Midiendo voluntad política
Uruguay se comprometió en la Conferencia de Naciones Unidas realizada en Beijing en 1995 a implementar «mecanismos institucionales para la igualdad», cuyo objetivo es la coordinación de políticas públicas y su tarea la de incorporar la perspectiva de igualdad de género en todas las esferas de la política y del gobierno.Aún no lo ha cumplido, como tampoco el Compromiso del Cambio Social.
El gobierno no aprobó un Plan Nacional de Igualdad como han hecho otros países de la región, Chile y Brasil por ejemplo. La carencia de un Plan de Igualdad dificultó la realización de esta primera evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos de Beijing, porque implicó rastrear o identificar los diferentes programas y actividades que en forma dispersa se están implementando en distintos institutos o dependencias del Estado. Al proceso de identificación se sumaron las dificultades en la obtención de la información, porque ella no ha sido sistematizada y/o actualizada y no se han implementado mecanismos que faciliten la centralización de la misma. Los dos grandes escollos para el monitoreo de los indicadores sobre relaciones de género y para la identificación de los actores y programas tendientes a la equidad han sido entonces las acciones focalizadas y la información fragmentada.
El monitoreo se concentró en cinco áreas: trabajo, educación, salud, violencia y participación política.
Los indicadores de voluntad política se construyeron a partir de los compromisos de la conferencia de Beijing en cada área y de acuerdo al diagnóstico de la situación de las mujeres en el Uruguay que fueron realizados para dicha conferencia por el Grupo Iniciativa Beijing.
Trabajo
Se observa un avance reciente a nivel del Ministerio de Trabajo en relación a la preocupación por la inserción de las mujeres en el mercado laboral. En este sentido, se destacan el Programa de Igualdad de Oportunidades en el Empleo que aún no se implementa y la conformación de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades, así como evaluaciones de impacto por sexo.
En relación al apoyo a la gestión empresarial de mujeres, aparece un programa referido a mujeres en situación de pobreza a nivel rural.
No existen programas que formulen de manera transversal la perspectiva de género en el conjunto de programas que distintos organismos gubernamentales desarrollan para el estímulo de la pequeña y mediana empresa. Esto se complementa con la ausencia de políticas de acción positiva a nivel de empresas estatales o privadas.
A partir de la información obtenida en entrevistas con funcionarios relevantes del área puede advertirse que, en términos generales, la preocupación por acciones orientadas a mejorar la situación de las mujeres depende, más que de políticas gubernamentales, de la incidencia de las personas que se ubican en lugares de responsabilidad y de la influencia de organismos internacionales.
Educación
En esta área aparecen dos carencias de importancia. Se identifican escasas acciones institucionales dirigidas específicamente a incorporar la perspectiva de género en los programas de formación docente y en los contenidos curriculares de educaciónprimaria y secundaria. Por otro lado, la ausencia de educación sexual en los programas de primaria y secundaria y las demandas de docentes, padres, madres y jóvenes plantean una dimensión deficitaria al sistema educativo. Los docentes reciben algún tipo de capacitación en el tema dentro del área de educación para la salud, pero ésta constituye un área extracurricular optativa. Es de destacar que a comienzos del actual gobierno se eliminó un programa de educación sexual que no ha sido aún reformulado.
La Comisión de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo cuenta con un programa dirigido a docentes, que tiene como objetivo desarrollar la reflexión y la elaboración didáctica con perspectiva de género, vinculándose extra curricularmente a las escuelas y a través de seminarios, publicaciones y concursos.
A nivel universitario, la preocupación de los estudios de género se concentra en el Departamento de Sociología, a través de una unidad, seminarios y diversas investigaciones.
Salud
En materia de salud reproductiva se constató el surgimiento de nuevas acciones gubernamentales a partir de 1996. El programa del Ministerio de Salud Pública «Maternidad y Paternidad Elegida» ha tenido un desarrollo mayor en Montevideo y ha iniciado su implementación en tres departamentos del interior. Su estrategia es sustancialmente asistencial, relacionada con la planificación familiar, conjugada con algunas acciones educativas. Cuenta con apoyo del FNUAP, y existe el compromiso ministerial de asumir el total de los costos una vez finalizado el apoyo internacional.
A nivel del gobierno de Montevideo, se señala la creación, también en 1996, del Programa de Atención Integral a la Mujer (PAIM) que se implementa en 13 policlínicas municipales y atiende tres áreas: control de embarazo, prevención de cáncer genito–mamario y maternidad informada y voluntaria asociada a la planificación familiar. Tiene una estrategia de cambio en el modelo de atención hacia un modelo integral que incluya la perspectiva de género y un componente de capacitación a equipos de salud y comisiones barriales. Cuenta también con apoyo del FNUAP.
Si bien las acciones mencionadas dan cuenta de un avance en el desarrollo de políticas en salud sexual y reproductiva, sería importante la ampliación de las mismas en términos de recursos y de su integralidad, fundamentalmente en el interior del país. La inexistencia de información estadística acerca de distintos tópicos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres constituye un punto de urgencia a considerar.
Violencia contra la mujer
Se aprecia un incremento en la atención dispensada a la temática por parte de los ámbitos gubernamentales y se destaca el aumento de comisarías especializadas en la temática en el interior del país y la creación de la Comisión Interministerial para elaborar un plan de prevención, detección y atención que tiene cometidos tanto de estudios, como de elaboración de proyecto de ley y de atención. En otro orden aparecen varias dependencias gubernamentales que brindan capacitación a diferentes tipos de actores. Es importante destacar tanto la voluntad individual de mujeres en cargos de responsabilidad motivadas por la temática, como la posición de organismos internacionales que, de acuerdo a los nuevos parámetros de las conferencias internacionales, exigen el tratamiento del tema.
En términos de vacíos, aparecen por un lado los escasos estudios sobre el tema y la falta de registros y tratamiento de información a nivel policial y judicial que repercute en los pocos datos del estado de «situación» de la violencia doméstica y sexual en el país. La información sistemática sobre estos hechos debería considerarse de valor estratégico para la elaboración de políticas adecuadas a las necesidades. Se espera que la Comisión Interministerial logre en este sentido cambios sustanciales.
Participación política
En lugar de seguir las recomendaciones de Beijing en cuanto a establecer un plan Nacional de igualdad de oportunidades, el gobierno consideró hacer en cambio «acciones focalizadas». El Instituto de la Mujer y la Familia deberá ser el organismo rector en políticas para la mujer, pero no posee un «status» dentro del organigrama gubernamental en términos de propuesta, diseño, ejecución y evaluación de políticas nacionales relativas a la mujer y la familia. El Instituto de la Mujer y la Familia es un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, no existe el cargo de Dirección de dicho instituto dentro del Ministerio, su Dirección no es remunerada y el presupuesto anual es muy reducido.
Es quizá por estas razones que el Instituto no se ha convertido en el organismo rector de políticas hacia la mujer. Más que proponer, coordinar, transversalizar políticas, el Instituto o bien participa en algunas comisiones en otros Ministerios o implementa algunas acciones puntuales.
Dentro de este marco no se detectan políticas de estímulo a la participación política de las mujeres, y es muy poco lo que se ha realizado desde los ámbitos gubernamentales o de partidos políticos. Sólo la Intendencia de Montevideo ha tenido un programa de formación para la participación política de representantes municipales y locales y sólo dos partidos tienen políticas de cuotas para estimular la integración de mujeres en sus listas. Sólo el gobierno de Montevideo tiene un programa de estímulo al desarrollo organizacional de las mujeres. En cuanto a la participación ciudadana en la elaboración de políticas hacia la mujer, aparecen los Consejos Vecinales de Montevideo y las experiencias recientes del Ministerio del Interior (invitando a organizaciones no gubernamentales a participar en la Comisión Interministerial sobre Violencia) y la Comisión Honoraria de la Mujer Rural del Ministerio de Ganadería y Agricultura.
| Personas discapacitadas
Se han aprobado dos proyectos de ley, y tres se encuentran en estudio, referidos al tema de la discapacidad. Sin embargo, es importante resaltar que la falta de reglamentación de la Ley 16.095 ha sido un obstáculo para la efectiva aplicación de esta norma, que prevé un amplio campo de acción tendiente a la protección integral de la persona con discapacidad. Por lo tanto, la omisión del Poder Ejecutivo ha contribuido a que dichas normas no tengan un efectivo cumplimiento. La Unión Latinoamericana de Ciegos, a través de su Comisión de Derechos Humanos y Legislación, denunció las medidas arbitrarias adoptadas por el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, por las cuales se suspendió a partir del 1 de agosto de 1995 la línea especial de créditos en las que estaban comprendidas las personas ciegas, archivando las carpetas que se habían presentado con anterioridad a dicha resolución. Asimismo, destacan que se atenta nuevamente contra los derechos de las personas discapacitadas y se les discrimina, al haberse aprobado por el Directorio del Banco Hipotecario una línea de crédito donde se excluye expresamente a los no videntes y discapacitados. En 1997, se constituye la Comisión Intersocial sobre Discapacidad, Inserción Laboral y Seguridad Social (COMINT), integrada por delegados de organizaciones de personas con discapacidad y representantes de los trabajadores en organismos oficiales, realizándose en junio de 1997 un seminario del cual surge un documento con 32 propuestas que prevé un amplio espectro en relación a los principales problemas. «Minorías» sexuales La sociedad uruguaya posee fuertes rasgos homofóbicos, lo que contrasta con la imagen liberal y progresista que el país ha proyectado desde principios de siglo, gracias a una legislación considerada «de avanzada» en su momento. En 1998, se celebró otra Semana del Orgullo de Ser, con actividades artísticas y con debates en la Junta Departamental de Montevideo, que reunieron a numerosas voces de grupos sociales discriminados y a representantes de casi todos los partidos políticos del país. La Semana se cerró con la 6a. Marcha por la avenida principal de la capital. Anteriormente, los grupos habían realizado una presentación ante la Sociedad Uruguaya de Sexología, a invitación de ésta, así como talleres de discusión y de arte terapia, simultáneos con Encuentros de Familiares y Amigos/as. En el mes de julio, Diversidad (lésbico, gay, travesti, transexual y bisexual) y el Encuentro Ecuménico para la Liberación de las Minorías Sexuales fueron invitados por la Intendencia Municipal de Montevideo a coordinar un panel en el Cabildo Abierto sobre derechos humanos. Pero la sociedad uruguaya sigue repitiendo esquemas discriminatorios: la absoluta mayoría de la comunidad lésbica, gay, travesti, transexual y bisexual vive su realidad a escondidas, acosada por un entorno que la agrede de formas que van desde lo brutal (insultos, chantaje, golpizas) hasta lo sutil (chistes, negación sistemática de información, repetición de clasificaciones obsoletas, etc.). El acoso laboral, y a veces despido encubierto, sigue acompañando la «detección» –voluntaria o involuntaria– de trabajadores/as homosexuales. En el tema de la salud, se percibe alguna intención parlamentaria de incluir a las personas travestis en las reglamentaciones de dicha actividad y en los controles sanitarios obligatorios. Sin embargo, mientras las autoridades de Salud Pública promueven una imagen liberal del país en materia de vih/sida, el Banco Nacional de Sangre sigue rechazando las donaciones voluntarias de individuos que se declaran homosexuales. Discriminación racial Este año, el Instituto Nacional de Estadísticas realizó por primera vez un estudio de los datos de la encuesta de hogares analizando las diferencias sociodemográficas según grupos raciales. Con respecto al nivel de instrucción alcanzado, la población negra presenta una mayor proporción de deserción en todos los niveles de enseñanza. Con respecto a la cantidad de años de estudio, se observa para las personas de raza negra una diferencia de un año y medio menos que para las de raza blanca. Las personas de raza negra presentan mayores índices de actividad, es decir que hay más cantidad de personas pertenecientes a esta población y con más de 14 años que están ocupadas o buscando empleo. Son mayores asimismo las tasas de empleo y de desempleo. En particular, las mujeres negras o indígenas muestran en general cifras mayores que las de las otras dos razas (amarilla y blanca). Tal como lo señala el trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas, las ocupaciones en las que proporcionalmente predominan las personas de raza negra son las que requieren trabajadores manuales calificados o no. También se observa esta predominancia en los trabajadores en servicios personales. Entre éstos, el servicio doméstico y la limpieza destacan por la participación femenina más que en ninguna otra ocupación. Más del 40% de las mujeres económicamente activas que han declarado pertenecer a la raza negra se desempeñan en labores propias del servicio doméstico. En todos los grandes grupos de ocupación, las tasas de desocupación propiamente dicha son mayores en las personas de raza negra. Más pronunciada resulta esta diferencia cuanto mayores son los niveles de calificación del empleo. Particularmente mayores resultan también en las mujeres. Los ingresos de las personas de raza negra son más bajos respecto a los otros grupos, los ingresos de las personas de raza blanca son un 65% superiores a los de las de raza negra. En todas las razas los hombres perciben un ingreso mayor que el de las mujeres de su misma raza. La disparidad se atenúa en las generaciones más jóvenes. Entre los adultos mayores, las personas de raza blanca perciben ingresos superiores en un 82% a las de raza negra. Para los adultos de entre 30 y 49 años, esta diferencia se reduce a un 62% y baja aún al 40% entre los adultos jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 29 años. Con respecto a la ocupación principal, es decir aquélla que le produce los mayores ingresos, el nivel de los que les reporta a las personas de raza blanca es un 85% superior al de las de raza negra para el tramo de edades comprendido entre 50 y 60 años, pero se reduce al 42% en el de 30 a 49 años y al 17% en el de los adultos jóvenes. Este descenso en la desigualdad de las remuneraciones entre razas al descender los tramos etarios podría explicarse por el nivel salarial menor que en general tienen los empleos juveniles. |
