La globalización afianzó la pobreza e incrementó la desigualdad

Perú ingresó a la globalización en 1990, luego de una década de crisis económica y terrorismo, descrédito de los partidos políticos e inflación. Las Fuerzas Armadas, los grandes empresarios y los organismos multilaterales, aprovecharon estas circunstancias para desencadenar un supershock económico y “reinsertarlo” en el sistema financiero internacional. Prometiendo prosperidad luego del sacrificio, lo que resultó fue un régimen corrupto y dictatorial que duró diez años, hasta que la protesta popular logró reemplazarlo por un Gobierno Transitorio Constitucional.

Hoy se ha reinstaurado la democracia, pero la recesión causada por el modelo neoliberal continúa, sin que éste haya sido puesto en cuestión. La “reinserción” provocó la caída de los aranceles, la clausura de los bancos estatales de promoción y la eliminación de los subsidios. Se apoyó a los monopolios y las clases altas a través de dólares baratos para consumo suntuario, entrega de fondos de pensiones a empresas privadas, tributación privilegiada y uso de fondos públicos para rescatar deudas empresariales con los bancos.

Modelo obsoleto

En 1998 las exportaciones llegaron a USD 5.723 millones, de los cuales más de la mitad, USD 3.691 millones, fueron productos mineros. En vez de modernizar al país, la globalización lo retrajo a una economía anacrónica. El ex presidente Alberto Fujimori consolidó esta tendencia y orientó la economía hacia un modelo minero exportador.

Los monopolios no contribuyen al desarrollo del país ni de los distritos rurales de extrema pobreza donde operan. Las empresas mineras cargan su inversión como pérdidas que deducen durante 8 años contados a partir del primero en que se generen utilidades: así, pagar impuestos resulta una ficción contable.

Se importan USD 8 mil millones para consumo, insumos y alimentos (trigo y lácteos) que desplazan a los productos nacionales del mercado interno, generando desempleo y pobreza. La balanza comercial fue negativa todo el quinquenio 1995-2000 y el déficit se cubrió con inversiones extranjeras y capital golondrino. Las autoridades no han emprendido acciones para neutralizar los efectos de la crisis financiera y no se han tomado medidas para prevenir o controlar la volatilidad de los capitales especulativos.

Para atraer inversiones extranjeras se ampliaron las causales de despido, se prolongaron los horarios, se flexibilizó la obligatoriedad del pago de horas extras, se introdujo la intermediación lucrativa en la venta de fuerza de trabajo, se prohibió la negociación de federaciones sindicales con uniones patronales, y el derecho de huelga quedó limitado por el temor al despido.

Mayor desigualdad

La tímida tendencia a menor desigualdad se revirtió. El índice Gini para el ingreso per cápita se había reducido en más de 7 puntos entre 1985 y 1991, pero entre 1991 y 1994 (después del ajuste), la desigualdad se incrementó. Entre 1994 y 1996 el índice se redujo en tres puntos, pero sin llegar a los niveles anteriores al ajuste (ENNIV 1996).

La desigualdad en la distribución del gasto aumentó entre los años 1997 y 2000. El coeficiente Gini alcanzó el 0.4003, de acuerdo con la ENNIV 2000, mayor al 0.386 del año 1997 y al 0.392 de 1994. Los gastos de los quintiles I y II (población de menores recursos) disminuyeron en un 17%, mientras que el quintil más alto los incrementó en un 3%.

Mientras en Lima la población en situación de pobreza representa un 45,2% de la población, en las áreas rurales llega a un 66,1%. Un 84% de la población tiene suministro de agua potable en las ciudades, mientras que en el área rural el suministro alcanza sólo a un 33%. En los medios rurales no existen las escuelas secundarias ni la educación inicial. En el sector no pobre el 11% de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición, mientras que entre los pobres extremos, un 43,5% están desnutridos. Otro dato alarmante es que dentro de la población en situación de pobreza extrema, sólo un 7,4% acudió a establecimientos de salud por enfermedad. (ENNIV 1997).

Modestos avances en género

El Estado ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, reglamentó la ley de protección frente a la violencia familiar y eliminó normas discriminatorias en delitos contra la libertad sexual.

Las mujeres tienen derecho a retirar al agresor del domicilio conyugal y a denunciar violación sexual dentro del matrimonio, pero los procesos para obtener medidas de protección duran entre 8 y 12 meses. En los juzgados de paz, el 48% de los procesos sobre violencia familiar son archivados sin sentencia. La inversión estatal en beneficio de las mujeres no supera el 1% del presupuesto nacional.

Las leyes de elecciones generales y municipales ordenan que las listas estén integradas por un 30% y un 25% de mujeres u hombres si la mayoría es del sexo opuesto. Sin embargo, las mujeres son minoría en el Congreso y la estructura alcaldista y masculinista de las municipalidades frustra la gestión de muchas regidoras.

Los programas de salud sexual y reproductiva se han utilizado para el control demográfico y se empezó a esterilizar masivamente a las mujeres pobres contra su voluntad, hasta que la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y la sociedad civil lograron detener esos programas. La mortalidad materna y el embarazo adolescente han sido descuidados.

Las mujeres perciben el 74,2% del salario del hombre cuando están empleadas adecuadamente y son las mayores víctimas del subempleo.

Resultados de la política oficial

El documento oficial Estrategia para la lucha contra la pobreza de 1993, sostenía que «la recuperación económica en base a la estabilización y la liberalización es crucial para el ataque a la pobreza.»

En 1996 Perú fijó la meta de reducir la pobreza extrema a la mitad para el año 2000, del 18% al 9%.

El gasto social total creció de un 24,6% del presupuesto en 1993 a un 44,6% en 1998. No se conoce la cifra destinada a servicios sociales básicos por falta de transparencia. Entre 1993 y el 2000 puede estimarse un gasto en el conjunto de los programas sociales de aproximadamente USD 13 mil millones. En programas específicos de alivio a la pobreza puede estimarse un gasto de USD 5.200 millones en el mismo período.

Sin embargo, la pobreza total se incrementó del 51,1% en 1997 al 54,1% en el 2000. Actualmente, la pobreza extrema alcanza a un 14,8% de la población, habiéndose reducido solamente en las áreas urbanas y permaneciendo intacta en la sierra rural (ENNIV 2000).

La esperanza de vida llegó a los 69 años, aunque Perú está rezagado en el área continental. En América Latina, la esperanza de vida pasó de los 55 años en los años cincuenta a 71 años en los noventa (BID 1999).

La mortalidad infantil descendió de 80 por cada mil nacidos vivos en 1990 a 54 en 1998 (PNUD, INEI, Instituto Cuánto), pero Perú duplica el promedio latinoamericano (BID 1999). Después de un proceso continuado de reducción en todas las regiones del mundo, América Latina ha conseguido disminuirla a 31 por cada mil nacidos vivos.

En alfabetización, los promedios son altos como en el resto de América Latina, aunque todavía quedan bolsones de analfabetismo femenino. La tasa de escolaridad ha pasado los ocho años registrándose niveles preocupantes de extra-edad, repetición y deserción escolar.

Impacto de la deuda externa

En cifras aproximadas, en el año 2000, de los USD 10 mil millones del presupuesto nacional, USD 2 mil millones se destinaron al pago de la deuda externa, mientras que la suma destinada a gastos sociales fue de USD 3.500 millones.

De esta última cifra, al menos la tercera parte fue financiada con préstamos del Banco Mundial, Banco Interamericano y otras fuentes para el inicio de programas de emergencia y compensación social, lo que generó una nueva deuda que crece todos los años.

El Estado es adicto a los préstamos internacionales y no tiene capacidad de decisión sobre sus políticas, que son diseñadas en el exterior. Sus relaciones con la población más pobre están sujetas a la provisión de servicios; y éstos a su vez, dependen de que pueda conseguir préstamos y pagarlos.

Los programas sociales proporcionan servicios básicos a los pobres extremos sin ayudarlos a superar su situación y, durante la dictadura, este sector de la población fue subordinado, violándose sus derechos ciudadanos.

Perspectivas

La democracia retornó al país y el gobierno de transición, como una de sus primeras acciones, convocó a una Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, llamando a las iglesias, las municipalidades y las organizaciones no gubernamentales. A través de la Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES), las ONGs están planteando que se incorporen metas y objetivos específicos para combatir la pobreza en las estrategias nacionales y en la política económica. Asimismo, la sociedad civil está impulsando, a través de mesas de concertación por departamento en todo el país, la organización de un sistema nacional de vigilancia para el seguimiento de las metas sociales.

El reto de los próximos años es una democracia con derechos ciudadanos y vigilancia social. La sociedad civil trabaja intensamente para conseguirlo.

Bibliografía

1999. Banco Interamericano de Desarrollo. Informe sobre progreso económico y social.

CONADES. Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social.

ENNIV. Encuesta Nacional de Niveles de Vida.

INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática.