Una nación a oscuras

Ruth Selma Herrera M.
Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER)

Las privatizaciones no se han traducido en ningún beneficio social para los más pobres. Las empresas de energía y teléfonos no sólo han subido los precios de los servicios, por demás dolarizados, sino que han incrementado los requisitos de acceso al servicio y desmejorado la calidad. Además de ser un país de pobres, Nicaragua es hoy, también, una nación a oscuras.

Losindicadores socioeconómicos dibujan el panorama en el cual se desarrollan enNicaragua los servicios sociales básicos. De acuerdo a cifras oficiales delInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 43% delos nicaragüenses viven en pobreza, 17% en pobreza extrema y 40% encondiciones aceptables. Casi tres millones de nicaragüenses “no cuentan conlos medios necesarios para sustentar sus necesidades básicas”. Estudiosrecientes revelan que de 5,2 millones de habitantes, 54% residen en áreasurbanas y 73% de las familias posee energía eléctrica, mientras sólo 40% lotienen en las áreas rurales. Según datos oficiales al agua potable accede el80% de los pobladores urbanos y 28% de los rurales. Los servicios sanitarios oletrinas los posee el 95% de los hogares urbanos mientras que en las zonasrurales sólo un 70%.

Energía:una venta subvaluada y secreta

Elproceso de privatización se inició en la década de los 90, bajo el gobiernode Violeta Barrios, cuando implementó cambios radicales en el sistema políticoy revirtió el régimen de propiedad estatal instaurado con la RevoluciónPopular Sandinista. La decisión de privatizar los servicios básicos se concretóa finales de esa década en el contexto de gobiernos que abandonaban susresponsabilidades sociales y de políticas promovidas por las InstitucionesFinancieras Internacionales como parte de los paquetes ya conocidos de ajusteestructural.

Losincentivos de la privatización de las empresas de servicios básicos, como loilustra el caso de la energía domiciliar, son la escala económica a la queoperan y el régimen de monopolio que disfrutan. El gobierno vendió lasubvaluada empresa estatal de energía a Unión FENOSA, un monopolio español,con el acuerdo de que no sería sancionada en los dos primeros años deoperaciones, lo que se ha traducido en una práctica lesiva a los derechos delos usuarios. Actualmente, Unión FENOSA distribuye el 95% de la energía del paíscon un registro de medio millón de usuarios. Dos años después de suscrito elcontrato entre el gobierno de Alemán-Bolañosy la corporación española,aún no se ha hecho público su contenido, pese a que el mismo es un documentode interés público.

Elmonopolio ha violentado las normativas aprobadas, plazos de las tarifas,alcances, condiciones y calidad del servicio. Es decir, “el estímuloempresarial” consiste en operar con impunidad frente a los usuarios ydesconocer reclamos por cobros indebidos (errores de facturación, energía noregistrada, mora, etc.), mediciones alteradas, servicios cobrados y no prestadosde alumbrado público, fallas de voltaje, daños a electrodomésticos, pérdidasde productos en las empresas, etc., de forma que la privatización de la energíano trajo ningún impacto positivo para una mayor cobertura y menos aún a lastarifas y calidad del servicio. Los más pobres en la práctica están excluidosde acceder legalmente a la energía.

Durantelos años 90 se privatizó la generación de energía y sólo es estatal lahidroeléctrica. En 2002 el gobierno ha intentado privatizar las dos plantashidroeléctricas, Hidrogesa-Geosa, y la Empresa Nacional de Agua yAlcantarillado (ENACAL). Sin embargo ambas acciones se han pospuesto por los vacíoslegales y por la crítica de sectores (consumidores, indígenas, empresarios,parlamentarios) que generan opinión y ejercen presión en contra de estosprocesos.

Enseptiembre 2002 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 440 que prohíbe la entregade concesiones de agua para cualquier fin y se anunció la elaboración de laLey General de Aguas. ENACALsigue siendo estatal, pero la actitud de sus administradores es favorable a laprivatización. El alza de las tarifas y la baja calidad del servicio hanprovocado críticas y cuestionamientos por parte de los usuarios.

Parala telefonía, el estímulo empresarial también está en la escala económica yen el monopolio del mercado, lo cual es negativo para los derechos económicosde los usuarios. Las empresas han endurecido las condiciones de los servicios yaplican medidas drásticas en la relación comercial y en los cortes a losusuarios.

En2001, se privatizó, en un entorno muy cuestionado por la falta detransparencia, el 40% de la telefonía a favor de Megatel, aunque la licitantefue TeliaSwedtel. En 2000, el InstitutoNicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) vendió la concesiónde celulares a BellSouth. Recientemente el Estado entregó otra concesión detelefonía celular a Megatel, que junto a BellSouth son las “dueñas” delmercado. En la actualidad, estas empresas están confrontadas públicamente porel Control del servicio, en tanto TELCOR anunció tarifas más bajas, creándoseun conflicto comercial que podría temporalmente beneficiar a los usuarios.

Saludy educación: la privatización encubierta

Losservicios básicos de salud, es decir, el sistema integrado por casas y centrosde salud, dispensarios y hospitales, aunque en teoría continúan siendoestatales, en la práctica están parcialmente “privatizados”. Desde mitadde la década pasada el gobierno separó la seguridad social del Sistema Únicode Salud, y dio pie a la privatización de una parte de éstos, primero con elsurgimiento de las clínicas previsionales para los asegurados y sus familiares,y después con la creación de servicios diferenciados (pensionados) pagados enlos hospitales y clínicas públicas. Esto trajo como resultado que en laactualidad un hospital estatal brinde servicios privados, previsionales y “públicos”,donde hasta los más pobres deben dar “contribuciones” para ser atendidos, acausa del grave desabastecimiento básico que caracteriza a éstos últimos, conunidades de salud desabastecidas de medicamentos, materiales básicos y quirúrgicos.

Enlos hospitales públicos que han establecido la atención diferenciada se haexcluido a las familias más pobres de servicios de especialidad (radiológicos,laboratorio, medicamentos, cirugías, etc.). Estos servicios se brindansolamente en las áreas privatizadas y se excluyen en las áreas no privatizadaso de “pensionado”.

ElMinisterio de Salud es el órgano rector y dispone de 996 unidades sanitarias delas cuales el 48,3% está en la zona del Pacífico. Tiene 31 hospitales, 11 delos cuales están ubicados en Managua. El 90% de la población del Pacíficocuenta con una cobertura teórica superior a la media nacional. En la CostaCaribe sólo llega al 51% y en la Norte y Central sólo cubre un 13%, quecoincide con la zona donde se localizan los municipios con índice de pobreza másalto.

Laeducación primaria y secundaria está privatizada en un 50% de susestablecimientos, si se tiene en cuenta que en 2001 el 37% de las escuelas públicas(con una matriculación del 63% de los alumnos) había pasado al régimen decentros autónomos. El 55% de los docentes de primaria y secundaria trabajandentro de este sistema. Adicionalmente operan muchos establecimientos educativosque desde su fundación funcionan bajo el régimen de servicio educativoprivado.

Enlas escuelas de primaria y secundaria, la privatización de los servicioseducativos o programa de autonomía escolar, esta asociada a una contribucióneconómica cada vez más alta que debe cubrir todos los costos de funcionamientoque no cubre la débil transferencia gubernamental. Los centros bajo el régimenpúblico también piden contribuciones “voluntarias”, pero las condicionesde la enseñanza, los servicios básicos y la situación de los docentes se handeteriorado de forma muy severa.

Elimpacto de las privatizaciones

EnNicaragua está lejos de cumplirse la tesis acerca de las “bondades de laprivatización”. Se han encarecido los servicios, ha disminuido la calidad yla cobertura se ha estancado, dado que al menos el 50% de la población noaccede a los servicios de energía eléctrica y comunicaciones. El acceso denuevos asentamientos ha sido por la vía de conexiones ilegales. Esto haprovocado incremento en los riesgos de los usuarios más pobres. Son frecuenteslos incendios y han perdido la vida adultos y niños por las malasinstalaciones. Las experiencias de “legalización” de energía en losasentamientos desde Unión FENOSA se han convertido en una fuente de conflictoentre los usuarios y la empresa.

Nicaragua no sólo es un paísde pobres, también es una nación a oscuras. Elservicio de energía eléctrica se ha deteriorado de forma relevante con laprivatización de la EmpresaNicaragüense de Electricidad (ENEL).Unión FENOSA ha creado una insatisfacción generalizada en torno al tema delalumbrado público, no tramita los reclamos por este servicio en las comunidadesdonde se factura cada mes a pesar de su inexistencia. Se niega a reponer lasluminarias que se dañan y no da mantenimiento al sistema. La Red Nacional deDefensa de los Consumidores ha desarrollado una fuerte política informativa entorno a este tema que ha conducido a reclamos cada vez más fuertes por parte delos usuarios. No solamente se ha incrementado el valor de la factura por alzascuestionadas como ilegales por las organizaciones de los consumidores sino porla frecuente aplicación de cobros indebidos bajo conceptos diversos: gastos decomercialización, alumbrado público, depósito en garantía, mora, energía noregistrada, alquiler de medidor, etc., más 15% de Impuesto General al Valor(IGV). Esto conduce a que el mayor porcentaje de los ingresos en las familiaspobres esté destinado al pago de la energía, y presione a buscar salidasirregulares para mantener el acceso al vital servicio.

LaEmpresa Nicaragüense de Telecomunicaciones S.A.(ENITEL), también vendióactivos subvaluados a Megatel y el gobierno cedió la explotación de una bandade telefonía celular y el aval para gestionar fondos en la banca internacionalpara financiar las 50 mil líneas ofertadas. La empresa va a sustituir teléfonosconvencionales municipales por teléfonos públicos de tarjeta, los que resultanmás costosos y menos accesibles para los usuarios. El acceso al servicio y laatención por reparaciones no ha mejorado y hay planes de cerrar la mayoría delas 60 sucursales municipales existentes.

Losdirigentes gremiales del sector y usuarios informados consideran que el Estadoha resultado el gran perdedor con la privatización de los teléfonos, en tanto,no solamente se desprendió de una empresa altamente rentable, sino que susactivos fueron vendidos en un proceso nada transparente, a precios irrisorios,plazos muy ventajosos y condiciones para que el “comprador” pague con lasutilidades generadas. El Estado asumió el “saneamiento” financiero deENITEL, que incluye las demandas y juicios pendientes por un monto aproximado deUSD 190 millones, todo ello a cuenta de las finanzas públicas.

Acausa de la baja calidad en los servicios básicos de salud, existen problemassanitarios abundantes y agudos; sin embargo, la mayoría de ellos podrían serprevenidos. Las causas más frecuentes de morbilidad y muerte son: enfermedadesgastrointestinales, respiratorias, dengue clásico y hemorrágico. Hay un altoíndice de muerte prematura por falta de atención prenatal. La mortalidadinfantil en menores de 5 años es un tercio mayor en el campo que en la ciudad,igual que la atención médica en el período prenatal, y es mayor el riesgo demuerte en el nacimiento. La atención neonatal representa un 20,2% de lasbrindadas, mientras la postnatal es de 24%, y la infantil de 45,5%. Uno de cadatres niños presenta desnutrición y en 9% de ellos es severa. La desnutricióncrónica está asociada a la deficiencia alimentaria causada por el bajo nivelde ingresos de las familias.

Nose identifican políticas en torno a los servicios básicos con enfoque de género.Una de las excepciones en este ámbito se encuentra en la planificación de losservicios de salud, a través del Ministerio de Salud, donde estáninstitucionalizados algunos programas de atención a la mujer, tanto en el marcode la educación como de la prevención y la asistencia, ligados a metas deeducación sexual y reproductiva, programas materno infantiles y de enfermedadespropias de las mujeres.

Conclusión

Ladecisión de privatizar los servicios básicos se elaboró en el curso de variosaños, en la década de los 90, al calor de los cambios políticos acerca de lanaturaleza del Estado, que trajo consigo el cambio de sistema político(administraciones Chamorro y Alemán). Este cambio estuvo alimentado por laspresiones de los organismos internacionales en el marco de los planes de ajusteestructural, que incidieron de forma muy clara en la agenda parlamentaria de losúltimos años.

Enun país donde no existe la tradición de elaborar leyes o tomar decisionestrascendentales realizando consultas efectivas con los ciudadanos, la debilidadpolítica del principal partido de oposición –el Frente Sandinista– y elcogobierno en materia de política económica y social, condujo a que lasdecisiones acerca de la privatización de los servicios básicos se tomaran sinla adecuada información, el suficiente debate público y sin que se realizaranlas consultas pertinentes con sectores importantes de la sociedad civil.

La autora es Coordinadora de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores. El presente capítulo se ha elaborado a solicitud de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER), atendiendo los lineamientos presentados por Social Watch, y con el apoyo financiero del Departament for International Development (DIFD) en Managua.