Reforma del sistema político: devolver el poder al pueblo

José Antônio Moroni1
INESC

Tanto en los países del Sur como en los del Norte, los partidos parecen agotar sus energías en las disputas electorales que les permitan ocupar los espacios de poder. En muchos casos estos espacios son luego utilizados para perpetuar formas oligárquicas de gobierno, en las que el nepotismo, la corrupción y los personalismos muestran toda su fuerza. En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil aparecen como las únicas capaces de impulsar cambios políticos reales,  que trasciendan lo electoral y enseñen y permitan a la gente no alcanzar sino a “ser” el poder.

La reforma política es un tema recurrente en la vida política de Brasil y de otros países, tanto del Sur como del Norte. Esto, por sí solo, demuestra cierto malestar con la política y con las formas de hacer y pensar la política. Los mecanismos tradicionalmente erigidos (partidos, procesos electorales, representación, etc.) y reconocidos como legítimos para “hacer política” están en crisis y han perdido el reconocimiento de amplios sectores de la población. Eso quiere decir que la población no se reconoce en estos procesos. Siendo así, la política se ha elitizado más, quedando limitada a las instituciones tradicionales. Por otro lado, las instituciones se cierran cada vez más, en un instinto de supervivencia y corporativismo. Este proceso provoca una mayor pérdida de legitimidad.

Ante este panorama, ¿cómo pensar en nuevas formas de hacer política, creando nuevas institucionalidades democráticas?  Este es un programa para las organizaciones de la sociedad civil, puesto que la mayoría de los partidos están volcados exclusivamente a las disputas electorales.

En el caso de Brasil, por ejemplo, la reforma política está presente en la agenda de los parlamentarios hace varios años, pero siempre orientada por intereses electorales y partidarios, o por grandes escándalos de corrupción. Es el llamado casuismo electoral: en general, modificaciones de corto plazo y de corta duración. Un ejemplo es el de la reelección. Es por esto que la mayoría de la población concibe a la reforma política como una mera reforma del sistema electoral.

El tema de la reforma política está presente también en las discusiones académicas y en los medios de difusión. En el ámbito académico, más como un objeto de estudio o investigación, y en los medios, casi siempre, como la solución de todos los males del país o tratada de forma peyorativa. En los dos casos, se la considera como un instrumento para mejorar la gobernabilidad del Estado (mantener las elites en el poder) o aumentar su eficiencia (cómo atender mejor los intereses de las elites).

En el ámbito de la sociedad civil organizada, de las organizaciones y los movimientos que defienden el interés público – aquí entendido como los intereses de la mayoría de la población y la radicalización de la democracia –, la reforma política está insertada en un contexto más amplio, que necesariamente implica cambios en el sistema político, en la cultura política, en la sociedad y en el propio Estado. En resumen, entendemos por reforma política la reforma del propio proceso de decisión, por lo tanto, la reforma del poder y de la forma de ejercerlo.
 
Principios y sistemas democráticos

Debemos pensar en los principios democráticos que deben orientar una verdadera reforma política y ser portadores de una nueva institucionalidad. Los principios deben ser los de igualdad, diversidad, justicia, libertad, participación, transparencia y control social. La plataforma de los movimientos sociales que promueven la reforma del sistema político define así estos principios:

Igualdad: equilibrio de derechos y responsabilidades entre los ciudadanos y ciudadanas, con respeto por la diversidad. Se opone a la disparidad en materia de: ingresos, propiedad de la tierra, acceso a los servicios de salud, acceso a la educación, acceso a los espacios de decisión, representación política, acceso al comercio internacional entre los países, y apropiación de la riqueza producida en las relaciones de trabajo, entre otras disparidades.

Diversidad: diferencias determinadas por aspectos de género, generación, raza o color, etnia, orientación sexual, discapacidad u otros factores. También se refiere a los diferentes espacios geográficos donde las poblaciones se organizan (zonas urbana y rural, comunidades tradicionales, quilombolas, comunidades ribereñas, indígenas) y a las distintas actividades económicas practicadas (extractiva, artesanal, agrícola familiar, pesquera, industrial).

Justicia: defensa de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que busca restaurar los derechos amenazados y garantizar el cumplimiento de los derechos no reconocidos o la creación de nuevos derechos. Se orienta contra las prácticas que benefician a los intereses privados en detrimento del interés público, entre ellas el clientelismo, el patrimonialismo, el nepotismo, la corrupción, los preconceptos y la discriminación. Observa el sistema democrático, la forma de gobierno republicana y el estado de derecho, y combate todas las formas de desigualdad e injusticia.

Libertad: principio que prevé la libre expresión, la movilización, la actividad política y la organización de los ciudadanos y ciudadanas. Orienta a la ciudadanía a expresarse y actuar políticamente en defensa de valores democráticos, como la igualdad y los derechos humanos, como también a oponerse y actuar políticamente contra situaciones de desigualdad social, política, jurídica y económica. El principio de la libertad presupone la libre organización partidaria.

Participación: actuación de los movimientos democráticos de sociedad civi (movimientos sociales, organizaciones) en los espacios públicos de toma de decisión. Debe ocurrir, preferentemente, por medio de la institucionalización de mecanismos de democracia participativa y directa, incluso en la elaboración, deliberación, aplicación, vigilancia y evaluación de políticas públicas. Es también un proceso de aprendizaje, en la medida en que habilita la intervención de la ciudadanía para la actuación en los espacios públicos de toma de decisión.

Transparencia: acceso universal a la información pública, por medio de la disponibilidad inteligible para el conjunto de la población. Incluye también la divulgación amplia, permanente e imparcial de las decisiones públicas, ya sean oriundas de la burocracia o de los representantes elegidos o designados. Se trata de una postura ética que se espera del poder público. La transparencia y el acceso a la información pública forman parte de la defensa del derecho humano a la información.

Control social: vigilancia del Estado por parte de la sociedad civil que actúa en el campo democrático, por ejemplo los movimientos sociales, teniendo como meta el control de las acciones gubernamentales. La calidad del control social presupone la transparencia y el acceso a la información pública. El control social tiene por objetivo la defensa y la aplicación de políticas públicas que respeten los conceptos de igualdad, universalidad, diversidad, justicia y libertad.

Confrontar problemas arraigados

Una verdadera reforma política debe enfrentar problemas que están en el origen de muchos países, como el patriarcado, el patrimonialismo, la oligarquía, el nepotismo, el clientelismo, el personalismo y la corrupción. La plataforma presenta también las siguientes definiciones:

Patriarcado: cualquier sistema de organización política, económica, industrial, financiera, religiosa y social en el cual la gran mayoría de cargos jerárquicamente superiores están ocupados por hombres.

Patrimonialismo: conducta política de las elites dominantes en el ejercicio de funciones públicas de gobierno, que se caracteriza por la apropiación de lo que es público (del Estado, sus instituciones y recursos) como si fuese patrimonio privado.

Oligarquía:forma de gobierno en que el poder está concentrado en manos de un pequeño número de individuos, en general con lazos familiares o vínculos partidarios, y pertenecientes a clases sociales privilegiadas. La organización política patriarcal y la conducta patrimonialista son características de los poderes oligárquicos.

Nepotismo: práctica del favorecimiento y la distribución de empleos a parientes por parte de personas que ejercen cargos y funciones públicas.

Clientelismo:práctica basada en el intercambio de favores y el apadrinamiento, que usa las estructuras y los servicios públicos para favorecer a quienes ejercen la función pública.

Personalismo: culto a la personalidad, con la consiguiente desvalorización del debate político y la despolitización de los conflictos.

Corrupción: apropiación y desvío de recursos públicos para fines privados, además de servir como medio para lograr la impunidad y mantenerse en el poder. La corrupción también se entiende como una forma de usurpación del poder del pueblo.

A quién pertenece el poder y quién debe ejercerlo

Volviendo al caso de Brasil, la Constitución del país define como objetivos fundamentales de la República “construir una sociedad libre, justa y solidaria”, “garantizar el desarrollo nacional”, “erradicar la pobreza, la marginación y reducir las desigualdades sociales y regionales”, “promover el bien de todos, sin preconceptos de origen, raza, etnia, sexo, color, edad y cualquier otra forma de discriminación”, y establece que “todo el poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio de representantes elegidos o en forma directa”.

Si todo el poder emana del pueblo, como lo establece la Constitución, pensar la reforma política es pensar cómo se debe devolver este poder al pueblo, que tiene derecho a ejercerlo de forma directa, y no solo por delegación o representación. Significa, también, pensar en los mecanismos existentes para que el pueblo ejerza el poder. Hoy, básicamente, el poder se ejerce por medio de partidos políticos y procesos electorales. ¿Eso es suficiente? ¿O debemos ser osados y pensar en otras formas de ejercer el poder?

La incapacidad de las instituciones vigentes de concretar plenamente los objetivos de la República y la Constitución, sumada al aumento del sentimiento de distanciamiento entre los electores y sus representantes, pone en riesgo la confianza en los procesos democráticos. Esto se escucha en los comentarios de la gente: “Para qué votar, si voto para cambiar y las cosas no cambian”, o “Votar para qué, si después hacen lo que quieren”. La confianza del pueblo en los progresos democráticos corre riesgo. La democracia, para sobrevivir, debe reinventarse y crear nuevos mecanismos de participación y decisión, que devuelvan el poder de decisión a la población.

Las cuestiones políticas y las organizaciones heterogéneas

La reforma política debe aspirar a la radicalización de la democracia, para enfrentar las desigualdades y la exclusión, promover la diversidad y fomentar la participación ciudadana. Esto implica una reforma que amplíe las posibilidades y oportunidades de participación política, capaz de incluir y procesar los proyectos de transformación social que segmentos históricamente excluidos de los espacios de poder, como las mujeres, los afrodescendientes, los homosexuales, los indígenas, los jóvenes, los discapacitados, los ancianos y todos los desposeídos de derechos, traen al escenario político.

Estos segmentos no quieren la “inclusión” en el orden establecido; quieren cambiar este orden. Por eso, deben pensar la reforma política como un elemento clave en la crítica a las relaciones que estructuran este mismo sistema, tanto políticas como personales. Entienden que el patrimonialismo y el patriarcado asociado, el clientelismo y el inseparable nepotismo, la relación entre el populismo y el personalismo, que eliminan los principios éticos y democráticos de la política, y las oligarquías, escoltadas por la corrupción y basadas en múltiples formas de exclusión (por el racismo, el etnocentrismo, el machismo, la homofobia y otras formas de discriminación), son elementos estructurantes del actual sistema político y por eso desean transformarlo.

Pero, ¿cómo se articulan estas nuevas cuestiones con las existentes? Por ejemplo, con los partidos políticos y los momentos electorales. La estrategia de crear núcleos o sectores dentro de los partidos demostró ser frágil. Hasta la estrategia de construir un partido político demostró sus limitaciones. ¿Qué nueva estrategia debe construirse? Todavía no se tiene la respuesta, pero existen “cosas en el aire” que pueden surgir con un potencial innovador. Cito como ejemplo todo el proceso de construcción del Foro Social Mundial, la construcción de redes de organizaciones de la sociedad civil de forma horizontal, la asamblea popular que discute un proyecto popular para Brasil, etc.

Pero para hablar de “nuevas cuestiones políticas” debemos pensar la forma en que este mismo campo de organizaciones de la sociedad civil se organiza y construye sus relaciones políticas. Este campo político no es homogéneo; por el contrario, es heterogéneo, complejo y con concepciones políticas muy distintas.

Convivimos con concepciones según las cuales el instrumento de transformación es el Estado y todo se resolverá cuando se resuelvan las contradicciones de la relación entre el capital y el trabajo, por lo tanto necesitamos un instrumento para competir por ese Estado (partido político). Según estas concepciones, por ejemplo, las desigualdades derivadas de las relaciones de género, étnicas o raciales, de orientación sexual, etc. se resolverán automáticamente cuando lleguemos al socialismo o comunismo. En este sentido, hacen una jerarquización de los movimientos: el movimiento general (que actúa en la relación capital-trabajo, principalmente el sindical) y los movimientos específicos (que actúan en las relaciones entre las personas, las mujeres, los afrodescendientes, los niños, los homosexuales, etc.). Es lógico que, en esta concepción, el movimiento más importante sea el que se llama general.

Al mismo tiempo, hay concepciones que prácticamente desconocen la importancia de la relación entre el capital y el trabajo, y por ende la lucha de clases, y creen que será posible resolver las desigualdades provocadas por las cuestiones de género, étnicas, raciales, etc., solamente con ganar las conciencias individuales. Para estas concepciones, la lucha institucional y, por tanto, del papel del Estado como uno de los principales promotores de estas desigualdades, no es relevante.

Esta caracterización de los dos tipos de concepciones explicita las diferencias políticas, y por tanto de las estrategias. Sin duda hay muchas más concepciones que las dos mencionadas, y la cuestión es mucho más compleja y profunda de lo que planteamos aquí.

Ejes para una reforma política: nuevas estructuras institucionales

En el caso de Brasil, para iniciar un proceso de radicalización democrática se debe actuar en cinco grandes ejes:

1 - Fortalecer la democracia directa.
2 - Fortalecer la democracia participativa.
3 - Perfeccionar la democracia representativa: sistema electoral y partidos políticos.
4 - Democratizar la información y la comunicación.
5 - Democratizar al Poder Judicial.

La Constitución define como manifestaciones de la soberanía popular el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular. Pero sucede que la reglamentación de estos instrumentos (plebiscito y referendo) le quitó al pueblo el derecho de convocarlos. Ahora, esto es prerrogativa del Parlamento. El pueblo fue excluido del proceso y, una vez más, solo es llamado para votar. En 20 años, el Parlamento solo aprobó dos veces estos instrumentos.

En el caso de la iniciativa popular, la reglamentación la burocratizó tanto que la inviabilizó como instrumento de participación directa. En definitiva, la reglamentación parlamentaria inviabilizó estos tres instrumentos de democracia directa.

Además de una nueva reglamentación de estos instrumentos, también es necesario crear nuevas formas y mecanismos de participación directa, por ejemplo, el veto popular. Esta nueva reglamentación debe tener como principio el poder del pueblo de usar estos instrumentos.

También debe repensar la actual arquitectura de la participación. La multiplicación de espacios participativos no significa automáticamente la repartición del poder. Actualmente hay unos 70 consejos nacionales de políticas públicas (espacios institucionalizados, con la participación de la sociedad civil y del gobierno), y en siete años hubo más de 50 conferencias nacionales que poco lograron influir en la concepción de las políticas públicas. Debemos encaminarnos a la construcción de un sistema integrado de participación que incluya la política económica y no solo las políticas sociales.

Debemos perfeccionar y fortalecer la democracia representativa, priorizando la democratización de los partidos y la habilitación de procesos electorales. Deben ser prioridades la fidelidad partidaria, el financiamiento público exclusivo de las campañas, la votación en lista cerrada, con alternancia de género y representatividad étnica o racial, y la posibilidad de que la ciudadanía revoque mandatos. Ante todo, es necesario crear equidad en las disputas políticas que tienen lugar por medio de mecanismos de la democracia representativa.

Debemos democratizar la información y la comunicación. La información debe ser considerada un bien público, y todos los ciudadanos deben tener el derecho de producirla y divulgarla, en las mismas condiciones. Esto pasa por la construcción de un sistema público, más que estatal, de comunicación, que esté en condiciones de contraponerse al poder del sistema privado.

Debemos democratizar el poder judicial. No es posible, en un país republicano, tener un poder tan centrado en sí mismo como lo es el judicial en el Brasil de hoy. Este poder debe tener un sistema público de rendición de cuentas y de información. Debemos repensar las formas de designación de los jueces, así como de los promotores de las instancias superiores (tribunales de justicia, tribunal supremo, etc.).

Es necesario democratizar la vida social, las relaciones entre hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes y ancianos, tanto en la vida privada como en la esfera pública. Es necesario democratizar las relaciones de poder. Por consiguiente, la democracia es mucho más que un sistema político formal, y también es la forma en que las personas se relacionan y organizan. En este sentido, la reforma política consiste en devolver el poder al pueblo, quien nunca debió perderlo.

Y la pregunta que debemos responder en un debate público, democrático, amplio y abierto, pensando en nuevas estrategias, nuevas formas de hacer y concebir la política, no es cómo el pueblo puede llegar al poder, sino cómo puede “ser” el poder.

1 Miembro del órgano colegiado de gestión del INESC y de la Junta Ejecutiva nacional de la ABONG.