¿Número 1?

Desde que las Naciones Unidas comenzó a publicar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 1990, Canadá obtuvo el primer lugar entre 175 países en forma casi continua. Pero los promedios no muestran todo el cuadro. La delegación de los servicios a los niveles inferiores de gobierno, la descarga de las responsabilidades sociales sobre aquellos con menor capacidad para pagar y la creciente desigualdad en el ingreso significan que cada vez más habitantes corren el peligro de que sus necesidades sociales básicas –vivienda, alimentación y agua potable– no se satisfagan.

En el transcurso de los años 90 la economía creció más del 25%. Después de siete años de “recuperación”, el crecimiento económico alcanzó cifras experimentadas por última vez a principios de los años 70. El desempleo es el más bajo desde mediados de los años 70 y las tasas de interés siguen bajas a pesar del decreciente desempleo. La economía es 2,5 veces mayor de lo que era a mediados de los años 70, en cifras adaptadas a la inflación.

En estas circunstancias, la vida debería ser mejor para todos. De hecho, éste es el mensaje central del ajuste estructural que se envía a los países de todo el mundo: si se toman las medidas adecuadas para fortalecer el sector privado, la economía florecerá y la prosperidad alcanzará a todos.

Economía floreciente y mayor pobreza

Sin embargo, aun cuando la economía prospera, hay más personas pobres y en peor situación que hace una década.[1]  Aunque el promedio de los ingresos familiares finalmente superó el objetivo fijado en 1989, dos factores siguen causando preocupación. El escaso incremento del 1,7% fue logrado con el trabajo de más integrantes de la familia o con más horas de trabajo de dichos integrantes, pero recibiendo el mismo salario. Los ingresos reales no han aumentado desde 1994.[2]

En segundo lugar, el ingreso –descontados los impuestos– de la mayoría de las familias se redujo a lo largo de la década. Casi cinco millones de familias, que comprenden el 60% inferior de las familias canadienses, redujeron sus ingresos. Los ingresos de las familias más pobres fueron los que más disminuyeron (más del 5%) una vez descontados los impuestos. Para 1998 el 20% más pobre de las familias recibía un ingreso promedio de CAD 17.662 (USD 11.447). Mientras, las familias más ricas aumentaron sus ingresos en 7% a lo largo de la década, y el ingreso promedio del 20% más rico de las familias aumentó a CAD 96.175 (USD 62.451) en 1998.[3]

Cambios en el mercado laboral y en los servicios estatales

La tendencia dominante de la década fue la “reducción de personal” en las empresas públicas y privadas. La tarea comprende tres procesos: identificación de las funciones principales, subcontratación externa de la producción y contratación temporal de personal en períodos de gran demanda. En el caso del sector público, las funciones principales fueron privatizadas o sencillamente dejaron de realizarse.

En consecuencia aparecieron dos nuevas tendencias en el mercado laboral en los años 90: el trabajo independiente (la fuente de más del 58% de los “nuevos” empleos creados entre 1990 y 1998),[4] y la proliferación del trabajo temporal. Los empleos zafrales, contractuales, a término e informales crecieron un 25% entre 1997 y 2000 y ahora constituyen más del 14% de los empleos del mercado de trabajo.[5] 

Las fuertes iniciativas federales y provinciales para reducir los costos han disminuido el alcance y la profundidad del respaldo y los servicios del Estado. Esta situación perjudicó a la población en el extremo inferior del espectro del ingreso mucho más que en el superior, pero con el tiempo, cada vez más habitantes sienten el impacto de estos cambios. En 1990, el 74% de los desempleados recibieron subsidios por seguro de desempleo. En 1997, la cifra correspondió sólo al 36%.[6] Casi todas las provincias también recortaron al menos una categoría de asistencia social entre 1989 y 1999.[7] Las mujeres fueron las más perjudicadas por el cambio de las reglas de juego.  

Descargándose del peso de la deuda

La guerra contra el déficit permitió que el gobierno equilibrara sus cuentas, lograra superávits y redujera la deuda en relación con el PBI. En su último discurso presupuestal, el Ministro de Finanzas anunció con orgullo que el gobierno federal era ahora más pequeño que en los últimos 50 años (en relación al PBI). A nivel provincial, casi todas las provincias equilibraron sus cuentas y están en camino de eliminar sus deudas. Los gobiernos provinciales también manifestaron el compromiso de seguir reduciendo el tamaño del gobierno.

Por el contrario, los déficits y deudas de los gobiernos municipales e instituciones importantes, como los hospitales, se han acumulado. Por ejemplo, la mayor ciudad del país, Toronto, tenía deudas pendientes netas por CAD 1.000 millones (USD 649 millones) a fines de 1999. Se calcula que dicha deuda aumentará a CAD 2.100 millones (USD 1.360 millones) para el 2004.[8]

Además, la deuda de los hogares está aumentando debido a los mayores costos de los servicios básicos y al estancamiento de los salarios. El Instituto Vanier de la Familia documentó en su informe de febrero del 2001 que la deuda total del hogar promedio representó en 1999 el 113% de los ingresos –descontados los impuestos–, frente al 90% de 1989.

Más allá de los números

En el contexto de la prosperidad económica, la delegación de los servicios a los niveles inferiores de gobierno, la descarga de las responsabilidades sociales sobre aquellos con menor capacidad para pagar y la creciente desigualdad en el ingreso significan que cada vez más habitantes corren el peligro de que sus necesidades sociales básicas –vivienda, alimentación y agua potable– no se satisfagan.

La falta de vivienda se ha convertido en un desastre nacional, según una resolución aprobrada en noviembre de 1998 por los alcaldes de las mayores ciudades. Los gobiernos locales no habían estado tan abrumados por la necesidad desde la gran depresión económica de la década de 1930, ya que cada vez más hogares en los grandes centros urbanos padecen restricciones económicas.

La Corporación Canadiense de Hipotecas y Viviendas indicó que, en 1996, 1,7 millones de familias rentistas tenían graves problemas de vivienda. Esos hogares tuvieron un ingreso promedio de CAD 14.600 (USD 9.480) y muchos de ellos destinaron entre 40% y 55% de sus ingresos al pago del alquiler. Según la provincia, entre un quinto y un tercio de las familias rentistas padecían esta situación. El número de viviendas en estado de vulnerabilidad creció más de un tercio entre 1991 y 1996.[9] 

El precio estimado de las iniciativas para construir viviendas a bajo costo podría llegar a los CAD 2.000 millones (USD 1.300 millones) cada año durante los próximos 10 años.[10] Teniendo en cuenta el crecimiento de la economía y los superávits presupuestales esperados para el futuro próximo, la falta de una política federal de viviendas en un país invernal como Canadá es incomprensible.

En lo que se refiere a la alimentación, unas 727.000 personas recibieron ayuda alimentaria de emergencia de los bancos de alimentos en marzo del 2000, casi el doble de la cifra de 1989. Casi la mitad de todos los beneficiados por los bancos de alimentos son niños y niñas.[11] Existen al menos 615 bancos de alimentos con 2.213 organizaciones adicionales que ayudan a los pobres en todo el país. En los últimos cinco años se inauguraron 77 bancos de alimentos en Canadá. En marzo del 2000, por primera vez, algunos de dichos bancos debieron rechazar pedidos de ayuda.[12] Los trabajadores de los bancos de alimentos indican que existe un creciente número de personas que no tienen ingresos y que cada vez más trabajadores pobres recurren a ellos. Con el aumento de los costos por alimentos, combustible y vivienda, la gente debe elegir entre pagar el alquiler y comer.

En lo que hace al agua y al saneamiento, antes del 2000, parecía que Canadá prácticamente no tenía problemas con respecto a estos temas. Esto ya no es así. La seguridad del agua se convirtió en una inquietud nacional tras la tragedia de Walkerton, Ontario, donde siete personas murieron y 2.300 más enfermaron de gravedad tras contaminarse con el suministro de agua potable de la comunidad en mayo del 2000.[13]  Las circunstancias del hecho tienen una similitud alarmante con las de muchas comunidades del país: agricultura intensiva, más contaminación industrial, menos inspecciones, sistema hídrico y de saneamiento envejecidos y con poco mantenimiento, y reducción de inversiones en infraestructura. Se están dando los pasos para adoptar una nueva Estrategia Nacional Municipal para las Aguas Servidas, pero aún no se anunció la financiación para dicha iniciativa.

Recortes impositivos, la primera opción

Para los años 2000-2001, el superávit federal estará entre CAD 12.000 millones y CAD 16.000 millones (USD 7.800 millones y USD 10.400 millones). Se calcula que el superávit acumulado en los próximos cinco años alcanzará los CAD 193.000 millones (USD 125.300 millones),[14] más que suficiente para reinvertir en el desarrollo humano básico de la población. En cambio, el compromiso mayor y más firme del último presupuesto estatal fue hacia la reducción de CAD 100.000 millones (USD 64.900 millones) en el impuesto a la renta durante el próximo quinquenio. Varios gobiernos provinciales también tienen superávit y también responden con recortes impositivos.

Los recortes impositivos son la primera opción de las políticas públicas propuesta por las elites políticas y empresariales por igual. Esta postura contrasta directamente con los reclamos manifestados por los canadienses en una encuesta tras otra: mejor atención médica, un ambiente más limpio, agua más segura y el combate a la pobreza infantil. La reducción de los impuestos casi no figura entre los reclamos de la población.

La creciente prosperidad no redujo la desigualdad en Canadá, no aumentó la seguridad económica, ni mejoró la calidad de vida de la población. Por el contrario, incluso los elementos más básicos del desarrollo humano –el acceso a la vivienda, a los alimentos y al agua potable– están en duda para un número cada vez mayor de canadienses.

En 1998, el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales criticó abiertamente a Canadá por haber abandonado el modelo del estado de bienestar. Los países se fijan cada vez más en lo que hace cada uno para ver cuáles cosas funcionan y cuáles no. Más se espera de aquellos países que tienen más. La riqueza de Canadá supera la imaginación y el país es un presunto líder del desarrollo humano. Observadores extranjeros y canadienses preocupados harían bien en preguntar por qué Canadá no hace más.

[10] Tim Lougheed, “Homing In – Housing campaign heats up as Parliament returns to work”, CHRA Newsletter (Canadian Housing and Renewal Association). Ottawa, otoño de 2000.

[11] Beth Wilson y Carly Steinman, HungerCount 2000, The Canadian Association of Food Banks Annual Survey of Emergency Food Programs. Toronto, octubre de 2000. 

[12] Ibid.

[13] Robert Benzie, “Walkerton tragedy won’t prevent cuts to civil service, Harris says”, National Post, 23 de febrero de 2001, p. A8.

[14] Armine Yalnizyan, What Would They Do With the Surplus? A Dollars and Sense Analysis of the Parties’ Election Promises, Canadian Centre for Policy Alternatives. Ottawa, noviembre de 2000. Además de los recortes impositivos, existe un acuerdo por CAD 21.000 millones (USD 13.600 millones) para llevar el presupuesto de la atención médica al nivel de 1994, antes de que el gobierno le retirara el apoyo a este tipo de programas. En lo que refiere al gasto neto, la gran iniciativa pública consiste en una serie de promesas de inversión en innovaciones (investigación y desarrollo, tecnologías informáticas, enseñanza de alta tecnología) por un total de CAD 5.000 millones (USD 3.200 millones) a lo largo de cinco años.