ESTADOS UNIDOS

¿Oportunidad en la crisis? Capeando la tormenta perfecta

Global-Local Links Project
Tanya Dawkins
Institute for Agriculture and Trade Policy
Alexandra Spieldoch
Center of Concern
Aldo Caliari
Action Aid USA
Karen Hansen-Kun
Hunger Notes
Lane Vanderslice

La crisis de desempleo subraya la realidad de un sistema que no reconoce ni garantiza los derechos sociales y económicos esenciales. A partir de diciembre de 2007, el número de desempleados aumentó a 13,1 millones – 5,6 millones más que al principio de la recesión. Los movimientos de derechos humanos, trabajo ecológico, comercio justo, asistencia médica y vivienda presentan propuestas y exigen cambios reales y estructurales. Estados Unidos no puede dejar pasar esta oportunidad para alcanzar un cambio verdadero.

La crisis económica mundial le puso un nuevo nombre a la diversidad de crisis interconectadas – vivienda, alimentos, clima, desigualdad y rendición de cuentas – que han estado gestándose en Estados Unidos y en todo el mundo. Mientras la ciudadanía comienza a tomar conciencia de la naturaleza profunda, sistémica y global de la crisis, el mundo espera de Estados Unidos una acción rápida y definitiva para contener las crisis que el país contribuyó a crear.

Una confianza ciega en el mercado “libre” como el mejor árbitro para dirimir los asuntos sociales, ambientales y económicos ha creado una “tormenta perfecta”1 de instituciones financieras que se desmoronan, una infraestructura democrática débil y una red de protección absolutamente inadecuada para lidiar con la diversidad de sufrimiento y desplazamiento humanos. El resultado de planes financieros poco regulados e inescrupulosos se sigue ampliando y causando pérdidas de la vivienda, desestabilización de comunidades y vulnerabilidad económica. Millones de estadounidenses desplazados por la crisis de la vivienda y el empleo se agregan a sus contrapartes invisibles por largos años dentro y fuera del país, que han vivido en el ojo de esta tormenta por décadas. Esto brinda una oportunidad inusual de establecer el curso de una nueva era de liderazgo y alianzas para un verdadero cambio, desarrollo, sustentabilidad y derechos humanos, dentro del país y en todo el mundo.

SE BUSCA: el derecho a un lugar al cual llamar hogar

Cuando explotó la burbuja de la vivienda en Estados Unidos, hubo una reacción en cadena en la bolsa de valores – el depósito más grande de la riqueza de los estadounidenses. La caída del valor de los bienes inmuebles borró o redujo considerablemente el capital de un gran número de propietarios de viviendas particulares o de bienes inmuebles institucionales. Por ejemplo, una familia que compró una casa en 2006 por USD 189.000 vio caer su valor en 26% hasta USD 139.000 en 2008. La disminución de los precios de la vivienda ha significado que muchos de aquellos suficientemente afortunados, propietarios de una vivienda, han perdido todo o la mayor parte de su capital, o están atrapados en hipotecas que actualmente exceden por lejos el valor de los inmuebles. El capital de los bancos y otras instituciones que tienen en su posesión hipotecas y otros valores relacionados también se redujo enormemente o desapareció. Este panorama es el resultado de una generación de política gubernamental que socavó severamente la infraestructura reguladora y supervisora de la economía y los mercados financieros.

Esta dinámica agravó la crisis nacional existente de los sin techo y la vivienda asequible. La falta de vivienda crece, en gran parte debido al aumento de las ejecuciones hipotecarias, empeorada por la pérdida del trabajo, las subas de precios de los alimentos y otros gastos que socavan la capacidad de la población para pagar su vivienda. Una encuesta llevada a cabo en octubre de 2008 en 12 estados reveló que la cantidad de familias con niños que se quedan sin hogar está creciendo2. De junio de 2007 a junio de 2008 el número de solicitudes de refugio se duplicó3. En marzo de 2009, se informó que una de cada nueve personas con hipoteca estaba atrasada en los pagos o en alguna etapa de la ejecución hipotecaria para fines de 2008, cuando la creciente pérdida de trabajos exacerbó la crisis de la vivienda4. Durante 2008 se embargaron más de 2,3 millones de viviendas, esto es, 81% más que en 2007 y 225% más que en 20065.

SE BUSCA: el derecho a un trabajo decente

Desde diciembre de 2007, el número estimado de personas desempleadas aumentó a 13,1 millones – 5,6 millones más que al principio de la recesión6. Además, estas cifras subestiman el problema real porque la tasa de desempleo oficial sólo incluye a los que han buscado activamente empleo durante las últimas cuatro semanas. Esta definición excluye a los trabajadores desalentados7 y no refleja a los que están subempleados y sin posibilidades de generar ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Las minorías han sido afectadas desproporcionadamente por el declive de las oportunidades laborales. Desde marzo de 2009, el desempleo entre las poblaciones negra, hispana y blanca aumentó en 4,4%, 5,2% y 3,5%, respectivamente, reflejando tendencias de desigualdad existentes desde hace mucho tiempo, en particular en las áreas de educación, empleo y acceso a la justicia. Al 30 de junio de 2009, este aumento se vio reflejado en índices nacionales de desempleo que se ubicaron en 14,7%, 12,2% y 7,8%8.

La crisis de desempleo subraya la realidad de un sistema que no reconoce ni garantiza los derechos sociales y económicos esenciales. Dado que el acceso a educación, alimentos, asistencia médica y vivienda generalmente está en función del acceso de las personas a un trabajo, estar desempleado tiene repercusiones tremendas en la capacidad de la persona o la familia de acceder a las necesidades básicas. Estados Unidos tiene los segundos subsidios de desempleo más bajos entre los países de la OCDE; casi dos tercios de esos países ofrecen el doble o más de beneficios de desempleo – además de la asistencia social – que Estados Unidos9.

SE BUSCA: el derecho a la seguridad alimentaria

Los estadounidenses también recibieron los impactos de la crisis alimentaria. Los bancos de alimentos, por ejemplo, han tenido grandes dificultades para cumplir con la demanda porque la gente dona menos y hay menos reservas de alimentos disponibles10. En el Centro y Sur del país la crisis alimentaria se agrava por las inundaciones y los huracanes, que causan una disminución de la producción que se envía a los mercados agrícolas y para la distribución local de alimentos11.

Las estadísticas del Departamento de Agricultura indican que al menos 36 millones de personas, incluyendo más de 4 millones de niños, viven en hogares con inseguridad alimentaria12. Foodlinks America informa que, “más estadounidenses de ingresos bajos recibieron apoyo alimentario del Programa de Ayuda de Nutrición Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés) en enero de 2009 que en cualquier otro tiempo de la historia del programa. Más de 32,2 millones de personas dependieron del programa ese mes, borrando el récord de un mes de 31,8 millones. El aumento del número de casos fue impulsado por los 11 estados que tenían porcentajes de aumentos superiores a 20% entre enero de 2008 y enero de 2009: Utah, Florida, Nevada, Arizona, Wisconsin, Georgia, Vermont, Maryland, Texas y Massachusetts”13.

En esta crisis alimentaria, las agroindustrias estadounidenses se han beneficiado del asfixiante control que ejercen algunas grandes corporaciones sobre la producción y la distribución, justo cuando los agricultores más pequeños luchan con los crecientes costos de los insumos y las menores ganancias14.

Reincorporarse al mundo: los detalles importan

A nivel internacional, la Administración Obama ha manifestado prontamente su liderazgo a partir de la elección presidencial. A principios de abril de 2009, el Departamento de Estado anunció que buscaría una banca en el Consejo de Derechos Humanos, diciendo que “los derechos humanos son un elemento esencial de la política exterior mundial estadounidense”. La Administración también otorgó nivel de ministro de gabinete al embajador estadounidense ante las Naciones Unidas recientemente designado.

El presidente Obama también participó del proceso del G-20, prometiendo nuevos fondos para abordar el colapso económico. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su profundo escepticismo con los USD 100 mil millones de nuevos fondos para el FMI porque cuestionan si ese organismo está equipado para implementar verdaderos paquetes de estímulo económico en vez de sus programas de austeridad tradicionales y perjudiciales.

La Administración también prometió duplicar la ayuda estadounidense a más de USD 1.000 millones en 2009 para apoyar el desarrollo agrícola a largo plazo, y amplió su oferta a USD 3.500 millones en ayuda para la seguridad alimentaria por un período de tres años. Si bien este dinero es muy necesario, cómo habrá de ser gastado es un tema de gran preocupación, y existen grandes diferencias de opinión. Por ejemplo, el Congreso y la Administración siguen promoviendo soluciones tecnológicas, incluyendo inversiones en biotecnología y Organismos Genéticamente Modificados. Los activistas de la alimentación estadounidenses presionan para que se adopten enfoques que prioricen sistemas alimentarios locales y prácticas agrícolas que no perjudiquen el clima.

En cuanto a éste, la Administración se ha involucrado en el proceso hacia las conversaciones de diciembre para un nuevo tratado mundial sobre el clima, pero sus posiciones aún no son claras. Por ejemplo, aún tiene que ratificar el Protocolo de Kioto y definir sus compromisos globales de reducción de emisiones, en un momento en que son necesarias acciones urgentes.

Buenas ideas y medidas en la dirección correcta

La Administración del presidente Barack Obama ha procurado responder a la crisis con financiación adicional e iniciativas políticas enfocadas a la estabilización de los mercados financieros, la creación de trabajo a nivel interno (incluyendo trabajos ecológicos), mayores beneficios para los desempleados recientes e iniciativas dirigidas a los propietarios de viviendas que recientemente han perdido sus hogares o están en riesgo de perderlos.

Las autoridades electas están bajo creciente presión para responder a una población cada vez más conciente de que los mercados también deben servir a objetivos sociales, económicos y ambientales más amplios. Las respuestas políticas propuestas tales como la reducción obligatoria de las tasas de interés, la reestructura de la ley de bancarrota y las medidas para contener la excesiva especulación financiera nacional e internacional, así como otras propuestas, también están atravesando el proceso legislativo.

La Administración instauró nuevas restricciones diseñadas para terminar con el vaivén entre las empresas y el gobierno que tan profundamente contribuyera a políticas mal dirigidas en sectores clave como la vivienda, las finanzas, el comercio, la salud y la agricultura. Mostró su apoyo a la producción orgánica, a medidas competitivas más fuertes para regular la actividad corporativa y a una mayor supervisión de la seguridad alimentaria. También prometió aumentar la financiación para apoyar la energía renovable y estándares de combustible limpio. La Ley Granjera de 2008 incluyó también USD 100 millones adicionales para apoyar los sistemas alimentarios locales, aumentar el acceso a alimentos saludables y apoyo a agricultores orgánicos, novatos o pertenecientes a minorías. Aunque estas medidas son insuficientes para satisfacer las demandas, son pasos importantes y alentadores.

Mirando hacia delante

La intervención del Gobierno es un elemento crítico para asegurar la recuperación económica y una nueva dirección del desarrollo económico nacional. El eslabón perdido sigue siendo asegurar la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas. Por ejemplo, iniciativas como <www.recovery.gov> ponen de manifiesto el uso sin precedentes e innovador de la tecnología hecho por la Administración para mantener informada a la población. La información, sin embargo, no sustituye el tipo de compromiso y responsabilidad que debe ser el núcleo de un verdadero cambio y recuperación nacional.

Los movimientos nacionales a favor de los derechos humanos, trabajos ecológicos, comercio justo, asistencia médica y vivienda están presentando propuestas innovadoras y aumentando sus demandas de un cambio verdadero y estructural. Por ejemplo, está tomando fuerza el movimiento que pugna por la rendición de cuentas de Estados Unidos respecto de los estándares internacionales de derechos humanos, organizándose y educando sobre la naturaleza interconectada de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales15. Una Encuesta de Opinión Pública Mundial de 2008 mostró que la vasta mayoría de los estadounidenses está a favor de prácticamente todos los derechos y principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo igualdad, derechos de la mujer, justicia racial, los derechos a la alimentación, educación y asistencia médica y creen con firmeza que su gobierno tiene la responsabilidad de asegurarlos16. Traducir el cambio de actitudes en una voluntad pública sostenida y nuevas políticas sigue siendo un desafío fundamental. Son necesarias acciones y soluciones valientes. Estados Unidos no puede permitirse desperdiciar esta oportunidad.