"Moni no de"

Resulta lamentable que, cinco años después de Copenhague, el sistema de servicios y atención sociales (modelado según el sistema holandés) se haya erosionado completamente. «Moni no de» –no hay dinero– es la respuesta habitual a las críticas por el colapso del sector de la salud, la crisis de la educación, el hambre que pasan los jubilados y la falta de acceso de la población rural a los servicios. La evaluación de Copenhague implica la formulación de criterios básicos para la salud, la educación, los servicios y la atención sociales, basados en lo que es posible para nuestros recursos (humanos, naturales, técnicos y sociales). Las reservas presupuestales se deben dedicar a asegurar un nivel mínimo de vida para todos, y los problemas de desempleo y globalización se deben enfrentar con creatividad, osadía y flexibilidad.

El Compromiso 1 

El Programa de Reconstrucción Nacional presentado en 1996 después de las elecciones nacionales se concentró en limitar lo que se denominó la crisis económica y moral nacional. Las zonas de prioridad iban a ser la erradicación de la pobreza, un nivel de vida mínimo para cada ciudadano, el desarrollo de la producción, un enfoque estructural del desempleo y la rehabilitación de normas y valores.¹

Lamentablemente, la verdadera reconstrucción nunca tuvo lugar. El programa se concentró en grandes proyectos de infraestructura (carreteras, puentes) y la atracción de inversores extranjeros. No se adoptaron medidas para subsanar los efectos negativos de la caída de los precios del oro y del petróleo en los mercados internacionales. La gran pérdida de ingreso, combinada con una economía de por sí inestable, provocó la seria devaluación del florín de Surinam, que aún hoy equivale a 1.365 unidades por dólar. Como no se tomaron medidas para reducir la cantidad de empleados públicos, el gobierno rápidamente tuvo un presupuesto deficitario que no sería cubierto por los ingresos estatales.

La erradicación de la pobreza

La pobreza en todas sus formas está en aumento. Los investigadores que utilizan el índice de subsistencia mínima hallaron que, en 1997, aproximadamente 60% de las familias vivían por debajo de la línea de pobreza.²  Aunque las últimas cifras no están disponibles, no hay razones para ser optimistas. En 1995 se introdujo un plan de mitigación social para suavizar el golpe de los programas de ajuste estructural (PAE) que se iniciaron en 1993. El plan consistió principalmente en paquetes de productos básicos que apenas compensaron el aumento de la inflación, la eliminación de los subsidios a la electricidad y el agua, el pan y la leche. La iniciativa se debilitó aun más por la burocracia y la falta de seguimiento. Los planes para mejorar el sistema de seguridad social nunca se aplicaron, aunque sí fueron mencionados en planes de desarrollo a partir de 1993.³

Un enfoque distinto dirigido a estimular el empleo productivo y actividades alternativas generadoras de ingreso, mencionadas en el documento del PAE, tampoco se aplicó. Aunque en la actualidad los empleados públicos integran los sectores de pobreza, el gobierno anterior y el actual consideran que reducir el aparato estatal equivale al suicidio político. 

El pleno empleo

Los empleados públicos constituyen el 40% de la fuerza laboral, lo cual explica por qué las cifras de desempleo no son más elevadas. En el lapso entre 1993 y 1997, los índices de desempleo se elevaron de 16% a 19%, aunque las cifras son mayores en el caso de las mujeres.⁴  En el sector privado, 22,6% eran trabajadores independientes en 1995. El Ministerio de Trabajo introdujo estructuras para capacitar la fuerza laboral (especialmente el sector de la microempresa) a principios de los años 90, pero el principal obstáculo, que fue la falta de crédito, no se pudo superar. En general, la economía, que se basa en la producción de materias primas y en la importación de productos, no tiene la capacidad de ofrecer pleno empleo. Una cultura que desprecia el trabajo manual y admira a la «educación superior» amplía la brecha entre lo que hace falta y lo que se ofrece en el mercado de trabajo.

La promoción de la integración social 

Los grupos vulnerables son marginados en la sociedad. El gobierno anterior y el actual no protegieron los niveles de vida de los ancianos, las personas con discapacidades y la infancia en custodia. Las ONG y los organismos extranjeros intentan llenar esta brecha, pero no existe un enfoque estructural con tal fin. El favoritismo político y la acumulación de capital y poder en manos de unos pocos ampliaron la brecha entre ricos y pobres. 

Recientemente se hizo el esfuerzo, en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de facilitar el desarrollo social mediante un Fondo para el Desarrollo Comunitario (1999). Esta iniciativa sigue a las del Fondo para el Interior (1995, Embajada Holandesa), Microproyectos (1994, UE), y el Fondo ONG (1996, Embajada Holandesa), todas con el fin de estimular la responsabilidad y la autoayuda comunitaria. El problema con estos programas es que la comunidad de ONG que participa en ellos no siempre tiene la capacidad para aplicarlos y, lamentablemente, muchas veces no pertenecían al partido, el club o el color adecuados. Como no existe un ambiente propicio para estas actividades de pequeña escala, su sustentabilidad es cuestionable.

Se proyecta un esfuerzo estructural para lograr la integración social, también en conjunto con el BID, en la forma de un programa de descentralización administrado por el Ministerio de Desarrollo Regional. El programa en ciernes significaría un cambio serio en las relaciones entre el capital, las zonas rurales y el interior. Aparte de mayor autonomía para el gobierno local, también significaría la descentralización fiscal (ingresos por concepto de oro, industria forestal, medicina, turismo ecológico), lo que tendría un efecto positivo en la población del interior que actualmente está marginada del resto.

El Compromiso de la equidad de género 

El gobierno actual es el primero que actuó con respecto a la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) desde su ratificación en 1993. También es el primero en consultar con organizaciones de mujeres. El mismo procedimiento se emplea para informar sobre la Plataforma de Acción de Beijing en el Ministerio del Interior. El informe de CEDAW revela que las mujeres siguen en una posición de inferioridad. Aunque son más las que terminan la educación secundaria y la universidad que los hombres, aún chocan con barreras en el gobierno, los empleos públicos, la política y el sector empresarial. No se toman medidas para apoyarlas en el cuidado de los hijos, facilitarles empleos de dedicación parcial, o de discriminación positiva, por lo que están en desventaja a la hora de seguir una carrera debido a su triple carga. Aun más elocuentes son las estadísticas disgregadas por sexo sobre las personas que reciben atención médica gratuita o a un precio reducido: en 1999, 12.149 mujeres y 5.249 hombres se inscribieron para recibir atención gratuita; mientras 18.964 mujeres y 12.260 hombres se habían inscrito para recibir servicios con tarifa reducida. El 80% de esas mujeres no están casadas o son viudas.⁵

La presión ejercida por los grupos de mujeres produjo algunas conquistas: el Ministerio de Trabajo organizó un proyecto de la OIT sobre los derechos de las mujeres trabajadoras; el Ministerio de Justicia y Policía trabajó en conjunto con la Asociación Caribeña de Investigación y Acción Feminista (CAFRA) para limitar la violencia doméstica; y el Ministerio del Interior inició un curso para capacitar a los empleados públicos y una red nacional para limitar la violencia de género.

El acceso a la educación y la salud 

Los servicios básicos de salud rápidamente se hicieron inaccesibles para un enorme grupo de personas, incluso entre los sectores más vulnerables (ancianos, padres y madres solteros, niños) y para la población fuera de la capital. El Estado invirtió en estructuras como la Compañía Estatal de Seguros de Salud y el Servicio Médico Regional (para los distritos). En el interior hay una ONG llamada Misión Médica que brinda atención médica básica y está subsidiada por el gobierno. Sin embargo, en los últimos dos años, médicos, farmacéuticos, enfermeras, paramédicos y personal de ONG tomaron medidas de fuerza porque no reciben sus salarios. Como las relaciones con Holanda se deterioraron, la posibilidad de enviar pacientes al extranjero se limitó. La falta de recursos para la atención médica preventiva es el factor más importante que incidió en las epidemias del país (malaria, dengue, diarrea) en 1999 y 2000, cuando 8 personas murieron de dengue y cientas fueron hospitalizadas.

Recursos para el desarrollo social

Planes y programas de desarrollo social, existen en el papel, pero nunca se aplicaron por debilidad institucional, clientelismo político y falta de recursos reservados para las metas estipuladas.

Los recursos para el desarrollo social procedían en el pasado en gran medida del Fondo del Tratado (creado por la independencia en 1975 entre Holanda y la República de Surinam) pero las discrepancias políticas obstaculizan seriamente la continuidad de estos fondos. Los organismos donantes unilaterales y multilaterales son en gran medida responsables de los recursos que se aportan al desarrollo social. En general, estos fondos son ineficaces. Por ejemplo, el presupuesto destinado a la educación (5% del PNB)⁶  es el más alto de la región, pero el resultado en cantidad y calidad, es pobre. 

Notas
¹ Declaración del gobierno, 1996. Centro de Documentación Política, Paramaribo.
² Nivel de vida y procedimientos de investigación en el distrito de Para, SWI/Indest, 1998. Paramaribo.
³ Plan de desarrollo de varios años 1994–1998. Oficina de Planeamiento, 1993. Paramaribo.
⁴ Hogares en Surinam1993–1997. Oficina General de Estadísticas, 1998. Paramaribo
⁵ La situación de la atención médica gratuita. Ministerio de Asuntos Sociales, 1999. Servicio WOP. 
⁶ Surinam: Estudio del Sector de la Educación. BID, 1998. Washington DC