El Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México documenta las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo el país.

El informe detalla el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.

El estado mexicano viola los derechos humanos al agua y el saneamiento en todo el país, denunciaron más de cien organizaciones de la sociedad civil. Con motivo de la visita de Léo Heller, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, estas organizaciones publicaron un informe sobre las principales fallas de las políticas públicas mexicanas. La mala calidad del agua ocasiona que en lugares como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada. Además se denuncian aumentos excesivos de tarifas, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario, acceso limitado al agua en zonas urbanas desfavorecidas, falta de transparencia y otras.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publica “Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina”, donde destaca la importancia de la política tributaria como instrumento de desarrollo en los países de América Latina.

Se identifican consensos y conflictos en torno al diseño y la implementación de los diferentes tributos en cada país. “Si bien los consensos —como la necesidad de asegurar pactos que garanticen un nivel estable de ingresos tributarios que produzcan distorsiones mínimas en la asignación de recursos— pueden parecer logros afianzados y generalizados, mucho es lo que falta para conciliar la política tributaria con otros objetivos no menos importantes, como asegurar la capacidad redistributiva de los sistemas tributarios, la equidad horizontal y vertical que debería prevalecer en los mismos, definir el rol del impuesto sobre la renta personal y de los incentivos impositivos o la asignación de los gravámenes entre niveles de gobierno”, según señala Cepal.

Cerca de 7.000 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos han firmado una carta dirigida a sus respectivos jefes de Estado y de gobierno en la que exigen redoblar los esfuerzos para poner en marcha un impuesto a las transacciones financieras (ITF), también conocido como ‘tasa Robin Hood’. La petición ha sido presentada con motivo de la cumbre europea que se celebró en Roma para conmemorar el 60º aniversario del Tratado de Roma.

Las OSC señalan que ese impuesto a las transacciones financieras supondría unos ingresos mínimos de 20.000 millones de euros anuales, y la recaudación debería destinarse a atender necesidades sociales como a financiar bienes públicos globales como la salud, la educación y la lucha contra la pobreza y el cambio climático. Además esta medida permitiría restaurar la estabilidad de los mercados, la prevención de futuras crisis como la que sacudió a Europa y el mundo en el período 2007-2008.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer) discutió este año la cuestión del empoderamiento económico de las mujeres con relación a los cambios en el mundo laboral.La igualdad de géneros encuentra obstáculos en las políticas macroeconómicas, sostienen las expertas Barbara Adams y Karen Judd, en este análisis incisivo sobre el presente y el futuro del empoderamiento económico de las mujeres.

Syndicate content