Abandonados por el Estado

Bobby Kunhu
Coalición Nacional de Social Watch

Hay una paradoja implícita en el modelo de desarrollo de India: por un lado, la creciente movilización de los grupos de la sociedad civil y las tentativas de empoderar a los marginados en distintos niveles con influencias aparentemente positivas en las expresiones políticas, y por el otro, el alejamiento del Estado de sus funciones esenciales, especialmente de asegurar la equidad social, una función contemplada en la Constitución. Los resultados son terribles, sobre todo en lo que respecta a la seguridad humana. Las carencias y la creciente represión de los grupos marginados hicieron que las comunidades se enfrentaran unas a otras.

“La libertad es el vínculo entre el desarrollo y la democracia. La pobreza es la negación del derecho a vivir con dignidad (…) El desarrollo con equidad, justicia, distribución y participación es el requisito previo para la supervivencia y el crecimiento de la democracia india.”[1]

Sectores considerables de la población enfrentan serias carencias de necesidades básicas, tales como insuficiencia de alimentos, vivienda, vestimenta, atención médica, educación primaria, agua potable y saneamiento. Efectivamente, los principales defectos de las transformaciones económicas dirigidas por el Estado tras la independencia no son la falta de crecimiento económico ni la industrialización - por el contrario, en este sentido el desempeño de India ha sido respetable - sino las políticas y procesos que facilitan la realización de los derechos y la satisfacción de las necesidades básicas. Asimismo, existe cierta inquietud de que el panorama haya empeorado relativamente con referencia a algunas de esas necesidades básicas durante el período de reformas económicas iniciado en julio de 1991.

Aunque los Mesías del libre comercio elogian el crecimiento de 6% en 2002,[2] existe conciencia sobre la creciente desigualdad y marginación de grupos que ya estaban marginados.[3]

El presupuesto y los derechos socioeconómicos

Cuando se observa con cuidado a través del laberinto de tecnicismos y retórica oficial, se pone en duda el compromiso del gobierno con la reducción de la pobreza y la aplicación de los derechos socioeconómicos.

Por ejemplo, desde que la educación fuera incluida como un derecho fundamental en la Constitución, las partidas presupuestarias para la implementación de este derecho fueron progresivamente menores, a pesar de las promesas habituales del gobierno que señalaban lo contrario. En el presupuesto de 2003 sólo hubo un incremento marginal en la partida presupuestal real destinada a la educación. La cuenta de ingresos bajo asignación no planificada para la educación descendió, en términos reales per cápita, de INR 15,40 (USD 0,33) a INR 14,68 (USD 0,31) entre 2002 y 2003. La asignación planificada para la educación descendió de INR 0,30 (USD 0,006) per cápita en 2002-2003 a INR 0,18 (USD 0,003) en 2003-2004. Se eliminaron planes educativos importantes, como el Programa Nacional para la Educación de la Mujer.[4]

La partida destinada al plan del gobierno central Sarva Shiksha Abhiyan (Educación para Todos) aumentó a INR 15.120 millones (USD 328 millones), pero no consiguió el objetivo declarado de brindar educación a todos los niños menores de 14 años para diciembre de 2003. El silencio ante este fracaso quizá sea demasiado ensordecedor, incluso para el gobierno. Es evidente que existe una dependencia creciente de las fuerzas del mercado para llenar el déficit educativo.[5]

Gasto en salud: el más bajo del mundo

La situación del sector de la salud tampoco es muy alentadora. Como señalara el Informe Ciudadano sobre Gobernanza y Desarrollo 2003, de Social Watch India, “el volumen del gasto público en el sector de la salud es el más bajo del mundo. El sistema de salud indio es el más privatizado del mundo. Del gasto acumulado en salud, 83% se asigna al gasto privado, mientras 43% de los pobres dependen de los hospitales del sector público para recibir atención. La privatización y la desregulación del sistema de salud provocaron aumentos en los precios de los medicamentos. Plagada de contradicciones, la nueva Política Nacional de Salud de 2002 legitima la privatización de la salud que se está llevando a cabo. El gasto en salud pública, que actualmente es inferior a 1% del PBI, es muy inferior a 5% del PBI recomendado por la Organización Mundial de la Salud.”[6]

El ya disminuido gasto en salud descendió drásticamente en el presupuesto de 2003. De hecho, la mayoría de los compromisos asumidos por el gobierno están referidos a la privatización del sector sanitario y se realizaron en aras de los intereses del mercado.[7]

La Política Farmacéutica de 2003 es otro factor que contribuyó con la ineficacia del mecanismo de la Orden de Control de Precios de Medicamentos. Este mecanismo fue instituido en 1978 para mantener los precios de los medicamentos bajo control. Sin embargo, hoy en día sólo hay 35 medicamentos incorporados al plan, lo cual representa aproximadamente 22% del mercado total. La consecuencia de esta situación es menos acceso a los medicamentos y a los sistemas de atención médica, especialmente para los sectores más marginados de la sociedad.[8]

El gobierno redujo el gasto para el programa de nutrición global de INR 79,2 millones (USD 1,7 millones) a INR 77,7 millones (USD 1,6 millones) en el presupuesto de 2003. También se fijó una partida insuficiente de USD 110 millones con el objetivo imposible de sacar de la pobreza a 25% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza. Descendió el gasto general del área social, especialmente para los sectores marginados como los dalits,[9]adivasis,[10]las mujeres, etc.

Cuadro 1
Gasto público en salud como porcentaje del gasto público total (%)

Estado

1980-81

1998-99

Andhra Pradesh

7,63

8,45

Arunachal Pradesh

5,43

--

Assam

5,23

4,65

Bihar

5,49

4,81

Goa

--

5,11

Gujarat

6,08

5,41

Haryana

6,51

3,84

Himachal Pradesh

10,65

6,38

Jammu y Cachemira

11,82

5,16

Kerala

9,57

5,47

Madhya Pradesh

7,59

5,80

Maharashtra

6,53

4,84

Manipur

8,66

4,67

Meghalaya

15,34

7,22

Mizoram

--

4,93

Nagaland

9,57

5,39

Orissa

6,70

5,58

Punjab

6,52

4,73

Rajasthan

10,21

6,42

Sikkim

5,65

2,84

Tamil Nadu

6,56

8,32

Tripura

4,57

4,69

Uttar Pradesh

5,89

4,10

Bengala Occidental

9,07

6,49

Fuente: Proyecto del Décimo Plan Quinquenal, Vol III, Comisión de Planificación.

Desempleo

El desempleo es una de las tendencias más inquietantes producidas por el pasaje a la economía de mercado. El desempleo encubierto sigue preocupando y el abierto se convirtió en un grave problema. El derrumbe del sector público y la consiguiente falta de oportunidades, así como el lento crecimiento del sector privado, provocaron la aguda desaceleración de la creación de empleo en el sector organizado. De hecho, la fuerza laboral del sector formal representa apenas 8% del total, y hay indicios de que la vulnerabilidad de la fuerza laboral del sector informal podría agravarse. Lo más alarmante es el incremento de las muertes por hambre y los suicidios de agricultores pequeños y marginales en 2003. Esas muertes pueden atribuirse al incremento de la inseguridad relacionada con el medio de vida en las zonas rurales y urbanas.

Tierra, desplazamiento y conflicto

La situación de la distribución de la tierra también resulta de interés. Con la excepción de instancias puntuales, como la iniciativa del gobierno del estado de

Madhya Pradesh para otorgar pequeños terrenos a los dalits, las políticas de distribución de la tierra en el país han sido, en general, regresivas. Tierras públicas fueron transferidas a empresas privadas, como sucedió en el estado de Tamil Nadu, donde son escasos los intentos de distribución entre los sin tierra.[11]

En este contexto, el debate sobre grandes proyectos de desarrollo y desplazamiento es particularmente serio, y la discusión sobre el proyecto del Valle Narmada es el ejemplo más notorio. La Autoridad de Control del Narmada recomendó que la altura de la represa Sardar Sarovar fuera elevada de su altura actual de 95 metros a 100 metros.[12]

Gran cantidad de adivasis fueron desplazados por la inundación de las tierras producida por el incremento de la altura de la represa, y su reubicación dejó mucho que desear. La situación de las personas afectadas en Madhya Pradesh es peor. La gran mayoría de las 35.000 familias expulsadas aún no fueron reubicadas, y 12.000 familias más podrían ser desplazadas durante esta estación de los monsones. El gobierno del estado declaró abiertamente que no existen tierras para los expulsados y les otorgó una compensación monetaria, lo cual viola las pautas del Tribunal de Disputas del Agua de Narmada, que la Corte Suprema había ratificado en 2000.[13]

La clasificación de tierras generadoras de ingresos como tierras forestales es otro proceso que niega derechos de propiedad y acceso a la tierra a comunidades enteras y a sus legítimos propietarios. Esto llegó a provocar violencia en Wayanad, en el norte de Kerala, donde la Policía disparó contra un grupo de adivasis que presuntamente ocupaban tierras forestales. Varias personas resultaron muertas.[14]

La amenaza del terrorismo

Otro problema de seguridad humana es la presunta amenaza del terrorismo, que se utiliza como pretexto para aumentar el gasto militar e incorporar cambios represivos al sistema de justicia penal, con escasa consideración por los mandatos de la Constitución. El mejor ejemplo es el reciente pronunciamiento del Comité del Juez Malimath, que recomienda que los poderes draconianos de la Policía se extiendan al derecho penal general por medio de leyes especiales, como la Ley de Prevención del Terrorismo.[15] Incluso dentro del sistema actual, los grupos marginados son los que se llevan la peor parte.

Conclusión

Tras analizar la actitud del Estado y su compromiso presupuestario en relación con la sociedad en general y las comunidades marginadas en particular, se debe prestar atención a la situación real de comunidades específicas. Las carencias y la creciente represión de las comunidades marginadas por parte del Estado, tanto en términos económicos como culturales, conducen a una situación por la cual las comunidades se enfrentan unas contra otras en la disputa por lo poco que el Estado tiene para ofrecerles en materia de derechos humanos básicos. Esto generó situaciones como las de Gujarat, donde fuerzas represoras y fundamentalistas utilizaron a comunidades marginadas para atacar a grupos minoritarios. La privatización indiscriminada y la erosión resultante de los derechos socioeconómicos en India tuvieron consecuencias desastrosas.

Notas:

[1] Samuel, John y Jagadananda, Eds. “Making Sense of Democracy. An introduction to Social Watch India”. Citizens Report on Governance and Development. Nueva Delhi: Coalición Nacional de Social Watch, 2003.
[2]www.adb.org/Documents/News/2002/nr2002048.asp
[3] Datt, Gaurav y Martin Ravallion “Is India’s Economic Growth Leaving the Poor Behind?”.http://poverty.worldbank.org/files/13504_GD1.pdf
[4] CBA. The Marginalised Matter. 2003. Ver también Samuel y Jagadananda, op cit.
[5] “Aunque la tasa de alfabetización mejoró de 18% en 1951 a 65% en 2001, la tercera parte de los analfabetos del mundo son indios. De aproximadamente 200 millones de niños entre 6 y 14 años, sólo 120 millones están matriculados. La insuficiente partida presupuestal, la pésima infraestructura escolar en las zonas urbanas, las elevadas tasas de abandono, los prejuicios relacionados con las castas y con el género, etc., son las marcas distintivas de nuestro sistema educativo”. Samuel y Jagadananda, op cit.
[6]Ibid.
[7]Ibid. “El gasto público en salud de India es uno de los más bajos del mundo. En la actualidad, el gasto público en salud como porcentaje del gasto público anual acumulado en salud es de 96,9% en el Reino Unido, de 44,1% en Estados Unidos, de 45,4% en Sri Lanka y de 24,9% en China, pero en el caso de India es un escaso 17,3%.”
[8] Ramachandran, P. “Unhealthy Policy”, Frontline, 15 de marzo de 2002. Ver también Samuel y Jagadananda, op cit.
[9] Los dalits o intocables son el grupo más marginado de India. Existen unos 240 millones de dalits (25% de la población) en el país y suelen ser relegados a realizar trabajos serviles.
[10] Se cree que los adivasis eran los habitantes originales de India. Hay unos 70 millones de adivasis (8% de la población) en el país. En su mayoría son granjeros o cazadores-recolectores marginados.
[11] Samuel y Jagadananda, op cit.
[12]The Hindu, 14 de mayo de 2002.
[13]www.narmada.org/sardar-sarovar/damincrease.html
[14] Thakkaekara, Mari. “What really happened”. Frontline. 15 de marzo de 2002.
[15] Narrain, Siddharth. “Rights and Criminal Justice”. Frontline. 13 de septiembre de 2003.

Bobby Kunhu es abogado de derechos humanos y coordinador de la Coalición Nacional de Social Watch en India.