Argentina: Firme oposición social al uso de cianuro y mercurio en minería

Polémica votación en el Congreso
de Río Negro.
(Foto: Revista Marcha)

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como locales, repudian al Congreso y al gobierno de la provincia argentina de Río Negro por haber derogado la prohibición del uso de cianuro y mercurio a las compañías mineras que operan en ese territorio.

El Congreso rionegrino derogó la ley provincial 3.981 el 29 de diciembre sin debate publico alguno y apenas tres días después del pedido del entonces gobernador Carlos Soria, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto focal de Social Watch en Argentina.

La norma había sido aprobada en 2005 tras una intensa campaña a cargo de organizaciones ambientalistas, humanitarias e indígenas, entre otras.

El gobernador Soria (asesinado el 1 de enero por motivos ajenos a su iniciativa) solicitó el tratamiento urgente del proyecto, procedimiento por el cual eludió la discusión pública de su contenido. Su argumento principal fue que la inusitada actividad del volcán chileno Puyehue imponía una situación de emergencia en la provincia.

El Poder Ejecutivo rionegrino afirmó que “la búsqueda de alternativas” que “hoy son insuficientemente aprovechadas” para “superar la actual crisis con sentido de desarrollo.

En la visión del CELS, sin embargo, el incremento de la renta minera no se traduce de manera lineal en un mayor desarrollo ni en mejoras de las fuentes de trabajo. Tampoco la economía provincial se beneficia de esta actividad, sostuvo esta organización nacional en una declaración en la que expresó “su más enérgico repudio” a la derogación de la ley provincial.

Además, el uso de cianuro y mercurio es causa de enfermedades serias y dificulta el acceso a los alimentos. El Estado debe garantizar políticas que proporcionen soluciones sustentables y que protejan a las comunidades y a sus territorios, sostuvo el CELS.

La derogación “contradice el artículo 2 de la Ley Federal 25.675”, según la cual “las causas de los problemas ambientales deben atenderse en forma prioritaria e integrada para prevenir posibles efectos negativos”, afirmó el director de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de esta organización, Diego Morales.

Por otra parte, añadió, la resolución del Congreso provincial rionegrino “afecta un principio fundamental internacional de derechos humanos”, que prohíbe “revertir medidas que tiendan a protegerlos”.
La derogación de la ley abre paso a la minería a cielo abierto y con ella a la competencia entre grandes empresas y las comunidades por el agua, que en Río Negro procede de glaciares. Esta actividad haría peligrar los reservorios y contaminaría cursos superficiales, además de destruir o perturbar hábitats naturales y generar residuos.

Estos argumentos fueron clave en el debate parlamentario que culminó con la aprobación en 2005 de la Ley 3.981. Pero los legisladores rionegrinos decidieron ahora pasarlos por alto.

También se oponen a la derogación el Centro Cívico de Bariloche, la filial en esa ciudad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Sociedad Civil Árbol de Pie, la Comunidad del Limay, la Asociación Lihué, los Departamentos de Pastoral Social de las Diócesis  de  Alto Valle; Viedma y San Carlos de Bariloche, la Pastoral Aborigen y Social, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro y el Instituto Cordillerano de Estudios y Promoción Humana.

Este informe se basa sobre datos procedentes de las siguientes fuentes:
CELS: http://bit.ly/y2pnaE
No a la Mina: http://bit.ly/AxHo1a
Revista Marcha: http://bit.ly/wzksK