Voces que marcan la diferencia (Roberto Bissio)

Este Informe de Social Watch entra en imprenta en septiembre de 2009, un año después de que el  Gobierno de Estados Unidos fracasara en su intento de rescatar de la bancarrota a Lehman Brothers.  El colapso de esta banca de inversión global marcó el punto álgido de una crisis que comenzó en el epicentro de las finanzas globalizadas de Wall Street y se extendió rápidamente a las economías de la enorme mayoría de los países del mundo.

Dado que “crisis” ha sido la palabra clave del año, la pregunta que Social Watch formuló a su red de organizaciones nacionales de base para que estructurasen sus informes nacionales era bastante obvia: ¿cuál es el impacto social y ambiental de la crisis? ¿Qué está haciendo su gobierno al respecto? ¿Cuáles son las propuestas de la sociedad civil?

Cada coalición nacional de Social Watch, examinando la situación de su propio país, ha identificado diversas maneras en las que los efectos de la crisis se hacen sentir. Esas conclusiones son el núcleo de este informe y brindan la perspectiva de las personas que trabajan con y desde las bases.

El presente informe no fue realizado por encargo. Cada coalición nacional de Social Watch está compuesta por organizaciones y movimientos que, a lo largo de todo el año, trabajan en temas de desarrollo social. Sus conclusiones no buscan agotarse en la investigación; son utilizadas para llamar la atención de las autoridades sobre los problemas y ayudan a la elaboración de políticas más equitativas, sensibles a los problemas de género en favor de  los pobres.

Al comentar sobre la crisis, los grupos nacionales de Social Watch decidieron en base a sus propias prioridades y énfasis e incluso en base a su propia definición respecto al alcance de la actual crisis. Para hacer posible el informe, cada coalición nacional de Social Watch recaudó sus propios fondos y definió sus propios métodos de consulta con las bases para recabar evidencias y validar sus conclusiones. No rehuyeron la crítica a las autoridades, políticas, elites o sistemas de gobernanza nacionales siempre que lo estimaron necesario. La manifestación de opiniones críticas ayuda a fortalecer los procesos democráticos. Pero incluso cuando los informes encuentran que hay mucho que se puede (y se debe) mejorar internamente en cada país, estas conclusiones también señalan las limitaciones internacionales que no pueden ser solucionadas a nivel nacional.

La toma de decisiones a nivel internacional es poco democrática, tanto para la sociedad civil como para muchos gobiernos. Las organizaciones de la sociedad civil ni siquiera pueden asistir, en calidad de observadores, a la mayoría de los foros internacionales clave de toma de decisión y, en muchos casos, esto también se aplica a los gobiernos de los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los dos principales pilares de la gobernanza financiera mundial, están controlados por siete países y Estados Unidos tiene poder de veto en ambas instituciones (como también la Unión Europea, si sus países miembro asumen una posición común). En este sentido, la convocatoria a nivel de jefes de Estado de un “G-20”, una agrupación informal de las 22 economías del Norte y el Sur consideradas de “importancia sistémica”, es un bienvenido avance hacia el reconocimiento de la nueva realidad de la economía mundial. De todos modos, esto es claramente insuficiente por dos principales motivos: en primer lugar, porque aproximadamente 170 países quedan fuera, como ha sucedido en las cumbres del G-20 en Washington (noviembre de 2008), Londres (abril de 2009) y Pittsburg (septiembre de 2009). Y en segundo lugar, porque el G-20 no tiene ningún peso institucional, ningún estatus legal, ninguna responsabilidad, ninguna secretaría responsable de dar seguimiento a sus resoluciones y reglas ocultas para alcanzar una decisión en caso de que las negociaciones a puertas cerradas no logren llegar a un acuerdo.

Sin embargo, se ha esgrimido que la ventaja del G-20 consiste en que la reunión de un grupo reducido de líderes al más alto nivel es capaz de producir resultados significativos, en tanto que una reunión amplia, conducida de modo transparente, apenas podría generar discursos acalorados para consumo político y ningún acuerdo significativo. Lo que sucedió en los últimos doce meses, sin embargo, fue que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Doha en diciembre de 2008 y en Nueva York en junio de 2009, logró un consenso del “G-192” (el número total de miembros de las Naciones Unidas) que profundiza mucho más en su análisis de la crisis que cualquier otro documento acordado internacionalmente.

Social Watch fue un activo participante en todas las audiencias convocadas por el Padre Miguel D’Escoto, presidente de la 63ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y remitió sus recomendaciones a la comisión de expertos liderada por  el economista Joseph Stiglitz que asesoró al más alto organismo internacional en sus deliberaciones sobre la crisis y sus impactos sobre el desarrollo. Social Watch organizó, junto con docenas de organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales, la “Audiencia Popular sobre la Crisis”, evento que tuvo lugar en Nueva York y que reunió a las víctimas locales de la crisis con activistas e investigadores de todo el mundo. Nuestra red también participó activamente en las mesas redondas que se desarrollaron durante la misma Conferencia de Alto Nivel de junio y, aun cuando solo algunas de nuestras recomendaciones quedaron plasmadas en el documento final, tuvimos ocasión de felicitar públicamente a los negociadores de los gobiernos por haber alcanzado un consenso que parecía imposible.

Ahora es el momento de poner en práctica esos acuerdos, de pasar de las palabras a la acción.

El porqué y el cómo llevar esto a cabo lo descubrirá el lector en este Informe 2009 de Social Watch.

Roberto Bissio
Secretariado Internacional de Social Watch