Unión Europea: ¿oportunidad o marginación?

Genoveva Tisheva; Plamenka Markova; Irina Moulechkova
Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF)

Las manifestaciones de las contradicciones entre el desarrollo económico y social se intensificaron en Bulgaria en el 2000. Los éxitos económicos y financieros, aclamados públicamente por el gobierno y las instituciones financieras internacionales, ocultan una serie de persistentes desigualdades en la esfera social que harán casi imposible cumplir con los requisitos para acceder a la Unión Europea (UE) en el lapso previsto.Las negociaciones para el pleno acceso a la UE, fijado tentativamente para el 2007, comenzaron en marzo del 2000. El proceso de integración plantea serios esfuerzos al desarrollo económico y social de Bulgaria. El gobierno, que se benefició con la postura política adoptada ante el conflicto de Kosovo, se enfrenta ahora a serios desafíos económicos para transformar su voluntad en realidad.

A pesar de un crecimiento registrado del PBI del 4% en el 2000 (comparado con un 7% en 1997, un 3,5% en 1998 y un 2,4% en 1999,[1]), el PBI promedio de Bulgaria equivale solamente al 22% de los países de la UE. Eso lo convierte en un socio inadecuado e indeseable para la integración europea. Con un PBI per cápita de USD 1.500 y un ingreso mensual promedio de USD 120 en el 2000, Bulgaria está muy atrasada con respecto a los países de la UE, cuyo PBI per cápita supera los USD 22.000. También está retrasada con respecto a los más avanzados de los países anteriormente socialistas que cuentan con un PBI per cápita de USD 3.500.[2] Un problema adicional es la deuda externa búlgara, que representa más del 80% de su PBI.

La discrepancia entre el crecimiento económico y el nivel de vida en Bulgaria se agravó por la pérdida y los daños superiores a USD 80 millones como consecuencia de la crisis de Kosovo. Los conflictos armados en la región atentan contra la posibilidad de una incorporación exitosa y rápida a la UE.

En estas condiciones, los expertos prevén que las gestiones aceleradas hacia la incorporación a la UE y hacia la economía de libre mercado —si no cuentan con el apoyo de inversiones adicionales de la UE— podrían precipitar una nueva crisis económica y afectar negativamente los indicadores de desarrollo social del país.

La triste realidad de la pobreza y la exclusión social

A pesar del incremento en el salario promedio en comparación con 1996, muchos búlgaros aún no pueden satisfacer sus necesidades básicas. La inflación real en el 2000 ascendió al 24% y el precio de los alimentos básicos aumentó en promedio un 35%. Se calcula que el ingreso mensual mínimo de subsistencia para una persona en el 2000 estuvo en el entorno de los USD 150. La cifra mínima necesaria para un niño (incluyendo alimentos, calefacción, transporte, vestimenta, atención médica y educación) es aproximadamente USD 100, lo cual hace que el mínimo mensual necesario para un adulto con un niño sea de USD 250. Esa es una suma inalcanzable para la mayoría de las madres solteras y otros grupos con necesidades.[3]

Después de 10 años de reestructura económica, es evidente que el gobierno no puede resolver el problema de la pobreza. El coeficiente de la pobreza (porcentaje de personas que viven con menos de un dólar por día) ascendió al 12,1% en 1999, poco menos que el 13,1% de 1998.[4] El coeficiente de pobreza como porcentaje de los hogares que vivían por debajo de la línea de pobreza extraoficial de menos de USD 23 por persona por mes en 1999 seguía siendo elevado en un 16,53%.[5] La mayoría de los jubilados están socialmente excluidos, y la pensión promedio en el 2000 era inferior a los USD 33 mensuales.

El salario mínimo lo fija el Consejo de Ministros. Actualmente equivale a menos de USD 40, muy por debajo del mínimo para subsistir. Por esa razón, el gobierno, al ratificar la Carta Social Europea en el 2000, no ratificó el artículo 4, párrafo 1, que obliga al estado a garantizar un salario de vida para los trabajadores y sus familias. El gobierno, evidentemente, no puede garantizar este derecho básico a un salario mínimo en esta etapa.

Existe una gran brecha entre la enorme mayoría y el 5% más rico de los búlgaros. Los grupos de altos ingresos se benefician más que los de bajos ingresos con los servicios de salud y la inversión pública. El 20% más pobre de la población recibió menos del 10% del gasto en salud pública en 1997, mientras el 20% más rico recibió más del 30%. Esta brecha en el acceso a la atención médica se amplió desde 1995.[6]

La escalada del desempleo

Las instituciones financieras internacionales elogiaron al gobierno por su aplicación de la reforma estructural y la estabilización financiera del país. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia del proceso de privatización fueron notorias. Cerca del 70% de los bienes del Estado (incluyendo la banca) fueron privatizados. Pero la corrupción y la ineficacia de las políticas económicas hicieron que la privatización no fortaleciera la economía.

A fines del 2000, uno de los principales indicadores de desarrollo social, el desempleo, ascendía al 18%.[7] Eso constituye un incremento considerable y la continuación de la tendencia de años anteriores: 11% en 1995, 12,3% en 1996, 12% en 1998, etc. Se obtiene una tasa más realista del 27% si se agrega el porcentaje estimado de personas desempleadas no registradas. Las tasas registradas de desempleo de entre 30% y 35% en algunas regiones son muy superiores a las de Sofía, donde la tasa equivale al 4,47%. Las mujeres predominan entre las filas de los desempleados (52,6% a fines del 2000). Sólo el 28% de las personas desempleadas registradas reciben subsidios por desempleo, debido a los estrictos requisitos para habilitarlos y al corto período de cobertura.

Los aportes de los empleados a la seguridad social en Bulgaria son los más elevados de Europa Oriental, alcanzando el 39,2% del ingreso bruto para la mayoría de los trabajadores. Esto supone una fuerte carga para los trabajadores, impide el empleo y crea desigualdad. La pobreza y el desempleo empujan a la gente a la economía informal. Aunque no existen datos oficiales, se calcula que esta ocupa un tercio de la economía en general.

Grupos marginados: el pesimismo de las estadísticas

A la globalización y la pobreza se les atribuye la aparición de la mano de obra infantil en Bulgaria. Un estudio de la OIT en el 2000 halló que el 6,4% de los niños entre 5 y 17 años (83 mil niños) trabajaban fuera de sus casas en el sector informal. De ellos, el 55% tiene entre 15 y 17 años y la mayoría trabaja sin la autorización del departamento de Inspección Laboral.[8] La creciente tasa de abandono escolar está relacionada con esta situación. Un estudio[9] de UNICEF identificó la necesidad económica y el desempleo como las principales razones del abandono escolar. El sindicato de maestros calcula que unos 50 mil niños y niñas abandonan la escuela todos los años.

El agravamiento de la situación de las mujeres con la reestructura, aunque observado, no ha sido tomado con seriedad por el gobierno y las instituciones financieras multilaterales. Las mujeres son más afectadas que los hombres por la pobreza, el desempleo y la debilidad de las redes de seguridad social. Las mujeres no gozan de los derechos a no sufrir violencia y a participar activamente en la vida política. Recientes cambios en el Código de Trabajo continúan la tendencia de “erosión” de los derechos sociales, iniciada hace 10 años, tales como la licencia por maternidad y por crianza de los hijos. La redacción en el 2000 del proyecto de una Ley de Igualdad de Oportunidades,[10] que brinda protección contra la discriminación de género en el empleo y el respeto de los derechos sociales, así como el establecimiento del andamiaje nacional para la igualdad de género, es un paso en la dirección correcta.

Los representantes de la comunidad gitana están entre los grupos más vulnerables. En el 2000 el desempleo en algunas regiones alcanzó entre el 80% y el 90% dentro de la población gitana. Más del 50% de las familias gitanas recibió menos de USD 60 por mes.[11]

La reforma del sistema de seguridad social

La reforma jubilatoria en el 2000 incorporó 3 niveles: retención de impuestos en la fuente de la renta de trabajo, un plan privado obligatorio y otro voluntario. Participan tanto el sector privado como el público. A partir del 2002, todos los trabajadores jóvenes aportarán al segundo nivel, que comprende un conjunto de planes jubilatorios regulados. Además, los trabajadores tendrán la opción de hacer aportes voluntarios a un tercer nivel, totalmente capitalizado. Los elevados costos de transición de la construcción del segundo nivel previamente financiado, aunque sigue rigiéndose por las obligaciones de retención de impuestos en la fuente de la renta de trabajo, elevan el costo de las reformas y ponen en peligro el cumplimiento de las limitaciones fiscales fijadas por la UE.[12] Con el nuevo sistema, los subsidios privados sólo pueden financiarse al restarle al sistema de jubilación pública los ingresos necesarios y viceversa. Ambos escenarios representan riesgos para la seguridad jubilatoria de los trabajadores en el futuro. Se incorporaron pocos cambios a las pensiones por discapacidad desde el principio de los años de transición, cuando los niveles se flexibilizaron para enfrentar el creciente desempleo.

Las trabajadoras fueron más perjudicadas que los hombres por el incremento de la edad de jubilación, la eliminación de los elementos redistributivos en las fórmulas de los subsidios y, en especial, por un nuevo programa de aportes que sanciona más a los períodos de desempleo temprano en la vida laboral. Un tercer problema es la creciente exclusión de los trabajadores en el sector informal.

El gobierno debe instalar un sistema eficaz de control de la pobreza, políticas eficaces del mercado laboral y un sistema de seguridad social fiscalmente sustentable. Debe adoptar medidas especiales para contrarrestar el efecto desproporcionado de la reforma económica en los grupos vulnerables. Una estrategia crucial sería la de aprovechar la oportunidad que ofrece el acceso a la UE para elevar el nivel social exigiendo mayores inversiones de la UE en el desarrollo social. La armonización jurídica formal con la UE se debe complementar con mecanismos reales para garantizar los derechos socioeconómicos de todos los ciudadanos.

Notas:

[1] Datos del Banco Mundial.

[2] Ministerio de Finanzas.

[3] Confederación Sindical Podkrepa. 

[4] Informe 2000 de Evaluación de Países del PNUD para Bulgaria.

[5] Aún no existe una línea de pobreza oficial en Bulgaria. Dicha línea se debe definir lo antes posible dado que las estrategias del PNUD y el Banco Mundial para combatir la pobreza ya están en camino.

[6] Informe MONEE de UNICEF. “Women in Transition”, 1999.

[7] Oficina Nacional de Empleo.

[8] OIT. “Problems of child labour during the transition”, 2000.

[9] Oficina Regional de UNICEF para la CEE. “Out-of- school youth in Bulgaria”, 1999.

[10] Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales.

[11] PNUD, Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, Centro de información “ONG contra la pobreza”. “Social integration of Roma in Bulgaria”, 2000.

[12] Tratado de Maastricht y Protocolos al artículo 109.