Menos Estado, menos bienestar

Abdoul Souleye Sow
Association pour le Développement Economique Social Environnemental du Nord (ADESEN)

A mediados de los 90, el gobierno, en pleno proceso de aplicación de los programas de ajuste estructural, diseñó y puso en marcha un amplio programa de privatización de las empresas públicas. Desde 1989, 27 empresas públicas pasaron, efectivamente, a manos privadas. El resultado ha sido el deterioro del sistema educativo, el deterioro del servicio público de salud, la degradación de la producción y la seguridad alimentaria, el aumento del desempleo, el crecimiento de la exclusión y las desigualdades.

Las privatizaciones más notables fueron la de SONEES (agua), SONATEL (telecomunicaciones) y SENELEC (energía), tres sectores que durante mucho tiempo fueron considerados estratégicos.

Los principales argumentos esgrimidos a favor de la privatización eran, por un lado, que el Estado era incapaz de asumir el costo de las inversiones necesarias en los sectores involucrados en el contexto de las fuertes restricciones presupuestarias y, por otro lado, el aumento de la demanda. Las privatizaciones han oscilado hasta ahora entre dos grandes modalidades. Una de ellas consiste en realizar una cesión de activos (es el caso de SONATEL) y la otra es el arrendamiento (como en el caso de SONES, con un ente patrimonial perteneciente al Estado y una sociedad de gestión privada).

Esta política se encuadra bien en el marco de la estrategia general de retirada del Estado de las funciones de comercialización, producción y crédito. Los principales beneficiados han sido los monopolios extranjeros, en detrimento de los capitales nacionales, de los trabajadores, y hasta de los servicios públicos.

Privatización en beneficio de los monopolios extranjeros

En 1996, la Société Nationale d’Exploitation des Eaux du Sénégal (SONEES – Sociedad Nacional de Explotación de Aguas de Senegal), que fue la primera gran privatización, quedó escindida en tres unidades: l’Office National d’Assainissement du Sénégal (ONAS – Oficina Nacional de Saneamiento de Senegal); la SONES, una sociedad patrimonial enteramente estatal; y la Sénégalaise des Eaux (SDE - Senegalesa de aguas), encargada de la explotación y la distribución del agua, y cuyo principal accionista, Saur International (Grupo Bouygues, Francia), posee 50,5% del capital.

La privatización de la energía eléctrica es un tema álgido, ya que existe una fuerte oposición de los sindicatos. La privatización de la explotación y la distribución de la electricidad fue rechazada varias veces hasta que, en marzo de 1999, terminó en manos de una sociedad francocanadiense, Hydroquébec International y Elyo. Esta parte debía hacerse cargo de la demanda de energía eléctrica que aumenta al menos 5% por año. Debía poner en marcha un importante programa de inversiones. El Estado, por su parte, gracias a una erogación especial de la ley para el sector de la energía de 1998, que excluye a la SENELEC (Sociedad Nacional de Electricidad) de la producción, debía autorizarle a ésta a invertir para incrementar su capacidad productiva al nivel necesario para cubrir la demanda de energía eléctrica.

Pero los nuevos proveedores del servicio nunca hicieron las inversiones necesarias para satisfacer la demanda, lo cual generó una deficiencia en la provisión de energía eléctrica y provocó la ruptura del contrato de privatización.

Poco menos de un año después del fracaso de este primer intento de privatización de SENELEC con el consorcio Elyo-Hydroquébec, las nuevas autoridades han decidido reiniciar el proceso de cesión de la sociedad a empresas privadas, pero estableciendo cambios fundamentales en las reglas del juego. Ahora, se ha hecho una concesión total por 10 años que abarca la producción, el transporte y la distribución. El Estado decidió, además, incrementar la participación del socio estratégico. La privatización se realizaría mediante la venta de 51% de las acciones existentes a un socio que tuviera una sólida competencia técnica y estratégica. La participación del socio estratégico era de 34% luego de la primera operación de privatización, en 1999. Finalmente, la privatización no se produjo luego de que Vivendi, que era el comprador, no pudo hacerse cargo de su compromiso financiero.

La privatización del sector de la energía eléctrica, siempre a la orden del día, presentada como la solución para las dificultades del Estado pero, sobre todo, como una panacea frente al aumento de la demanda y a la reducida tasa de acceso a la electricidad en todo el país, no podrá resolver la crisis energética. A pesar de la privatización, no se alcanzará el objetivo de 60% de electrificación urbana y 15% en la zona rural, fijado por el Estado. El fracaso de esta privatización ha sido estrepitoso debido al papel que juega este sector en el desarrollo económico. Se estima que la carencia de electricidad ha sido el origen de la disminución de la tasa de crecimiento de 2002.

En el sector de las telecomunicaciones, el Estado senegalés cedió 42% del capital de la Société Nationale des Télécommunications (SONATEL – Sociedad Nacional de Telecomunicaciones) a France Câbles et Radio (FCR – Cables y Radio Francia), una filial de France Télécom. Presionado por sus acreedores extranjeros, el Estado vendió un ente público eficaz y moderno.

Existe igualmente un problema subyacente pero jamás discutido públicamente, que es el de la privatización de SONATEL. Para algunos sectores, que no son minoritarios, el gobierno no debió haber vendido nunca esa joya de la economía nacional: era un organismo público bien administrado, bien equipado, al día con las nuevas tecnologías, cuya rentabilidad aumentaba año tras año y cuyo crecimiento era continuo.

 La única explicación para la privatización de SONATEL es que fue una de las condiciones impuestas por el Banco Mundial, para el cual el Estado no debería operar en esa área de la economía. Sin embargo, por una de esas ironías de la historia, France Télécom, la empresa pública que compró buena parte (42%) del capital de SONATEL, es líder en el mercado y primera en capitalización bursátil en su país, al menos hasta 2002. La otra paradoja es que dicha empresa tiene una deuda de casi USD 69.000 millones, que se debe a su avidez por adquirir empresas extranjeras de telecomunicaciones y que pone en peligro su propia existencia.

De todos modos, la privatización de SONATEL no ha generado competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Quienes temen que los monopolios privados sustituyan a los estatales, tienen motivos para inquietarse. SONATEL privatizada está en situación de monopolio. Posee la totalidad de la red de telefonía fija de Senegal. Por haber sido una sociedad estatal, fue la responsable de instalar toda la red de telefonía fija del país. Pero ese papel en el servicio público no sobrevivió a la privatización.

Al repartirse las inversiones de SONATEL, el Estado y France Télécom heredaron la totalidad de la red telefónica del país. Sin embargo, SONATEL, aún privatizada, mantiene una posición dominante en el mercado. Establece las reglas, fija los precios y determina el acceso a la red de telefonía nacional e internacional. Esta falta de opciones a la hora de elegir operadores obliga a los senegaleses a recurrir a SONATEL sin tener en cuenta el precio y la calidad de los servicios. SONATEL tiene el monopolio, pero no es capaz de cumplir con sus obligaciones: pedir la instalación de un teléfono fijo puede convertirse en una dura batalla para un senegalés. ¿Se trata de un problema logístico o de una decisión de limitar la red de telefonía fija, que es muy cara de instalar? SONATEL no responderá jamás a esta pregunta.

En cualquier caso, el Estado debe encontrar otras opciones de gestión pública que a la vez contribuyan a consolidar un capital nacional.

Una privatización sin consecuencias sociales beneficiosas

Los beneficios espectaculares de SONATEL han generado mucho alboroto. Muchos se preguntan, legítimamente, por qué un organismo en crecimiento permanente, con importantes utilidades, fija tarifas de conexión y comunicación tan elevadas en un contexto de dificultades económicas y de escaso poder adquisitivo de los ciudadanos. La respuesta habitual, que consiste en justificar esta política por la necesidad de reinversión en el sector, no convence a la opinión pública.

La inversión en el sector de las telecomunicaciones no se traduce todavía en una extensión significativa de la red hacia las zonas rurales, por lo cual siguen primando la exclusión y las desigualdades.

La doctrina del “menos Estado, mejor Estado” ha mostrado sus limitaciones en el estrepitoso fracaso de las privatizaciones llevadas a cabo en el sector agrícola. Luego de la eliminación precipitada y sin planificar de Sonagraines (la sociedad responsable de la comercialización del cacahuete), el gobierno ha estructurado una red de 400 operadores económicos cuidadosamente escogidos y certificados para la comercialización del cacahuete –el objetivo es hacer participar al sector privado. Así, el gobierno ha dejado a los productores de cacahuetes sometidos al poder del sector privado y sin capacidad real de negociación. De este modo, el gobierno ha favorecido la degradación de la producción y la seguridad alimentaria.

En el sector de la educación, el deterioro del sistema educativo ha llevado a los más privilegiados a inscribir a sus hijos en colegios privados, alimentando así las desigualdades y generando un sistema de vías paralelas. Asistimos a una privatización de hecho. El Banco Mundial ha estado convencido desde hace 15 años de que para remediar las insuficiencias del sistema educativo es necesario implementar una política de apertura al sector privado. El gobierno, sometido al pago de la deuda y al imperativo de reducir el déficit presupuestario, se volvió incapaz de cumplir correctamente con sus obligaciones en este sector. La multiplicación de los conflictos con los docentes, así como las huelgas de estudiantes, son un testimonio del deterioro de la enseñanza pública.

En el sector de la salud, se observan las mismas tendencias: deterioro del servicio público, dificultad de acceso a la atención y a los medicamentos, y el surgimiento de un sistema de vías paralelas. Luego de muchos años de políticas de subvención y discursos sobre la participación, la situación real es que ha aumentado la carga presupuestaria familiar.

En el sector del empleo, asistimos a un deterioro progresivo de los puestos de trabajo en el sector de la industria debido, por un lado, a las olas privatizadoras que han dejado a miles de trabajadores en la calle y, por otro lado, a que hace años que el crecimiento económico de Senegal (del entorno del 5%) no se traduce en la creación de nuevos empleos. Al mismo tiempo, asistimos a una “informalización” de la economía.