Marco de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos apunta a “proteger, respetar y remediar”

Author: 
Jana Silverman

El doble discurso de muchas empresas respecto de los derechos humanos ha llevado a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a exigir un conjunto de reglas más claras en cuanto a las obligaciones legales y éticas de las empresas. El Prof. John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU, ha elaborado un informe que establece un marco urgiendo a los Estados a adoptar políticas más coherentes respecto de los derechos. Social Watch continuará monitoreando y colaborando con las iniciativas del Representante Especial para que el enfoque basado en derechos de las empresas pueda transformarse en una realidad concreta.

En el mundo globalizado de hoy, donde proliferan las compañías transnacionales poderosas y los movimientos de capital, bienes y trabajadores a través de las fronteras ocurren todos los días, los mecanismos tradicionales que aseguran la protección de los derechos humanos y que están anclados en las obligaciones y acciones de los Estados han demostrado ser insuficientes para garantizar que los derechos sean respetados por actores no estatales influyentes y, en particular, por las empresas. En respuesta a los notorios abusos de los derechos laborales, ambientales y sociales cometidos por algunas empresas de las industrias de la vestimenta, extractivas, de alimentos y de la bebida, entre otras, ha surgido en los últimos años una gran variedad de iniciativas voluntarias creadas por instituciones internacionales, foros multisectoriales, y las propias empresas, aparentemente para mejorar las prácticas de derechos humanos de las empresas. Mediante el empleo de estas iniciativas, unas pocas compañías han logrado crear políticas de derechos humanos concretas y transparentes para mitigar los impactos negativos de sus operaciones, mientras otras empresas apenas han usado estos planes voluntarios para limpiar su imagen pública. El doble discurso de muchas compañías respecto de los derechos humanos y la ineficacia percibida de algunos mecanismos voluntarios de responsabilidad social corporativa, han llevado a muchas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a exigir un conjunto de reglas más claras en cuanto a las obligaciones legales y éticas de las empresas.

En un intento por clarificar estos temas tan complejos, en julio de 2005 el Secretario General de la ONU designó al Prof. John Ruggie como Representante Especial, con el mandato de investigar “los derechos humanos y las corporaciones transnacionales y otras empresas de negocios”. Luego de tres años de investigación sobre estos temas y consultas con representantes de gobierno, empresas y sociedad civil, el Representante Especial Ruggie preparó un informe en abril de 2008 que establece un marco a tres puntas respecto de los derechos humanos y las compañías, basado en la obligación gubernamental de proteger los derechos, la responsabilidad de las empresas de respetar esos derechos y la necesidad de las víctimas de acceder a remedios efectivos en los casos en que se cometieron abusos. En particular, el marco urge a los Estados a adoptar políticas más coherentes respecto de los derechos, de modo que los intereses del gobierno de expandir las inversiones y el comercio no interfieran con los derechos sociales y económicos de las personas afectadas por las operaciones de las compañías que tienen su sede o funcionan dentro de sus fronteras nacionales. El marco también establece que las compañías tienen la obligación de emplear la “debida diligencia” en el respeto de los derechos humanos, lo que significa que deben tomar medidas adecuadas para estar alertas, prevenir y tratar las consecuencias negativas sobre los derechos no solo de sus operaciones directas sino también de las acciones de otros actores estatales y no estatales que estén dentro de su esfera de influencia. Además, deben establecerse mecanismos judiciales y no judiciales efectivos y accesibles a las víctimas, para investigar, castigar y reparar los abusos de derechos humanos cometidos por las compañías.

La publicación del informe del Representante Especial Ruggie provocó una serie de reacciones de expertos legales, organizaciones de negocios y grupos de la sociedad civil. Mientras los representantes de las corporaciones aplaudieron el nuevo marco y su descripción de las obligaciones diferenciadas de los estados y las empresas, los grupos de derechos humanos y ambientales criticaron su falta de énfasis en la necesidad de establecer mecanismos legales vinculantes para combatir los abusos de los derechos por parte de las compañías. Al mismo tiempo, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) renovó el mandato del Representante Especial hasta 2011, para que pueda elaborar en más detalle recomendaciones concretas que ayuden a poner en práctica su marco de “proteger, respetar y remediar”. En este contexto, el Representante Especial Ruggie presentó un nuevo informe ante el CDH en abril de este año, que detalla sus estrategias para poner en funcionamiento el marco, y que urge que las empresas y los gobiernos no traten a los derechos humanos como una “víctima” de la crisis actual sino que hagan de estos principios la piedra fundamental de sus esfuerzos tendientes a la recuperación económica.

Como parte de su trabajo de difundir y ampliar el marco de “proteger, respetar y remediar”, actualmente el Representante Especial está llevando a cabo consultas multisectoriales con representantes de la sociedad civil, las empresas y agencias intergubernamentales. La más reciente de estas consultas tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, el pasado mes de mayo, en donde participaron miembros del Secretariado Internacional de Social Watch y de las coaliciones nacionales de Argentina y Ecuador. La consulta brindó a estos grupos interesados un espacio para intercambiar información sobre sus propias experiencias relativas a los impactos sobre los derechos de los emprendimientos del sector privado, y permitió que los participantes cuestionaran al Representante Especial Ruggie sobre la forma más efectiva de implementar el marco propuesto. En tanto los representantes de las empresas destacaron la necesidad de establecer más mecanismos no judiciales y locales de presentación de quejas y resolución de conflictos, los activistas de las ONG presentes enfatizaron la necesidad de que el Representante Especial amplíe sus consultas para incluir más visitas in situ con personas directamente victimizadas por corporaciones abusivas. Además, reiteraron su apoyo a la formulación de estándares intergubernamentales que establezcan la responsabilidad legal de las compañías a nivel internacional por cualquier violación grave de los derechos humanos que cometan y que se deje sin castigo en las jurisdicciones nacionales.

El evento concluyó con una invitación del Representante Especial Ruggie a las compañías y la sociedad civil para que sigan comprometidos con el trabajo que lleva adelante su oficina y con el sistema de la ONU en general en lo que tiene que ver con las empresas y los derechos humanos. Por su parte, Social Watch continuará monitoreando y colaborando de modo constructivo pero crítico con las iniciativas del Representante Especial, con la esperanza de que el período restante de su mandato pueda utilizarse no solo para identificar los problemas sino también para crear mecanismos eficaces que traten las violaciones de los derechos por parte de las compañías, de forma tal que el enfoque de derechos de los negocios pueda transformarse de una serie de compromisos voluntarios y unilaterales a una realidad concreta que impacte positivamente en las vidas de todos los que han sufrido la irresponsabilidad de las conductas corporativas.

Por mayor información sobre el mandato del Representante Especial sobre Empresas y Derechos Humanos y para descargar sus informes visite:
www.business-humanrights.org/Gettingstarted/UNSpecialRepresentative

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