delitos de violencia”. La violencia doméstica es tratada en el Tribunal de Familia. Una unidad policial especial y varias organizaciones voluntarias brindan apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Organismos estatales de asistencia social brindan asesoramiento, ayuda jurídica y refugio. El gobierno y la iglesia de Malta, a través de sus distintos organismos y organizaciones voluntarias, colaboran para ofrecer refugio a mujeres y niños sin vivienda.

La pobreza y la exclusión social de la mujer

El quintil más rico de la población tiene ingresos 4,5 veces mayores que el quintil más pobre.[12] Se calcula que 14,9% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las personas con menos años de enseñanza corren mayor riesgo de ser pobres. Más mujeres (15,1%) que hombres (14,7%) viven por debajo de la línea de pobreza en casi todos los grupos etarios.[13] Los hogares con mujeres solas tienen menos acceso a los recursos económicos y de otra índole.

La seguridad social bajo la forma de prestaciones sociales universales asegura un nivel de vida digno para todos los ciudadanos, aunque las personas que reciben la asistencia social carecen de las comodidades indispensables del hogar. La institución familiar sigue profundamente arraigada, y la familia de origen es la principal fuente de ayuda para quienes padecen enfermedad o estrés, y en menor grado para quienes padecen problemas de salud mental, dificultades financieras, enfermedades de largo plazo, discapacidades físicas o problemas de alcoholismo.

Malta experimentó un rápido crecimiento económico y una transición social que generaron nuevas formas de pobreza, principalmente relacionadas a dimensiones de exclusión extraeconómicas y sociales. El nuevo contexto de la pobreza se verifica en las persistentes desigualdades estructurales en el trabajo, el medio ambiente, la vivienda y la enseñanza, entre otros. También es evidente en la disolución de las redes familiares y la exclusión social de minorías que no se conforman con la cultura y la conducta predominantes por razones de drogadicción, violencia doméstica, estrés y necesidades especiales.

Medidas necesarias

En las últimas décadas se lograron numerosas conquistas sociales y jurídicas para las mujeres que contribuyeron con una mayor participación femenina en la sociedad y el mercado de trabajo. No obstante, aún quedan muchos problemas por resolver para realizar el potencial pleno del empleo femenino. La actividad económica femenina sigue siendo baja para los niveles europeos y el trabajo femenino se concentra en sectores y niveles específicos. Las mujeres no siempre gozan de condiciones de trabajo comparables a las de los hombres y participan menos que éstos en la capacitación profesional.

·      Las mujeres tienen escasísima representación en el mercado de trabajo en general y en los cargos altos y de decisión en particular. Existe una fuerte segregación ocupacional vertical y horizontal. Las mujeres se concentran en los empleos de tiempo completo y la brecha salarial entre las mujeres y los hombres es persistente. Los trabajadores de tiempo parcial tienen menor protección y acceso a beneficios sociales. El gobierno debe evaluar la situación y proporcionar protección jurídica y derecho a los beneficios sociales.

·      El Estado debe adoptar medidas que incrementen la representación femenina en los organismos electos y designados, en todas las áreas del sector público y del poder judicial. Debe empoderar a las mujeres para lograr una representación equilibrada de mujeres y hombres en general, y en los altos niveles de decisión en particular. Hacen falta programas de capacitación para el liderazgo y generar conciencia sobre la participación femenina en los procesos de decisión.

·      Es necesario proporcionar mejores oportunidades de trabajo a las mujeres para que puedan conseguir empleos con mejor remuneración y es necesario trabajar para la igualdad de género en materia salarial y en la capacitación y el desarrollo profesional y para la instalación de centros de atención infantil. La falta de estos últimos fuera de horario escolar es un factor que desanima a las mujeres a continuar su carrera en el mercado de trabajo.

·      El gobierno debe investigar el potencial actual y futuro de las mujeres que desean reingresar al mercado de trabajo y diseñar una política con este fin.

·      El gobierno debe adoptar leyes sobre violencia doméstica y comenzar a procesar los delitos.

·      Es necesario modificar la Ley de Seguridad Social de manera que las mujeres no queden excluidas de los beneficios de la jubilación por tener que cargar con las responsabilidades familiares.

Si bien Malta avanzó significativamente hacia una mayor emancipación femenina, las estadísticas muestran que el camino hacia la equidad de género todavía tiene mucho por recorrer. Las mujeres no podrán participar en real igualdad de condiciones con los hombres mientras sigan siendo las únicas – o principales - personas que atiendan a los hijos y a las tareas domésticas. Los dos sexos deben compartir las responsabilidades de la familia. Hacer de la equidad de género un tema de la mujer es perjudicar a las mujeres. El tema debe considerarse un asunto de derechos humanos y justicia social.

Notas:

[1] Elecciones de Concejos Locales en tres etapas distintas que abarcaron a todas las localidades de Malta: 2003: 125 hombres, 34 mujeres; 2004: 121 hombres, 19 mujeres; 2005: 122 hombres, 17 mujeres.
[2] Oficina de Administración y Personal. Annual Report 2003. Malta, diciembre de 2003; Departamento para la Mujer en la Sociedad, Ministerio de Política Social. Annual Report 2003.
[3] Ibid.
[4] Oficina Nacional de Estadísticas (NSO). Labour Force Survey, Julio-septiembre de 2004.
[5] Ibid.
[6] NSO. “Official Statistics of Malta. Education Statistics 2003”, 2005, www.nso.gov.mt/statdoc/document_file.aspx?id=641
[7] Por lo general ocupaciones de baja jerarquía, como empleos de oficina.
[8] NSO (2005), op cit.
[9] NSO. “Structural, poverty and social exclusion indicators”, diciembre de 2003, www.nso.gov.mt/statdoc/document_file.aspx?id=426
[10] Baldacchino, G. et al. Factors affecting Women’s Formal Participation in the Malta Labour Market: Results of a Research Project. Centro de Desarrollo de Participación de Trabajadores, Universidad de Malta, 2003.
[11] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2004, 2004.
[12] NSO. Poverty and Social Inequality. Comunicado de prensa No 84/2003, 9 de junio de 2003.
[13] NSO (2003), op cit.