CHILE

Impacto social de la crisis y respuestas ciudadanas

Hugo Fazio y Martín Pascual
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA)

En tanto avanzan la recesión y el desempleo, se vacían los fondos de pensiones, decrecen las remuneraciones y el gobierno presiona sobre las remuneraciones a fin de descontraer la economía, los gremios y la sociedad civil plantean otras soluciones. Mientras los trabajadores ratifican su defensa de salarios, derechos, fondos y trabajo decente para todos y cada uno de los trabajadores, las ONG manifiestan la necesidad de comenzar a construir, juntos, una economía que ponga a las personas y al planeta primero.

Chile está siendo duramente golpeado, en 2009, por la crisis económica internacional, iniciada a mediados de 2007 a partir del derrumbe de la “burbuja” inmobiliaria estadounidense que derivó en una crisis financiera, que rápidamente fue global. Al tratarse la chilena de una economía extraordinariamente abierta, en la cual los fenómenos externos se expresan con extraordinaria crudeza, la crisis económica global repercute de formas diversas en el país. La caída de la generalidad de los productos básicos en los mercados internacionales, experimentada a partir de 2008, ha influido poderosamente, dado que la estructura económica y exportadora del país es fuertemente dependiente de la colocación en mercados foráneos de unos pocos recursos primarios y de bajo valor agregado.

La libra de cobre llegó a su precio nominal más elevado a comienzos de julio de 2008 al superar los USD 4 la libra. Ya al finalizar ese año promedió USD 1,40, para tener en los primeros meses de 2009 un ligero repunte. El descenso en el precio del cobre repercute entre otras variables sobre la paridad cambiaria, los términos de intercambio, la balanza de pagos y la actividad económica, lo cual, a su turno, tiene consecuencias sociales negativas.

En el cuarto trimestre de 2008 la economía chilena entró clara y abiertamente en recesión, cuando cayeron violentamente sus niveles de actividad en consonancia con tendencias similares en el ámbito global, lo que mostró claramente la alta correlación entre la realidad nacional y el curso general de la crisis. En el período octubre-diciembre el producto desestacionalizado y en cifras anualizadas cayó por segundo trimestre consecutivo, en comparación con los tres meses precedentes. En el tercer trimestre su disminución fue, según los datos de las Cuentas Nacionales, de 0,1%. En el cuarto trimestre se estima, efectuando el mismo cálculo, que la contracción fue de 5%.

La producción industrial se contrajo en doce meses durante el cuarto trimestre un 3,6%, la mayor caída desde 1999. En diciembre, la disminución anualizada fue todavía mayor: 4,3%. En el cuarto trimestre las ventas totales descendieron, con relación a los mismos meses de 2007, en 4%, mientras que las efectuadas en el mercado interno lo hacían en 4,7%1.

Consumo e inflación

En el cuarto trimestre se experimentó una sensible reducción en el consumo que fue acentuándose, llegando en diciembre a 9% en doce meses. La caída se produjo, fundamentalmente, entre la población de menores ingresos.

Por contrapartida, la caída en la cotización de los productos básicos incidió en que uno de los grandes problemas sociales de 2008, las altas tasas de inflación, en especial para los sectores de la población de menores ingresos, se morigerasen. En octubre de 2008, la tasa de inflación anualizada alcanzó 9,9%. Este porcentaje fue superior para los dos quintiles de la población de menores ingresos debido a un incremento en el precio de los alimentos superior al promedio, lo cual contrajo sus condiciones de vida. Al registrarse también contracción de la demanda interna, las presiones inflacionarias se vieron debilitadas y, en parte por este motivo, desde noviembre el Índice de Precios al Consumo (IPC) inició un curso descendente, que proseguirá en el curso del año.

Otra poderosa razón que explica el descenso inflacionario es la reducción internacional en el precio del petróleo, en porcentaje, el mayor componente de las importaciones del país. En cambio, debido a la política gubernamental de estimular las inversiones sectoriales con cargo a los consumidores, las tarifas eléctricas siguen teniendo un costo elevado. Otro tanto sucede en el sector de agua potable y empresas sanitarias.

Desempleo

Uno de los mayores costos sociales de la recesión es el incremento de las tasas de desempleo. Según estadísticas del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, en el Gran Santiago (la capital y su área metropolitana), en el trimestre diciembre-febrero el desempleo se aproximó nuevamente a los dos dígitos, al subir dos puntos porcentuales – de 7,7% a 9,7% de la fuerza de trabajo –, a pesar de que la estacionalidad del empleo en el verano es más favorable. A ello se debe agregar la reciente cifra oficial de desempleo nacional para el mismo trimestre: 8,5% – 0,5 puntos porcentuales superior al trimestre previo2.

Fondos de pensiones

Otro efecto social muy marcado de la crisis lo ha constituido la caída en los fondos de pensiones, cuyos recursos están colocados en activos financieros en Chile y en el exterior. El deterioro experimentado por los mercados financieros durante la crisis significó una reducción considerable en los ahorros con fines previsionales de la población, la que alcanzó a fines de 2008 una pérdida de USD 27.000 millones, más de un 26% del fondo total.

Un estudio del Banco Asiático de Desarrollo, analizando lo acontecido durante 2008, ubica a Chile como el país latinoamericano en el que se produjo la mayor pérdida de riqueza de los hogares, para lo cual tuvo alta incidencia lo sucedido con los fondos de pensiones. A pesar de las numerosas protestas de los afectados, ni las administradoras privadas de fondos de pensiones ni el gobierno han hecho nada para compensarlos.

Remuneraciones

Las políticas oficiales para enfrentar el curso contractivo de la economía, equivocadamente, han presionado – desgraciadamente con éxito – para reducir las remuneraciones reales. En una situación de elevada inflación anualizada como se vivió hasta octubre, y cuando resultaba evidente que debía experimentar una clara reducción por la fuerte caída de los productos básicos en los mercados internacionales y la notoria desaceleración de la economía interna, introducir el concepto de reajustar por la inflación oficial futura – como se ha hecho reiteradamente durante los gobiernos de la Concertación,  desde 1990 –  y no por la pérdida efectiva experimentada por las remuneraciones, atenta contra los ingresos de los trabajadores.

Los intentos oficiales de aplicar esta política chocaron a fines de 2008 con un gigantesco movimiento reivindicativo de los trabajadores del sector público. Con todo, el incremento real obtenido en las remuneraciones de los funcionarios del Estado, con relación a la situación que tenían un año antes, fue ligeramente superior al 1%.

La evolución del índice general de remuneraciones por hora y de costo de la mano de obra, que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas, evidencia claramente las consecuencias. El primero fue negativo desde junio de 2008, luego de no haber experimentado modificaciones durante mayo, pero menos que el segundo, que mira la evolución de las remuneraciones desde la perspectiva del empresario.

A la disminución reflejada en los cuadros de remuneraciones se debe agregar la disminución en los créditos que afectan a la población en general, pero particularmente a los menos favorecidos y a las PYMEs.

Las propuestas ciudadanas

La Central Unitaria de Trabajadores de Chile, en este periodo de crisis, ha concentrado sus propuestas por “Un Chile Justo” en 5 reivindicaciones principales:

a) impedir un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores con la excusa de la crisis,
b) defensa del empleo,
c) defensa de los salarios,
d) defensa de los fondos previsionales afectados por la crisis y la petición de compensaciones e intervención estatal en el sistema previsional y
e) la defensa del trabajo decente en todos sus contenidos.

En un ámbito social más amplio y trascendiendo las fronteras nacionales, ACCION, la Asociación Chilena de ONGs que agrupa a más de 70 organizaciones de desarrollo ha enviado una carta a los líderes mundiales que se reunirán en el G-20, planteando 4 grandes propuestas ante la crisis mundial en desarrollo:

a. Garantizar la gobernabilidad democrática de la economía regulando las actividades financieras, creando nuevos instrumentos fiscales, estableciendo desincentivos y restricciones a la especulación, prohibiendo los productos financieros “de casino” y garantizando que los recursos del ahorro privado o público se canalicen efectivamente hacia la actividad productiva. Insistiendo en la reforma de la gobernanza del Banco Mundial y del FMI para garantizar que estén debidamente democratizados. Haciendo que todas las instituciones financieras, los productos financieros y las multinacionales actúen con transparencia y rindan cuentas públicamente. Esto debe incluir la eliminación del secreto bancario y de los paraísos fiscales y la introducción de controles públicos en todos los países por medio de normas internacionales de contabilidad.

b. Crear trabajo decente y servicios públicos para todos garantizando una inversión masiva en un green new deal a fin de construir una economía verde basada en el trabajo decente y una remuneración justa, invirtiendo y fortaleciendo la prestación pública de servicios esenciales y trabajando en pro de asegurar el financiamiento al desarrollo a todos los países que lo necesitan, sin condiciones perjudiciales adjuntas.

c. Poner fin a la pobreza mundial y a la desigualdad entregando el 0,7% de la renta nacional en cooperación al desarrollo para el año 2013, haciendo más eficaces estos recursos y presionando para la cancelación de todas las deudas ilegítimas e impagables de los países en desarrollo.

d. Construir una Economía Verde presionando por un acuerdo en la cumbre sobre cambio climático de Copenhague para acordar reducciones sustanciales y verificables de gases de efecto invernadero y comprometiéndose a nuevas y sustanciales transferencias de recursos del Norte al Sur para apoyar la adaptación y el desarrollo sostenible en los países pobres. Es urgente implementar políticas que se alejen de las medidas de liberalización y de desregulación que marcaron los años 1990s. Llamamos a los gobiernos del G20 y de otros países a aprovechar esta oportunidad y comenzar a construir una economía que ponga a las personas y al planeta primero, en pos de una sociedad justa y con menos inequidades.

1 Banco Central de Chile.

2 Instituto Nacional de Estadísticas (INE).