La equidad, una lucha de las mujeres

María Dolores Ocón; Myra Pasos
Iniciativa por la Ciudadanía de las Mujeres

Nicaragua es hoy en día, el segundo país más pobre del continente americano, con un producto interno bruto de alrededor de USD 430 per capita. El Programa de estabilización económica puesto en marcha desde 1990, ha provocado una severa recesión, con consecuencias particularmente graves para el nivel de vida de las grandes mayorías de la población. Los principales problemas de derechos humanos que actualmente enfrenta la población, tienen que ver con las pocas garantías existentes en materia de derechos económicos y sociales básicos. A su vez, las normas constitucionales referidas a la igualdad y a la no discriminación por razones de sexo, continúan siendo referencias formales.

Existe una gran brecha entre la letra de losconvenios y tratados internacionales suscritos por Nicaragua-así como de los derechos constitucionales- y la realidad queenfrenta la población. Esta brecha se ensancha particularmenteen el caso de las mujeres: el respeto y la plena vigencia de losderechos de estas, seguirán limitados mientras no se eliminenlas restricciones materiales e ideológicas para acceder acondiciones de bienestar necesarias para una vida digna.

Sin embargo, la participación de las mujeresen las asociaciones y gremios más importantes del país, havenido creciendo y en los últimos años, el movimiento demujeres ha comenzado a vincular los instrumentos internacionalescon la realidad nacional, involucrándose activamente en lospreparativos y seguimiento de las últimas conferencias mundiales

Toma de Decisiones

La Constitución Política de Nicaragua en susArtos. 27, 48 y 50 consigna la Igualdad ante la Leyde hombres y mujeres, sin embargo no existen leyes que explicitenestas políticas. Más bien, la política implícita es lareproducción del acceso desigual de hombres y mujeres porrazones de género.

En el discurso se mantiene la importancia de lademocracia participativa y representativa, pero en la realidad,en el diseño de las leyes relativas a la participaciónpolítica como la Ley Electoral y las Reformas a laConstitución, encontramos medidas de consagración del espaciode la política para los partidos políticos más fuertes y deexclusión de cualquier otra forma de gestión pública.

Dentro de los pocos mecanismos dediscriminación positiva logrados , vale mencionar que para 1994,el Frente Sandinista aprobó una cuota del 30% para las mujeresen cargos de dirección interna y de elección nacional y en 1995el Movimiento de Renovación Sandinista, estableció el 40% parasus cargos internos y el 30% para los cargos de elecciónnacional.

En todas las estructuras del estado, laparticipación de las mujeres es muy reducida en los niveles masaltos de la jerarquía y aumenta en algo a medida que bajan losniveles

Para las elecciones presidenciales y locales de1990 y de 1996, los partidos políticos en contienda ofertaron ensus plataformas, propuestas dirigidas a las mujeres sin que lasmismas apuntaran a erradicar la subordinación de maneraefectiva. Prevalecieron las concepciones referidas al roltradicional de esposas-madres.

Datos del Consejo Nacional de PartidosPolíticos, reflejan que para 1993, las juntas directivasnacionales de los 24 partidos con personería jurídica, estabanintegradas por 272 personas, de las cuales, 24 eran mujeresdistribuidas en 17 partidos, significando un 8,8%. No contamoscon los datos de 1996, pero en general no hubo avance con laparticipación femenina en las directivas, con excepción delFSLN, debido a la lucha por aplicar las cuotas acordadas.

Con respecto al Poder Legislativo, en 1990, lospartidos presentaron 1,632 candidat@s para representantes en laAsamblea Nacional, entre propietarios y suplentes. De est@s, 404eran mujeres, menos del 25% y quedaron solamente un 17% electas,para un total de 93 diputad@s.

Para 1996, 36 partidos participaron en lacontienda De 92 diputad@s propietari@s en la Asamblea Nacional,solamente quedaron 10 mujeres, lo que representa el 11.% .

En 1990, 127 mujeres fueron electas miembrostitulares y 161 suplentes en los consejos municipales del país.En relación al número de cargos, representaban el 14% de l@stitulares y el 18% de l@s suplentes. En 1994, se contabilizaron14 alcaldesas de las 143 alcaldías existentes. Para 1996, de 145alcaldías electas, 9 están en manos de mujeres, representandoel 6.2% y 24 vice-alcaldesas, 16.5% Cabe resaltar que elporcentaje de electas, en todos los casos, se reduce con respectoal de candidatas debido a que las mujeres ocupan los últimoslugares en las listas.

En lo que se refiere al poder judicial, en laCorte Suprema de Justicia, de ocho miembr@s, una mujer eramagistrada en 1994 y para 1997, de 12 miembr@s, 3 son mujeres. Enel Tribunal de Apelaciones de 30 magistrad@s en 1997, 10 sonmujeres, es decir, el 33%. De 218 juec@s de Distrito de primerainstancia, 35 son mujeres, (16%) y de 170 juec@s locales, 103 loson, (60.5%.)

En el Poder Ejecutivo, para las elecciones de1990 se postularon dos mujeres como candidatas a la Presidenciade la República, siendo electa una de ellas con el 55% de losvotos. La renuncia del vicepresidente de la República en 1995,trajo como resultado la elección de parte de la AsambleaLegislativa, de una mujer para ocupar ese cargo. Aunque estaadministración no significó la inclusión de una visión degénero en las políticas de estado que abordara a fondo laproblemática de las mujeres y buscara alternativas reales paradar repuesta al impacto negativo que las políticas de ajusteestructural tienen sobre ellas, fue posible en esos años,avanzar en algunos sectores y áreas particulares. Un ejemplo deesto lo constituye la entrega de títulos mancomunados (hombre ymujer) de la tierra y el establecimiento de mecanismos deconsulta con la sociedad civil y con las mujeres en particular.

Las mujeres tuvieron una participaciónsostenida en algunas instancias de coordinación con el gobierno:en la Comisión Nacional de Lucha contra la Mortalidad Materna,Consejos Nacional de Salud, Comisión de la Mujer Rural, ConsejoConsultivo del INIM, Comités de Desarrollo Municipal, entreotras.

Durante ese mismo período, pocas mujeresasumieron los cuatro primeros cargos de la administraciónpública: una mujer fue ministra y tres vice-ministras. En elnuevo gobierno de 1997, solamente 1 mujer es Ministra y 2 sonVice-Ministras.

Participación y Políticas Sociales

A partir de 1993, la reforma a la Ley Orgánicadel Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), lo define como unente autónomo descentralizado responsable de promover laincorporación del enfoque de género en las políticas públicasy la igualdad de la mujer en los diferentes sectores de lasociedad.

La incoherencia en las políticas públicas enel país y la falta de definición de una estrategia y objetivosinstitucionales claros del INIM fueron factores que limitaron laincorporación del enfoque de género en el área económica,social, cultural y política del país.

Las acciones que se han desarrollado paraincrementar el acceso de las mujeres a los recursos y serviciosde las instituciones gubernamentales, han sido implementadas porla presión del movimiento social de mujeres y para cumplir losrequisitos de las agencias de cooperación internacional. Estosprogramas y acciones todavía carecen de un marco de políticaspúblicas nacionales o sectoriales que le de direccionalidad alos procesos tendientes a la igualdad y empoderamiento de lasmujeres.

La pobreza en Nicaragua ha ido aumentando enlos últimos años, pasando de 71,11% y 91,33% de hogares enpobreza en el área urbana y rural respectivamente en 1993, a72.2% y 96.0% en 1996. La intensidad de la pobreza es másprofunda en las zonas rurales donde el 76.6% de los hogares seencuentran en situación de pobreza crónica vs. el 36% de loshogares urbanos.

A partir de 1990 el gobierno de la SeñoraChamorro, con apoyo internacional y de programas regionales derefugiados y repatriados comienza a implementar programas dereinserción de las personas desmovilizadas del conflicto armadoen zonas con altos niveles de pobreza, escenarios de la guerra. Apartir de 1993, con el establecimiento de la Agenda Social seempiezan a implementar programas y proyectos cuyo objetivoprincipal era el alivio a la pobreza.

En Nicaragua existe un marco jurídicoconstitucional que es la base del avance de las mujeres en lamedida en que legitima su participación en la discusión de losgrandes temas nacionales y de manera particular en asuntos que leconciernen directamente, como una vía de alcanzar la igualdad dederechos y oportunidades.

Sin embargo, este marco jurídico es incompletoy las deficiencias institucionales en el derecho, en una sociedadllena de prejuicios y discriminaciones hacia las mujeres,conducen a mayores dificultades en la lucha por alcanzar laigualdad.

El ámbito de mayor dificultad es, por lotanto, la transformación ideológica, los valores, lascostumbres y tradiciones, que han diseñado y reproducido unaincorporación de las mujeres a la vida pública de maneradiferenciada y discriminatoria.

No obstante lo anterior, las mujeresnicaragüenses constituyen una fuerza emergente con un movimientoamplio muy dinámico y de larga trayectoria de lucha por mayoresespacios de participación en la vida pública del país y por laeliminación de la discriminación contra la mujer en todos losámbitos.

Forman parte de ese movimiento amplio demujeres alrededor de 200 organizaciones con expresiones a nivelcomunitario, municipal, departamental y nacional que trabajandiferentes áreas, tales como salud, educación, organización,producción agrícola, medio ambiente, pequeña industria,crédito, microempresa, legislación, investigación, etc. Estasorganizaciones se expresan en forma de colectivos de producción,centros de mujeres, cooperativas, secretaría de la mujer ensindicatos, gremios, casas de la mujer, colectivos, clínicas,asociaciones civiles, fundaciones, ONG, comités, etc.

Mercado de trabajo

En 1996, el estudio realizado por FIDEG revelóque las mujeres representaban el 42.3% de la PEA nacional, conuna participación diferenciada según se trate de áreas urbanaso rurales. En efecto, de cada 100 mujeres que habitan en laszonas urbanas, 47 son económicamente activas y en las zonasrurales esta relación es de 36 por cada 100.

De lo anterior se concluye que la crecienteincorporación de la mujer nicaragüense en las actividadeseconómicas, la convierte en un agente activo de los procesoseconómicos del país y que para el nuevo milenio, ellas seránaproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo disponible.

La estructura de empleo de la PEA femenina en1995 se concentraba en el sector servicios y comercio, (86.1%),con menor participación en la agricultura, de (0.4%) y en elsector industrial, (13.5). Para 1996, el sector servicioscontinúa en primer lugar en la PEA femenina, con un 36.9%, lesigue el sector de procesamiento de alimentos con un 28.1%.Cultivos 15.5%, artesanía 13.5 y comercio 1.9%

La falta de reconocimiento de lacontribución económica del trabajo de las mujeres por parte delos gobiernos y de los que definen las políticas económicas,mantiene y refuerza la desigualdad de oportunidades que tienenlas mujeres para acceder al empleo y a los recursos productivos.Diversos estudios dan cuenta que las actividades que realizan lasmujeres en el sector informal presentan menor dinamismo que lasrealizadas por los hombres, lo que está particularmente asociadoa un menor acceso al crédito, a la capacitación y a lapropiedad y en definitiva es también el reflejo de una menorinversión en la preparación de las mujeres como sujetas activasen la vida económica del país.

El gobierno ha ratificado diversos conveniosrelativos a la Seguridad Social, Igualdad de Pago, Protección ala salud, a las Prestaciones Sociales y Servicios Básicos, talescomo los Convenios 3, 100, 102 y 103 de la OIT (1919, 1952 y 1953respectivamente) .

No obstante lo anterior, a partir de los años90, los programas sociales para mujeres trabajadoras fueronlos primeros en suprimirse, debido al programa de ajuste. Seeliminaron los subsidios y beneficios sociales en empresaspúblicas y privadas para elevar la rentabilidad. Por su parte,la alta participación de las mujeres en el sector informal,impide su acceso a las prestaciones laborales y sociales. A suvez, los programas de ajuste, establecen la flexibilización dela mano de obra, lo cual constituye un mecanismo de evasión alas prestaciones sociales por medio de la contratación temporal.

Los artículos 50-80-82-86 de la Constituciónde la República consignan el "derecho al trabajo dehombres y mujeres, iguales oportunidades de empleo y libreelección de profesión y empleo e igual remuneración por igualtrabajo."

Aún cuando las mujeres pueden o estánorganizadas para buscar solución a sus problemas de inserciónlaboral, existen dos grandes limitantes para lograrlo: elcontexto macroeconómico desfavorable y los aspectossocioculturales negativos, que acentúan su segregación. Noexiste interés de parte del gobierno por identificar actividadesde contribución económica de las mujeres, ni por elaborarpolíticas que permitan su plena inserción en términos deigualdad, en el mercado laboral.

Una de las principales evidencias de lasmarcadas desigualdades existentes entre mujeres y hombres en elmercado laboral, está dada por los ingresos por trabajo de lasmujeres en relación con los hombres, tanto en el sector formalcomo informal. Datos de 1995/96, indican que el ingreso promediopor trabajo de las mujeres en las zonas urbanas era un 32%inferior al que reciben los hombres en el sector urbano.

No existen mecanismos de vigilancia y controlsobre las inequidades salariales, sino más bien, una políticaeconómica implícita que reproduce las desigualdades en lasremuneraciones por razones de sexo. No hay medidas de acciónpositiva que hagan efectiva la norma constitucional y laboral deigual remuneración por igual trabajo.

Por su parte, el elevado índice de desempleo,(18%), y de pobreza, (85%), conduce a la no reivindicación deese derecho por parte de l@s trabajador@s, situación que seagrava por el elevado porcentaje de hogares con mujeres solas,28%.

Si bien se registran grandes avances en laparticipación de las mujeres en el campo económico y social yse ha reconocido en alguna medida el papel que juegan en lasociedad, la tendencia que comienza a observarse con mayor fuerzaa partir de 1997, de vincular y reforzar el papel de las mujeresa su condición biológica, induce a pensar que será muydifícil conservar algunos avances registrados.

¿Equidad o educación?

Las desigualdades en el acceso a la educaciónentre mujeres y hombres, han venido disminuyendo en las últimasdécadas, pero continúan siendo importantes en la educacióntécnica vocacional y en el área rural. En la educaciónnacional, el nivel medio para la población mayor de 10 años esde 4.5 años y en la zona rural apenas alcanza los 2 años (BancoMundial, 1994).

A pesar de los compromisos internacionalessuscritos y los esfuerzos para lograr la universalidad en laeducación básica, la aplicación de las medidas de ajusteestructural han afectado el presupuesto educativo, pasando de5.1% del PBI en 1990 a 3.8% en 1995. Tal como se refleja en elcuadro siguiente, el gasto per capita en todos los niveles deeducación básica ha descendido.(Cuadro 1)

Cuadro 1

GASTO PER CAPITA EN EDUCACIÓN GENERALBÁSICA 1993-1996

(en US dólares)

TIPO DE EDUCACIÓN 1993 1994 1995 1996
Educación Preescolar

Educación Primaria

Educación Secundaria

Formación Docente

Educación Especial

Gasto por Estudiante

21,77

42,84

38,93

186,22

156,65

42,09

20,86

36,70

34,35

183,98

212,75

36,58

16,44

39,56

30,04

154,83

169,80

36,57

12,26

34,64

29,27

128,46

160,23

32,47

Fuente: La descentralización de losservicios de educación en Nicaragua. Melba Castillo,Consultora

Proyecto CEPAL/ASDI(SWE/95/S61).

A partir de 1990, el país inicia un proceso detransformación del sistema educativo basado en la nuevaconcepción de que el estado no es el único responsable por laprestación del servicio educativo. La reforma educativa hacentrado la atención en tres aspectos: el sustantivo con latransformación curricular; el de carácter organizativo: ladescentralización administrativa; y el axiológico: lamoralización de la juventud.

La matrícula en los tres subsistemaseducativos ha crecido en los últimos 17 años, al igual que lainserción de las mujeres, alcanzando estas niveles deescolaridad similares o acordes con la estructura demográficapor sexo, y en algunos casos superiores a las de los hombres.

En materia de equidad, entendida ésta nosolamente como la distribución territorial, sino también comoigualdad de oportunidades en términos de acceso y calidad, esimportante destacar la profunda inequidad social en que vive lapoblación rural del país, donde las condiciones de vida estánmarcadas por la mayor carencia de servicios básicos e ingresos.Aunque la educación primaria tiene una cobertura bastantegeneral, no siempre es posible en las zonas rurales alcanzar laprimaria completa; la mayoría de las escuelas rurales cuentancon un@ docente, y aún cuando l@s niñ@s cursan los tresprimeros grados de primaria, regresan al analfabetismo por lainexistencia de oportunidades de continuar la educación. Laeducación secundaria, por su parte, está bastante lejos dealcanzar niveles óptimos de cobertura.

Los esfuerzos alrededor de ladescentralización se han concentrado en el desarrollo de centrosescolares "autónomos", que a través de la gestióndel consejo de padres y maestros, se responsabilizan de un buenaparte de los costos. La disminución del gasto estatal eneducación y el traslado a las familias de la responsabilidad porlos necesarios incrementos en los costos puede contribuir amayores niveles de inequidad, especialmente en localidades conmayores índices de pobreza. Un estudio reciente muestra que lorecaudado por contribuciones anuales de las familias a laeducación pública básica en 1996 estaría alcanzando montosdel orden de un 20% del presupuesto anual del MED para gastoscorrientes.

La educación temprana está siendo muyparcialmente atendida: De 519 mil niñ@s en edad de 0 a 6 añosen 1995 los Preescolares formales del Ministerio de Educaciónatendían aproximadamente a 100 mil. En general, la atención delos programas formales de preescolar, se ha concentrado en áreasurbanas.

El Ministerio de Educación y el Fondo de laNiñez y la Familia han impulsado modalidades de preescolaresatendidos por las comunidades y organismos no gubernamentales,principalmente en las áreas rurales y suburbanas. Para 1996 lospreescolares comunales atendían a más de 45 mil niñ@s en 1,569centros. La cobertura en este nivel ha aumentado gracias alaporte voluntario de mujeres madres de familia.Desafortunadamente 56,3% de estas docentes carece de laformación adecuada..

EVOLUCIÓN MATRÍCULA INICIAL PRIMARIAREGULAR POR SEXO 1990-1996

AÑO

TOTAL

NIÑAS

NIÑOS

1990

508.684

295.140

58.02%

213.544

41.98%

1991

674.045

356.607

52.90%

317.438

47.1%

1992

568.063

296.650

52.22%

271.413

47.78%

1993

625.012

314.986

50.39%

310.026

49.61%

1994

646.585

324.181

50.13%

322.404

49.87%

1995

585.310

293.744

50.18%

291.566

49.82%

1996

581.603

291.151

50.06%

290.452

49.94%

Fuente: Ministerio de Educación. DiagnósticoSituacional 1990-1996.

Proyección y Participación de la Mujer enla Educación

Según FIDEG, el analfabetismo alcanza un 26% anivel nacional, sin diferencias importantes entre mujeres yhombres. Sin embargo, la diferencia entre las poblaciones urbanasy las rurales es significativa, por ejemplo el 44.7% de lamujeres del campo mayores de 10 años son analfabetas, encomparación con un 17.3% en el área urbana.

Organizaciones de la sociedad civil,especialmente del Movimiento de Mujeres llevan adelante programasde alfabetización desde una perspectiva de género y dedesarrollo sostenible y están aglutinadas en la Red deAlfabetización de Mujeres en la que intercambian experiencias,materiales, metodologías y reforzamiento pedagógico de lasdocentes.

Para "moralizar" a jóvenes ymujeres.

El Ministerio de Educación no ha impulsadoprogramas ni de combate a la discriminación en el acceso a laeducación, ni para eliminar el sexismo en los programaseducativos; más bien ha reforzado los roles tradicionales de lamujer a través de la política de "Formación en Valores yMoralización de la Juventud" de la Reforma Educativa.

A pesar de que desde la Constitución de 1889está consignada la educación laica en Nicaragua, desde 1990, enlos programas y contenidos de enseñanza del MED se ha venidointroduciendo una fuerte carga religiosa católica y una moralintolerante de otras formas de pensamiento. Los textos de Moral yCívica, encargados de transmitir los valores fundamentales parala formación de l@s estudiantes parecen libros de educacióncatólica.

En la Política de Educación de laSexualidad del MED se afirma que hay que seguir la Ley Natural,como fundamento de la educación sexual, cuyos principiosbásicos son "que el acto sexual es natural cuandoocurre entre un hombre y una mujer, cuando se da dentro delmatrimonio, y que hay que ejercer la continencia sexual entendidacomo la abstinencia o postergación de la actividad sexual porparte de los solteros o hasta el matrimonio".

Con respecto a los textos escolares, un estudioque se realizó en 1994 sobre los textos de secundaria, reflejala imagen de subvaloración y discriminación hacia las mujeres yl@s jóvenes

Salud

Durante los primeros años de los 90 se dio unareformulación de la política social nacional, en el contextodel ajuste estructural y de los esfuerzos del gobierno porpromover la modernización del estado. En la práctica, esto setradujo en reducciones importantes del gasto público,principalmente a través de la disminución de personal y laprivatización de servicios que habían sido tradicionalmenteasumidos por el estado. La carencia de datos de saluddesagregados por área geográfica y por sexo, limitan elconocimiento de la magnitud de las inequidades en esta materia.

El Gasto Nacional en Salud per cápitadisminuyó de US$ 60 a US$ 37 en el período comprendido entre1980-1984 a 1990-1994, a expensas principalmente del GastoPúblico ya que el Gasto de las Familias se mantuvo estable y seincrementó entre 1990 y 1994. Mientras el PBI per capita entre1980-1984 y 1985-1989 se redujo en un 32.1% el gasto Público enSalud se redujo 7.3%. Sin embargo, el PBI per capita entre elperíodo 1985-1989 y el período 1990-1994 se redujo en 25.4% yel gasto Público en Salud en 50%. Estas reducciones en el gastorepercuten negativamente en la producción de serviciosagudizando las inequidades entre la población urbana y rural yentre las familias más pobres.

Políticas para incentivar la autonomía delas mujeres en las decisiones que afectan su salud sexual yreproductiva

Durante el período 90-94 el Ministerio deSalud dirigía y ejecutaba los programas de salud de las mujeresa través de la Dirección General Materno-infantil con laconcepción del binomio madre-hij@. Los programas se ejecutabanvinculando la salud de la mujer únicamente con la reproducciónhumana: Control Prenatal, Control del Puerperio, Atención alParto, Planificación Familiar y Detección del CáncerCérvico-Uterino.

En 1995 se implementa el modelo de atenciónintegral a la mujer y se adopta la ampliación del concepto desalud reproductiva del Cairo, como resultante de los aportes delas organizaciones de mujeres y la asistencia técnicainternacional. Se plantea la incorporación del enfoque degénero y el abordaje de la violencia como un problema de saludpública. A pesar de su difusión y de los esfuerzos defuncionarias de los altos niveles, el nuevo modelo ha sidoescasamente puesto en práctica por la unidades de salud. Elenfoque de género no se ha logrado incorporar y lasdesigualdades en la atención de salud entre mujeres y hombrestodavía tienden a pasar desapercibidas.

A la par del desconocimiento de los derechossexuales y reproductivos, tanto en la esfera pública como en laprivada, la salud sexual de las mujeres nicaragüenses ha estadoausente de las políticas y de los programas de salud de lasinstituciones públicas y en algunos casos también en la visiónde centros alternativos. El concepto de planificación familiarque prevalece limita los objetivos de la anticoncepción a lareproducción y no toma en cuenta la dimensión de la sexualidado el derecho al placer.

La influencia de la iglesia católica se haconvertido en una barrera muy importante para el desarrollo depolíticas de salud acorde con la realidad y necesidades de lapoblación. El Ministerio de Salud ha tomado pocas iniciativaspara promover la educación sexual a la población y para mejorarel acceso a los métodos anticonceptivos.

La promoción de la autonomía de las mujeresen las decisiones que afectan su salud sexual y reproductiva hasido impulsada por el movimiento de mujeres a través de más de100 centros alternativos de atención en todo el país. Lasacciones realizadas por los centros incluyen atenciónginecológica y obstétrica, psicológica, educación en derechossexuales y reproductivos, control de fertilidad y atención avíctimas de violencia. Se calcula que prestan servicio a más de200 mil mujeres; y en varias ciudades se han creado casasmaternas para permitir a las mujeres rurales con alto riesgoobstétrico, atender su parto en los servicios de salud.

Con el inicio del gobierno del Dr. ArnoldoAlemán en Enero de 1997, el Ministerio de Salud excluyó a laRed de Mujeres por la Salud del Consejo Nacional de Salud através de una resolución ministerial y no funciona más laComisión Nacional de Lucha contra la muerte materna.

Equidad y derechos económicos

La formulación y aplicación de las políticaseconómicas en Nicaragua no incorporan el enfoque de género ypor ende, han excluido los intereses y las necesidades de lasmujeres. En los últimos años los resultados de investigacionesde las organizaciones de mujeres han podido constatar el sesgomasculino de las políticas y han permitido avanzar en elconocimiento de la vinculación que existe entre la situacióneconómica nacional y la condición y posición de las mujeres enla sociedad.

A pesar de lo anterior, fue posible tomar enalgunos sectores iniciativas orientadas al acceso a recursoseconómicos, particularmente la propiedad, el crédito y lacapacitación en áreas no tradicionales.

Como aportes a la eliminación de la inequidadde género en el acceso a los factores de producción cabeseñalar : la creación y funcionamiento de la ComisiónInterinstitucional de Mujer Rural; la creación de las unidadesde género en el Ministerio de Agricultura, en el InstitutoNicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, y en elMinisterio del Ambiente y los Recursos Naturales. Estas unidadesdesarrollan diversos programas con apoyo de la cooperacióninternacional logrando incrementos importantes en el acceso delas mujeres a los servicios que brindan, más desde unasperspectiva y enfoque de Mujer y Desarrollo, que desde laperspectiva de género y empoderamiento.

Sin embargo, la falta de vinculación efectivade esta iniciativas con las instituciones prestadoras deservicios financieros rurales, estatales y privados, no hapermitido un avance homogéneo en el acceso de las mujeres alcrédito rural.

Los derechos de propiedad para mujeres seconsignaron en la Ley de Reforma Agraria aplicada a inicios delos 80's, siendo la primera en América Latina que reconocía alas mujeres como sujetos y beneficiarias directas de laspolíticas agrarias; sin embargo, por falta de una políticaclara, la titulación a nombre de mujeres en esa décadasolamente alcanzó un 9.7% del total de los títulos.

A partir de 1994, el Instituto Nicaragüense deReforma Agraria integra en la política institucional detitulación la entrega de títulos a nombre de mujeres jefas dehogar y de parejas: implementa un programa de comunicación enlos medios de difusión sobre el derecho de las mujeres a latierra y otro de sensibilización sobre género al personal dediversas oficinas gubernamentales, no gubernamentales ygremiales, así como a demandantes de tierra en las áreas en quese iba a titular.

En 1996, por iniciativa de dicha instituciónse incluye en la Ley 209 de Estabilidad de la Propiedad (enproceso de reforma) el Art. 32, que establece que la propiedaddel título deberá entenderse a nombre de la pareja. Estopermitió un mayor acceso de mujeres a los títulos de propiedadaunque la tenencia y legalización de la tierra sigue siendo unproblema en el país. Una tarea pendiente es lainstitucionalización de la entrega de títulos a nombre demujeres y la reglamentación del artículo mencionado.

Del total de hogares que tienen documentoslegales sobre la posesión de la tierra, las mujeres representanel 13% del total, los hombres el 68%, la pareja el 3% y otrasformas de posesión el 16%. El 71% de las mujeres son dueñas deparcelas de hasta 5 manzanas, y solamente el 5.5% tienen unidadesde producción mayores de 50 mzs.

Un elemento común del sistema financieroformal nicaragüense de todas las épocas, es que el créditootorgado ha sido un recurso destinado a los hombres. A partir de1990 surgen programas innovadores para canalizar ayudainternacional como crédito para los sectores de la población(entre estos la mujeres) que no accedían al créditoconvencional, generándose una segmentación del mercado: bancosdel sistema financiero para hombres e intermediarias noconvencionales para mujeres y micro-empresarios, aunque no deforma totalmente excluyente. En los años 1994-1995, del montototal crediticio recibido por las mujeres, el 19% y 11% provinode la banca estatal, mientras que el 81% y 89% lo recibieron defuentes no convencionales.

La información de la investigación de FIDEG,señala que en el período 1995 y 1996, del total de personasbeneficiadas con crédito, el 49.3% fueron mujeres. Sin embargo,éstas sólo recibieron el 34.1% del monto total de lasdiferentes fuentes.

Por su parte, el crédito rural no habeneficiado significativamente a las mujeres, ya que éstas nohan sido propietarias de recursos que puedan ser consideradosgarantía bancaria. La discriminación es doble: mientras unatercera parte de las personas con acceso al crédito fueronmujeres, éstas reciben el 11.4% de los montos de préstamos. El42% del financiamiento que reciben es en plazos menores de 6meses y 41% en plazos mayores de 1 año. El monto del créditopromedio obtenido por los hombres (US$ 850) es casi 4 veces mayorque el que reciben las mujeres (US$ 225).

Del total de mujeres que recibieron crédito,el 34.9% lo invirtió para el comercio y el 30.5% lo hizo engranos básicos, reafirmando una vez más el importante papel quelas mujeres juegan en la seguridad alimentaria nacional. Loanterior nos lleva a concluir que la mujer productora dealimentos tiene un acceso al crédito muy limitado, dado que laspolíticas de crédito han priorizado la exportación y son muypocas las que se dedican a esta actividad, más bien tienen unaparticipación intensa en la producción agrícola de granosbásicos en las unidades familiares y/o de pequeña escala.

BIBLIOGRAFÍA

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